La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional comienza a encontrar sus primeros obstáculos en la Justicia. Diversos fallos, en distintas instancias, ya cuestionan la constitucionalidad de algunos artículos clave, especialmente aquellos vinculados al cálculo de indemnizaciones en litigios en curso.

El foco de las objeciones está puesto en el artículo 55 de la Ley 27.802, sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias, que establece un tope a los montos resarcitorios en casos de despido sin causa.

En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de ese artículo al confirmar una sentencia por un despido ocurrido durante la pandemia. El tribunal consideró que la norma vulnera el derecho de propiedad del trabajador, al implicar una quita sustancial del crédito laboral.

Además, sostuvo que el esquema afecta el principio de igualdad y resulta incompatible con el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La normativa establece, a través del artículo 54, la actualización de indemnizaciones mediante el índice CER más un 3% anual. Sin embargo, el artículo 55 introduce un límite del 67% sobre ese cálculo en causas en trámite, bajo el argumento de crear un régimen transitorio.

Para la Justicia, esta limitación genera una reducción significativa del monto final que perciben los trabajadores.

Fallos que marcan tendencia

La decisión de la Cámara se suma a otros antecedentes recientes. En Córdoba, el juez Ricardo Giletta declaró la inconstitucionalidad del mismo artículo al considerar que introduce diferencias arbitrarias entre trabajadores en igual situación, violando el principio de igualdad ante la ley.

En la provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata también cuestionó la norma. Allí, los jueces advirtieron que la fórmula de actualización puede generar una “infra actualización” del crédito laboral frente a la inflación.

Incluso, en ese caso, se utilizó la calculadora del Banco Central para demostrar que el nuevo esquema implicaba una reducción cercana al 35% en el monto indemnizatorio.

Incertidumbre jurídica y freno parcial

Si bien estos fallos no tienen alcance general, comienzan a sentar precedentes que podrían replicarse en otros tribunales. Esto abre un escenario de incertidumbre jurídica que podría frenar la aplicación efectiva de la reforma en uno de sus puntos centrales.

La definición de fondo quedará, en última instancia, en manos de la Corte Suprema.

Impacto en la estrategia oficial

El cuestionamiento judicial afecta directamente uno de los objetivos centrales de la reforma: reducir el costo de despido para las empresas. Este enfoque también se refleja en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), otro de los instrumentos diseñados para modificar el esquema vigente.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma es clave para dinamizar el mercado laboral. El ministro de Economía, Luis Caputo, la ha señalado como uno de los pilares para consolidar la reactivación económica.

Sin embargo, la falta de definiciones judiciales firmes mantiene abierto el interrogante sobre el verdadero costo de desvinculación en el nuevo marco normativo.

Otros frentes judiciales abiertos

Más allá de las indemnizaciones, la implementación de la reforma enfrenta otros obstáculos. El juez Herman Mendel suspendió el acuerdo de transferencia de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en una causa impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN).

En paralelo, el fuero Contencioso Administrativo rechazó una presentación de la CGT en contra de la reforma, decisión que fue ratificada por la Cámara.

Este escenario reavivó especulaciones sobre la estrategia sindical, en medio de versiones que apuntan a posibles acuerdos con el Gobierno para preservar espacios de poder dentro del sistema.