Administración Financiera

Nueva obra social para las fuerzas federales: aprueban el régimen financiero de OSFFESEG y aceleran su puesta en marcha

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional dio un paso clave en la consolidación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) al aprobar el régimen que regulará su administración financiera, patrimonial, contable y de control. A través del Decreto 709/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el marco institucional que permitirá ordenar el funcionamiento económico del nuevo ente autárquico creado en febrero de este año.

La decisión tiene un impacto directo sobre la gestión de los recursos destinados a la cobertura médica de los integrantes de las fuerzas federales, ya que fija las reglas para la elaboración del presupuesto, la administración de bienes, la ejecución de gastos, las contrataciones, la contabilidad y los mecanismos de auditoría que regirán a la obra social.

El objetivo oficial es evitar demoras en la implementación del organismo y garantizar que la transición institucional no afecte la atención sanitaria de los afiliados. En ese sentido, el decreto reconoce que la OSFFESEG necesita contar con procedimientos claros para administrar recursos públicos sin interrumpir la prestación de los servicios médicos.

La nueva obra social funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, aunque deberá ajustarse a los principios de la Ley de Administración Financiera del Estado. Para compatibilizar ambas condiciones, el Gobierno diseñó un régimen específico que le otorga autonomía operativa, pero mantiene los controles propios del sector público nacional.

Uno de los aspectos centrales de la norma es la incorporación de un esquema integral de control interno. La OSFFESEG contará con una Unidad de Auditoría Interna supervisada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), mientras que su administración financiera quedará articulada con los sistemas nacionales de presupuesto, tesorería, contabilidad y administración de bienes.

El decreto también establece que, hasta que se aprueben todos los manuales operativos y reglamentos internos, podrán utilizarse procedimientos transitorios ya implementados por la propia obra social, siempre que sean compatibles con la nueva normativa. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar vacíos administrativos durante la etapa inicial de funcionamiento.

En paralelo, la norma fija en 8% la alícuota correspondiente a las contribuciones patronales que financiarán la obra social para el personal de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, los trabajadores civiles de ambas fuerzas, el personal de la propia OSFFESEG y futuras incorporaciones de otras fuerzas federales que puedan integrarse al sistema.

La definición de esta contribución constituye uno de los pilares del financiamiento del organismo y apunta a otorgar previsibilidad sobre los ingresos que sostendrán las prestaciones médicas.

Desde una perspectiva de política pública, el decreto procura resolver uno de los principales desafíos de cualquier reforma en el sistema de salud de organismos estatales: garantizar que los cambios administrativos no impacten sobre la continuidad de la atención. La integración entre presupuesto, patrimonio, contrataciones, información padronal y sistemas tecnológicos busca mejorar la trazabilidad de los recursos y reducir riesgos de ineficiencia o falta de control.

Para los afiliados, el cambio no modifica las prestaciones sanitarias de manera inmediata, pero sí establece las bases institucionales sobre las cuales funcionará la nueva obra social. En términos de gobernanza, el Ejecutivo apuesta a un modelo con mayor capacidad de auditoría, reglas financieras unificadas y mecanismos de control compatibles con los estándares que rigen para el resto de los organismos nacionales.

La puesta en marcha efectiva del régimen dependerá ahora de la aprobación de los manuales operativos y de las normas complementarias que deberá dictar el Ministerio de Seguridad Nacional para completar la implementación del nuevo esquema.

.

Compartí esta noticia !

El Gobierno aprueba el Presupuesto Consolidado 2026 y ordena el mapa real del gasto público

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional avanzó este 5 de mayo con una jugada de ordenamiento institucional: aprobó el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional para el ejercicio 2026 mediante la Decisión Administrativa 18/2026. La medida formaliza la estructura global de ingresos y gastos del Estado sin modificar los presupuestos ya vigentes en cada organismo, pero introduce una señal política clara: la conducción económica consolida su esquema fiscal y lo comunica al Congreso sin requerir aprobación directa.

El Gobierno nacional formalizó el Presupuesto 2026 con un dato político central: proyecta sostener el equilibrio fiscal por tercer año consecutivo y avanzar hacia un superávit financiero de $3.026.420,6 millones (0,3% del PBI). La hoja de ruta quedó plasmada en la Decisión Administrativa 18/2026, publicada el 6 de mayo, y refleja un modelo económico que busca consolidar orden macro con un esquema de gasto altamente concentrado.

