El Gobierno concretó hoy un pago al Fondo Monetario Internacional por unos US$ 692 millones y el miércoles abonará otros US$ 710 millones, por lo que cerrará enero con pagos al organismo por unos US$ 2.650 millones, de acuerdo con el cronograma de vencimientos fijado en el programa vigente que refinanció el préstamo de US$ 45.000 millones concretado durante la administración de Mauricio Macri.
El pago quedó evidenciado en las reservas del Banco Central (BCRA) de hoy, que cerraron en US$ 41.517 millones, unos US$ 743 millones por debajo del cierre del viernes pasado.
Las reservas estuvieron afectadas también por el saldo vendedor del BCRA en el mercado de cambios mayorista y un revalúo de los activos que componen las reservas frente al dólar.
El Gobierno argentino cumplió con las metas del último trimestre del año con el FMI, según estimaciones de analistas consultados por Télam, gracias a la implementación del denominado “dólar soja II”, ajustes en las cuentas fiscales y a la política de frenar el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro.
Esto habilitará al organismo multilateral a gatillar en marzo un nuevo desembolso para la Argentina por US$ 5.000 millones.
La cuarta revisión del programa que el FMI mantiene con la Argentina se desarrollará en febrero a nivel técnico, y se espera que la revisión se apruebe en marzo.
Los desembolsos del FMI vienen calzados para que la Argentina pueda afrontar los vencimientos del programa que esta gestión heredó de la administración Macri, que para el corriente año suman compromisos de pago por unos US$ 19.850 millones.
El Gobierno argentino afrontará esta semana el pago de 1.400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), en base al cronograma de vencimientos fijado en el programa vigente que refinanció el préstamo de 45.000 millones de dólares concretado durante la administración de Mauricio Macri.
Mañana vencen unos 692 millones de dólares, mientras que el miércoles se deben abonar otros 710 millones de dólares, que deberán ser saldados antes de que se complete la cuarta revisión correspondiente al último trimestre de 2022, que finalizará en marzo próximo
El Gobierno argentino cumplió con las metas del último trimestre del año con el FMI según estimaciones de analistas consultados por Télam, gracias a la implementación del denominado “dólar soja II”, ajustes en las cuentas fiscales y a la política de frenar el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro.
Esto habilitará al organismo multilateral a gatillar en marzo un nuevo desembolso para la Argentina por US$ 5.000 millones.
La cuarta revisión del programa que el FMI mantiene con la Argentina se desarrollará en febrero a nivel técnico, y se espera que la revisión se apruebe en marzo.
Los desembolsos del FMI vienen calzados para que la Argentina pueda afrontar los vencimientos del programa que esta gestión heredó de la administración Macri, que para el corriente año suman compromisos de pago por unos US$ 19.850 millones.
Según el cronograma de pagos, con el vencimiento del lunes la Argentina habría afrontado en total en enero unos US$ 2.650 millones.
En base a las metas acordadas con el FMI, la Argentina debía culminar 2022 con una acumulación neta en reservas de al menos US$ 5.000 millones, cifra que finalmente sobrecumplió y que, en base a las estimaciones privadas, “no requerirá de waiver” (perdón) para pasar el examen.
No obstante, algunos analistas alertan sobre la existencia de cierta presión sobre la base monetaria y por ende la inflación, como resultado de las políticas aplicadas para cumplir con los objetivos fijados.
“Teniendo en cuenta nuestras estimaciones, las metas de financiamiento monetario al Tesoro, de déficit fiscal primario, de stock de deuda flotante y de acumulación de reservas internacionales, principales dentro del acuerdo, se habrían cumplido”, dijo Claudio Caprarulo, director de Analytica.
Es decir, “las primeras tres que refieren al ámbito fiscal encauzaron su camino a lograrse a partir del ajuste realizado por el cambio de gestión y la mayor capacidad de rolleo de la deuda en pesos”, sostuvo el especialista al dar cuenta la tarea llevada adelante por el ministro de Economía, Sergio Massa, desde agosto último, cuando asumió el cargo.
En cuanto a la acumulación de reservas internacionales netas, “luego del ajuste de la meta de U$S 500 millones que se consideraron pertinentes por el mayor gasto en energía producto de la suba de precios internacionales, la meta se habría sobrecumplido por U$S 495 millones gracias a un fuerte freno sobre las importaciones de la mano de las licencias no automáticas, incentivos de precio a las exportaciones mediante el “dólar soja” y préstamos de libre disponibilidad por parte de organismos internacionales”, explicó Caprarulo.
