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¿Qué le espera a Misiones en el segundo semestre del año?

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La irrupción, ya tan hablada, de la pandemia del COVID19 en la Argentina y en todo el mundo tiró por la borda todas las estimaciones en materia económica de principios de año, y ahora el desafío está puesto en erradicar el virus, por un lado, y de poder volver a poner en cierto equilibrio la economía por el otro.

Semanas atrás habíamos mostrado en esta misma columna (ver acá) algunas de las consecuencias que trajo la pandemia (en conjunto con la recesión económica que data de más tiempo en nuestro país), por lo cual ahora queremos hacer un breve repaso de otras variables de importancia y ver que se espera para la provincia en este segundo semestre que recién arrancó.

Un tema que no fue del todo abordado aún, salvo ciertas menciones, tiene que ver con el gasto de capital del estado nacional a las provincias, que es uno de los puntos que más ajuste presupuestario había mostrado en un principio, para atender las necesidades de la emergencia económica y sanitaria. Sin embargo, para Misiones ha sido, por el momento, positivo: acumulado al 31 de mayo, el gasto devengado totalizó $1.189 millones, el más alto en todo el NEA nominalmente hablando, y mostrando un crecimiento del 6,5% respecto al mismo período de 2019 (que había totalizado $1.116 millones).

La razón de este resultado tiene que ver con el alto incremento de la inversión real directa y los gastos de capital en marzo, que fue el mes de mayor gasto devengado ($482 millones), y luego fue en descenso ($286 en abril y $274 en mayo). Si bien estos descensos pueden verse como un dato negativo, lo cierto es que se logró mantener un piso mínimo en meses de una extrema complejidad en lo social, en lo presupuestario y en lo laboral.

Para el segundo semestre de 2020 hacer una proyección sobre esto es complicado en tanto y en cuanto no sepamos que va a pasar con la cuestión epidemiológica, pero en la medida que se continué avanzando en flexibilizaciones de la cuarentena (y, por ende, que se vaya achicando la problemática sanitaria), el gasto de capital mantendrá un ritmo estable y será además un elemento de suma importancia para movilizar la economía y el mercado de trabajo.

Por otro lado, el tema de la deuda pública en Misiones está controlado, pero sin dudas genera cierta tensión en la caja provincial, aunque en mucha menor medida que otras provincias. Este lunes 13 de julio Misiones pagará $19,9 millones de servicio de renta y amortización de los Títulos de Deuda MI31 (ver acá), y en lo que resta del año le quedará por abonar otros $99 millones por el mismo concepto.

$100 millones de pesos no es un problema de afrontar, pero en el marco de una situación de recaudación que se achica y los gastos (principalmente de la emergencia) a erogar, genera una situación que no llega a ser un stress de caja, pero está cerca. Sin embargo, tal como ya se dijo antes, en la comparación con otras provincias del país, la situación misionera es sumamente manejable.

Lo mencionado anteriormente refiere exclusivamente a la deuda en títulos públicos, pero el grueso del stock total de deuda misionera está concentrado con el Gobierno nacional (66,2% del stock total), pero justamente por la naturaleza del acreedor, no existe riesgo alguno en los pagos, incluso contemplando posibilidades de refinanciaciones.

A su vez, la ejecución presupuestaria total del Estado nacional en Misiones avanza en ritmos acelerados, al punto que llegó al 71,6% de grado de ejecución, habiendo transcurrido un 52,6% del año. En términos de grado de ejecución, es la más baja del NEA; y en términos nominales, acumula $48.982 millones, segundo más alto del NEA detrás de Chaco, algo que es esperable que así suceda.

A este ritmo, y considerando además las readecuaciones presupuestarias nacionales, y también el hecho de que el Presupuesto 2020 es una prórroga del 2019, Misiones (y todas las provincias) mostrará sobreejecuciones presupuestarias.

Por último, el refuerzo al consumo: el presidente de la Nación anunció un tercer IFE, que en Misiones significan casi $3 mil millones directo a las personas, que lo volcarán al consumo y ello mostrará un impacto también en la recaudación. Es una buena medida para sostener un piso mínimo de consumo, pero el gran desafío será pensar la transición cuando el IFE ya no esté en vigencia. Es difícil pensar que el “bache” del consumo que se generaría si se quieta este beneficio se quita se compense con mayores flexibilizaciones de la cuarentena, ya que necesitaríamos algunos meses para volver a equilibrar medianamente la situación

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