El punto de tensión es evidente: mientras se sostiene el equilibrio, el Estado mantiene una estructura donde más de la mitad del gasto sigue atado a la Seguridad Social. ¿Hay margen real para reformar el Estado o el ajuste encuentra límites estructurales?

El marco: equilibrio fiscal como política de Estado

El Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional proyecta recursos totales por $161.611.286,9 millones, equivalentes al 15,6% del PBI . La mayor parte proviene de ingresos tributarios y aportes a la seguridad social, que concentran el núcleo del financiamiento estatal.

En paralelo, el gasto corriente se ubica en torno al 14,8% del PBI , lo que permite generar un resultado económico positivo de $7.960.050,9 millones (0,8% del producto) .

El dato clave no es solo técnico. Marca una continuidad política: el Gobierno ratifica que el equilibrio fiscal no es una meta coyuntural sino un ancla estructural del programa económico.

Qué cambia (y qué no) en la estructura presupuestaria

El Presupuesto Consolidado no introduce nuevas partidas ni reasignaciones. Tampoco altera las previsiones de gasto o ingreso de cada organismo. Su función es integrar y mostrar el resultado global del Sector Público Nacional.

El esquema fiscal proyectado combina tres variables centrales: Superávit primario: 1,5% del PBI. Superávit financiero: 0,3% del PBI. Y presión tributaria: 21,8% del PBI

El resultado es un Estado que, al menos en los papeles, no necesita expandir el gasto más allá de sus recursos y que mantiene estable la carga impositiva en términos relativos.

Sin embargo, la composición revela rigideces. Los ingresos dependen fuertemente de impuestos (9,3% del PBI) y aportes previsionales (5,3%) , lo que limita la elasticidad fiscal ante cambios en la actividad económica.

La estructura del gasto: el peso dominante de la Seguridad Social

El dato más contundente del Presupuesto 2026 está en la asignación del gasto:

  • Seguridad Social concentra el 56,4% del total

Esto incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, con millones de beneficiarios dentro del sistema.

Detrás aparecen otras funciones relevantes pero muy por debajo:

  • Educación y Cultura: 5,2%
  • Energía: 4,4%
  • Transporte: 2,6%

La lectura es directa: el margen de maniobra fiscal es limitado. El grueso del gasto está preasignado por obligaciones sociales.

Empresas públicas y financiamiento: señales de continuidad

El presupuesto también proyecta ingresos operativos de empresas públicas por $11.199.763,5 millones , con fuerte concentración en pocas firmas.

En paralelo, el financiamiento se apoya mayormente en: Endeudamiento y aumento de pasivos (alrededor de 28% del PBI en flujos financieros)

Esto sugiere que, aun con superávit, la dinámica financiera del Estado sigue requiriendo administración activa de deuda.

Orden fiscal con límites estructurales

El Presupuesto fortalece al Ejecutivo en un punto central: valida políticamente su narrativa de equilibrio fiscal.

Pero al mismo tiempo expone una tensión estructural: el Gobierno controla el resultado fiscal. Pero no redefine en profundidad la matriz del gasto

El peso de la Seguridad Social y la rigidez de las erogaciones condicionan cualquier intento de transformación más agresiva del Estado.

En términos macro, el presupuesto apunta a: sostener equilibrio fiscal. Evitar expansión del gasto. Y mantener presión tributaria estable

Esto puede contribuir a la estabilidad, pero también implica un crecimiento del gasto atado a variables sociales y no necesariamente a inversión o expansión productiva.

Información, poder y próximos movimientos

La aprobación del Presupuesto Consolidado 2026 redefine el tablero sobre el que se discute el gasto. Ordena la información, fija un marco y delimita el terreno institucional.

El Presupuesto 2026 ordena las cuentas y consolida una línea política clara. Pero deja abiertos interrogantes clave:

  • ¿Podrá sostenerse el superávit si cae la recaudación?
  • ¿Habrá margen para reconfigurar el gasto más allá de lo social?
  • ¿Cómo impactará este esquema en la inversión y el crecimiento?

El equilibrio está planteado. La discusión pasa ahora por su sostenibilidad en un contexto económico que todavía no termina de estabilizarse.

Presupuesto 2026 Argentina by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

Fondos Rotatorios: el Gobierno habilita ampliaciones y refuerza el control del gasto público

Compartí esta noticia !