Por su parte, Emiliano Anselmi, economista jefe de la consultora PPI, dijo que gracias al dólar soja, que permitió al BCRA comprar US$ 7.344 millones en sus dos versiones, se alcanzó la meta de reservas.
“Estimamos que las reservas netas habrían cerrado el año en torno de US$ 7.650 millones, creciendo en US$ 5.320 millones respecto de fin de 2021. Dado el objetivo requerido, la meta se habría sobrecumplido en US$1.070 millones”, consideró.
Asimismo, “la recaudación extra por retenciones derivada del ´dólar soja 2´ habría aportado 0,2% del PBI, y esto podría contribuir a alcanzar la meta de 2,5% del PBI para 2022 o que el desvío sea mínimo (0,2% del PBI)”, agregó.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió hoy con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y dijo que espera el apoyo del organismo para revitalizar la selva amazónica.
“Mi encuentro con Kristalina Georgieva, directora general del FMI”, escribió Petro en un mensaje de Twitter acompañado de una foto junta a la directora del organismo de crédito y agregó que el Fondo “se alista” a prestar “todo su apoyo al programa de revitalización de la selva amazónica”.
Por su parte, Georgieva dijo en la misma red social que fue “genial” escuchar la visión de Petro para Colombia.
“Elogio su enfoque en el clima y la equidad y espero continuar nuestra estrecha cooperación”, agregó.
Petro participó en el Foro Económico Mundial que se desarrolló esta semana en el centro de esquí suizo de Davos, adonde viajó acompañado del canciller, Álvaro Leyva; la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad; la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y una comitiva de Gobierno.
En el marco de este evento, mantuvo encuentros bilaterales con líderes mundiales para hablar de las iniciativas que lidera su Gobierno y lograr apoyo internacional para proteger la Amazonia.
“Estamos convencidos que, con una fuerte inversión en turismo, dada la belleza del país, y en la capacidad y potencialidad que tiene el país en generación de energías limpias, podría perfectamente, en un corto plazo, en una transición, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil que, precisamente es de la cual hemos dependido”, declaró en el Foro de Davos, según recogió el diario colombiano La República.
En Davos, el mandatario propuso que las decisiones de las Conferencias de las Partes (COP) o cumbres anuales que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sean “vinculantes” y no solo sugerencias.
“Las COP deberían tener poder vinculante, es decir, que sus decisiones sean órdenes. El Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC), si se evade por alguna razón, tiene una sanción; en cambio, lo que deciden las COP son sugerencias que un gobernante puede tener o no en cuenta, son apenas consejos. ¿Por qué un TLC sí es vinculante y las decisiones para salvar al planeta no?”, manifestó Petro en su intervención.
Argumentó que esta sería una primera medida para poner en marcha su idea de capitalismo descarbonizado, tesis que, según el mandatario, contribuiría con una compensación mundial ante la crisis ambiental que este sistema ha causado durante los últimos años.
En ese sentido, aseguró que una modificación en las decisiones de las cumbres sobre cambio climático implicaría modificaciones en los tratados comerciales de la OMC y del sistema financiero global, iniciando por los organismos multilaterales, como el FMI y el Banco Mundial, para que se prioricen recursos del sistema y de los presupuestos nacionales en el cuidado ambiental.
“Implicaría que los TLC de la OMC y del FMI se supediten a los acuerdos del clima y no al revés, y también una reforma del sistema financiero mundial. ¿Cómo se financia la transición? En la COP 27 me dijeron: endéudese”, expuso el mandatario, según replicó la agencia de noticias Sputnik.
El 8 de noviembre, en la COP27 que se celebró en Egipto, Petro pidió un diálogo entre las Américas para revitalizar la selva amazónica e invertir en ella.
El jefe de Estado señaló entonces que solo “la unificación de grandes bloques mundiales puede permitir transformar la inercia en torno al cambio climático”.
El mandatario subrayó también que en la unión de esos grandes bloques “el FMI tiene ahí un papel que cumplir, liderado por los grandes países desarrollados del mundo”.
En ese sentido, el presidente agregó que el objetivo no es que se regale el dinero, sino que se libere el pago de deuda a los países pobres y en desarrollo para que los recursos sean llevados a combatir el cambio climático.
