ABUSO SEXUAL INFANTIL

Un caso testigo para la justicia argentina: juicio por pornografía generada con IA en Córdoba

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Un estudiante mayor de edad del Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano, en Córdoba, será llevado a juicio tras ser acusado de utilizar inteligencia artificial para superponer los rostros de al menos 16 compañeras menores de edad en videos pornográficos. El caso, que sacudió a la comunidad educativa y generó alarma en todo el país, podría convertirse en el primero en alcanzar una condena por violencia digital de género en la Argentina.

El abogado defensor de tres de las víctimas, José Dantona, brindó una entrevista a Open101.7 en la que trazó un panorama preocupante sobre la falta de legislación en torno al uso malicioso de estas tecnologías. “Lo que ocurrió es gravísimo: un daño profundo a la dignidad de personas inocentes, adolescentes, cuyas imágenes fueron manipuladas y difundidas en sitios pornográficos, incluso con nombre y apellidos reales”, explicó.

Dantona señaló que el acusado, quien tenía 18 años al momento de los hechos, obtuvo fotos de las redes sociales de sus compañeras y utilizó técnicas de face swapping para generar contenido sexual explícito. Luego, compartió ese material en plataformas para adultos con descripciones también generadas por IA, incluyendo vínculos a las redes sociales reales de las víctimas, lo que derivó en múltiples situaciones de acoso y revictimización.

“Pese a que algunas imágenes lograron ser eliminadas, muchas siguen apareciendo al buscar el nombre de las chicas. Ese daño es permanente, afecta su salud mental, su cotidianeidad, sus vínculos”, lamentó el abogado.

El caso será el primero en el país que podría sentar jurisprudencia en materia de violencia digital de género con uso de IA.
📌 Las víctimas tenían entre 15 y 16 años al momento del hecho. El acusado tenía 18.
📌 El Congreso debate proyectos para tipificar penalmente estas prácticas.

Actualmente, el delito no está tipificado en el Código Penal argentino, por lo que el equipo jurídico debió encuadrar el hecho como violencia digital de género, una figura que hasta ahora no tiene precedentes en condenas firmes en el país. “En términos estrictos, hoy esto sería solo una contravención. Como si alguien tomara una cerveza en la vereda. Por eso, tuvimos que forzar la interpretación jurídica para que esto no quedara impune”, indicó.

El proceso judicial ya fue elevado a juicio, y según explicó Dantona, el acusado enfrenta un pronóstico de pena de hasta 30 años de prisión, no solo por los delitos vinculados a la manipulación de imágenes, sino también porque en el marco de la investigación se halló material de abuso sexual infantil. Por este hallazgo, se abrió una segunda causa penal en su contra, lo que podría agravar aún más su situación judicial.

Un llamado urgente al Congreso

“La urgencia de regular esto es total. Y no hace falta una mega reforma. Bastan cinco renglones para tipificar este tipo de delitos en el Código Penal”, afirmó el abogado. Mencionó que existen al menos dos proyectos legislativos impulsados por diputados de Córdoba que “duermen en el Congreso”, y llamó a actuar de forma inmediata. “En 15 días, si hay voluntad política, se puede transformar esto en ley y evitar que más chicas pasen por lo mismo”, sentenció.

Consultado sobre el estado actual de las víctimas, Dantona explicó que dos de ellas están algo mejor luego de un año de acompañamiento psicológico, aunque siguen atravesando las consecuencias del hecho. La tercera presenta un cuadro más complejo y aún no ha podido completar su declaración judicial, aunque lo hará próximamente.

“Este caso es un llamado de atención. Como sociedad y como sistema legal, no estamos preparados para enfrentar los efectos negativos de la inteligencia artificial. Pero ya no se puede esperar más”, concluyó.

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Fiscalía de Cibercrimen encabezó operativos por material de abuso sexual infantil y grooming

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La Procuración General de la Provincia de Misiones, encabezada por el doctor Carlos Giménez, coordinó una serie de allanamientos en las ciudades de Eldorado, Oberá y Posadas en el marco de investigaciones por distribución de material de abuso sexual infantil y grooming.

Las actuaciones fueron impulsadas por la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, a partir de reportes emitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, generados tras alertas de las plataformas Google y Facebook. A partir de esta información, con el respaldo de personal policial de la UR III y UR XI, se identificó a dos usuarios, José A. S. y Cristian E., involucrados en la distribución de archivos con material de abuso sexual infantil a través de medios digitales. Uno de los implicados habría descargado más de 250 archivos, mientras que el otro habría compartido 22, en ambos casos con contenido de extrema gravedad, cuyas víctimas eran en su mayoría menores de 13 años.