Mediante el Decreto 926/2025, el Poder Ejecutivo modificó el régimen de Fondos Rotatorios previsto en el Decreto 1344/2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera. La medida introduce cambios clave para permitir ampliaciones de fondos ante transferencias presupuestarias entre organismos, refuerza criterios de eficiencia para evitar saldos inmovilizados y avanza en la simplificación operativa mediante un mayor uso de medios electrónicos. El impacto es directo sobre la ejecución diaria del gasto público y la capacidad de respuesta administrativa del Estado.

Adecuaciones en el uso de Fondos Rotatorios ante cambios presupuestarios

El Decreto 926/2025, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, fue dictado el 29 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre. La norma modifica disposiciones centrales del Decreto N° 1344/2007, reglamentario de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

El eje de la medida se concentra en el artículo 81 del reglamento, que regula el funcionamiento de los Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas. Según el texto oficial, la modificación responde a una problemática recurrente en la administración pública: las transferencias de programas presupuestarios entre Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.) durante el ejercicio fiscal, que pueden dejar descalzado el nivel de fondos disponibles para atender gastos inmediatos.

Hasta ahora, los Fondos Rotatorios podían constituirse hasta un límite del 3% de los créditos presupuestarios originales del ejercicio. El nuevo esquema mantiene ese tope, pero introduce una precisión clave: cuando se produzcan transferencias de programas entre jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional, el S.A.F. receptor podrá ampliar su Fondo Rotatorio por un importe adicional de hasta el 3% de los créditos transferidos, siempre excluyendo la Partida Parcial 5.1.4 “Ayudas Sociales a Personas y Asignaciones Familiares”.

De manera complementaria, el S.A.F. cedente deberá adecuar su Fondo Rotatorio en función de la reducción de créditos, ajustándolo al nuevo nivel presupuestario. El objetivo explícito es evitar que los organismos que asumen nuevas funciones queden sin capacidad operativa para afrontar gastos corrientes de ejecución inmediata.

Más control sobre los montos y menos fondos inmovilizados

La reforma también refuerza el rol de la Secretaría de Hacienda en la administración del régimen. El nuevo texto del inciso f) del artículo 81 habilita a esa dependencia a restringir los montos de constitución de Fondos Rotatorios por debajo del límite máximo del 3%, cuando detecte una desproporción entre los fondos constituidos y los efectivamente ejecutados en el ejercicio inmediato anterior.

Según el decreto, esta facultad apunta a “minimizar la existencia de fondos inmovilizados en las cuentas corrientes asociadas a este régimen”, una situación que afecta la eficiencia en el uso de recursos públicos y distorsiona la gestión financiera. El criterio de evaluación será la relación entre el monto total ejecutado por el régimen y el total constituido, introduciendo así un parámetro de desempeño para la asignación de liquidez.

Este enfoque se alinea con los principios de la Ley 24.156, que promueve una administración financiera basada en la eficiencia, la economicidad y el control del gasto, en un contexto de restricción fiscal y revisión integral de los mecanismos de ejecución presupuestaria.

Simplificación operativa y avance de los medios electrónicos

Otro cambio relevante del Decreto 926/2025 se vincula con la operatoria de los Fondos Rotatorios Internos. En particular, se sustituye el inciso j) del artículo 81 del Anexo al Decreto 1344/07, eliminando la exigencia de asignación de cuentas bancarias específicas para fondos constituidos por montos iguales o inferiores a ochenta módulos (80 M).

La decisión se fundamenta en la “evolución y amplia aceptación de los medios de pago electrónicos” dentro del régimen, impulsada por las Resoluciones N° 101/2017 y 276/2018 de la Secretaría de Hacienda, que promovieron el uso de tarjetas de compra corporativas y la reducción del efectivo y los cheques. En ese marco, el decreto considera innecesario mantener exigencias operativas pensadas para un esquema financiero más tradicional.

Además, la modificación es consistente con lo dispuesto en el artículo 78, punto 8.1 del Anexo al Decreto 1344/07, que establece que los organismos del Sector Público Nacional deben operar con el menor número posible de cuentas bancarias, simplificando la gestión y fortaleciendo los controles.

