Jueces dialogaron con el Obispo de la Dioscesis de Iguazú, Marcelo Martorell sobre los próximos pasos del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana
Luego de la reunión con el gobernador electo de la provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad, los miembros del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales (Andrés Gallardo y Gustavo Moreno) junto al miembro del Capítulo Argentino César Jiménez, se trasladaron a Puerto Iguazú para entrevistarse con el Obispo de esa diócesis monseñor Marcelo Martorell, para continuar con la organización en Iguazú, los días 19 y 20 de marzo de 2020, de la reunión del Comité Panamericano creado a instancias del Papa Francisco, como de la filial argentina del Comité.
La “Justicia franciscana”, una Justicia con un carácter más social impulsada por el papa Francisco, tendrá su primer encuentro en el país en marzo del año que viene. Los referentes del Comité de Derechos Sociales y Doctrina Franciscana explicaron a Economis de que se trata esta propuesta.
De cara al primer encuentro nacional del Comité de Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que se realizará en marzo próximo en Puerto Iguazú, los referentes Andrés Gallardo, Gustavo Moreno y Cesar Jiménez se reunieron con el Gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad.
Andrés Gallardo, Juez y Presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana visitó la provincia este viernes y se entrevistó con el gobernador electo, lo acompañaron los Jueces Gustavo Moreno (Juez de Cámara de Apelaciones N° 2 de CABA) y Cesar Jiménez (Juez Correccional y Menores 2 de Posadas), que preside el Capítulo Argentino.
Luego de la reunión con el actual vicegobernador Herrera Ahuad, que se realizó en la Casa de Gobierno, los magistrados explicaron a Economis que se dialogó sobre los próximos pasos del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana
En declaraciones a Economis, Gallardo señaló que «el encuentro con el gobernador electo fue muy provechoso y fructífero. Se lo puso en conocimiento de nuestras prácticas judiciales y la tarea desplegada para la construcción de nuevos paradigmas jurídicos. También se abordaron las crecientes demandas sociales y ambientales».
Herrera Ahuad, de acuerdo a lo que narró el magistrado porteño, estuvo en plena sintonía con los diagnósticos esbozados. Finalmente, el magistrado aseguró que «se acordó que la provincia será la anfitriona del encuentro nacional de juezas y jueces por los derechos sociales y la Doctrina Franciscana, el próximo mes de marzo».
Al ser consultado sobre la propuesta del Comité Panamericano, Gallardo indicó que se trata de llevar la propuesta del Papa Francisco, “que es terminar con el nominalismo, o sea que existen leyes, tratados y normas escritas pero que no se cumplen. Se busca que el Poder Judicial asuma un rol activo y protagónico en la concreción de los derechos sociales, básicamente el Papa los define de forma no judicial con los términos Techo, Tierra y Trabajo, que hacen a la dignidad de las personas”.
Explicó que este fenómeno de la desigualdad se da en el país y en el mundo. Por ello es que se busca que “se termine la Justicia alejada de las personas que sufren, terminar con la Justicia que vive enfrascada en si misma”. Para estos jueces no hay democracia con hambre, no hay desarrollo con pobreza, no hay Justicia en la desigualdad.
Sobre esto, su colega, el Juez Gustavo Moreno recordó que el Papa Francisco en Laudato Sí y en su discurso sobre los movimientos sociales en Bolivia, remarca la “reflexión sobre la crisis terminal que vive el sistema económico mundial, básicamente el capitalismo. Ya que una de las problemáticas estructurales tiene que ver con la concentración de la riqueza y con el descarte de millones de personas. Esa es una interpelación muy concreta a nosotros que si queremos dictar Justicia no podemos mirar hacia el costado y dejar que la injusticia estructural domine nuestras relaciones”.
El Juez misionero, Cesar Jiménez, que preside el capitulo Argentina del Comité valoró el encuentro con Herrera Ahuad, que tuvo como objetivo concretar la realización en la ciudad de Puerto Iguazú de la reunión tanto del Comité Panamericano, creado a instancias del Papa Francisco, como de la filial argentina del Comité.
Explicó que están trabajando para el encuentro nacional del Comité de Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que se realizará en marzo próximo. Adelantó que la fecha tentativa será los días 19 y 20 de marzo de 2020.
El encuentro reunirá a los referentes de toda América y también de Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias.
Los puntales de este encuentro serán el tratamiento y preocupación por el deterioro del sistema normativo, su aplicación y sus problemas por ajustarse a los convenios de Derechos Humanos. El otro punto de debate es la crisis económica y las repercusiones ecológicas.
