El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro interrumpió el proceso tras la denuncia por presunta autorización irregular para la filmación de un documental. La jueza Makintach analiza apartarse del caso.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona fue suspendido por siete días por decisión unánime del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, luego del escándalo que involucra a la jueza Julieta Makintach, quien habría autorizado el ingreso de una productora audiovisual a las audiencias sin el consentimiento de las partes.

La resolución fue tomada tras un pedido de la Fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y fue anunciada por el juez Maximiliano Savarino, presidente del tribunal. El debate oral se reanudará el martes 27 de mayo a las 10:30, y deberán presentarse nuevamente los siete imputados.

“Gravedad institucional”: los motivos de la suspensión

Durante la audiencia, el fiscal Ferrari fundamentó su solicitud en la “gravedad institucional” del hecho:“¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Fingir demencia y actuar como si nada hubiese pasado? Lo ocurrido afecta directamente el prestigio del Poder Judicial”, expresó.

El planteo fue respaldado por todos los abogados de las querellas, incluidos Fernando Burlando (en representación de Dalma y Gianinna), Félix Linfante (por Jana Maradona), Mario Baudry (por Dieguito Fernando), y los representantes de las hermanas de Maradona y Diego Junior. También adhirieron defensores de los imputados, como Vadim Mischachunk (Cosachov), Diego Olmedo (Carlos Díaz), y la defensora oficial María Julia Marcelli (Di Spagna).

Makintach anticipó que podría apartarse del juicio

Antes de la suspensión, la jueza Julieta Makintach —una de las tres integrantes del tribunal— realizó un descargo público y sorprendió al insinuar su posible alejamiento del proceso judicial: “Estoy convencida de mi parcialidad. Pero si hay algo que esté en peligro, quizás sea yo la que me aparte”, manifestó ante las partes.

El escándalo se originó por una denuncia penal presentada por los abogados Burlando y Baudry, en la que se acusa a la magistrada de permitir el ingreso de infiltrados de una productora audiovisual a las audiencias, con el supuesto objetivo de filmar material para un documental sobre la muerte de Maradona, sin haberlo informado ni autorizado formalmente.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, del fuero criminal de San Isidro. Según consta en el expediente, dos efectivos policiales declararon que Makintach autorizó el ingreso de un hombre y una mujer —los supuestos infiltrados— quienes habrían grabado parte del debate.

El fiscal Ferrari afirmó durante la audiencia que identificó a uno de los señalados como productor audiovisual, mediante una simple búsqueda en internet. Ambos dejaron de asistir a las sesiones tras ser señalados públicamente en la audiencia anterior.

La suspensión momentánea del juicio no interrumpe los plazos procesales, pero reabre un debate sobre la validez de las actuaciones y el rol del tribunal. Si se confirma la participación irregular de terceros no autorizados, y especialmente si se comprueba que fue avalada por una jueza, podría comprometer la legalidad del proceso.

Además, la decisión de Makintach respecto a su continuidad en el tribunal será clave para definir el futuro inmediato del debate oral que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte del astro del fútbol argentino.