En el marco del Foro de Davos, el mandatario se reunió también con el director general del FBI, Christopher Wray, tras haber declarado su intención de buscar la colaboración de la agencia estadounidense para investigar a los grandes empresarios del narcotráfico y el lavado de activos y a los agentes del más alto nivel de la corrupción.
El Gobierno sobrecumplió la meta de déficit fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2022, tras registrar un rojo del 2,4% del PBI, apenas por debajo del 2,5% acordado con el organismo multilateral.
De esta manera, el ministro de Economía, Sergio Massa, da por cumplida una de las metas que se planteó al comenzar su gestión: ordenar las cuentas fiscales que a mitad de año lucían desbordadas.
El ministro Massa hizo referencia al “desborde” que encontró en las cuentas públicas durante una gira que realizó por los Estados Unidos durante octubre.
“Veníamos de un proceso que nos llevó a un desborde del 12,4% al mes de junio en términos del déficit”, recordaba Massa en aquella visita a los Estados Unidos, donde se reunió con inversores y autoridades del FMI.
El orden fiscal fue uno de los cuatro objetivos que formaron parte de la hoja de ruta de Massa y en simultáneo al ordenamiento de las cuentas del sector público, propuso concentrar las energías en el fortalecimiento se reservas, el necesario superávit comercial y el desarrollo con inclusión social.
En esta línea, el ministro convocó a un gran acuerdo nacional para los próximos 30 años que gire en torno de valores centrales como el orden de las cuentas públicas, la competitividad y el desarrollo.
Respecto de su lectura de las cuentas públicas, siempre abogó por computar a los ingresos provenientes de organismos multilaterales como inversión de desarrollo, sin necesidad de tomarlo como un requisito para el cumplimiento de una meta fiscal.
De cara a este año con una meta prevista del 1,9% del PBI, se vienen grandes desafíos para la administración de las cuentas públicas.
Si bien siempre hay un margen de negociación para avalar lo firmado con el FMI, en la medida que el número no se aleje de lo pactado, el gobierno enfrenta un año que ya encendió sus primeras alarmas en cuanto a la generación de divisas.
La primera gran preocupación pasa por la sequía que castiga al campo, que quizás no aportará las divisas esperadas para el ejercicio 2023.
Por otro lado, se trata de un año electoral en el que se elegirán nuevas autoridades, con los consecuentes gastos adicionales que inevitablemente se presentan en los períodos pre eleccionarios.
En cuanto a los números difundidos hoy, el Ministerio de Economía informó que en “diciembre, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $502.128,2 millones. Así, entre enero y diciembre se acumuló un déficit primario de $1.955.140,8”.
De esta manera, se alcanzó un déficit primario de 2,4% del PBI, a partir de una serie de decisiones en materia fiscal llevadas a cabo por las autoridades del Ministerio de Economía con el fin de ordenar las cuentas públicas y los desvíos preexistentes, señaló un comunicado del Palacio de Hacienda.
“Esto representa el sobrecumplimiento de la meta fiscal establecida en el Programa de Facilidades Extendidas para el Sector Público Nacional No Financiero (2,5% del PBI)”, remarcó.
En el periodo de referencia, los Ingresos totales del sector público nacional ascendieron a $1.688.118,6 millones, representando una mejora del 92% interanual.
Durante diciembre los ingresos provenientes de las emisiones primarias de títulos públicos fueron de 60.616,2 millones de pesos.
Los ingresos tributarios crecieron en diciembre un 89,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Esta mejora en los ingresos fue impulsada principalmente por el aumento en Ganancias (+126,7% i.a.), contribuciones a la Seguridad Social (+89,6% i.a.) y en los derechos de exportación (+92,1% i.a) en el marco del Programa de Incremento Exportador (Decreto 787/2022).
Al mismo tiempo, el gasto primario acumulado durante 2022 del sector público nacional arrojó una variación de +70,5% interanual, y lleva seis consecutivos de desaceleración en este indicador.
La asunción de Sergio Massa -a la par de la integración de las distintas carteras que hoy conduce-marcó un punto de inflexión para la política económica del Gobierno. Dotando de mayor respaldo político a la conducción de la economía, permitió un mayor grado de cohesión en la toma de decisiones para imprimirle coordinación, efectividad y agilidad a la gestión de la política económica. Este giro pragmático logró ponerle fin a la lógica previa de cortocircuitos que mantenían elevada la incertidumbre y obturaban el rumbo económico, permitiendo desactivar una crisis cambiaria desordenada que lucía inminente y aportando a un mayor alivio en los frentes fiscal-financiero y cambiario.
