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Nuevas reglas para denuncias de aportes impagos: cómo impacta en empleadores y trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en la tramitación de las denuncias “Z”, que habilitan a trabajadores y derechohabientes a denunciar incumplimientos previsionales de sus empleadores. La medida actualiza competencias internas tras la reestructuración de la Dirección General Impositiva y apunta a cerrar grietas frente a maniobras fraudulentas.

La Disposición Conjunta 1/2025, publicada este 19 de agosto en el Boletín Oficial, reordena el procedimiento de las llamadas denuncias “Z”, una figura prevista en el artículo 13 inciso a) punto 3 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA).

Estas denuncias permiten que trabajadores o sus derechohabientes reclamen por incumplimientos de sus empleadores en el ingreso de aportes y contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, en los últimos años se detectaron maniobras fraudulentas de personas sin relación laboral que buscaban obtener beneficios previsionales de manera indebida.

La instrucción general vigente (N° 1017/2017) había unificado las pautas operativas, pero la reciente Disposición ARCA 36/2025, que modificó la estructura de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Subdirección de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, obligó a redefinir competencias administrativas.

Nuevas facultades para Grandes Contribuyentes

La resolución firmada por Claudio Ernesto Castagnola y Néstor Hernán Perlasco, directores interinos de las áreas de Control y Recaudación de Grandes Contribuyentes, establece un nuevo esquema de actuación:

  • Artículo 1: Se deroga la Disposición DI-2024-23, ya sin vigencia operativa tras la reorganización interna.
  • Artículo 2: El funcionario a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes actuará como juez administrativo en los casos de denuncias “Z”, dictando resolución de admisión o rechazo.
  • Artículo 3: Los recursos de apelación interpuestos en los términos del artículo 74 del Decreto 1.397/79 contra dichas resoluciones serán resueltos por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes.
  • Artículo 4: La disposición entra en vigencia inmediata desde su suscripción.

En la práctica, esto concentra la resolución de conflictos previsionales en el área de Grandes Contribuyentes, fortaleciendo el control en un segmento clave de la recaudación.

La medida tiene un doble alcance. Por un lado, garantiza la continuidad de la fiscalización previsional en línea con las atribuciones que la Ley 24.241 otorga a la administración tributaria. Por otro, busca cerrar grietas regulatorias frente a fraudes en las denuncias “Z”, que podrían comprometer fondos del SIPA y generar costos fiscales no previstos.

Fuentes del organismo remarcan que la reasignación de facultades responde al principio de eficiencia administrativa: “La reorganización procura unificar procedimientos y fortalecer el control sobre incumplimientos de grandes empleadores, que representan una parte sustancial de los aportes al sistema previsional”, señalaron.

Para los grandes contribuyentes, el cambio implica un mayor nivel de escrutinio y resolución más centralizada, lo que podría derivar en litigios administrativos más ágiles pero también en un endurecimiento de las sanciones.

Señales de endurecimiento fiscal

El rediseño de competencias se enmarca en la política del Gobierno nacional de fortalecer la recaudación previsional y combatir la evasión en un contexto de ajuste fiscal. La decisión de delegar funciones de juez administrativo en la División Revisión y Recursos marca una tendencia hacia procesos internos más expeditivos, con menor dispersión entre áreas.

Hacia adelante, analistas legales anticipan que este modelo podría replicarse en otras áreas sensibles de la seguridad social, ampliando la capacidad de ARCA para perseguir incumplimientos. La medida envía además una señal clara al sector privado: la fiscalización de aportes y contribuciones será uno de los ejes de control tributario en 2025.

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Cuentas públicas: superávit primario de $1,7 billones y rojo financiero de $168.515 millones

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El Gobierno informó que las cuentas públicas tuvieron déficit financiero en julio por $168.515 millones a causa del pago de intereses de deuda y el aguinaldo de estatales, siendo el primero del año y el segundo en la gestión de Javier Milei, aunque se mantuvo el superávit primario en 1,7 billones de pesos.

El Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo, explicó que el rojo fiscal se debió a que “en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio”.

En este sentido, recordó que “dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses”.

