El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó hoy con prisión preventiva al joven misionero acusado de haber vulnerado las comunicaciones de distintos jueces y a un expolicía del que se sospecha que participó de la obtención ilegítima de datos de los magistrados para fraguar sus identidades y poder realizar la maniobra investigada.

El hacker es Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el mismo acusado por vulnerar las comunicaciones del exministro porteño Marcelo D´Alessandro; mientras que el otro procesado es el expolicía Ariel Pedro Zanchetta, detenido en Junín, quien en su indagatoria dijo que en el último tiempo había trabajado como “periodista de investigación”.

El magistrado dispuso además, trabar embargos sobre los bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir la suma de 400.000 pesos en cada caso, según surge de la resolución de 57 páginas a la que accedió Télam a través de fuentes judiciales.

“En esta investigación se acreditó materialmente que desde al menos, el mes de febrero de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023, se realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados del Poder Judicial de la Nación”, sostuvo Martínez de Giorgi en su resolución.

Además refirió que la maniobra generó “un perjuicio sobre la intimidad, privacidad y patrimonio de los aludidos funcionarios públicos, como así también, un beneficio económico indebido a los involucrados”.

En el mismo texto, el juez reseñó que entre las víctimas estaban los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y los jueces de Tribunal Oral Andrés Fabián Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Las conductas investigadas consistieron “en el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, la toma de control de las cuentas telefónicas y de aplicaciones, como el requerimiento de sumas de dinero en nombre de uno de ellos”, sostuvo el juez.

La maniobra habría permitido a sus autores o partícipes el “historial de conversaciones y demás documentos, datos e información existente en las plataformas Telegram y WhatsApp” de sus víctimas, así como “suplantar la identidad digital” de ellas y “tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.

En relación a Nuñes Pinheiro, “se ha comprobado que, mediante la modificación de datos originales de líneas telefónicas, tomó el control de ellas y solicitó los códigos vía SMS para acceder -ya sea mediante la intervención de terceros o por sus propios medios- a las aplicaciones Telegram y/o Whatsapp de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Gimenez Uriburu y Andrés Basso”, detalló Martínez de Giorgi.

“Se ha comprobado a través de la presente pesquisa que Nuñes Pinheiro obtuvo a través de consultas que realizó mediante el servicio de la firma NOSIS y a la base del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), un conjunto de datos personales de las víctimas que resultaban necesarios para concretar el paso siguiente de la maniobra, ya que para tomar control de la línea de telefonía celular era imprescindible contar con el nombre completo, número de DNI, sexo y número de trámite del DNI de las víctimas seleccionadas, junto a una serie de datos personales”, reseñó el magistrado.

“Surge de lo actuado y de los propios dichos del encartado, que tenía conocimiento de que la firma Movistar contaba con una modalidad de cambio de tarjeta SIM por autogestión, que permitía a cualquier persona vincular (en forma remota) una línea existente a una tarjeta SIM ‘blanca’ -esto es, no relacionada ni aplicada a línea alguna— de esa compañía. El procedimiento consistía en colocar en cualquier dispositivo celular la tarjeta SIM ‘blanca’; frente a ello el sistema automáticamente derivaba al sitio web de Movistar”, continuó.

“La compañía, en una primera etapa, requería que el usuario colocase el número de la línea que se pretendía asociar, el número de DNI del titular de dicha línea, su nombre y apellido y el número de trámite del DNI, información que el sistema validaba con la base de datos del ReNaPer. Ingresados correctamente esos datos, se pasaba a una segunda etapa en la que el usuario, a través de la web, debía responder una trivia de cinco preguntas con opciones que eran corroboradas con la base de datos NOSIS. Al contestar de modo correcto cuatro de ellas el procedimiento culminaba exitosamente y la línea telefónica dejaba de operar en el celular anterior y pasaba a aquel en donde estuviera insertada la nueva tarjeta SIM”, explicó.

En el caso de Zanchetta, “se pudo determinar que, a través de los servicios de la firma SudamericaData Group SRL” obtuvo informes con relación a los jueces de Casación Dres. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

El expolicía, que hizo más de dos mil búsquedas en esa plataforma, accedió también a informes de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y de los jueces de la federal porteña Leopoldo y Pablo Bertuzzi, entre otros.

A pesar de que Zanchetta sostuvo en su indagatoria que era “periodista de investigación”, del informe de Nosis del propio expolicía surge que está registrado en la actividad de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, mientras que “no se encuentran registrados libros publicados a su nombre ante la Agencia Argentina de ISBN” y ni artículos publicados con su firma en los portal digitales para los que dijo que trabajaba.

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