El Estado retoma la importación de GNL en medio de la suba global de precios
El esquema de abastecimiento de gas para el invierno 2026 dio un giro en las últimas horas: el Gobierno nacional resolvió que el Estado, a través de Enarsa, vuelva a asumir la importación de Gas Natural Licuado (GNL), luego de que la licitación privada quedara en un virtual empate técnico. La decisión —aún sin confirmación formal pero validada por fuentes del sector— reconfigura una política que el propio oficialismo buscaba desarmar. En un contexto de precios internacionales en alza y tensión geopolítica, la pregunta es inevitable: ¿se trata de una marcha atrás táctica o de un límite estructural a la desregulación energética?
Una licitación sin definición y un regreso forzado del Estado
El proceso había comenzado en febrero con un objetivo explícito: transferir al sector privado toda la operación, desde la compra del GNL hasta la logística y la asunción del riesgo comercial. Dos empresas llegaron a la instancia final. La diferencia entre ambas ofertas fue mínima, inferior al 1%: USD 4,50 por millón de BTU frente a USD 4,57.
Ese margen activó mecanismos de desempate y dilató una definición que, en términos operativos, tenía plazos críticos. Históricamente, la contratación de buques se resuelve en los primeros meses del año. Sin embargo, la licitación se extendió hasta la semana pasada, en paralelo a un cambio abrupto en el escenario internacional.
El precio spot del GNL trepó hasta USD 22 por millón de BTU, más del doble del nivel observado en febrero, en un contexto atravesado por el conflicto en Medio Oriente. Esa volatilidad alteró los supuestos iniciales del proceso y dejó a la Secretaría de Energía frente a una decisión incómoda: adjudicar en condiciones inciertas o retomar el control.
La segunda opción fue la que terminó prevaleciendo. Enarsa, con casi dos décadas de experiencia en estas operaciones, ya inició gestiones para asegurar la llegada de los primeros buques en mayo.
Restricciones estructurales y dependencia estacional
Más allá del cambio de esquema, el dato de fondo no se modifica: Argentina seguirá necesitando importar entre 20 y 24 cargamentos de GNL durante el invierno. El problema no es la disponibilidad de recursos, sino la infraestructura.
La demanda residencial se dispara con las bajas temperaturas y el sistema de transporte no logra trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo. En ese vacío operativo, el GNL funciona como un mecanismo de respaldo para garantizar el abastecimiento, con un peso relevante también en la provisión a la industria.
Hasta el año pasado, el Estado compraba GNL a valores internacionales de entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU y lo revendía en el mercado interno con subsidios que llevaban el precio a cerca de USD 2,7. El objetivo oficial era desarmar ese esquema. La coyuntura, sin embargo, forzó una reversión parcial.
Costos en alza y margen reducido
El nuevo escenario tiene una consecuencia directa: el costo de abastecimiento podría duplicarse. Estimaciones del sector ubican la factura del invierno 2026 en torno a USD 1.400 millones, frente a niveles significativamente menores el año anterior.
El aumento no responde a decisiones locales, sino a un contexto internacional más restrictivo. La suba de precios energéticos y la menor disponibilidad de buques encarecen la operación y reducen el margen de maniobra, tanto para el Estado como para eventuales operadores privados.
La propia licitación reflejó esa tensión. Las ofertas ajustadas, con diferencias marginales, expusieron un mercado que opera con alta incertidumbre y escaso espacio para absorber riesgos.
Un giro con implicancias políticas y regulatorias
La decisión de mantener la importación en manos del Estado introduce una señal ambigua en la estrategia energética del Gobierno. Por un lado, confirma la intención de avanzar hacia un esquema con mayor protagonismo privado. Por otro, evidencia que esa transición enfrenta límites cuando el contexto internacional se vuelve inestable.
El cambio también impacta en la relación con el sector energético. Las empresas que participaron del proceso quedaron frente a un escenario donde la definición no dependió exclusivamente de la competitividad de sus ofertas, sino de variables externas que reconfiguraron la ecuación.
Tiempos ajustados y un esquema en revisión
Con el invierno en puerta, la prioridad pasa por garantizar el abastecimiento. Enarsa ya se mueve para asegurar los primeros cargamentos, mientras la Secretaría de Energía revisa costos y condiciones del proceso.
El esquema que el Gobierno buscaba implementar —con contratos anuales y riesgo transferido al sector privado— queda, por ahora, postergado hacia 2027. La experiencia de este año funcionará como testeo de los límites reales de esa estrategia.
La política energética entra así en una zona de transición. Entre la necesidad de asegurar suministro y la intención de redefinir el rol del Estado, el equilibrio todavía no está cerrado.