Acuerdo Comercial

Carne por las nubes: suben los precios, cae el consumo y la Nación prioriza exportar

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El precio de la carne vacuna volvió a subir en Argentina y profundiza un escenario crítico marcado por la caída del consumo y la ausencia de políticas nacionales orientadas a contener el impacto sobre los hogares. El nuevo aumento golpea con mayor fuerza a los sectores de ingresos medios y bajos, donde el acceso a uno de los alimentos centrales de la dieta argentina se vuelve cada vez más limitado.

En los primeros días de enero, la carne registró una suba cercana al 10%, a la que se sumó previamente un incremento del 25% en el pollo. La combinación de ambos ajustes intensificó la presión sobre el poder adquisitivo y el costo de vida familiar, en un contexto donde las decisiones oficiales continúan priorizando las exportaciones por sobre el abastecimiento interno.

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) advirtieron que, pese a los aumentos de precios, el consumo per cápita de carne vacuna se mantiene en niveles históricamente bajos. Según la entidad, esta dinámica refleja la pérdida sostenida del poder adquisitivo de las familias frente a una inflación persistente que sigue erosionando los ingresos reales.

El impacto se siente de forma inmediata en los mostradores. Comerciantes del sector señalan que el precio promedio del kilo de carne vacuna ronda los 14.000 pesos, con cortes que superan ampliamente ese valor. La escalada consolida una tendencia que restringe cada vez más el acceso al consumo cotidiano.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó la ampliación del cupo de exportación de carne vacuna a Estados Unidos tras la firma de un acuerdo comercial bilateral. A partir de una decisión adoptada por el presidente estadounidense Donald Trump, la cuota anual pasará de 20.000 a 100.000 toneladas, lo que habilita la salida de 80.000 toneladas adicionales al mercado externo.

Desde el Ejecutivo destacaron que la medida permitiría generar ingresos cercanos a los 800 millones de dólares para el sector agroexportador, según informó el canciller Pablo Quirno. Sin embargo, distintos especialistas y referentes de la cadena cárnica advirtieron que el impulso a las exportaciones se produce en un contexto de precios internos en alza y consumo deprimido.

A estas críticas se suman las advertencias de actores productivos que califican como “peligroso” el ingreso de carne estadounidense sin aranceles, contemplado en el acuerdo. Señalan que la falta de resguardos oficiales podría generar mayor presión sobre la producción local y agravar la situación del mercado interno.

El aumento de la carne se inscribe, además, en un escenario de aceleración general de la canasta básica. Un informe de la consultora LCG indicó que los precios de alimentos y bebidas volvieron a mostrar subas en la primera semana de febrero. Según la economista Florencia Iragui, la inflación mensual se ubicaría entre el 2,2% y el 2,3%, impulsada en gran parte por los precios regulados, entre ellos el gas, que registraría aumentos superiores al 15% tras la quita de subsidios.

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Argentina firmó un acuerdo comercial e inversiones con Estados Unidos: qué incluye y por qué es clave

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Argentina concretó la firma del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, un entendimiento bilateral que apunta a profundizar la integración comercial, reducir barreras arancelarias y no arancelarias, y estimular la inversión en sectores estratégicos.

El acuerdo fue rubricado por el canciller Pablo Quirno, durante su visita oficial a Washington, en el marco de la cumbre ministerial sobre minerales críticos. También participó el embajador argentino en ese país, Alec Oxenford.

“Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al representante comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, expresó Quirno tras la firma.

La concreción del entendimiento se da en un contexto marcado por la virtual congelación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, que fue enviado al máximo tribunal europeo para su evaluación, proceso que podría demorar cerca de un año.

El texto firmado retoma y amplía el marco anunciado meses atrás y propone profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversión, con compromisos concretos en múltiples frentes.

Apertura comercial y aranceles

Argentina se compromete a otorgar acceso preferencial a exportaciones estadounidenses de:

  • Medicamentos y productos farmacéuticos
  • Productos químicos
  • Maquinaria y bienes de capital
  • Tecnologías de la información
  • Dispositivos médicos
  • Vehículos automotores
  • Una amplia gama de productos agrícolas

Por su parte, Estados Unidos se comprometió a revisar la Sección 232, que aplica aranceles de hasta el 50% a productos considerados estratégicos para la seguridad nacional, como el acero.

Además, eliminará aranceles recíprocos a recursos naturales no disponibles en su territorio y a productos farmacéuticos no patentados.

Carne, alimentos y productos agroindustriales

Ambos países acordaron mejorar las condiciones de acceso bilateral para el comercio de carne vacuna.

Argentina también se comprometió a:

  • Abrir su mercado al ganado vivo estadounidense
  • Permitir el ingreso de carne aviar en el plazo de un año
  • No aplicar restricciones al uso de términos tradicionales asociados a quesos y carnes

El acuerdo establece que ambos países trabajarán en conjunto para reducir barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas.