En paralelo, y en coordinación con la jurisdicción federal, se tomó intervención en un caso que involucra a Víctor Damián O., de 32 años, quien habría mantenido contacto telemático con una adolescente de 15 años, con fines sexuales, lo que derivó en un encuentro presencial en la ciudad de Eldorado.

Previo a los procedimientos, se desarrollaron tareas de investigación digital por parte del equipo técnico de la Fiscalía, complementadas con trabajos de campo llevados a cabo por fuerzas policiales, con el objetivo de geolocalizar los domicilios vinculados e impulsar las correspondientes diligencias judiciales.

Los allanamientos fueron realizados por la Dirección de Cibercrimen y la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones, en conjunto con la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), dependiente de la Procuración General.

Como resultado, se detuvo a dos personas, quienes fueron puestas a disposición de los jueces de instrucción Pedro Benito Piriz y Marcelo Alejandro Cardozo. Además, se incautaron teléfonos celulares y soportes digitales, los cuales serán peritados por la SAIC.

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Puerto Libertad: operativo contra la distribución de material de abuso sexual infantil coordinado por el Procurador General de Misiones

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En el marco de una política penal activa contra los delitos de abuso y explotación sexual infantil, se realizó un operativo en la ciudad de Puerto Libertad que fue coordinado por el Procurador General de la Provincia, Carlos Giménez.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, a partir de una alerta emitida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos. El reporte, generado a través del sistema CyberTipline, advertía sobre un usuario de la plataforma Google que compartía archivos con contenido de abuso sexual infantil.

A partir de esta información, el equipo técnico de la fiscalía avanzó con tareas de investigación digital, en colaboración con la Dirección de Investigaciones Complejas y la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones. El análisis de datos permitió identificar direcciones IP y líneas telefónicas asociadas, lo que derivó en el pedido de allanamientos en dos domicilios: uno en Puerto Libertad y otro en Posadas.

Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos pertenecientes a Bryan G., un hombre de 29 años oriundo de Posadas y residente en Puerto Libertad, quien fue detenido y puesto a disposición del juzgado interviniente.

La medida fue ordenada por los jueces de instrucción Juan Manuel Monte y Martín Luis Brites, cuya coordinación fue clave para el éxito del operativo.

Desde la Procuración General destacaron que este nuevo avance reafirma el compromiso de la Justicia provincial en la lucha contra los delitos de explotación sexual infantil, considerados de máxima gravedad por atentar contra la integridad y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección integral por parte del Estado.

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Juicio a los Kiczka: se abre otra investigación por distribución de material sexual explícito con menores

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La sala de audiencias del Tribunal Penal N.º 1 volvió a abrir sus puertas este viernes para la novena jornada del juicio oral contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, con un dato saliente: se abrirá una investigación paralela también por distribución de material de abuso sexual infantil, pero mucho antes de los hechos investigados actualmente. La nueva causa se deriva del testimonio de una joven que se conoció el jueves, identificada como Agatha 1000, quien contó que en 2021 -la causa actual tiene un tramo temporal que se inicia en diciembre de 2023-, Sebastián le compartió un video de una niña de diez años en una escena sexual con cinco hombres.  En función de ello, se remitió el informe al Fiscal Penal de turno de acuerdo al artículo 6 del CPP por la posible comisión de un delito.

La segunda semana del juicio a los hermanos Kiczka cerró con una audiencia breve, pese a que estaban citados como testigos una decena de efectivos policiales. Fue una sesión breve, sin grandes sobresaltos, pero clave para lo que vendrá: los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka aprovecharon para ajustar las piezas finales de su acusación, que ya transita su recta final.

A esta altura del juicio, la fiscalía dice tener una convicción firme: su caso está completo. “Todo lo que nos propusimos al inicio lo venimos cumpliendo”, sostuvo Rau, con tono contenido pero firme. “La estructura está armada, la teoría del caso está probada y lo que queda por delante es terminar de organizar los elementos que ya tenemos”, agregó.

La jornada estuvo marcada por declaraciones de personal policial que participó de los procedimientos iniciales: allanamientos, detenciones, secuestros de equipos. Sus testimonios, aunque breves, sirvieron -según los fiscales- para dejar en claro algunos puntos de detalle vinculados al contexto de la causa. Diez testigos fueron recepcionados, de los cuales seis testimonios fueron incorporados por lectura.

“Fue un día corto, pero importante”, valoró Rau. “Estos testimonios nos permitieron cerrar algunos aspectos que necesitábamos dejar asentados con claridad, especialmente en relación a cómo se produjeron las detenciones y el material incautado”.

