La Convención Constituyente que deberá redactar una nueva carta magna en Chile quedó instalada hoy, tras algunas demoras causadas por choques entre manifestantes y policías en los alrededores del recinto de sesiones, y quedó presidida por una mujer mapuche.

Elisa Loncón, de 58 años, fue elegida por sus pares con 96 votos de los 155 posibles. “Vengo de una familia sencilla, como todas las familias mapuche afectadas por la pobreza, pero íntegra desde el punto de vista de nuestros códigos, inspirados por las normas colectivas, la memoria, el relato social, la historia. Mi familia me heredó un sentido de felicidad”, cuenta Elisa Loncón, que no se queja al recordar su infancia sacrificada en el sur profundo de Chile cuando, antes de la jornada escolar, dedicaba las mañanas a vender frutas, quesos y huevos en un canasto.

La mujer valora que la eligieran como presidenta de la Convención como “un paso para instalar un Chile distinto que respete la condición humana de la diversidad, valore a las mujeres y sus raíces ancestrales. Es lo que no ha hecho institucionalmente”.

La Convención fue instalada pasado el mediodía en un clima de tensión, una hora y media después del momento previsto, debido a incidentes entre manifestantes y la policía en los alrededores de la antigua sede del Congreso en Santiago.

Antes de la instalación, Loncón había dicho a CNN Chile que “la nación mapuche hace un llamado a todos los pueblos de Chile a un acto de reconocimiento, de cambiar la historia y que se exprese en la elección de una constituyente mujer mapuche”.

“La mujer mapuche ha estado excluida, hemos estado sin voz, no hemos sido reconocidas en el escenario político, pero la mujer mapuche ha defendido las tierras, el agua, el conocimiento, la lengua y nosotros hemos tenido un espacio social, público y mucha fuerza espiritual para acompañar la lucha de nuestros pueblos”, sostuvo Loncón, que es académica, política, lingüista y activista.

Consultada sobre el mensaje que daría a la Convención, respondió: “Enriquecerse con las voces de las naciones originarias, con el conocimiento de las naciones originarias, los valores, porque somos pueblo sabio, porque somos los que tenemos filosofía y conocimiento que pueden ayudar a resolver los problemas que tiene este Chile monocultural, monolingüe, necesitamos instalar la diversidad dentro de la Convención, de la política, la diversidad jurídica, los territorios”.

La convencional mapuche fue designada en la segunda elección, ya que en la primera no consiguió los 78 votos necesarios para ser presidenta.

La Convención Constituyente comenzó oficialmente a las 12.40 horas, luego de la suspensión temporal.

La relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Valladares, dijo entonces: “Abro esta primera sesión, en que se instala la Convención Constituyente, encargada de redactar un propuesta de texto para una Constitución para Chile”.

Los representantes de la Lista del Pueblo habían regresaron a la sesión luego de salir a la calle para reclamar que cesara la actuación de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y carros hidrantes.

Luego, Valladares leyó los nombres de los 155 convencionales que fueron elegidos el 15 y el 16 de mayo y que deberán redactar una nueva carta magna para reemplazar a la actual, vigente desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).

La ceremonia de instalación de la Convención fue suspendida momentáneamente a las 11, a raíz de los disturbios que registraban en las inmediaciones del recinto de sesiones, en el centro de la capital.

Entonces, convencionales interrumpieron la sesión y reclamaron a Valladares que la suspendiera, y algunos de ellos salieron a la calle para acercarse al lugar de los incidentes y reclamar el fin de las cargas policiales.

“Advertida de la situación y preocupada, he decidido también invitarlos a que suspendamos esta sesión” hasta el mediodía, dijo Valladares en aquel momento.

El acto protocolar en la antigua sede del Congreso había comenzado con unos minutos de demora, luego de que varias columnas de manifestantes y constituyentes marcharan hacia el lugar desde diferentes puntos de la ciudad.

De repente, convencionales comenzaron a gritar “No a la represión” y “Libertad a los presos por luchar”, lo que provocó minutos de tensión y llevó a la suspensión de la ceremonia “hasta que el país esté tranquilo”, dijo Valladares.

La policía informó por Twitter que no hubo detenidos por los incidentes y que dos agentes sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital de la institución.

La reforma fue una de las demandas clave de la ola de protestas callejeras que sacudió a Chile desde fines de 2018 por el alto costo de vida, las bajas jubilaciones y oneroso acceso a la salud en uno de los países más desiguales de la región.

En mayo pasado, las elecciones de constituyentes sacudieron a la clase política chilena: la primera minoría está formada por independientes que no se presentaron en representación de ningún partido, muchos de los cuales reniegan de la forma de hacer política habitual en el país.

La coalición oficialista tiene 37 convencionales, por lo que no logró llegar al tercio que necesitaba para ser el principal bloque dentro de la Convención con poder del veto.

Del lado opositor, las bancadas de izquierda y centroizquierda, Apruebo Dignidad (28) y la Lista del Apruebo (25), sumaron 53 delegados, lo que sí les permite en conjunto alcanzar el tercio necesario para vetar iniciativas, pero están lejos de los dos tercios necesarios para aprobarlas.

Otros delegados corresponden a la Lista del Pueblo (28), Independientes por una Nueva Constitución (11), Independientes (10) y Pueblos Originarios (17).

La Convención Constituyente cuenta también con la representación de los pueblos originarios, que tiene 17 escaños reservados: siete para el pueblo mapuche, dos para el aimara y uno para cada uno de los otros pueblos: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Los convencionales tendrán nueve meses para redactar la Constitución, prorrogable por tres meses por única vez, y luego el presidente de la república llamará a un “plebiscito de salida” que aprobará o rechazará la nueva carta magna.

De aprobarse, pondrá fin a la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet, pero si el nuevo texto fuera rechazado, aquella continuará vigente.

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