Barreras no arancelarias y facilitación del comercio

Argentina asumió compromisos clave para reducir costos y tiempos de importación, entre ellos:

  • Reducción de licencias de importación
  • Eliminación de formalidades consulares para exportaciones estadounidenses
  • Eliminación gradual de impuestos a la importación de productos de Estados Unidos

También se compromete a alinearse con normas internacionales, aceptando productos que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales, sin exigir evaluaciones adicionales.

En el sector automotor, Argentina permitirá la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con normas de seguridad y emisiones de ese país.

En materia de propiedad intelectual, el acuerdo reconoce avances de Argentina en la lucha contra la falsificación y la piratería, pero exige mayores estándares de protección, con foco en grandes centros de comercialización de productos falsificados.

Trabajo, ambiente y minerales críticos

El texto incorpora compromisos laborales y ambientales:

  • Argentina se compromete a no importar bienes producidos con trabajo forzoso y a fortalecer su legislación laboral
  • Se acuerda combatir la tala ilegal y promover el uso eficiente de recursos naturales
  • Se refuerza la cooperación en minerales críticos, un eje estratégico para la transición energética y tecnológica

También se propone trabajar en conjunto para estabilizar el comercio global de soja, uno de los principales complejos exportadores argentinos.

El acuerdo establece que Argentina deberá:

  • Revisar “cuestiones distorsivas” vinculadas a empresas estatales
  • Analizar subsidios industriales que puedan afectar la relación bilateral

En el plano digital, el país reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos personales y se compromete a no discriminar servicios y productos digitales estadounidenses.

Un acuerdo con impacto económico y geopolítico

El entendimiento con Estados Unidos refuerza la estrategia del gobierno de Argentina para ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer su inserción internacional, en un contexto donde la generación de divisas vía exportaciones aparece como una prioridad central.

La foto política del acercamiento quedó sellada meses atrás con el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en Davos, pero ahora toma forma concreta con un acuerdo que impacta de lleno en comercio, industria, agro y economía digital.

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Acuerdo Mercosur-UE: la Comisión Europea evalúa aplicarlo de forma provisional pese al freno del Parlamento

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La Comisión Europea confirmó que se encuentra en condiciones de implementar de manera provisional el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, aun cuando su aplicación plena fue paralizada por el Parlamento Europeo. La definición reaviva un debate institucional de alto voltaje político y económico dentro del bloque comunitario, mientras el futuro del tratado queda ahora supeditado a la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El acuerdo, firmado el fin de semana pasado, quedó en suspenso tras una votación ajustada en el Parlamento Europeo —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones— que resolvió remitir el texto al máximo órgano judicial de la UE para evaluar su compatibilidad con los tratados comunitarios. Pese a ese freno legislativo, desde el Consejo Europeo sostienen que la Comisión conserva la autoridad legal para avanzar con una aplicación provisional del pacto.

El rol de la Comisión y la vía de implementación provisional

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, expresó que el organismo está preparado para actuar “tan pronto como al menos un país del Mercosur ratifique el acuerdo”. Sus declaraciones se produjeron al cierre de una cumbre de líderes comunitarios en Bruselas, donde el tema ocupó un lugar central en la agenda política del bloque.

Hay un claro interés en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible”, afirmó von der Leyen ante la prensa. Y resumió la posición institucional con una frase que marcó el tono del debate: “En resumen, estaremos listos cuando ellos estén listos”.

No obstante, la titular de la Comisión aclaró que aún no se adoptó ninguna decisión formal respecto a la puesta en marcha del tratado. En la misma conferencia de prensa, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reforzó la postura del Ejecutivo comunitario al señalar que la Comisión sí cuenta con la facultad necesaria para avanzar en una implementación provisional del acuerdo, incluso mientras se dirime su validación jurídica definitiva.

El Tribunal de Justicia de la UE, árbitro clave del acuerdo

El futuro del acuerdo Mercosur-UE quedó condicionado a la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), organismo al que el Parlamento decidió remitir el texto para determinar si respeta los tratados fundacionales del bloque. La decisión parlamentaria no anuló el acuerdo, pero lo dejó en vilo, abriendo un proceso de revisión jurídica que podría tener impacto directo sobre su alcance y vigencia.

El TJUE, con sede en Luxemburgo y fundado en 1952, está integrado por dos instancias: el Tribunal de Justicia, compuesto por un juez de cada uno de los 27 países miembros de la UE, y el Tribunal General, conformado por dos jueces por Estado. Según detalla el propio organismo en su sitio oficial, su misión es “garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros”, además de velar por el cumplimiento de las normas comunitarias por parte de las instituciones europeas.

