ECONOMÍA

El segundo semestre viene con grillete fiscal

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Por Isidro Guardarucci / Fundación FIEL – El primer semestre cerró con superávit fiscal nacional, una noticia que sigue siendo importante para un país poco acostumbrado a sostener cuentas públicas ordenadas. Sin embargo, la comparación real contra 2025 confirma que la holgura se achicó bastante. El resultado primario acumulado a junio es casi 30% menor al del año pasado y el financiero cae más de 60%. A nivel provincial, la historia es similar: balance primario positivo, pero con una caída del 50% frente a 2025. En este contexto, el gobierno nacional anunció el “grillete fiscal”.

Primer semestre nacional: el signo positivo ya no alcanza

A junio, el Sector Público Nacional No Financiero acumuló un superávit primario de $7,3 billones y un superávit financiero de $1,5 billones, ambos medidos a precios de 2026. El resultado sigue en terreno positivo y esto no debe minimizarse: el ancla fiscal continúa siendo el activo central del programa económico.

Pero el dato relevante está en la comparación interanual. Medido en términos reales, el resultado primario acumulado cae 28,3% respecto de enero-junio de 2025. El resultado financiero se reduce 64,6%. La explicación general es historia repetida. Los ingresos caen más que el gasto. Los recursos totales retroceden 5,0% real y los tributarios lo hacen 6,5%. El gasto primario también baja, pero apenas 1,9%. No hay desborde del gasto en el agregado, pero sí una combinación menos favorable para sostener el superávit. No obstante, aún en este contexto, la iniciativa de reducir la presión impositiva continúa: los números de julio reflejarán la baja de derechos de exportación a bienes industriales, con el objetivo de su eliminación total dentro de los próximos doce meses.

Cuadro 1

Ejecución acumulada enero-junio (millones de $ de 2026)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Ingresos débiles, otra vez

La recaudación tributaria acumulada a junio vuelve a mostrar una baja amplia, que se sitúa en 6,5% cuando se compara en moneda constante contra la primera mitad del año pasado. Los Derechos de Exportación son el principal factor: caen 40,8% real y explican una pérdida de alrededor de $2,3 billones frente al primer semestre de 2025. En segundo lugar, aparece el IVA, con una merma real de 7,8% y una pérdida de $1,4 billones. Los aportes y contribuciones a la seguridad social completan el grupo principal, con una caída de 3,8% y $1,1 billones menos.

Estos tres componentes explican buena parte del retroceso. No tienen la misma lectura económica, pero sí el mismo efecto fiscal. Los Derechos de Exportación reflejan cambios de alícuotas, cantidades, precios y tipo de cambio; el IVA es una señal más cercana a consumo y actividad interna; los aportes y contribuciones dependen de la dinámica del empleo formal y la masa salarial. En conjunto, muestran que la recuperación de la recaudación todavía no aparece con la fuerza necesaria.

Hubo algunas compensaciones. Ganancias creció levemente en términos reales, Bienes Personales también aportó algo y el resto de tributos aumentó 7,7%. Pero estos movimientos no alcanzan para revertir el saldo general. El punto de fondo es que, con menor inflación, el fisco necesita bases imponibles reales más fuertes. La nominalidad ya no hace el trabajo.

Gráfico 1

Aportes a la variación de la recaudación (millones de $ de 2026)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Gasto: ajuste más tenue y partidas que vuelven a crecer

Del lado del gasto primario, la baja agregada del 1,9% real luce modesta frente a la caída de los ingresos. Algunas partidas siguen mostrando recortes relevantes: las transferencias corrientes a provincias caen 35,6%, los gastos de funcionamiento no salarial 14,3%, el gasto de capital nacional 11,6%, las transferencias de capital a provincias 13,9%, el resto de prestaciones sociales 11,6% y las remuneraciones 7,1%.

Sin embargo, otras líneas muestran recomposiciones. Las jubilaciones y pensiones contributivas crecen 3,1% real, la AUH aumenta 3,8% y las transferencias a universidades suben 10,5% (merced a la actualización de salarios acordada hace unos meses, la cual tendrá un impacto adicional en agosto). En estos casos, la dinámica no sorprende: después del fuerte ajuste inicial, algunas partidas empiezan a recuperar poder de compra o reciben decisiones específicas de recomposición.