El set de política económica plasmado en el acuerdo con el FMI fue ratificado como la hoja de ruta a seguir, no necesariamente por convicción, sino por los limitantes que impone la realidad. En este sentido, los riesgos de un empeoramiento agudo del escenario nominal volvieron a “ordenar” las diferencias al interior de la coalición de gobierno: el ministro consiguió desplegar sin demasiadas objeciones medidas que pocos meses atrás lucían impracticables por sus costos políticos. Entre ellas, fuertes subas de las tasas de interés; aceleración en la suba de tarifas de servicios públicos; una marcada reducción real del gasto público y la presentación de un Presupuesto 2023 de ajuste fiscal centrado en subsidios y prestaciones sociales.
Estas medidas fueron complementadas por un alineamiento de las variables nominales (inflación, tasa de interés y ritmo de depreciación); continuas intervenciones del BCRA en el mercado de deuda en pesos que contribuyeron a favorables canjes del Tesoro; y el cumplimiento de la meta de reducción de la asistencia monetaria directa por parte del BCRA. Finalmente, las dos ediciones del “dólar soja”, la intensificación de las restricciones a las importaciones, los esquemas de tipos de cambio múltiples e ingresos “extra” (BID y China) permitieron robustecer el stock de reservas, cumplir con las metas y evitar el escenario más temido: un salto abrupto del tipo de cambio oficial.
Ahora bien,las bases sobre las cuales se sostiene esta mayor parsimonia siguen siendo vulnerables. En este sentido, y frente a los riesgos que se avizoran para este año, el éxito inicial del “plan Massa” constituyó una condición necesaria pero no suficiente para evitar una corrección desordenada y transitar un 2023 de elecciones sin crisis, dejando varias incógnitas por resolver.
Sobre esta base, ¿qué esquema de política económica cabe prever para 2023? ¿qué riesgos se avizoran? ¿podrán cumplirse las metas acordadas con el FMI? ¿cómo responderían la actividad y los ingresos? ¿qué esperar de las tensiones al interior del Gobierno?
El Frente de Todos ante el frente de los Dólares y el frente de los Pesos
De cara a los próximos meses, se destacan 3 factores que podrían poner en jaque esta “estabilidad” lograda y el sostenimiento del crawling peg (evitar un salto abrupto del tipo de cambio): (1) la escasez en la oferta de dólares (“frente de los Dólares”); (2) la sostenibilidad de la deuda en pesos (“frente de los Pesos”) y (3) la necesidad de evitar un nuevo salto en la inflación.
(i) El sostenimiento del crawling peg estará tensionado por un frente cambiario que presentará mayores dificultades en 2023, especialmente durante el verano, en un año en que a diferencia de 2021 y 2022 no se espera un salto en la liquidación de agrodivisas (incluso puede haber una caída):1) en contraste con los últimos dos años, los precios internacionales no compensarán los menores volúmenes de cosecha agrícola a raíz de la sequía, dejando como resultado un menor ingreso de divisas por este canal y un puente más largo hasta la próxima cosecha gruesa; 2) el adelantamiento de ventas que produjo el “dólar soja 2.0” deja menos producto a vender en el 1T, además de generar incentivos para retener a la espera de una nueva edición; 3) el nivel de brecha cambiaria y de tipo de cambio real no será consistente con un superávit de cuenta corriente sostenido en el tiempo; 4) el financiamiento neto del FMI será negativo, a diferencia de 2018-2022; 5) la economía mundial moderará su crecimiento, con precios de la energía y los fletes que se mantendrían elevados; 6) ¿cuánto podrán seguir postergándose los pagos pendientes de importaciones? En este escenario, la puesta en marcha del Gasoducto NK emerge esencial para reducir los pagos por importaciones energéticas previo a la temporada invernal.
(ii) El Tesoro debe lograr un rollover de alrededor de 1,3 veces lo que vence en 2023 a fin de financiar el rojo fiscal. Vale recordar que, con un mercado externo virtualmente cerrado, la imposición de un límite a la asistencia monetaria a la par de una consolidación fiscal gradual conduce a que las necesidades de financiamiento sigan descansando excesivamente en el mercado de deuda en pesos. Esto lo deja vulnerable ante episodios de incertidumbre como los vistos en junio/julio y, en menor medida, en octubre/noviembre. Si bien el reciente canje permitió descomprimir buena parte de los compromisos del 1T, los elevados vencimientos del 2T y 3T ($1,8 bn/mes), junto a la reticencia del mercado a adquirir títulos posteriores a las elecciones y las restricciones político-sociales para instrumentar un ajuste fiscal más agresivo emergen como los principales desafíos para el Gobierno en este frente: una caída de la tasa de rollover implicaría una fuerte emisión del BCRA (por rescates) que podría presionar la inflación y el mercado cambiario (“frente de los Dólares”).