Los jueces Gallardo y Moreno, viajarán a Porto Alegre (Brasil) donde presentarán el Capitulo Brasil y en diciembre se presentará el Capitulo Perú. Los jueces adelantaron que el año entrante se presentará el Comité Panafricano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana.
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces para los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, a través de su Junta Promotora, ante los hechos ocurridos en los últimos días en Bolivia, y particularmente ante lo ocurrido en el día de hoy, 10/11/2019, manifiesta lo siguiente:
No cabe duda de que se está ante un golpe de Estado. El gobierno de Bolivia accedió ante el pronunciamiento de la OEA en el sentido de que se convocaran nuevas elecciones. Aún así, el sector militar y otros sectores exigieron su renuncia, recurriendo, para tanto, a actos de violencia contra familiares de los gobernantes, contra sus residencias y contra representantes y sedes de movimientos sociales. Los integrantes del gobierno declararon que se vieron obligados a renunciar para evitar la continuidad de los actos de violencia. Sin embargo, tras la asunción del Poder Ejecutivo por un grupo que se ha auto elevado al gobierno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la violencia con relación a dirigentes indígenas y movimientos sociales, bien como con relación a miembros del gobierno anterior y de las instituciones democráticas, no da señales de cesar o de retroceder.
El Comité rechaza vehementemente la ruptura en la democracia que representa la deposición de los gobernantes democráticamente electos y la asunción del gobierno por terceras personas mediante actos de violencia. Una ruptura con relación a la democracia constituye una amenaza a la civilización y un gran riesgo de que se cometan violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El Comité exhorta a aquellos que han asumido el mando que inmediatamente dejen de practicar violencia de Estado contra los integrantes de la población boliviana. Además, manifiesta la importancia de que el régimen democrático sea retomado con la mayor brevedad posible, lo que solamente podrá pasar con la restitución del mandato interrumpido del Presidente Evo Morales y de los demás integrantes del gobierno boliviano que se vieron obligados a renunciar. Las renuncias obtenidas mediante coacción carecen de toda validez.
No se puede admitir la continuidad de la ruptura democrática y civilizatoria y las
violaciones a derechos de la población civil.
Roberto Andrés Gallardo (Argentina)
Ana Inés Algorta Latorre (Brasil)
Gustavo Moreno (Argentina)
Daniel Urrutia Laubreaux (Chile)
COMITÉ PANAMERICANO DE JUECES POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LA
La “liga de jueces papales”, una agrupación nacida de manera formal hace un mes, emitió un nuevo documento que tuvo como destinatarios los seis candidatos a la Presidencia, y donde hicieron explícitas las pautas que -a su criterio- deberían guiar a los magistrados, basados en la doctrina del papa Francisco. Nucleados en el Comité Panamericano por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, los jueces remitieron un decálogo sobre el denominado “proyecto de justicia ecosocial” que aspira a modificar el paradigma desde el cual se aplica el Derecho con foco a hacer valer la dignidad de las personas por sobre cualquier injerencia de los intereses político-partidarios o económicos. Es la consolidación de un experimento que el Vaticano ha ido tanteando desde algunos años con invitaciones periódicas de juezas y jueces muy relevantes en el ámbito local y que ha inaugurado una serie de “capítulos” en América Latina para desarrollarse a nivel regional.
Liderados por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Roberto Andrés Gallardo, uno de los principales interlocutores entre los magistrados y Jorge Bergoglio, la “liga” hizo su diagnóstico acerca de la crisis estructural a escala internacional que obligaría a replantear el rol y la misión de los magistrados. Gallardo fue la pesadilla de Mauricio Macri en sus sucesivas administraciones al frente de la Ciudad de Buenos Aires y fue un escollo a los planes del jefe de Gobierno tanto así que lo puso en la mira con intenciones de destituirlo, sin éxito.
Cada vez más influyente en su llegada a Santa Marta, Gallardo como el presidente del Comité Panamericano no está solo: integran el grupo varios jueces y camaristas porteños, como Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro de la Nación y ahora el coordinador del Capítulo Argentino, y firmante del documento. También forman parte de ese concilio el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Guillermo Tracy y su par María Claudia Caputi; el camarista laboral y excandidato a la presidencia de la Asociación de Magistrados, Roberto Pompa; la camarista del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Fabiana Schafrik; y César Jiménez, juez Correccional y de Menores de Misiones. Comodoro Py también tiene sus adscriptos que cuentan como referentes a Sebastián Casanello y a Ana María Figueroa. Ya totalizan dos centenares de magistrados argentinos que se darán cita en marzo próximo en Iguazú para continuar acentuando su nuevo rol bajo influencia papal.