El rubro que más sobresale sigue siendo subsidios económicos, con un aumento real de 29,6% en el acumulado. La explicación está, otra vez, en energía. Entre enero y junio, los subsidios energéticos se ubican alrededor de 78% por encima del mismo período de 2025, mientras que transporte cae cerca de 7%. No estamos de vuelta en los niveles más desordenados de la historia reciente, pero sí ante una partida que siempre conviene mirar con poca complacencia.

Así, el balance del primer semestre exige una lectura menos celebratoria que la del resultado nominal. El superávit sigue, pero ya no se sostiene con la misma facilidad. Para cumplir objetivos fiscales, el segundo semestre requerirá que la recaudación acompañe más o que la administración del gasto sea más activa.

Provincias: primer trimestre con menos colchón

El archivo de ejecución provincial del primer trimestre permite mirar la situación subnacional en valores constantes, a precios del primer trimestre de 2026. Para hacer la comparación, se excluye La Pampa, la cual continúa con su situación irregular en términos de presentación de información y publicación por parte del gobierno nacional homologando su metodología (como hace con las otras jurisdicciones). Sobre los 23 fiscos comparables, las provincias cerraron el primer trimestre de 2026 con superávit primario y financiero, pero con una fuerte reducción respecto a 2025 (el cual mostró una baja sensible frente a 2024, aunque con un contexto particular).

El resultado primario agregado fue de $1,7 billones, equivalente a 4,9% de los ingresos totales. El resultado financiero fue de $0,9 billones, 2,4% de los ingresos. Son números positivos. Pero en el primer trimestre de 2025 el superávit primario había sido de $3,4 billones y el financiero de $2,7 billones. En 2024, favorecido por una licuación mucho más intensa del gasto, el resultado había sido todavía más holgado.

Cuadro 2

Ejecución provincial consolidada primer trimestre, 23 jurisdicciones (billones de $ del 1T 2026)

Fuente: elaboración propia en base a DNAP, Ministerio de Economía.

El mapa provincial, de todos modos, sigue siendo heterogéneo. En 2026, 18 de las 23 jurisdicciones comparables mostraron superávit primario y 17 tuvieron resultado financiero positivo. Es decir, no se trata de una crisis generalizada. El agregado se deteriora porque algunos casos pesan mucho y porque el colchón promedio se achicó.

La lectura de fondo es conocida, pero conviene repetirla. Las provincias tienen gastos rígidos: salarios, cajas previsionales propias en varios casos y servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Del lado de los ingresos, dependen de la coparticipación y de Ingresos Brutos. Cuando la inflación se desacelera, la licuación deja de ayudar y la prudencia fiscal vuelve a depender menos de la inercia y más de decisiones efectivas de gasto.

Grillete fiscal y el futuro

El gobierno se enfrentará a un segundo semestre donde su objetivo será preparar el terreno para un 2027 con elecciones. En Argentina, esto es sinónimo de turbulencias y hacer la tarea este año implica minimizar los riesgos futuros. En este contexto es que el gobierno nacional anunció recientemente el “Grillete Fiscal”. Una señal de compromiso fiscal que, independientemente de sus formas, es necesaria de cara a un 2027 donde el ciclo político mete la cola en la estabilidad macroeconómica.

El mentado grillete puede resumirse como el intento del Ejecutivo de transformar el déficit cero de una decisión de política económica en una regla institucional permanente. La idea central es que el Presupuesto deba cerrar siempre equilibrado o con superávit, sin financiamiento monetario del BCRA, y que toda ley que implique más gasto tenga que explicitar su fuente de financiamiento. Si no lo hace, el Ejecutivo buscaría poder diferirla, recortar otras partidas o incluso declararla inaplicable. Ante la falta de acuerdo para reestablecer el sendero superavitario, incluso se suspenderían los sueldos del alto funcionariado del Ejecutivo.

El anuncio ha sido grandilocuente, con un esquema de castigos e incentivos agudos que podría ser contraproducente en caso de no cumplirse. Esto es especialmente relevante en el caso argentino, toda vez que una regla que propone mecanismos que operan ante dos meses de desvíos es posible que ponga límites demasiado estrictos.

En cualquier caso, un contexto en el que los ingresos reales muestran debilidad y el superávit primario se achica, esta regla opera como una señal de compromiso con el programa económico, pero también como un factor de tensión política: cualquier recomposición de gasto deberá venir acompañada por un recorte equivalente, una fuente de ingresos o una mayor presión sobre otras partidas.

