Contrataciones públicas: Milei extendió la transición hacia la apertura del mercado hasta fin de 2025
El Gobierno prorrogó hasta fin de año los contratos estatales con empresas públicas y privadas: avanza la transición hacia un esquema de competencia
El Poder Ejecutivo dispuso, a través del Decreto 591/2025, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de los contratos que el Estado Nacional mantiene bajo regímenes especiales de provisión de servicios estratégicos —bancos, combustibles, seguros y transporte aéreo—, en el marco de la transición hacia un esquema de mayor competencia y apertura en las contrataciones públicas. La medida, firmada por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, extiende el plazo originalmente fijado en el Decreto 747/2024, que vencía el próximo 22 de agosto.
El punto de partida de esta reforma está en el Decreto 70/2023, que estableció que las empresas con participación estatal no gozarían de prerrogativas especiales en las contrataciones públicas. Con esa lógica, el Decreto 747/2024 derogó una serie de normas que obligaban a los organismos nacionales a contratar exclusivamente con compañías estatales:
- Banco Nación para el pago de haberes (Decreto 1187/2012).
- YPF para la provisión de combustibles (Decreto 1189/2012).
- Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar para la compra de pasajes aéreos oficiales (Decreto 1191/2012).
- Nación Seguros para las pólizas de cobertura estatal (Decreto 823/2021).
El cambio marcó un quiebre histórico en el sistema de compras públicas, al eliminar la obligatoriedad de contratar con firmas de control estatal y habilitar licitaciones abiertas bajo la modalidad de Acuerdos Marco, con el objetivo de fomentar la competencia, reducir costos y transparentar los procesos.
Sin embargo, dado que varios procesos licitatorios aún se encuentran en curso, el Gobierno resolvió extender hasta fin de año la vigencia de los contratos heredados para evitar la interrupción de servicios esenciales.
Detalles del Decreto 591/2025 y procesos en marcha
El decreto establece dos disposiciones centrales:
- Prórroga del plazo máximo previsto en el artículo 6° del Decreto 747/2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Facultad a las autoridades competentes para ampliar y/o prorrogar los contratos en curso vinculados a combustibles, seguros y transporte aéreo hasta esa misma fecha.
En paralelo, el Gobierno avanzó en tres licitaciones clave bajo la órbita de la Oficina Nacional de Contrataciones:
- Cuentas sueldo: en enero se adjudicó a nueve bancos (Nación, Galicia, Macro, BBVA, Santander, Supervielle, Patagonia, Credicoop e ICBC) la gestión de haberes estatales.
- Combustibles y gestión de flota: licitación 999-0006-LPU25, actualmente en proceso, con prórrogas de apertura hasta el 5 de septiembre por consultas de oferentes.
- Seguros integrales: licitación 999-0007-LPU25, también en curso, con fecha de apertura reprogramada para el 12 de agosto.
En las próximas semanas se sumarán además las licitaciones para la compra de pasajes aéreos y la provisión de combustibles para embarcaciones y aeronaves oficiales, también bajo modalidad de Acuerdo Marco.
La decisión se inscribe en el marco de la agenda de desregulación y competencia que impulsa el Gobierno. Para el Ejecutivo, el esquema anterior implicaba “privilegios indebidos” para las empresas estatales y distorsiones en la eficiencia del gasto.
Desde el sector privado, la apertura genera oportunidades de negocio para bancos, aseguradoras y petroleras, que ahora compiten en igualdad de condiciones por contratos estatales de gran volumen. Sin embargo, también persiste incertidumbre por la velocidad de los procesos licitatorios y los criterios de adjudicación.
En el plano político, la medida se interpreta como un paso más en la estrategia de Milei y Sturzenegger de achicar el peso del Estado empresario y consolidar un modelo de compras públicas descentralizado. No obstante, la prórroga hasta fin de año refleja las dificultades operativas de llevar adelante la transición en plazos más acotados.
De cara al próximo año, el Ejecutivo proyecta que todos los bienes y servicios contratados por la Administración Pública Nacional se realicen bajo licitaciones competitivas y no por asignación directa a empresas estatales.
Los escenarios posibles son:
- Éxito en las licitaciones: implicaría una baja de costos operativos y mayor transparencia.
- Demoras o impugnaciones: obligarían a nuevas prórrogas, tensionando el discurso oficial sobre desregulación.
- Resistencia sindical y política: particularmente en sectores sensibles como Aerolíneas Argentinas y YPF, que perderían negocios con el Estado.
El 31 de diciembre de 2025 se convierte así en una fecha clave para evaluar el éxito de la transición. El oficialismo apuesta a mostrar que, en un año electoral, la apertura y la competencia también pueden aplicarse al corazón del gasto estatal.