Otro factor que juega un rol de peso habitualmente en el sexto mes del año es el pago del medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional (SPN), lo que también fue expuesto por la cartera económica para argumentar el resultado deficitario.

A pesar del mal dato, Caputo remarcó que “el resultado financiero de -$168.515 millones contrasta con el resultado de julio de 2023, donde el déficit había sido de $754.243 millones, equivalentes a más de $3.700.000 millones ajustados por inflación”.

El superávit primario, en tanto, se incrementó 41% en términos reales frente a igual mes de 2024, lo que implica una mejora en términos nominales de $432.442 millones en la comparación interanual.

Al respecto, Economía, detalló que “el crecimiento de los ingresos de 2,8% interanual real, y la caída del gasto primario de -1,3% real interanual, aún preservando el gasto social que crece al 5,7% interanual en términos reales, siguen mostrando el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional con el equilibrio fiscal, sin descuidar la situación de los sectores más vulnerables”.

De esta manera, el SPN acumuló al séptimo mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB), “profundizando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.105.874 millones (+40,4% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +39,8% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Exportación (+106,2% i.a.), los Derechos de Importación (+79,8% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+54,3% i.a.), Débitos y Créditos (+47,9% i.a.) y Bienes Personales (+336% i.a.).

Durante julio, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $11.356.489 millones (+34,8% i.a.), creciendo nuevamente a un ritmo menor al de los ingresos. En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $7.066.464 millones (+44,3% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24. 

Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.693.146,3 millones (+22,8% i.a.) “producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas y las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, señaló el Ejecutivo.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.821.883,7 millones (+21,2% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$376.400,4 millones (+14,2% i.a.). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en julio alcanzaron los $768.686,4 millones (+55,6% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron una caída de $715.114 millones (-15,4% i.a.), donde los energéticos variaron -$1.186.078 millones (-34,0% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $525.999 millones (+49,9% i.a.).

Equilibrio fiscal en medio de la presión de la deuda

El informe difundido por el Ministerio de Economía confirma que, durante julio de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un resultado primario positivo de $1.749.386 millones, en un mes marcado por la continuidad del ajuste del gasto y el crecimiento de la recaudación.

Sin embargo, los intereses de deuda —netos de las operaciones intra-sector público— ascendieron a $1.917.901 millones, lo que derivó en un resultado financiero negativo de $168.515 millones.

A pesar de ese rojo puntual, el acumulado de los primeros siete meses del año muestra un superávit financiero cercano al 0,3% del PIB, y un superávit primario del 1,1% del PIB, consolidando lo que el Gobierno define como “ancla fiscal” de su programa económico.

Según la información oficial, la mejora interanual en el resultado primario fue de 41% en términos reales, lo que implica un avance de $432.442 millones frente a igual mes de 2024.

Cifras clave: ingresos y gastos en julio

Los ingresos totales del SPN en julio sumaron $13,1 billones, con un crecimiento interanual de 40,4%. Dentro de ellos, los recursos tributarios avanzaron 39,8% i.a., con desempeños destacados en:

  • Derechos de Exportación: +106,2% i.a.
  • Derechos de Importación: +79,8% i.a.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +54,3% i.a.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: +47,9% i.a.
  • Bienes Personales: +336% i.a.

En paralelo, los gastos primarios ascendieron a $11,35 billones, con un alza de 34,8% i.a., es decir, creciendo menos que los ingresos.

Las prestaciones sociales representaron la mayor partida, con $7,07 billones (+44,3% i.a.), impulsadas por la fórmula de movilidad (Ley 27.609) y el DNU 274/24.

Las remuneraciones del sector público sumaron $1,69 billones (+22,8% i.a.), en un contexto de incrementos salariales pactados y reducción de la planta de empleados.

Las transferencias corrientes totalizaron $3,82 billones (+21,2% i.a.), con un crecimiento moderado al sector privado (+14,2% i.a.) y una suba más marcada hacia el sector público (+55,6% i.a.).

En cuanto a los subsidios económicos, se registró una caída interanual de $715.114 millones (-15,4%). Dentro de este rubro, los energéticos retrocedieron 34%, mientras que los destinados al transporte aumentaron 49,9%, alcanzando los $525.999 millones.