Rumbo definido

El juicio ya no gira en torno a descubrir nuevas pruebas, sino a reforzar lo que se vino exponiendo durante las ocho audiencias previas. “Nosotros no hacemos preguntas cuyas respuestas no conocemos. Trabajamos sobre lo que ya sabemos y lo que podemos probar”, señalaron los fiscales.

En ese sentido, ambos fiscales remarcaron que no se apartarán de la hipótesis inicial: que los acusados tenían pleno conocimiento del material almacenado en sus dispositivos, y que formaban parte de una lógica de consumo y circulación del mismo.

“Lo que estamos haciendo es cumplir con la promesa que hicimos en los alegatos de apertura”, dijeron. “La teoría se mantiene intacta. Lo único que resta es presentarla con claridad para que el tribunal pueda evaluar cuál versión resulta más razonable”.

Entre lo que resta por desarrollarse, los fiscales pusieron especial énfasis en la audiencia del martes próximo, cuando se espera la declaración de una psicóloga del Poder Judicial que elaboró un informe sobre los imputados. Su testimonio fue objetado por la defensa, que solicitó que su informe se incorporara por lectura, pero la fiscalía se opuso tajantemente.

“La profesional hizo entrevistas a los acusados. La defensa, en cambio, presentó un consultor técnico que no los vio jamás, pero igual emitió opiniones. Eso, por sí solo, ya exige que escuchemos a quien hizo el trabajo de campo”, señaló Glinka. La psicóloga, que se encuentra con licencia médica tras una cirugía, confirmó que asistirá al juicio para someterse al interrogatorio, lo que fue valorado por la fiscalía como un gesto de enorme compromiso institucional.

El lunes, la audiencia continuará con la incorporación de testimonios por lectura y uno presencial. El martes, será el turno de la psicóloga. Y el miércoles 16, a las 8:30, está previsto el cierre formal del juicio, tras lo cual el tribunal —integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante)— quedará en condiciones de dictar sentencia.

Hasta aquí, la acusación avanza sin modificaciones. “La certeza la teníamos desde el inicio. Lo que hicimos fue confirmar paso a paso nuestra hipótesis. Y todo indica que llegaremos al final con esa misma estructura”, concluyó Rau.

A medida que el juicio avanza, lo que antes eran hipótesis enfrentadas comienza a perfilarse como un duelo técnico entre la consistencia de las pruebas y la estrategia discursiva. Mientras la fiscalía afina sus alegatos finales, la defensa prepara sus últimos movimientos. El desenlace, ya inminente, se escribirá en los próximos tres días.

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El escándalo de la pedofilia: alegatos del juicio a los hermanos Kiczka serán abiertos al público

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El juicio oral y público contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados del delito de tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), y abuso sexual, comenzará el próximo lunes 31 de marzo en el Tribunal Penal N°1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Según lo previsto por el tribunal, el proceso se extenderá hasta el miércoles 16 de abril. En el banquillo de los acusados estarán el exdiputado provincial y su hermano, quienes enfrentan cargos por delitos vinculados a la tenencia y distribución de MASI. Además, en el caso de Sebastián Kiczka, también se le imputa abuso sexual.

El tribunal estará presidido por el juez Gustavo Arnaldo Bernie, con los vocales Viviana Cukla y César Antonio Yaya. La fiscalía estará representada por Martín Rau y Vladimir Glinka, mientras que la defensa de los acusados estará a cargo de Eduardo Paredes y Gonzalo de Paula.

Este juicio se considera un caso sin precedentes en Misiones, no sólo por las implicancias políticas -Germán es ex diputado, amigo y socio político de Pedro Puerta-, sino porque se trata del primer proceso de este tipo que llega a instancia de debate oral. Se confirmó que gran parte de las audiencias serán públicas y con acceso a la prensa, lo que ha generado expectativa a nivel nacional e internacional.

“Es un caso de gran magnitud, con un expediente voluminoso que contiene cientos de archivos con material de abuso sexual infantil”, señaló el procurador general de Misiones, Carlos Giménez.

La causa fue elevada a juicio a mediados de enero, y tras no presentarse objeciones por ninguna de las partes, en las últimas horas se confirmó la fecha de inicio.

Desde agosto del año pasado, los hermanos Kiczka permanecen detenidos en la unidad penitenciaria de Cerro Azul. Durante el juicio, se espera la presentación de pruebas y declaraciones de testigos clave, en un proceso que será seguido de cerca por los medios de comunicación.

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