La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España resolvió archivar la investigación preliminar contra el cantante Julio Iglesias tras las denuncias por presuntos abusos formuladas por dos exempleadas de su servicio doméstico, al concluir que España no tiene competencia para investigar los hechos denunciados. La decisión se fundamenta en que los episodios relatados habrían ocurrido fuera del territorio español, concretamente en República Dominicana y Bahamas, y que no existen vínculos jurisdiccionales suficientes con el Estado español.
La resolución, publicada este viernes, pone fin a las diligencias preprocesales iniciadas por el Ministerio Público, una instancia destinada a evaluar si corresponde abrir una causa formal. Según especialistas citados por Europa Press, la decisión no admite recurso, lo que cierra la vía judicial en el ámbito de la Fiscalía española.
Los fundamentos jurídicos del archivo y el alcance de la decisión
En una resolución de siete páginas, la Fiscalía sostuvo que la Audiencia Nacional ha interpretado de manera reiterada que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con el país. En ese marco, remarcó que “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”, específicamente en República Dominicana y Bahamas.
El dictamen detalla que las denunciantes no poseen nacionalidad española, no residen en España ni tienen en el país su “centro de vida, intereses o actividad”. Asimismo, señala que no viajaron a España junto al denunciado, lo que refuerza la ausencia de conexión territorial.
La Fiscalía agregó que los presuntos autores, incluido Julio Iglesias, no se encuentran en España, o bien, aun teniendo nacionalidad española, no residían en el país al momento de los hechos denunciados. Además del cantante, otras dos personas denunciadas, de nacionalidades brasileña y colombiana, tampoco residen en España.
Como argumento adicional, el Ministerio Público indicó que los hechos “se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, es decir, en República Dominicana y Bahamas, lo que excluye la intervención de la justicia española en esta etapa.
Las denuncias, la respuesta del artista y el impacto público del caso
Las acusaciones fueron dadas a conocer la semana pasada a través de un reportaje de investigación conjunto realizado por el medio español elDiario.es y la cadena Univision, tras tres años de trabajo periodístico. Dos mujeres —una exempleada doméstica y una fisioterapeuta— denunciaron que Julio Iglesias habría “normalizado el abuso” y generado un ambiente coercitivo, amenazante y violento en sus residencias.
Una de las denunciantes, presentada bajo el nombre ficticio Rebeca, relató que cuando tenía 22 años y trabajaba como empleada doméstica, Iglesias la llamaba a su habitación y la tocaba de forma inapropiada sin su consentimiento. Aseguró además que la obligó a participar en tríos con otra empleada, que la abofeteó y que le tocó los genitales. Rebeca es de nacionalidad dominicana.
La otra denunciante, identificada como Laura, fisioterapeuta venezolana, afirmó que el cantante le tocó los pechos y la besó contra su voluntad. También denunció amenazas de despido, control sobre su alimentación y comentarios vinculados a su ciclo menstrual. Si bien sostuvo que en reiteradas oportunidades rechazó las insinuaciones sexuales, señaló que “había chicas que no podían decir que no. Y él hacía lo que quería con ellas”.
ElDiario.es y Univision indicaron que las acusaciones están respaldadas por fotografías, registros telefónicos, mensajes de texto e informes médicos. En contraposición, personas cercanas al artista y otros exempleados negaron que existieran abusos en el ámbito del servicio doméstico.
Por su parte, Julio Iglesias calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram. Luego de que la Fiscalía le negara acceso a los detalles de las diligencias, el cantante publicó capturas de supuestas conversaciones mantenidas con las denunciantes, en las que se observan mensajes afectuosos y de agradecimiento posteriores a los hechos denunciados.
Posibles derivaciones
El archivo de la investigación no implica una valoración de fondo sobre los hechos denunciados, sino una decisión estrictamente jurisdiccional, que delimita el alcance de la actuación de la Fiscalía española. En términos institucionales, el caso vuelve a poner en debate los límites de la justicia nacional frente a denuncias de delitos presuntamente cometidos en el extranjero, así como el rol del periodismo de investigación en la visibilización de acusaciones que no siempre encuentran cauce inmediato en los sistemas judiciales.