Asimismo, al igual que en el caso de la sequía el Gobierno se enfrentará a un factor de difícil control: más allá de lo que el oficialismo diga o haga, en medio de la transición electoral será igual o más relevante las señales que vaya arrojando la oposición sobre el tratamiento que le daría a los títulos de deuda en pesos.
Asociado a estos dos frentes se encuentra la necesidad de evitar nuevos shocks sobre la nominalidad. Si la inflación se acelerara nuevamente el actual set de política económica se encontraría ante una nueva ronda de presión: si la respuesta del Gobierno fuera imprimirle una mayor velocidad al ritmo de devaluación, retroalimentaría la dinámica de precios, y el escenario ganaría inestabilidad; pero, por otra parte, convalidar un mayor atraso cambiario dificultaría aún más la capacidad de defender la paridad oficial y pondría en jaque la necesidad de acumular reservas (el “frente de los Dólares”).
En definitiva, la conjunción de estos factores configura una trayectoria expuesta a una elevada vulnerabilidad a lo largo del año, dificultando el objetivo de transitar el 2023 electoral sin nuevos episodios de turbulencias: la economía seguirá recorriendo un angosto desfiladero en el que cualquier leve desvío en estos múltiples planos aceleraría la probabilidad de ir hacia un escenario disruptivo.
En consecuencia, ¿qué política económica seguiría el Gobierno?
La visualización de estas fuertes restricciones -más aún de las que escapan a la injerencia directa del Gobierno- y la búsqueda por evitar un salto cambiario es lo que seguirá forzando y encolumnando a la política económica detrás de la necesidad de profundizar el rumbo enmarcado dentro del acuerdo con el FMI, aún en medio del año electoral: las decisiones de política económica continuarán rigiéndose dentro de un corset que no podrá romperse si se quieren minimizar las chances de transitar hacia un escenario disruptivo.
Por un lado, los límites que impone el programa financiero (entendiendo que desvíos por sesgo expansivo pueden lesionar las colocaciones de deuda) guiarán el ajuste del déficit fiscal al rango de la meta del acuerdo. Sin margen para incrementar los ingresos de forma significativa (de hecho, se ven parcialmente lesionados) el eje radicará en continuar con la reducción real del gasto público. En esta línea, la elevada inflación promedio (que permite reducir el gasto indexado), el ajuste tarifario y el reemplazo de gas importado por gas local acotan la cuenta de subsidios y constituyen las principales líneas de contención de las erogaciones.
En segundo término, a fin de contribuir a anclar las expectativas de inflación, mantener a raya la brecha cambiaria y contribuir a sostener la demanda de pesos y la captación de financiamiento, el BCRA y Finanzas seguirían manteniendo las tasas de interés reales en terreno positivo, a la vez que seguiría reduciendo la asistencia monetaria directa al Tesoro.
Por otra parte, sin corrección mediante se seguiría convalidando un ritmo de devaluación más en línea con la inflación para evitar una mayor apreciación cambiaria. En este sentido, la política cambiaria estará tensionada entre el objetivo oficial de sostener el crawling peg y el retraso que muestra el tipo de cambio oficial en un marco de menor influjo de divisas comerciales, lo que obligará a renovar constantemente esfuerzos por obtener recursos por el lado de la cuenta financiera y/o acotar el exceso de demanda de divisas (restricciones a las importaciones, desdoblamientos sectoriales ad-hoc). Como resultado, prevemos que haya tensión en el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas.
¿Cómo se comportaría la inflación, los ingresos y la actividad económica?
En materia de inflación, sobre el piso elevado que dejó el 4T de 2022 (5,4% mensual) se sumará el posible impacto de la sequía sobre los precios de alimentos, un potencial “despertar” del precio de la carne vacuna, la dinámica salarial, los ajustes pendientes en las tarifas de servicios públicos y las restricciones sobre las importaciones, factores que seguirán presionando sobre el nivel de precios. Sin embargo, la moderación del crawling peg, en conjunto con el amplio set de acuerdos de precios cerrados recientemente y sin shocks como los ocurridos el año pasado (guerra en Ucrania, renuncia de Martín Guzmán) que permitan mantener contenida la brecha, la inercia y las expectativas de inflación lograrían moderarse en el margen. Como resultado, esperamos una lenta tendencia a la moderación de la nominalidad en los próximos meses.
