En un contexto de décadas de pobreza estructural, la coyuntura de aceleración de la espiral inflacionaria generó un incremento de la población en situación de pobreza e indigencia. A partir de los datos del ODSA-UCA, entre las mediciones correspondientes al 3° trimestre de 2023 y las estimaciones –por micro simulaciones- para el 1° trimestre de 2024, el indicador de pobreza se habría incrementado de 44,7% de la población a 55,5% y el de indigencia de 9,6% a 17,5%.

Por lo que, en el primer trimestre de 2024, 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas del país
habrían estado en situación de pobreza (por debajo de la CBT), entre las cuales, 7,8 millones de personas en estado de pobreza extrema o indigencia (por debajo de la CBA).

• Los bajos ingresos de los hogares impactan en elevados niveles de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes. Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente.
• Los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado. Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio.
• La tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria.

• El marcado déficit educacional de la población urbana de nuestro país es representado por los siguientes valores, el 23% de los NyN de 3 a 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los NNyA de 6 a 12 años asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no termino la secundaria. Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos).
• El escenario laboral expresada las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable.

• La venta y el tráfico de drogas se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga paso del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023. En 2023, solo el 29,2% de los referentes de hogares de barrios con trazado urbano advertían venta de drogas, cuando sí lo hacían el 62% de los de asentamientos de emergencias y el 70,5% de los residentes en complejos de viviendas sociales monobloques, constituyéndose estas últimas en estructuras de múltiples particularidades adversas y objeto de especial atención.

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