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Soberanía: la palabra que el Gobierno no logró sacar de la cancha

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Hay errores políticos que nacen de una mala decisión. Otros, de una mala lectura de la realidad. Y hay un tercer tipo, quizás el más peligroso: creer que un símbolo compartido por millones de personas puede administrarse como si fuera un problema de comunicación.

Eso fue, en definitiva, lo que ocurrió esta semana.

La historia no empezó con la bandera desplegada por la Selección Argentina después del partido frente a Inglaterra. Empezó unos días antes, cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que, tras reuniones con autoridades de la FIFA, organismos de seguridad estadounidenses, representantes británicos y argentinos, se había acordado impedir el ingreso a los estadios de banderas, camisetas u otros elementos que exhibieran el “mapita” de las Islas Malvinas, por considerarlos manifestaciones políticas.

La declaración cayó como una bomba.

No sólo porque se trataba del reclamo histórico de soberanía de la Argentina, sino porque la medida fue interpretada por amplios sectores como una aceptación anticipada de que un símbolo nacional debía quedar fuera de un partido precisamente contra Inglaterra.

La polémica ya estaba instalada.

Y entonces apareció la Selección.

Los jugadores desplegaron una bandera sencilla, hecha por un hincha. Sin consignas partidarias. Sin agravios. Sin llamados a la confrontación. Apenas una frase que cualquier argentino escuchó desde la escuela primaria:

“Las Malvinas son Argentinas”.

Hasta ese momento, el episodio podía haber quedado como una imagen emotiva de un partido cargado de historia.

Pero el Gobierno decidió jugar otro juego, precisamente.

El presidente Javier Milei sostuvo que “la política no debía apropiarse de la fiesta”, habló de una posible sanción de la FIFA, calificó de “miserables” a quienes pretendían convertir el gesto en un hecho político y luego aclaró que, por supuesto, las Malvinas son argentinas y que el reclamo debe mantenerse por la vía diplomática.

Sin embargo, la discusión ya no era esa.

Porque el problema nunca fue la posición histórica sobre Malvinas.

El problema fue el encuadre elegido por el Gobierno.

Mientras millones de argentinos veían una expresión de identidad nacional, la Casa Rosada discutía reglamentos deportivos, neutralidad política y eventuales multas.

Y ahí comenzó una derrota que no se jugó en la cancha.

Se jugó en la opinión pública.

No es una conclusión basada en intuiciones.

Es lo que reflejan los estudios de dos consultoras especializadas en análisis de conversación pública digital.

Ad Hoc, una empresa dedicada al monitoreo y análisis de millones de interacciones en redes sociales para medir tendencias, reputación e impacto de acontecimientos públicos, registró más de dos millones de menciones vinculadas a Malvinas en apenas cinco días.

Sólo durante la jornada del partido hubo 660 mil menciones, casi el doble de las registradas el último 2 de abril, fecha en la que cada año se conmemora el inicio de la Guerra de Malvinas.

Hay un dato todavía más revelador.

Mientras algunos sectores intentaban instalar la discusión sobre si correspondía o no exhibir aquella bandera, el término “Malvinas” apareció más de dos millones de veces en la conversación digital, mientras que “Falklands” apenas superó las 210 mil menciones.

Es decir: incluso en el territorio más fragmentado y caótico de nuestro tiempo —las redes sociales— el consenso argentino resultó abrumador.

El informe también detectó que las conversaciones que asociaban al Presidente con el episodio tenían un 66,7% de sentimiento negativo.

Por su parte, Monitor Digital, otra consultora especializada en inteligencia digital y monitoreo de agenda pública, llegó a una conclusión similar: la controversia desplazó otros temas de la agenda y produjo un deterioro en la reputación digital del Gobierno.

No se trata de que una consultora tenga razón porque sí.

Se trata de que dos equipos diferentes, utilizando metodologías distintas, describieron el mismo fenómeno.

Y después apareció un tercer dato.

La Política Online publicó un análisis según el cual dos de cada tres usuarios rechazaron la postura presidencial frente a la bandera de la Selección.

Cuando distintas mediciones coinciden en señalar la misma dirección, conviene prestar atención.

Porque ya no estamos hablando solamente de redes sociales.

Estamos hablando del modo en que una sociedad interpreta un hecho político.

Y ahí aparece la verdadera pregunta.

¿Quién politizó la bandera?

¿Los jugadores?

