Son ocho los policías detenidos y la Justicia perita sus teléfonos
En las últimas horas, la Justicia desarticuló a una organización integrada por policías en actividad y retirados que tendría entre sus planes destituir a la cúpula policial y generar malestar en la ciudadanía misionera con diversos hechos en la capital provincial.
Hasta el momento hay ocho detenidos en la causa que investigó e investiga el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, el magistrado Fernando Verón, bajo la carátula de Conspiración Art. 233 y Sedición Art. 229, del Código Penal.
En la mañana del viernes (20/09), dos de los ocho arrestados, tuvieron su primer contacto con la Justicia. Fueron notificados por el juez sobre la causa. La detención del oficial Correa fue el lunes; el suboficial retirado Amarilla se entregó anoche
Esta mañana el oficial, Diego Correa, y el suboficial mayor retirado, Ramón Amarilla, fueron trasladados por efectivos de Infantería, desde las instalaciones de la comisaría segunda hasta el Juzgado de Instrucción N° 3.
La detención de Correa fue el lunes quedando en disponibilidad, además le secuestraron varios elementos, entre ellos su teléfono celular. Del análisis de este equipo surgió que no sería el único involucrado en la organización de una nueva movilización de los efectivos policiales. Y por ello el juez, Fernando Verón, que entiende en la causa ordenó la detención de varios efectivos en diferentes localidades de la tierra colorada.
En el caso de Amarilla, líder del acampe policial sobre la avenida Uruguay en mayo pasado, se entregó en la noche del jueves.
De las pericias del celular del agente surgió la existencia de un grupo de WhatsApp que compartían unos ocho efectivos, entre los que había activos y pasivos, y en el que se estaría organizando un nuevo levantamiento. Allí, uno de los detenidos sugería incendiar malezas para “forzar la salida de los cuarteles de bomberos de las autobombas y así, en el lugar de los hechos, llevarlas para bloquear avenidas y calles”.
Con esto buscaban presionar, siempre de acuerdo a lo que se desprende de las conversaciones, para lograr la amnistía administrativa y judicial de los investigados por lo ocurrido en el levantamiento de mayo pasado, cuando efectivos de la fuerza y retirados mantuvieron un acampe durante 14 días frente a las instalaciones del Comando Radioeléctrico I de Posadas, en el que mantuvieron retenidos móviles de la Policía y Autobombas de bomberos.
La Justicia ordenó la detención tras conocerse el intercambio de mensajes entre miembros de la fuerza policial en el que revelaban la intención de provocar incendios para forzar la salida de los cuarteles de bomberos de las autobombas y así, en el lugar de los hechos, robarlas para bloquear avenidas y calles.
Las órdenes de detención se conocieron apenas dos días después de un episodio curioso en la Legislatura misionera. El martes, cuando el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez expuso ante la comisión de Presupuesto, ninguno de los diputados de la oposición le hizo una sola pregunta vinculada a la seguridad. Sólo se preocuparon por el estado de situación de los policías que protagonizaron la revuelta de mayo y la detención ordenada por Verón apenas unas horas antes. Los “preocupados” fueron el radical Francisco Fonseca y el macrista Miguel Orlando Núñez. Pérez les respondió con “sentido común”: un policía que está imputado en un delito no puede estar en una comisaría, porque en ese momento es un eventual delincuente. No hubo más preguntas.
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