2X1

Monseñor Ojea: “No hay reconciliación sin justicia”

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El obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, aclaró hoy que la Iglesia no ha hecho “ninguna convocatoria” para reconciliar a familiares de desaparecidos con militares, sino que “inició un camino de reflexión interno en el marco de la cultura del encuentro a la que nos llama el papa Francisco”.

El prelado precisó que en el marco de la 113 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos escucharon este miércoles el “testimonio de víctimas de la violencia de los años 70”.

“Hubo un enorme malentendido sobre el objetivo de este camino de reflexión, que no tiene otra intención que hacer un examen de conciencia, sanar y cerrar nuestras heridas sobre aquellos años”, sostuvo en declaraciones a AICA.

Monseñor Ojea dijo que fue “muy positivo” escuchar los testimonios de Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido; de Cristina Cacabelos, hermana de dos desaparecidos y de un tercero muerto en un enfrentamiento, y del general de Brigada (R) Daniel D’Amico, hijo de un coronel asesinado por Montoneros.

Tras evaluar del mismo modo el espacio intergeneracional posterior que, aseguró, “permitió dialogar sobre nuestro lugar en aquel tiempo”, anticipó que el camino de reflexión continuará por regiones pastorales.

El obispo lamentó el revuelo que se generó en torno a esta iniciativa eclesiástica y, si bien reconoció que hay “distintos modos de reconciliación”, sostuvo que desde la doctrina cristiana implica “unir lo que está separado, pero no sin justicia”. “No hay reconciliación sin justicia”, aseveró.

Monseñor Ojea aseguró también que al Episcopado lo “sorprendió” el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aceptó la aplicación del cómputo de la pena conocido como “dos por uno” en un caso de condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

“Relacionaron una cosa con otra, sin ningún sentido”, dijo en alusión a quienes vincularon la decisión de la Iglesia de abrir un espacio de diálogo para la reconciliación de los argentinos con la sentencia del máximo tribunal.+

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2×1: Pasos en falso

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Cuando hablamos de “crímenes de lesa humanidad” estamos haciendo referencia a crímenes que ofenden, agravian o insultan a la humanidad. Estamos frente a actos que definen los destinos de un pueblo, estamos marcando los valores morales de una Nación.

La justicia debería ser la espada precisa de los sentimientos de cualquier pueblo, debería representar los intereses justos de una sociedad sensata. Sin embargo, los fallos judiciales son tan discutidos en todo el mundo que nos permitimos dudar de lo justo o lo verdadero. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lesiona la conciencia colectiva del Nunca Más, rompe la balanza de lo justo y sucumbe la salud social.

Los historiadores dicen que cuando pasan más de 30 años de un acontecimiento histórico relevante se pueden ver análisis más objetivos de la propia historia. Considero que la sociedad no pone en discusión lo que fue la última dictadura militar, no se pone en tela de juicio la complicidad del Estado con los asesinatos, desapariciones, torturas y apropiaciones ilegales de personas.

Por lo tanto, reflotar la teoría de los dos demonios, llamar al diálogo religioso entre familiares de las víctimas y los genocidas, un indulto encubierto por este nuevo fallo dibuja una realidad que provoca un sentimiento de desazón (como cuando percibís que tus instituciones no piensan igual a ti).

El compromiso generacional de los que nacimos en democracia pasa por marcar los límites a quienes deben ejercer “la justicia”, marcar los disgustos o los aciertos de los tres poderes del Estado. Debemos protestar ante el Congreso cuando queremos nuevos derechos, debemos reclamar ante la Casa Rosada cuando demandamos mejoras salariales, pero también debemos demandar a los jueces (que no son en ningún caso elegido por el sufragio popular) cuando consideramos que se equivocaron con un fallo.

Todo el pueblo debe expresarse libremente, aunque deseo poner el foco en los hijos de los hijos, en los jóvenes que no vivieron esos años pero sí reconocen los errores del presente. Y esto sucede porque hay conciencia manifiesta, porque se demanda un futuro sin instituciones manchadas por la sangre del poder.