En el nuevo “paper” que redactaron los magistrados para los presidenciables, lo ambiental, lo social, lo político y lo económico constituyen categorías interconectadas que debieran ser consideradas por la Justicia como un todo, y que “las desigualdades y las exclusiones estructurales nacen, en parte, del diseño y prácticas de las instituciones; y es necesario, por tanto, repensarlas desde ese lugar”. Por eso el Poder Judicial debería ser más independiente y decidir sobre la base de la Constitución y a la dignidad de las personas, sin influencias externas. Y que las decisiones del Estado no pueden quedar excluidas del análisis y control judicial. En una de las partes más contundentes del documento, afirmaron que “los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son operativos y exigibles, agregando que las sociedades duales son injustas y violentas y que el derecho y la Justicia deben contribuir especialmente a la integración cultural, social y económica de las personas; y garantizar y recomponer su dignidad”. En ese esquema, resaltaron que los Derechos Humanos -por el marco legal en el que se hallan inscriptos en materia internacional- son “superiores a los tratados de comercio o sobre finanzas internacionales”. Y alertaron que más allá de la responsabilidad política, existe una responsabilidad jurídica en las decisiones de Estado si esos derechos no se respetan.
Con el objetivo de hacer llegar el mensaje a los candidatos antes de la elección, los jueces nucleados en esta agrupación apuntaron a poner en debate cómo se integrarían sectores excluidos en pos de la “construcción de una sociedad justa e igualitaria”. Visualizaron que para reconstruir la credibilidad del Poder Judicial, es deber de los magistrados no sólo actuar con ética y coherencia, sino también con el compromiso de esos derechos.
Una publicación viral indica que el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular no tuvo ningún empleo en relación de dependencia y tampoco ejerció otros trabajos.
Grabois es jefe de Trabajos Prácticos en la Facultad de Derecho de la UBA, que le pagó los aportes al menos en los últimos cuatro meses, según pudo comprobar Reverso.
Además, desde 2003 hasta hoy, el dirigente tuvo otros seis empleadores registrados en AFIP y escribió un libro para Editorial Planeta del que recibió $235 mil en concepto de regalías.
Circula en Facebook una imagen con la foto de Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que incluye el siguiente texto: “Juan Grabois. 36 años. Cero aportes. C E R O…. nunca laburó….Pero representa a los ‘trabajadores’. Merecemos ser exterminados por una plaga de ladillas hambrientas” (sic). El posteo se compartió 21 mil veces en esa red social. Sin embargo, lo que indica es falso.
Juan Grabois es fundador y referente del MTE y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Se recibió de abogado en octubre de 2010, como se puede ver en su título enviado por él mismo a Reverso, y actualmente trabaja como jefe de Trabajos Prácticos en la materia Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires(UBA), en la comisión de Roberto Andrés Gallardo, profesor adjunto regular de la materia y juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Ambos datos fueron confirmados a este medio desde la UBA.
Según la página oficial de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, organismo que depende del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Grabois está en relación de dependencia con esa institución (ver acá), que le pagó los aportes al menos en los últimos cuatro meses, como se puede ver en el resumen de su situación previsional (ver acá).
Título de Juan Grabois de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
Además, según dijo Grabois a este medio, cobró “regalías de $235 mil” de Editorial Planeta por su libro La clase peligrosa publicado en octubre de 2018. La editorial confirmó a Reverso los dichos del dirigente del MTE y adelantó que Grabois sacará un nuevo libro con Editorial Paidós.
En AFIP, Grabois figura como monotributista con la categoría “B” y la actividad “Servicios personales N.C.P” (que significa “Actividades o servicios no clasificados en otra parte”) en la subcategoría “Servicios de Asociaciones y Servicios Personales”. Esto significa que está habilitado para facturar no por productos, sino por servicios.
“Trabajé de un montón de cosas, en blanco y en negro, como empleado y como autónomo, desde que me independicé en 2001 -dijo el dirigente social y detalló-. Entre otras cosas, fui profesor particular para alumnos de la ORT, telemarqueter hasta que tuve una úlcera por tomar analgésicos para bancarme el dolor de espalda de ese laburo, vendedor técnico y analista funcional de software de administración documental para una empresa nacional de IT (LPA) realizando tareas tercerizadas de Tecpetrol, Petrobras y otras, consultor técnico y gerente comercial de un call center llamado Escala Sur, teleoperador de Teletech, Search Engine Optimicer y coordinador de un equipo de traductores del portal WorldBy, docente de la secundaria parroquial de Constitución, docente de un terciario, docente universitario en la UBA y la UCA, editor, traductor y autor para varias editoriales”.
Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña. Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.