Impacto institucional y posibles repercusiones

La actualización del régimen de Fondos Rotatorios tiene impacto transversal sobre toda la Administración Nacional. En términos prácticos, otorga mayor flexibilidad a los organismos que reciben nuevas competencias durante el ejercicio presupuestario, permitiéndoles sostener la ejecución cotidiana sin depender de trámites excepcionales o demoras administrativas.

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el control centralizado de la liquidez, al mismo tiempo que profundiza la digitalización de los pagos y la reducción de circuitos financieros tradicionales. En un escenario de ajuste fiscal y revisión del gasto público, el decreto introduce herramientas para compatibilizar austeridad con operatividad.

Para los servicios administrativos financieros, el nuevo esquema implica una mayor responsabilidad en la gestión de fondos, con incentivos claros para evitar la acumulación de saldos ociosos. A la vez, la posibilidad de adecuar fondos ante transferencias presupuestarias reduce tensiones internas y mejora la previsibilidad en la ejecución de programas.

Compartí esta noticia !

El Gobierno refuerza el presupuesto del RENAPER con más de $44.800 millones para 2025

Compartí esta noticia !

La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para reforzar los créditos de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de afrontar gastos impostergables de funcionamiento y financiar inversiones en bienes de uso. La medida, formalizada mediante la Decisión Administrativa 39/2025, implica una reasignación de partidas por más de $44.845 millones y se apoya en recursos propios del organismo y en financiamiento externo, en un contexto de prórroga presupuestaria y restricciones fiscales.

Adecuación presupuestaria en un esquema de prórroga

La Decisión Administrativa 39/2025, firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre. La norma modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2025, que se rige por la Ley N° 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada conforme al artículo 27 de la Ley N° 24.156 y al Decreto N° 1.131 del 27 de diciembre de 2024.

Según se desprende de los considerandos, la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de cubrir “gastos impostergables para su normal funcionamiento” del RENAPER, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior. La decisión se encuadra en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que habilita modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad operativa de los organismos del Estado.

Más de $44.845 millones para gastos corrientes y de capital

El detalle de las planillas anexas que integran la decisión administrativa muestra que el refuerzo presupuestario total para el RENAPER asciende a $44.845.288.142. De ese monto, $38.487.990.542 corresponden a gastos corrientes financiados con recursos propios, mientras que $6.357.297.600 se destinan a gastos de capital financiados mediante crédito externo.

En el rubro de gastos corrientes, la mayor parte se concentra en servicios no personales, con partidas relevantes para servicios básicos, correos y telégrafos, mantenimiento, limpieza, servicios técnicos y profesionales, informática, servicios comerciales y financieros, suscripciones a internet, viáticos, impuestos y otros servicios. Entre los conceptos destacados figuran $8.667.990.542 para servicios básicos vinculados a correos y telégrafos, $6.540 millones para mantenimiento y limpieza, y $7.400 millones para suscripciones adicionales a internet.

Por el lado de las inversiones, los $6.357.297.600 de gastos de capital se asignan íntegramente a bienes de uso, en particular a la adquisición de maquinaria y equipos, lo que apunta a sostener y actualizar la infraestructura tecnológica del organismo.

Recursos propios y financiamiento externo

En cuanto a las fuentes de financiamiento, el esquema aprobado combina ingresos propios del RENAPER con aportes de la Administración Central y crédito externo. Los recursos corrientes del organismo alcanzan los $38.487.990.542, provenientes mayormente de ingresos no impositivos. Dentro de ese rubro se destacan las tasas vinculadas a la expedición de pasaportes, en el marco del Decreto N° 261/2011, que suman $15.743.807.164, y otros ingresos varios por $19.174.370.070.

A ello se agregan $3.569.813.308 por venta de bienes y servicios de la administración pública. Para el financiamiento de las inversiones, la modificación presupuestaria contempla la obtención de préstamos del sector externo a largo plazo por $6.357.297.600, identificados como provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con contribuciones figurativas de la Administración Central por el mismo monto.

Impacto institucional y operativo

La modificación presupuestaria tiene un impacto directo en la capacidad operativa del RENAPER, un organismo clave para la identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. El refuerzo de partidas permite garantizar la continuidad de servicios esenciales como la emisión de documentos y pasaportes, en un contexto de alta demanda y costos crecientes asociados a tecnología, conectividad y logística.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja el uso de herramientas de gestión presupuestaria para sostener el funcionamiento de organismos descentralizados en un escenario de prórroga del presupuesto y de restricciones fiscales. Al mismo tiempo, la incorporación de financiamiento externo para inversiones en equipamiento plantea un esquema mixto de sostenimiento operativo y modernización, con impacto en la eficiencia administrativa y en la calidad del servicio al ciudadano.