¿O quienes decidieron cuestionarla?

Porque conviene recordar algo elemental.

Las Malvinas no son una consigna de un partido.

Son una política de Estado sostenida por todos los gobiernos democráticos, incorporada a la Constitución Nacional que, en su Disposición Transitoria Primera, ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, además de estar respaldada por resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía e instan a ambos países a reanudar negociaciones.

Por eso resulta extraño presentar esa bandera como una apropiación política.

Si así fuera, habría que concluir que cada acto oficial del 2 de Abril, cada discurso presidencial sobre Malvinas y cada mapa que aparece en un aula argentina constituyen también una manifestación partidaria.

Hay paradojas que no necesitan explicación. Se explican solas.

Quizás el mayor error del Gobierno haya sido creer que una bandera podía leerse únicamente desde la lógica de la coyuntura.

Pero las banderas no pertenecen a la coyuntura.

Pertenecen a la memoria colectiva.

Y la memoria suele ser bastante más resistente que cualquier estrategia de comunicación.

Como si todo esto fuera poco, la semana terminó ofreciendo una ironía difícil de pasar por alto.

Mientras el país discutía una bandera que reivindicaba la soberanía sobre las Islas Malvinas, el Senado debía debatir un proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de tierras rurales, una iniciativa que, según sus críticos, abre la puerta a una mayor extranjerización de un recurso estratégico.

La sesión finalmente se cayó y el tratamiento quedó postergado.

Puede tratarse de una coincidencia del calendario legislativo.

Pero la imagen es potente.

En pocos días, la palabra soberanía apareció en tres escenarios completamente distintos.

En una cancha de fútbol.

En millones de conversaciones digitales.

Y en el Congreso de la Nación.

Eso debería servir, al menos, para una reflexión.

Porque la soberanía no empieza ni termina en Malvinas.

También se expresa en quién controla los recursos estratégicos, quién decide sobre el territorio, quién define el rumbo económico y qué lugar ocupa el interés nacional frente a las presiones externas.

Quizás por eso una bandera de tela terminó diciendo mucho más que cuatro palabras.

Recordó que hay causas que sobreviven a los gobiernos.

Que existen símbolos que ningún consultor puede resignificar a voluntad.

Y que hay consensos que siguen vivos, incluso en una Argentina atravesada por divisiones profundas.

El Gobierno creyó que discutía una bandera.

Los argentinos, en cambio, discutían algo bastante más grande.

Discutían la soberanía.

Y esa, por suerte, todavía no salió de la cancha.

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Con el auge de la IA, el robo de identidad digital se posiciona como la principal amenaza empresarial

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El panorama global de riesgos asociados a la ciberseguridad atraviesa una aceleración sin precedentes, con ataques cada vez más sofisticados, dinámicos y centrados en la identidad digital como principal vector de ingreso a las organizaciones. Así surge del informe Annual Threat Dynamics 2026: Cyber threats in motion” de PwC, que analiza la evolución de las amenazas, los actores involucrados y las tendencias que están redefiniendo el riesgo cibernético en un contexto atravesado por la inteligencia artificial y la creciente influencia de factores geopolíticos.

El estudio identifica un cambio estructural en la forma en que operan los atacantes: en lugar de vulnerar sistemas desde el exterior, optan cada vez más por “iniciar sesión” utilizando credenciales comprometidas, tokens de sesión y accesos federados, lo que les permite eludir los mecanismos tradicionales de defensa perimetral.

Hoy, si bien continúa siendo muy relevante el riesgo de que un atacante rompa las defensas, también hay que considerar como relevante el escenario de que ingrese como un usuario legítimo. En un entorno donde la identidad, la inteligencia artificial y la geopolítica se combinan, las organizaciones necesitan repensar la ciberseguridad como un eje estratégico del negocio y no solo como una función técnica”, destacó Diego Taich, Socio de PwC Argentina de la práctica de Consultoría en CiberSeguridad, Gestión de Riesgos & IT.

En este contexto, la identidad se consolida como el principal campo de batalla. El crecimiento de los ecosistemas en la nube y las plataformas SaaS amplía la superficie de ataque, donde una única identidad comprometida puede habilitar accesos en cascada a múltiples sistemas y entornos. A su vez, las técnicas de ingeniería social evolucionan en sofisticación, incorporando deepfakes generados por inteligencia artificial, suplantación de identidades y campañas de phishing multietapa dirigidas tanto a usuarios como a sistemas automatizados.

El informe también destaca el rol central de la IA en la aceleración de las amenazas. Los actores maliciosos la están incorporando como parte estructural de sus operaciones, utilizándola para automatizar tareas de reconocimiento, generar ataques más convincentes y escalar campañas a gran velocidad. En paralelo, la reducción del tiempo entre la aparición de nuevas capacidades de IA y su uso con fines maliciosos incrementa la presión sobre las organizaciones. Sin embargo, la IA también representa una oportunidad clave para la defensa, permitiendo mejorar la detección temprana, automatizar respuestas y fortalecer la toma de decisiones basada en inteligencia a gran escala.

En este escenario, el riesgo cibernético deja de ser un problema exclusivamente tecnológico para integrarse de manera directa con la estrategia del negocio y el contexto geopolítico. El informe señala que factores como conflictos internacionales, tensiones comerciales y procesos electorales influyen en el comportamiento de los actores de amenazas, que combinan espionaje, fraude, sabotaje e influencia en sus operaciones. 

Los datos del informe muestran que el cibercrimen con motivación financiera es el principal vector de ataque en el ámbito empresarial. En sectores como Construcción, este tipo de amenazas representa el 77% de los incidentes, mientras que en Hotelería y Ocio alcanza el 73% y en el sector Automotriz, el 71%, impulsado principalmente por el robo de credenciales, el fraude digital, el ransomware y los ataques dirigidos a entornos en la nube y plataformas SaaS. 

Esta tendencia refleja cómo los atacantes priorizan industrias con ecosistemas digitales complejos, alta dependencia tecnológica y múltiples integraciones, donde una única identidad comprometida puede generar impactos en cascada sobre la operación, la reputación y la continuidad del negocio. A su vez, se observa una convergencia entre distintos tipos de riesgos, incluyendo crimen financiero, amenazas internas, compromisos en la cadena de suministro y vulnerabilidades en procesos digitales, con ataques que pueden impactar simultáneamente en múltiples áreas de una organización.

El análisis también muestra que los actores de amenazas operan con creciente sofisticación, combinando herramientas y técnicas a lo largo de diferentes capas —identidad, nube, dispositivos y aplicaciones— y adaptándose con rapidez a los cambios tecnológicos y del entorno.

En un escenario donde las amenazas evolucionan a gran velocidad, la diferencia ya no está en quién tiene más controles, sino en quién puede adaptarse más rápido. Integrar la ciberseguridad con la estrategia del negocio y anticipar los riesgos del entorno global será clave para sostener la resiliencia en el tiempo”, señaló Taich.

En este contexto, PwC advierte que las organizaciones que logren fortalecer su resiliencia serán aquellas que gestionen la identidad de forma estratégica, validen la confianza de manera continua y alineen la ciberseguridad con sus decisiones de negocio y su lectura del entorno global.

El informe concluye que, en un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, la seguridad debe abordarse como un sistema dinámico de alto rendimiento, capaz de adaptarse a la velocidad de los riesgos y anticiparse a un escenario cada vez más complejo.

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Este ha sido el impacto del juego online en la economía argentina

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Basta con recorrer las redes sociales o encender la televisión para notar que las plataformas de apuestas y juego ganaron terreno en la vida de los argentinos. Y gracias a la regulación del juego en línea en el país, lo que antes funcionaba en una zona gris hoy opera bajo normas concretas, con pagos al fisco y generando puestos de trabajo genuinos. 

Ahora, millones de argentinos visitan GGbet casino para realizar sus pronósticos deportivos o divertirse en las slots. Pero ¿cómo ha afectado este sector incipiente a las finanzas públicas? ¿Ha sido para bien o para mal?

Lo que dejó el juego online en números

Las empresas de juego que operan legalmente tributan un impuesto que parte del 5 % y trepa hasta el 15 % cuando se trata de compañías extranjeras. Esos recursos ingresan al sistema tributario y se distribuyen entre las provincias mediante el régimen de coparticipación.

Durante el segundo trimestre de 2024, la recaudación nacional asociada a estas plataformas superó los 7.700 millones de pesos, lo que representó un incremento superior al 700 % respecto del mismo período del año anterior.

Pero ¿adónde va toda esa plata? En buena medida, vuelve a la ciudadanía canalizada en servicios públicos e infraestructura.

Por ejemplo, en Córdoba, los cánones que pagan los operadores se destinan a financiar programas sociales. Mendoza, por su lado, decidió derivar una cuarta parte de lo recaudado a planes de salud mental y tratamiento de adicciones.

Pero el impacto no se agota en la caja del Estado. La instalación formal de estas compañías en el país creó una demanda sostenida de profesionales en soporte técnico, prevención de fraudes y atención al cliente.

A eso se suma el efecto derrame sobre otros rubros. Agencias de publicidad y comunicación locales también se benefician, ya que las marcas contratan equipos argentinos para diseñar estrategias pensadas para el público de acá.

El resultado es una cadena productiva que alcanza a sectores que, en principio, parecían ajenos al negocio del juego.

La regulación ha sido clave para integrar el juego online a la economía

En el pasado, el rubro del juego online era una zona gris en el país. Operadores extranjeros ofrecían sus servicios al público local y se llevaban todas las ganancias, sin pagar un solo peso de impuestos.

Pero ahora, los juegos en línea tienen un marco normativo. La legislación argentina establece que cada provincia tiene potestad para regular este sector dentro de sus límites. 

Eso generó un proceso desparejo, ya que la legalización de estas plataformas no ocurrió al mismo tiempo en todo el territorio, sino que cada jurisdicción fue armando su propio esquema normativo según sus tiempos y prioridades.

Buenos Aires y la Capital Federal se pusieron al frente de ese proceso. La Provincia comenzó a entregar licencias y a difundir la lista de operadores habilitados a través del sitio oficial de su lotería, para que cualquier ciudadano pudiera verificar la legitimidad de una página.

Por su parte, la Ciudad cerró su registro de permisos durante 2024 y quedó con once empresas autorizadas bajo supervisión directa del gobierno porteño.

Córdoba también se movió rápido y optó por un camino más riguroso, con controles biométricos en el momento del registro para impedir que menores de edad pudieran crear cuentas.

Mendoza, en paralelo, otorgó hasta siete licencias, habilitó vías formales para reportar irregularidades y puso en marcha campañas orientadas a que los usuarios aprendan a distinguir los sitios legales de los truchos.

El trabajo coordinado entre las loterías provinciales ya mostró resultados concretos. Hacia septiembre de 2024, las autoridades habían conseguido bloquear más de mil sitios ilegales, lo que significó un avance firme hacia un entorno digital más ordenado y seguro.

Lo que ha cambiado en el consumo con el juego online

Hasta no hace tanto, participar de este tipo de entretenimiento requería trasladarse a un lugar físico o sentarse frente a una computadora de escritorio. Hoy, con la mejora sostenida de las redes móviles en el país, alcanza con sacar el celular del bolsillo para entrar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con más del 90 % de la población accediendo a internet desde un teléfono inteligente, ingresar a estos sitios dejó de ser algo excepcional y se volvió parte de la rutina. 

Son tres los factores tecnológicos que explican esa adopción masiva entre los usuarios argentinos:

  • Integración con medios de pago locales: cargar saldo resulta sencillo porque las plataformas aceptan transferencias bancarias y billeteras virtuales que la mayoría ya usa a diario.
  • Interfaces pensadas para el celular: el diseño está optimizado para pantallas táctiles, lo que hace que registrarse y navegar sea rápido y sin complicaciones.
  • Disponibilidad: al funcionar en formato digital, los sitios están activos de forma permanente, sin importar la hora ni el día de la semana.

Esa facilidad de acceso también redefinió el perfil de quienes participan. Al estar al alcance de la mano, el público se volvió notablemente más joven, y eso abrió un debate que hoy preocupa a buena parte de la sociedad.

Los relevamientos indican que la edad promedio de inicio en estas prácticas ronda los 14 años, y encuestas recientes señalan que uno de cada cuatro estudiantes secundarios usó alguna de estas plataformas durante el último año.

Frente a ese panorama, la misma tecnología que facilitó el acceso está siendo convocada para establecer barreras. Varias provincias y organismos de control impulsan medidas urgentes (como la mencionada verificación biométrica obligatoria) para garantizar que los menores queden excluidos de estos sitios.