En este marco, entendemos que de no mediar shocks (exógenos o endógenos) una recesión podría evitarse, pero no la tendencia hacia la moderación del crecimiento. Partiendo de un menor arrastre que en 2022 la actividad económica se verá afectada por una nueva caída en la producción agrícola, restricciones a las importaciones que no se relajarían significativamente en 2023 y un sesgo contractivo en el plano fiscal-monetario, resultando en una expansión del PIB de algunas décimas por encima del crecimiento poblacional. Asimismo, se prevé un acotado crecimiento de los ingresos reales, lo cual, en conjunto con una elevada propensión marginal a consumir (sesgo pro-consumo) coadyuvaría a que el consumo se expanda por encima del nivel general del PIB.
Haciendo zoom en los ingresos, vemos que la tensión entre anclar las expectativas y dinamizar el consumo redundaría en acuerdos paritarios similares a la inflación: los salarios formales comienzan el 2023 con un efecto arrastre positivo y una dinámica de aumentos que parcialmente incorpora el proceso de 2022, lo cual, en un marco en el cual la inflación no se acelera, redunda en un incremento promedio en el poder de compra. Ahora bien, la movilidad jubilatoria (que junto con los ingresos formales explica el 60% del ingreso de los hogares) inicia el año con una fuerte caída real (producto del rezago que implicó la aceleración inflacionaria del segundo semestre) y difícilmente muestre un aumento promedio, aunque expondría una dinámica de menor a mayor. Finalmente, los salarios informales mostrarían una trayectoria inferior a la de los salarios formales y la movilidad.
La tensión entre dos agendas: la política-política y la política económica
¿Cómo se digerirán estas políticas al interior de la coalición gobernante en el marco de una situación social compleja, una economía enfriándose y una inflación sin perspectivas de desacelerar significativamente? Este año continuará la tensión dentro de la coalición gobernante entre dos agendas con distintas prioridades: la de la política económica (liderada por Massa) y la de la “política-política”.
La primera de ellas visualiza la fragilidad del equilibrio descripto previamente, los múltiples obstáculos por delante y los limitantes que impone la realidad (la “sábana corta”), donde la actividad y la inflación no lucen como frentes tan prioritarios como el resto: un “boom” de consumo atentaría contra el resultado de las cuentas externas, mientras que una inflación elevada seguiría contribuyendo al objetivo de consolidación fiscal y de licuación del elevado stock de pasivos remunerados del BCRA.
En cambio, la segunda, consciente de la necesidad de recuperar caudal de votos mira 2023 en clave electoral y pugnará para darle más aire a la actividad económica, imprimirle un sesgo más expansivo a la política fiscal-monetaria y recuperar ingresos reales vía una rápida reducción de la inflación.
Conclusiones y perspectivas
La administración de la coyuntura que lleva adelante el Gobierno seguirá enfrentándose a un equilibrio macroeconómico inestable en 2023. Si bien el desafío más próximo será el de “pasar el verano”, las estaciones subsiguientes tendrán sus propias dificultades, más influenciadas por la dinámica de la transición político-electoral.
En este marco, aun contando con un set de políticas que procuren fijar un rumbo en la dirección correcta, la falta de confianza, los riesgos exógenos por delante (sequía, señales de la oposición) y los acotados márgenes de acción mantendrán elevados los riesgos de un empeoramiento del escenario nominal.
Aún con las tensiones que puedan intensificarse entre la agenda de la política y la del equipo económico, frente a los grandes desafíos (y riesgos) que se avecinan no esperamos que el Gobierno siga buscando el cumplimiento del acuerdo con el FMI. En este sentido, la figura de Massa se erige con mayor fortaleza política que sus antecesores para coordinar esfuerzos y voluntades en pos de progresar con los ajustes en marcha.
No obstante, a medida que la campaña electoral vaya tomando forma, la manera en que vayan evolucionando estas tensiones, en paralelo con el grado de cooperación de la oposición en medio de la transición y, en alguna medida, un poco de “suerte” con la que deberá contar el Gobierno de cara a los múltiples riesgos señalados, serán factores que jugarán un rol decisivo en la trayectoria de la economía a lo largo de 2023.