Hoy los genocidas están a un paso de recuperar su libertad pero lo que no nos damos cuenta es que con este fallo del máximo tribunal estamos a un paso de cometer un nuevo error, estamos a un paso de condenar a las nuevas generaciones a perder su memoria. No podemos vaciar la memoria, el juicio y castigo; porque el único soberano siempre será el pueblo argentino.

 

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Avruj: “El fallo de la Corte ha producido zozobra en la sociedad”

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“Compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo”, afirma el secretario de Derechos Humanos de la Nación en una nota de opinión publicada por Télam.

“El fallo de la Corte Suprema ha producido zozobra en la sociedad, por su contenido, por su implicancia, porque impacta fuertemente en historias personales escritas con mucho dolor”, señala Claudio Avruj en una columna de opinión distribuida por Télam y titulada “Un inquebrantable compromiso contra la impunidad“.

“El Gobierno Nacional tuvo una posición muy clara y contundente sobre el tema, encarnada en las voces del Ministro de Justicia y DD.HH. y de la vicepresidente de la Nación”, afirma el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

El fallo de la Corte Suprema ha producido zozobra en la sociedad, por su contenido, por su implicancia, porque impacta fuertemente en historias personales escritas con mucho dolor. La noticia me sorprendió luego de una importante reunión con los organismos de Derechos Humanos en la cual- junto con el Ministro de Justicia- acordábamos pasos clave en el trabajo compartido en el Ente Espacio para la Memoria.

Los fallos judiciales producen múltiples efectos siempre y, como humanos, por supuesto que los sentimos y vivimos de acuerdo con nuestras creencias y realidades. Vivimos en una democracia que fundamentalmente se construyó basada en la justicia y en la defensa de los derechos humanos, en la lucha por su recuperación y el Juicio a las Juntas, que son sus hitos insoslayables.

Aquella historia nos obliga a respetar cada día más la independencia de poderes y a entender con la mayor madurez cívica que por sobre la ley no hay nada, no está nadie, que los fallos se respetan y acatarlos no significa alineamiento en absoluto. No nos gusta el 2×1, lo rechazamos, y soy crítico de la demora de la Justicia en su accionar. Es esta demora la que crea las condiciones para llegar a esta situación, que tiene tantas reacciones. Defiendo como la mayoría de los argentinos la idea de que las condenas son para ser cumplidas.

El Gobierno Nacional tuvo una posición muy clara y contundente sobre el tema, encarnada en las voces del Ministro de Justicia y DD.HH. y de la vicepresidente de la Nación: es inadmisible el uso de la figura del 2×1 para todos los delitos, y en particular en aquellos que son de lesa humanidad, aunque un sector de la Justicia entienda que se ajusta a derecho. La aplicación de esta norma nos ha hecho mucho daño.

El fallo sobre el caso Muiña nos dejó inmersos en un profundo debate jurídico y político, que como todo debate tiene sus aristas, sus argumentos, sus emociones y sus tecnicismos. Quedó plasmado en el mismo seno del máximo organismo por su fallo dividido.

Debemos seguir manteniendo nuestros estándares de derechos humanos lo más alto posible, para que Nunca Más en la Argentina la impunidad, el miedo y el odio se adueñen de nuestra sociedad. Compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo.

El reclamo de justicia como valor y como reparación es algo que sostenemos y sostendremos. La verdad se construye también en la medida que la justicia trae paz a las víctimas en particular y a la sociedad toda. Hemos tenido tal vez la transición más larga que un país pueda tener después de nuestro período más oscuro que fue la dictadura de 1976 a 1983. Las demoras, dilaciones y retrasos en la Justicia dificultan este camino. Aún envueltos en esta coyuntura, es invariable nuestro rumbo como querellantes en las causas que siguen su curso. En otras palabras, la continuidad de los juicios no se alterará por ningún motivo. Que les quede claro a todos, por si persiste alguna injustificada duda.

Hemos perdido demasiado los argentinos, hemos sufrido demasiado los argentinos. El llamamiento del Presidente de la Nación a unirnos es un sendero que debemos caminar entre todos para que la memoria no sea un factor de confrontación, sino de construcción de futuro.