La remisión al TJUE introduce un factor de incertidumbre institucional, pero no bloquea por completo la posibilidad de avanzar en una aplicación parcial o provisional, una herramienta que la Comisión evalúa como vía para evitar que el acuerdo quede paralizado indefinidamente.

Impacto político y económico de una definición en suspenso

La controversia expone una tensión interna en la arquitectura institucional europea, entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, en torno a uno de los acuerdos comerciales más amplios firmados por la UE. El tratado con el Mercosur implica beneficios potenciales en términos de acceso a mercados, comercio bilateral y reglas comunes, pero también despierta resistencias políticas que derivaron en la ajustada votación parlamentaria.

Mientras el TJUE analiza la legalidad del texto, la posibilidad de una implementación provisional abre un escenario intermedio: permitir que algunos efectos económicos del acuerdo comiencen a operar, sin una ratificación definitiva. Esta alternativa podría generar reacciones encontradas dentro del bloque, al tiempo que mantiene en expectativa a los países del Mercosur, que aguardan definiciones concretas sobre los plazos y alcances reales del pacto.

El desenlace dependerá tanto del pronunciamiento judicial como de las decisiones políticas que adopten las instituciones comunitarias en las próximas semanas, en un contexto donde la Comisión dejó claro que no descarta avanzar si las condiciones mínimas están dadas.

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El Gobierno mantiene su plan para aprobar el acuerdo Mercosur–UE en sesiones extraordinarias

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Aunque el Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la UE, una decisión que congela de hecho el proceso de ratificación en el bloque europeo, el Gobierno argentino confirmó que mantendrá el cronograma legislativo y buscará aprobar el tratado en el Congreso durante febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. La estrategia apunta a que la Argentina se convierta en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo y dejar operativa su parte comercial, con impacto directo en exportaciones clave y en la inserción internacional.

Un freno en Europa, sin cambios en la hoja de ruta local

Con una votación ajustada —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, el Parlamento Europeo decidió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La medida expuso las tensiones internas en el bloque y, en los hechos, paraliza la ratificación hasta que exista un pronunciamiento judicial. Expertos admiten que la demora podría extenderse hasta dos años.

Pese a la sorpresa inicial, el oficialismo argentino descartó modificar su agenda. “Sigue todo igual acá”, señalaron desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado ratificaron que el proyecto se tratará en febrero. “Hasta nuevo aviso, se sigue para adelante”, sintetizaron fuentes legislativas.

El apuro no es casual: la entrada en vigencia permitiría aprovechar cuotas de exportación —como las de carne— antes que otros socios regionales, un incentivo económico concreto en un contexto global competitivo.

Trámite legislativo y apoyos políticos: el oficialismo suma respaldos

Desde el punto de vista institucional, el tratamiento parlamentario presenta una ventaja para el Gobierno: los tratados internacionales deben aprobarse o rechazarse en su totalidad por ambas Cámaras, lo que acota el margen de negociación artículo por artículo y simplifica el debate. Además, el oficialismo subraya que las negociaciones se extendieron por 26 años y atravesaron gobiernos de distinto signo político, un argumento utilizado para justificar una aprobación expeditiva.

Varios bloques ya expresaron su respaldo. El PRO celebró que se concrete “el camino iniciado en 2019” y sostuvo que el acuerdo “abrirá nuevos mercados para nuestras PyMEs, economías regionales y exportadores”. La UCR remarcó que, en un escenario global desafiante, “la competitividad y la escala son claves” y que la cooperación entre regiones resulta indispensable.

También acompañaron bloques de centro como Provincias Unidas y la Coalición Cívica. Su presidente, Maximiliano Ferraro, definió la iniciativa como una “jugada estratégica” que reafirma la integración, el Estado de derecho y la democracia constitucional, además de la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, bajo reglas claras y previsibilidad.

En contraste, el peronismo aún no fijó posición y reclama que la Cancillería remita el texto definitivo para analizarlo con los sectores productivos y del trabajo, antes de definir su voto.

Las objeciones europeas y el impacto político-comercial

Entre los argumentos que motivaron el freno en el Parlamento Europeo se destaca el “mecanismo de reequilibrio”, que habilita a los países del Mercosur a impugnar normativa europea considerada perjudicial para sus exportaciones. Para varios eurodiputados, este punto podría colisionar con la autonomía regulatoria de la UE y sus tratados fundacionales.

También se cuestionaron los poderes de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes —una política y de cooperación, y otra estrictamente comercial—, una estrategia que facilitó la firma al permitir que la parte comercial entre en vigencia de forma provisional con la sola ratificación europea.

Desde la óptica argentina, estas objeciones no alteran la conveniencia de avanzar localmente. Ratificar el acuerdo en febrero permitiría enviar una señal política y económica de apertura y previsibilidad, aun cuando la implementación plena dependa de los tiempos judiciales y políticos en Europa.