Compartí esta noticia !

Hacienda ordena el cierre fiscal 2025 y fija reglas estrictas para la Cuenta de Inversión

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, aprobó la Resolución 147/2025, que establece el procedimiento integral de cierre de las operaciones presupuestarias, contables y financieras del ejercicio 2025. La norma define plazos estrictos, responsabilidades jerárquicas y reglas técnicas que impactan en toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, universidades y entes del sector público, y es clave para la elaboración de la Cuenta de Inversión que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso.

La resolución, firmada por el secretario de Hacienda Carlos Jorge Guberman y publicada el 18 de diciembre de 2025, se apoya en el marco de la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto y la prórroga del Presupuesto 2023 para el ejercicio 2025, dispuesta por el decreto 1131/2024. En los hechos, ordena el cierre del año fiscal en un contexto de fuerte centralidad del resultado financiero y de control sobre la ejecución del gasto público.

Cierre del ejercicio 2025 y elaboración de la Cuenta de Inversión

La Resolución 147/2025 establece que la Contaduría General de la Nación (CGN) será la encargada de efectuar el cierre de las cuentas del ejercicio 2025 con base en la información del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), y de confeccionar la Cuenta de Inversión que deberá ser enviada al Honorable Congreso de la Nación, conforme al artículo 95 de la Ley 24.156.

Entre los puntos centrales, la norma dispone que: Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2025 constituirán deuda exigible de ese ejercicio y se registrarán como pasivo corriente, con posibilidad de cancelación en el ejercicio siguiente. Los compromisos no devengados al cierre deberán imputarse al ejercicio 2026, afectando los créditos y cuotas del primer trimestre. Se fijan plazos perentorios para la carga y validación de comprobantes en el e-SIDIF, con fechas clave entre el 31 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, según el tipo de operación.

El esquema refuerza el principio de cierre contable anual y limita cualquier posibilidad de arrastre discrecional de compromisos, un aspecto sensible en años sin presupuesto aprobado oportunamente.

Control del gasto, responsabilidades y sanciones

La resolución pone un fuerte acento en la responsabilidad administrativa de los funcionarios. La carga, consistencia y respaldo documental de la información recaerá, en cada jurisdicción, sobre los secretarios o subsecretarios administrativos, los jefes de los Servicios Administrativo Financieros (SAF) y los responsables de registro contable. Para el resto de los entes, la responsabilidad será de la máxima autoridad.

Además, se establece que: No se aceptará información parcial: los cuadros, anexos y estados deberán presentarse de manera completa y en tiempo y forma. El incumplimiento habilitará a la CGN, la Tesorería General de la Nación y la Oficina Nacional de Presupuesto a bloquear órdenes de pago, comunicar irregularidades a la Sindicatura General de la Nación y aplicar sanciones. Las órdenes de pago caducas deberán ser desafectadas, impactando en el ejercicio 2025, y los remanentes no utilizados deberán ingresar al Tesoro Nacional, salvo excepciones con rango legal.

Este esquema apunta a fortalecer la trazabilidad del gasto y evitar distorsiones en el cálculo del resultado fiscal y del remanente del ejercicio.

Impacto institucional y alcance sobre todo el sector público

El alcance de la Resolución 147/2025 es amplio. Incluye a la Administración Central, organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, empresas públicas, entes residuales y Universidades Nacionales, que deberán presentar sus estados contables y financieros hasta el 27 de febrero de 2026 a través del sistema SIFEP.

También se detallan obligaciones específicas para: Fondos rotatorios, cajas chicas y anticipos de fondos, que deberán quedar totalmente regularizados al cierre. Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), que deberán informar operaciones y cerrar cuentas con saldo cero. Organismos involucrados en procesos de fusión, disolución o transformación, que deberán cerrar sus operaciones conforme a la Resolución 92/2025.

En términos políticos e institucionales, la norma refuerza el rol de la Contaduría General de la Nación como órgano rector del sistema contable, y consolida un esquema de control centralizado en un contexto de fuerte ajuste fiscal y de énfasis en la rendición de cuentas ante el Congreso.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin