Se fue nomás el 2025, un año que empezó con altas expectativas pero que fue, otra vez, presa de las propias inestabilidades políticas y económicas argentinas. En ese contexto, las provincias han sufrido nuevamente un escenario de caída de recursos, de discrecionalidades centralistas y de falta de apoyo traducido en fondos que condicionaron notablemente las gestiones presupuestarias en el territorio. Pero aún más: también sufrieron consecuencias de cambios normativos, totalmente inconsultos, que agravaron aún más esos problemas y que todo indica que seguirán haciéndolo.

Al cerrar diciembre, pudimos ver cómo fue el desempeño de los fondos nacionales que se reparten automáticamente a las provincias en el año. La performance del año fue pobre y solo estuvo parcialmente salvada por aspectos puntuales y no sostenibles. Veamos el caso Misiones: los recursos por coparticipación terminaron el 2025 con variación 0%; es decir, en pesos constantes, se recibió exactamente lo mismo que en 2024, un año donde había caído 9% contra el 2023. Por ende, estos fondos siguen muy retrasados y se dio lo que se temía: no se logró crecer contra un año que, a priori, debía ser un piso del cual rebotar. Por otro lado, el conjunto de Leyes Especiales, que hacia mitad de año mostraban una buena dinámica, cerraron el 2025 con una variación de apenas +0,2% contra 2024, año donde habían caído 16%. De nuevo: no se logró crecer contra lo que era un piso de reparto. ¿Qué fue lo que salvó el año? La Compensación del Consenso Fiscal, que creció 91,6%. Estos fondos representaron el 4,8% de los envíos automáticos a Misiones en el año, cuando en 2024 representaron el 2,6%.

¿En qué se basó esa suba? Para esto, recordemos que son las transferencias por compensación del Consenso Fiscal. Estos tienen su origen en los acuerdos fiscales firmados entre la Nación y las provincias a partir de 2017, en el marco del Consenso Fiscal, cuyo objetivo fue ordenar la relación tributaria interjurisdiccional y avanzar en la reducción gradual de impuestos distorsivos a nivel provincial. Como contrapartida a la pérdida de recursos que implicaban esos compromisos (principalmente la baja de Ingresos Brutos y Sellos), se establecieron mecanismos de compensación financiados con recursos nacionales, destinados a sostener los ingresos provinciales durante el período de transición.

Con el paso del tiempo, y tras sucesivas adendas y renovaciones de esos acuerdos, la compensación quedó institucionalizada como una transferencia automática y diaria, distribuida según cálculos teóricos administrados por la DNAP. De este modo, los fondos de Compensación del Consenso Fiscal pasaron a formar parte del esquema regular de transferencias automáticas. Pero estos fondos no surgen de la recaudación tributaria (a diferencia de la coparticipación y de las leyes especiales), sino que salen del Tesoro y se distribuyen según un cálculo preestablecido. Por ende, sus subas (o bajas) dependen de esos cálculos.

En sus inicios, estos fondos debían ser actualizados por inflación cada tres meses, pero eso no siempre se cumplió. Ello derivó en reclamos, algunos incluso judicializados, de provincias ante la Nación y quedó etiquetado como “deuda del Estado nacional a provincias”, lo que permitió que muchos distritos hayan compensado mutuamente pasivos incluyendo estos envíos. Pero a la par, este 2025 la Nación aplicó actualizaciones y permitió que crezcan de manera importante, al mismo tiempo que a una determinada cantidad de provincias se les haya transferido una porción significativamente mayor a la establecida justamente como cancelación parcial de deuda acumulada.

Entonces, hay dos cosas a destacar: en primer lugar, bienvenido que la Nación se “ponga al día” en este concepto; pero, en segundo lugar, que esto haya sido el motivo para que las transferencias automáticas hayan terminado con leve alza refleja la débil sostenibilidad de los fondos nacionales. Lo que las provincias necesitan es recomposición real de la coparticipación, que solo se dará por vía de mejora y expansión de la actividad económica.

Con esto en consideración, abrimos alertas para el 2026. La primera: la actividad seguirá mostrando heterogeneidades en su evolución. Esto es: la economía va a seguir creciendo, pero apoyada en sectores de bajo derrame como la minería y la energía. Esto no logrará impulsar el consumo, por ejemplo, y ante ello, el IVA no podrá mostrar una expansión muy significativa, lo que producirá que no haya más fondos para distribuir entre los estados subnacionales. 

Pero además, se suman otros dos problemas de tipo normativo: los cambios que propone el proyecto de Reforma Laboral y que impactan sobre fondos coparticipables. Primero: las alícuotas del impuesto a las Ganancias de empresas se reducirán en las escalas más altas: las que pagan el 30% bajarían a 27% y las que tributan el 35% pasarían a 31,5%. Esto va a impactar en la recaudación general del impuesto y, por ende, en su distribución a las provincias. 

Segundo: eliminación de Impuestos Internos, que también son parte de la masa coparticipable. Esto provocará una pérdida de casi 1,7 billones para las provincias; Misiones, en ese marco, dejaría de percibir unos 57 mil millones de pesos, según las proyecciones existentes.

Si bien las reformas tributarias y el alivio a empresas son necesarias para reactivar la actividad, el Gobierno nacional avanza de manera unilateral sin considerar sus impactos en las cajas provinciales: en caso de darse una pérdida de recursos como la detallada antes, estamos en las puertas de un 2026 donde las provincias van a volver a sufrir por menores ingresos y, por ende, más dificultad para aplicar políticas de desarrollo que colaboran con la expansión de la economía a nivel local.

El grado de desfinanciamiento a los subnacionales es fenomenal: pensemos solo en el caso misionero. En 2025, comparado con 2023, la provincia perdió unos 179 mil millones de pesos de recursos automáticos; además, perdió otros 188 mil millones de pesos por fondos no automáticos. Dicho de otro modo: en este año que acaba de terminar dispuso de 367 mil millones de pesos menos que en el año 2023, el equivalente a casi tres masas salariales mensuales.

Para 2026 ya se arranca con una alerta: la potencial merma de fondos por las reformas antes mencionadas, que pueden sumarse a otras cuando se presente la Reforma Tributaria, que posiblemente también recorte fondos a distribuir entre las provincias. Esto, y sin la garantía de que una eventual mejora de la actividad realmente impacte en las arcas nacionales y, por ende, en las provinciales, equivale a pensar en un nuevo año de pensar más en cómo “sobrevivir” que en desarrollarse y lograr avanzar en los desafíos pendientes.

¿Qué margen hay para crecer entonces? Desde el punto de vista subnacional, poco. Nuevamente, condicionado por una política centralista unilateral cuya única respuesta es “arréglenselas”. Bienvenido 2026, ojalá no seas lo que parece que vas a ser.