Lectura económica e institucional

La decisión del Congreso de avanzar pese al freno europeo revela una estrategia de posicionamiento: asegurar ventajas comerciales tempranas, consolidar apoyos internos y mostrar compromiso con la integración internacional. Sin embargo, el envío del tratado al Tribunal de Justicia de la UE introduce un factor de incertidumbre que podría demorar su aplicación efectiva y condicionar expectativas en sectores exportadores.

En el corto plazo, el foco estará puesto en el debate legislativo de febrero y en la capacidad del oficialismo de reunir mayorías en ambas Cámaras. En paralelo, el proceso judicial en Europa marcará el ritmo real de un acuerdo que, aun aprobado localmente, seguirá atado a definiciones externas.

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La Unión Europea pausó indefinidamente el acuerdo comercial con EE.UU. tras amenazas arancelarias y el conflicto por Groenlandia

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La Unión Europea decidió suspender “indefinidamente” las negociaciones para ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles adicionales de hasta el 35% a los países que se opusieran a sus planes sobre Groenlandia. La decisión, adoptada en el Parlamento Europeo, introduce un nuevo foco de tensión en la relación transatlántica y abre un escenario de alto impacto económico, político e institucional para dos de las mayores economías del mundo.

La medida fue confirmada este miércoles por el presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, quien anunció públicamente el freno al proceso de ratificación: “¡El acuerdo UE-EE.UU. queda suspendido indefinidamente!”, escribió en la red social X. El bloqueo se produjo luego de que un grupo clave de eurodiputados impidiera la votación prevista, en rechazo a las amenazas formuladas desde Washington.

Un acuerdo en suspenso y un conflicto que escala

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos contemplaba, entre otros puntos, la aplicación de aranceles del 15% para los productos europeos exportados al mercado estadounidense. La UE y EE.UU. habían alcanzado un entendimiento preliminar en julio, y gran parte de sus disposiciones ya se encontraban implementadas antes de la firma definitiva.

Sin embargo, no está claro si la suspensión implica la cancelación total del acuerdo o si las partes ya vigentes continuarán aplicándose. Según Lange, Estados Unidos habría violado los términos pactados al amenazar con aranceles adicionales de hasta el 35%, lo que tensó al máximo la relación bilateral. “Hasta que las amenazas terminen, no habrá posibilidad de compromiso”, afirmó el funcionario europeo, aunque dejó entrever que algunos compromisos de la UE, como la compra de productos militares y energéticos estadounidenses, podrían mantenerse.

El anuncio europeo se conoció mientras Trump participaba del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde aseguró que no tenía intención de utilizar la fuerza para adquirir Groenlandia. No obstante, insistió en su exigencia de que Europa ceda ese territorio a Estados Unidos. En ese contexto, Lange precisó en una conferencia de prensa en Estrasburgo que el presidente estadounidense “quiere que Groenlandia forme parte de Estados Unidos lo antes posible y quiere tener una mesa donde podamos discutir el precio de compra”.

Reacciones políticas y la “bazuca comercial” europea

Las amenazas arancelarias y la presión sobre Groenlandia derivaron en una reunión de emergencia de representantes de los países europeos durante el fin de semana. Según trascendió, el presidente francés Emmanuel Macron solicitó a la Unión Europea que evaluara la activación del denominado instrumento anticoerción, conocido en Bruselas como la “bazuca comercial”.

Este mecanismo permitiría a la UE responder con medidas de alto impacto, como la suspensión de licencias a empresas estadounidenses o la imposición de impuestos a servicios provenientes de Estados Unidos. Los líderes europeos volverán a reunirse este jueves en Bruselas para analizar posibles represalias en caso de que Washington concrete las nuevas amenazas arancelarias.

En paralelo, la viabilidad de las medidas anunciadas por Trump también enfrenta un frente judicial interno. La capacidad del presidente estadounidense para imponer estos gravámenes depende, en parte, de un caso que se encuentra actualmente bajo análisis del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que cuestiona la legalidad de sus aranceles más amplios. Se espera que el máximo tribunal emita un fallo en el corto plazo.

Impacto económico y riesgos de una guerra comercial

El trasfondo económico del conflicto es de gran magnitud. En 2024, el comercio conjunto entre Estados Unidos y la Unión Europea alcanzó casi un billón de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de EE.UU. Una escalada hacia una guerra comercial entre ambos bloques podría generar profundas repercusiones en cadenas de valor, flujos de inversión y precios internacionales.

La pausa indefinida del acuerdo comercial no solo introduce incertidumbre para los exportadores europeos y estadounidenses, sino que también reconfigura el equilibrio político en una relación históricamente estratégica. Con las negociaciones congeladas y las amenazas aún vigentes, el vínculo transatlántico ingresa en una fase de alta volatilidad, con efectos potenciales sobre la economía global y el sistema de comercio internacional.

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