Dieciocho veces. Dieciocho gritos desesperados. Dieciocho pedidos de auxilio que nadie atendió. Dieciocho veces denunció Ursula a su asesino antes de ser, finalmente, asesinada. Hubo más de una decena de oportunidades de evitar la fatalidad, pero el sistema no hizo nada para defenderla. Esa ineficacia se repite en el tiempo y a lo largo del país. 

Son cientos los agresores que acumulan denuncias sin que nadie haga nada hasta que ya es demasiado tarde. Y es ahí donde radica uno de los grandes problemas sin resolver cuando se habla de violencia de género: nadie se hace cargo. La Policía no recibe todas las denuncias, tarda en formalizarlas, las causas duermen en los atiborrados archivos judiciales y el seguimiento de los casos es casi nulo. 

Para torcer esa peligrosa realidad Misiones está intentando dar un paso clave. Ya comenzó como prueba piloto, pero está pronto a expandirse en toda la provincia. Un equipo liderado por el Observatorio de Violencia que encabeza Silvana Labat, titular a su vez del Instituto Provincial de Estadística y Censos, está poniendo en funcionamiento un sistema multiplataforma que permitirá hacer un seguimiento en tiempo real de cada denuncia. Pero, especialmente, permitirá identificar a cada uno de los actores involucrados. 

El agente policial receptor de la denuncia deberá estar logueado al sistema, que automáticamente replicará la información a los organismos intervinientes y dará ingreso a la Justicia, que a su vez deberá identificar juzgados y qué funcionario se hará cargo de la causa, además de las decisiones que tome en resguardo de la víctima. En ese sendero, nadie podrá desentenderse de la situación y se podrá identificar al instante el responsable de la inacción. El sistema revelará cuántas causas se tramitan en cada juzgado.

También, mediante inteligencia artificial, el sistema cuenta con un semáforo para determinar el grado de peligrosidad y urgencia en el que se encuentre la víctima y reforzar las acciones a tomar, si hiciera falta custodia, orden de restricción u otra medida de protección. El sistema, de acuerdo a la denuncia, marcará prioridades alta, media o baja. Así, por ejemplo, obligará al receptor de la denuncia, a convocar a un equipo de especialistas, brindar cerco policial o establecer el traslado de la víctima a una casa refugio.

Esos datos se harán públicos en forma mensual para que la sociedad pueda hacer un seguimiento de la situación y fortalecer las campañas de difusión de la problemática. También se seguirá con la formación a través de la ley Micaela y se reforzará la promoción de que cualquier hecho de violencia necesariamente deriva en denuncia y no se trata de una “exposición”. Cualquier comisaría, no sólo de la Mujer, tiene la obligación de tomar la denuncia. El protocolo existe. Muchos policías no lo conocen.  

En paralelo, permitirá diseñar un mapeo de los escenarios de violencia y describir el modelo del violento para poder diseñar políticas de prevención, que, consideran, deben comenzar a ponerse en práctica desde la escuela primaria, con las niñas, para cuidarse y con los niños, para deconstruir prácticas heredadas de entornos violentos. 

El sistema se anticipa a un modelo similar que comenzó a estudiar el ministerio de la Mujer de la Nación, que ya analizó la plataforma para copiar algunas características.

Para la contención de las víctimas de violencia, el Observatorio prepara un equipo de especialistas que se distribuirá por la provincia para atender cada caso en particular. 

El equipo de especialistas dependerá de Julián Björklund, subsecretario de Atención a la Ciudadanía. Contará con abogados, psicólogos y asistentes sociales especialmente seleccionados por su interés en la problemática y se repartirán la provincia por zonas, norte, sur y centro. 

Úrsula somos todos y puede ser cualquiera mujer de Misiones, la vecina, la hermana o la madre alrededor nuestro. Los datos son escalofriantes. En Misiones hubo 7 femicidios en 2019, uno más que en 2020. Las víctimas tenían 19, 24, 27, 30 y 40 años. En 2021, cuando en el país ya hubo 26 femicidios y 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, en Misiones todavía no se registró ningún episodio. 

Mujeres de la Matria Latinoamericana agrega a los números oficiales, la figura de femicidios vinculados (el asesinato de personas con un vínculo familiar o afectivo con una mujer con la que el agresor tiene una relación), lo que eleva a 13 el número en 2020 y a 11 en 2019. Mumala también agrega un femicidio vinculado este año. 

Las denuncias por violencia familiar son muchas más: 21.725 en 2019 y 22.254 en el año que terminó. Muchas de ellas, repetidas por la víctima, como lo hizo Úrsula antes de ser asesinada. 

También, como el homicida de Úrsula, hay en la propia fuerza policial de Misiones, un número elevado de denunciados. En 2019 hubo 157 hechos registrados, con 113 efectivos policiales acusados y 73 policías denunciantes de sus propias parejas. En 2020 fueron 195 los hechos registrados, con 142 policías denunciados y 84 denunciantes. Solo en Posadas, el juzgado de Violencias, creado hace poco más de tres años, en 2020 más de 9000 causas. Este viernes se inauguró el segundo juzgado exclusivo de violencia familiar en la capital misionera.

“Cuando dicen que la Provincia tiene muchas causas de violencia, me gusta recalcar que la provincia tiene a la mujer empoderada y cuenta con muchas bocas o sitios donde pedir ayuda y eso hace que se visibilicen las causas, cuando vos no tenés donde denunciar el caso es tapado y eso aquí no ocurre”, “Ante cualquier denuncia de violencia la Justicia debe actuar, separando al violento del hogar, garantizando la protección de las personas vulnerables e incluso designando agentes de Policía para que resguarden domicilios en caso de ser necesario. Hay que “saber escuchar”, porque cuando una mujer denuncia es porque hubo algo a investigar. Y también las familias de las víctimas son las primeras que deben oír las alertas. Es una cuestión de cultura patriarcal que vamos a tener  que ir cambiando”, aseguró la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Pia Venchiarutti. 

La mirada de la ministra parece ser acertada. Hay espacios para realizar las denuncias y los protocolos para atenderlas. “Pero esto no se resuelve de modo individual, sino colectiva. Con todos los actores involucrados. No puede ser que en la educación poco y nada se hable de este tema. Necesitamos jueces con perspectiva de género y más empáticos”, coincidieron Labat y Björklund.

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