(*) Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación

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Fiscales piden la inconstitucionalidad del 2×1 y Justicia rechazó solicitudes de dos represores

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Mientras crece la polémica y el rechazo de diversos sectores, dos fiscales pidieron a la Justicia declarar la inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el 2×1 en condenados por delitos de lesa humanidad. En este contexto, a dos represores les negaron este viernes el beneficio de la libertad.

Los pedidos de declarar inconstitucional la decisión del Máximo Tribunal llegaron de la mano de los fiscales Ángela Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas y Pablo Parenti, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.

Tanto Parenti como Ramos reclamaron, la inconstitucionalidad del beneficio. Ambos advirtieron que si se entendiera que la derogada ley 24.390 abarca también los crímenes de lesa humanidad sería una ley “incompatible” con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de violaciones de los Derechos Humanos.

En tanto, el Tribunal Oral Federal 5 se negó a aplicar el cómputo del 2×1 a los casos de los represores Héctor Girbone y José Luis Magnacco, condenados por robo de bebés en la dictadura, una interpretación que podría ser adoptada por otros magistrados.

El tribunal integrado por Adriana Pallioti, Oscar Hergott, Gabriel Nardello rechazó el planteo que había presentado el exteniente de Campo de Mayo Girbone e hizo lugar al pedido del fiscal Pablo Parenti, quien había dictaminado que el 2×1 era “inaplicable” para condenados por apropiación.

De esta forma, se abrió una ventana para los organismos de derechos humanos, ante la posibilidad de que fiscales y jueces comiencen a distinguir casos y que el precedente sentado por el máximo tribunal en el expediente del represor Luis Muiña no sea aplicable a todos los condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

En el caso de Magnacco, fuentes judiciales confirmaron que el fallo fue firmado por los jueces Palliotti y Leopoldo Bruglia y en él se advierte que el represor no reúne las condiciones formales necesarias para acogerse al beneficio de la ley.

La defensa oficial de Magnacco, exmédico de la Armada que se desempeñó como obstetra en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA en la dictadura, había solicitado al Tribunal Oral Federal 5 la aplicación del 2×1 para obtener la libertad condicional.

El polémico fallo de la Corte Suprema que habilitó el “2×1” para los delitos de lesa humanidad abrió un interrogante sobre cuántos de represores sin condena firme podrían recuperar la libertad en el corto plazo. En principio, solo beneficiaría a Luis Muiña, sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas durante un operativo militar en el Hospital Posadas en 1976.

Muiña, de 61 años, fue a prisión el 30 de septiembre de 2007. En 2013 el Tribunal Oral Criminal Federal 2 (TOCF2) le aplicó el principio de la “ley penal más benigna”, por lo que se le contó doble la cantidad de días en prisión preventiva a partir de que cumplió dos años en esa situación. Esa cuenta dio que el 16 de diciembre cumplía la totalidad de la pena. Pero tras una apelación la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal negó el 2×1, cambió el cálculo de la pena y estableció que vencía en 2020.

Ahora, la Corte vuelve a pedir que se aplique la “ley penal más benigna” y se le cuente doble desde el segundo año de la preventiva, en septiembre de 2009. Como Muiña pasó cuatro años en preventiva, los últimos dos suman cuatro. Sumados a los otros seis años que estuvo preso hasta que a fines de 2016 salió en libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena (8 años y medio), Muiña tendría la condena cumplida en septiembre de 2018.

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Repudian el fallo de la Corte Suprema que otorga el 2×1 a represores

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Desde la Dirección General de Derechos Humanos del municipio de Posadas expresaron su enérgico repudio por la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al otorgar la aplicación de la Ley 24.390, conocida como 2×1, a condenados por delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar en la Argentina.

Hasta el momento se relevaron 343 sentencias condenatorias y concluyeron que 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2×1 y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto.

La directora General de Derechos Humanos, Clara Melgarejo subrayó que “este fallo equivale a un grave retroceso en materia de los Derechos Humanos de nuestro país. “Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no hay amnistía ni indulto que pueda modificarlos”, dijo la funcionaria.

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