El Gobierno nacional actualizó el esquema de aranceles que percibe el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) por los servicios que presta a terceros, en un movimiento que acompaña la nueva arquitectura de control alimentario definida por el Decreto 697/2026. La medida consolida en el organismo sanitario funciones que hasta ahora estaban distribuidas entre distintas autoridades y busca ordenar el financiamiento de las nuevas tareas regulatorias.

A través de la Resolución 135/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca incorporó nuevos montos arancelarios al régimen establecido en abril de este año. Se trata de contraprestaciones vinculadas con servicios que quedaron bajo la órbita del SENASA a partir de la reorganización del sistema nacional de control de alimentos.

El cambio tiene como punto de partida el Decreto 697/2026, que unificó el sistema de control alimentario del país, desde la producción primaria y la elaboración industrial hasta los alimentos procesados destinados al consumo final. En ese nuevo esquema, el SENASA concentra las competencias de control, registro y fiscalización de las importaciones de productos alimenticios.

La resolución establece que los nuevos aranceles reemplazan, en los hechos, aquellos que habían sido fijados previamente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) mediante la Disposición 2978/2026. La modificación normativa busca evitar una superposición de autoridades y adecuar el régimen de cobros a la nueva distribución de competencias.

El cambio tiene además una consecuencia relevante para las empresas y operadores que intervienen en la cadena alimentaria: los servicios de registro y control alcanzados por la nueva arquitectura regulatoria tendrán un esquema arancelario uniforme en todo el territorio nacional. El objetivo declarado es que la estructura de tasas acompañe la centralización de funciones sin generar un vacío operativo durante la transición institucional.

La norma dispone que los recursos obtenidos por estos servicios deberán ingresar a la cuenta recaudadora del SENASA habilitada por la Secretaría de Hacienda. De esta manera, el organismo incorpora formalmente al circuito de financiamiento las prestaciones que pasan a formar parte de su nuevo universo de responsabilidades.

Desde el punto de vista productivo, la medida resulta especialmente relevante porque el control sanitario y la registración de alimentos constituyen una instancia crítica para el acceso al mercado interno y para las operaciones vinculadas al comercio exterior. Una estructura regulatoria unificada puede reducir superposiciones administrativas y delimitar con mayor precisión qué organismo interviene en cada etapa de la cadena.

La resolución también procura preservar la capacidad operativa del SENASA frente a la ampliación de sus funciones. El texto sostiene expresamente que la incorporación de los nuevos aranceles no limita la capacidad de respuesta del organismo para cumplir con sus misiones y funciones, en un contexto en el que la centralización del control alimentario implica una mayor carga de fiscalización y registro.

El cambio, por lo tanto, no se limita a una actualización de tasas. Forma parte de una reforma más amplia de la administración sanitaria de los alimentos, en la que el desafío será convertir la concentración de competencias en una mejora concreta para productores, industrias, importadores y consumidores: menos superposición institucional, mayor trazabilidad y reglas homogéneas para una cadena que necesita previsibilidad regulatoria.

La Resolución 135/2026 entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y establece que los montos incorporados al régimen del SENASA son los detallados en su Anexo I. La medida lleva la firma del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.