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El Gobierno reglamenta el RIMI y activa beneficios fiscales para inversiones el sector pyme por dos años

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El decreto 242 pone en marcha el régimen para pymes y abre un nuevo frente en la estrategia económica

El Gobierno avanzó el 10 de abril con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) a través del Decreto 242/2026, una pieza clave para traducir en incentivos concretos el esquema aprobado en la Ley 27.802. La norma fija un plazo de dos años para canalizar inversiones productivas con beneficios fiscales y define qué proyectos podrán acceder. La decisión llega en un contexto de búsqueda de reactivación y plantea una tensión de fondo: ¿alcanza un régimen focalizado en pymes para dinamizar la inversión o se trata de un instrumento acotado dentro de una estrategia más amplia?

El dato central es operativo y político a la vez: las inversiones alcanzadas serán aquellas realizadas desde la entrada en vigencia del régimen y hasta dos años después de la reglamentación operativa que deberá dictarse en un plazo de 30 días. El esquema apunta a micro, pequeñas y medianas empresas —hasta Mediana Tramo 2— y también incluye a entidades sin fines de lucro registradas, siempre que cumplan con los parámetros exigidos.

Un marco fiscal para ordenar la inversión productiva

El decreto completa la arquitectura legal del RIMI, creado por la Ley 27.802, cuyo objetivo es incentivar inversiones nacionales y extranjeras con impacto en producción, empleo y exportaciones. La reglamentación avanza sobre un punto clave: delimitar qué se considera inversión productiva y bajo qué condiciones se accede a los beneficios.

El universo es amplio pero definido. Incluye bienes de capital y de tecnología —siempre nuevos—, inversiones en riego agrícola, mallas antigranizo y hasta bienes semovientes con fines reproductivos. También incorpora obras vinculadas a la actividad productiva, siempre que no superen el 30% de avance al momento de entrada en vigencia de la ley.

La norma agrega un componente estratégico: promueve inversiones en eficiencia energética, tanto en generación renovable como en optimización del consumo. En ese punto, el régimen se alinea con una lógica de modernización productiva más que con un estímulo generalizado.

El acceso a los beneficios está atado a la “puesta en marcha” de la inversión, entendida como su utilización efectiva para generar ganancias gravadas. Es decir, no alcanza con invertir: el activo debe entrar en funcionamiento para habilitar el beneficio fiscal.

Beneficios, restricciones y control: el equilibrio fiscal detrás del régimen

El decreto no solo habilita incentivos, también fija límites. El uso de beneficios fiscales —incluyendo devoluciones vinculadas al IVA— tendrá un tope del 50% del cupo anual previsto en el presupuesto nacional. Además, la asignación se ordenará según la antigüedad de los saldos fiscales, lo que introduce un criterio de priorización.

A la vez, quedan excluidas las inversiones financieras o de portfolio, reforzando el enfoque productivo del régimen. También se establecen condiciones estrictas para acceder: no podrán beneficiarse quienes mantengan deudas firmes, exigibles e impagas con el organismo recaudador.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con las áreas de Agricultura y Energía, tendrá un rol central en la implementación. Deberá dictar en 30 días las normas operativas que definirán, en la práctica, el alcance real del régimen.

Pymes en el centro y señales al mercado

La reglamentación del RIMI posiciona a las pymes como eje de la política de inversión en esta etapa. En términos políticos, el Gobierno busca mostrar un esquema de incentivos focalizado, con impacto en la economía real y sin expandir de manera indiscriminada el gasto tributario.

El diseño también refleja una lógica de control: los beneficios están condicionados, escalonados y sujetos a verificación. No es un régimen de acceso automático, sino administrado. Eso reduce riesgos fiscales, pero también puede limitar su velocidad de adopción.

En el plano de la agenda económica, el RIMI aparece como complemento de otras herramientas orientadas a atraer inversiones, aunque con un perfil más acotado. No apunta a grandes proyectos, sino a un entramado productivo más fragmentado, con impacto territorial.

Implementación, demanda y capacidad de tracción

El decreto pone en marcha el régimen, pero su efectividad dependerá de la reglamentación que se dicte en las próximas semanas y del nivel de adhesión del sector privado. La clave estará en si las condiciones logran traducirse en decisiones de inversión concretas.

También habrá que observar cómo interactúa el RIMI con el contexto macroeconómico y con otros instrumentos vigentes. El plazo de dos años fija una ventana clara, pero no garantiza resultados.

En paralelo, el foco en sectores como energía y agro introduce una señal sobre las áreas prioritarias, aunque sin excluir otros rubros. La pregunta que queda abierta es si este esquema logra escalar o si queda como un incentivo puntual dentro de una política más amplia que todavía está en construcción.

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