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La Dirección Regional Posadas de la Arca actualizó el régimen de reemplazos internos en sus agencias y divisiones

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a través de su Dirección Regional Posadas, oficializó mediante la Disposición 28/2025 una profunda actualización en el régimen de reemplazos internos para sus agencias y divisiones operativas. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento institucional ante eventuales ausencias o impedimentos de jefaturas, y se enmarca en una serie de disposiciones previas que regulan la estructura organizacional de la región.

Firmada por Roberto Ariel Rostan, jefe interino de la División de Investigación, la disposición establece en detalle los reemplazantes directos de las jefaturas en áreas clave como Recaudación, Servicios, Jurídica, Fiscalización, Logística y Atención al Contribuyente, tanto en la sede Posadas como en los distritos Eldorado y Curuzú Cuatiá.

Reemplazos jerárquicos en áreas críticas

Entre las modificaciones más relevantes, se destacan las nuevas designaciones para cubrir la jefatura de la Agencia Sede Posadas. En caso de ausencia de su titular, asumirán en este orden: el responsable de la Sección Recaudación, seguido por el de la Sección Servicios, y luego la Oficina de Trámites y Verificaciones.

Asimismo, se establece un régimen escalonado para cada una de las oficinas y secciones internas. Por ejemplo, la Oficina Jurídica será cubierta por Mara Griselda López Penna y, en segunda instancia, por Franco Aníbal Romero. La Oficina de Control y Cobranzas tendrá como reemplazantes a Andrea Victoria Riera y Lorena Gladys Acuña. El detalle se extiende a más de 30 estructuras operativas de toda la jurisdicción.

Alcance regional

La disposición también abarca a los distritos Eldorado y Curuzú Cuatiá. En Eldorado, la responsable de la oficina de Recaudación y Verificaciones será reemplazada por Sonia Carolina Jara y Lesli Noelia Cristaldo. En Curuzú Cuatiá, los reemplazos serán asumidos por Cristian Gustavo Yardin y Natalia Soledad Girotto, respectivamente.

En paralelo, se definen sustituciones en áreas especializadas como la División Jurídica, Fiscalización de Seguridad Social, Fiscalización Agropecuaria y los equipos técnicos asociados, garantizando la cobertura operativa de todos los frentes de fiscalización y atención al contribuyente.

Base normativa

La medida se apoya en una larga serie de disposiciones internas —al menos diez entre 2019 y 2024— y en la reciente reorganización de estructuras establecida por la Dirección General Impositiva mediante la DI-2025-36-E-AFIP-ARCA, además de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 y el Decreto 953/24.

El nuevo régimen entra en vigencia de inmediato y deberá ser registrado en el sistema SARHA, utilizado para la gestión de personal de la AFIP.

Con esta disposición, la Dirección Regional Posadas busca fortalecer su capacidad de respuesta, garantizar continuidad administrativa y minimizar riesgos operativos ante vacancias transitorias, en un contexto de creciente demanda sobre el sistema tributario nacional.

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Planes de pago permanentes: ARCA reduce el porcentaje del pago a cuenta para Bienes Personales y Ganancias

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las condiciones de adhesión a los Planes de Facilidades de Pago permanentes. A través de la Resolución General 5681/25, que será publicada en el Boletín Oficial, el organismo redujo  el porcentaje del pago a cuenta obligatorio para planes por deuda de impuestos anuales, permitiendo así financiar una mayor parte del monto adeudado.

La medida tiene por objetivo optimizar la administración tributaria y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales correspondientes a los impuestos a los Bienes Personales y Ganancias.

De esta manera, según el tipo de contribuyente el pago a cuenta obligatorio a ingresar al momento de la adhesión quedó de la siguiente manera:


Tipo de contribuyente

Pago a cuentaAntes

Pago a cuentaAhora
Pequeños Contribuyentes, Micro y Pequeñas Empresas, Entidades sin fines de lucro 

25%


17%

Medianas Empresas Tramo 1

25%

23% 

Medianas Empresas Tramo 2

30%

23%

Demás Contribuyentes

35%

28%

¿Cómo se realiza la adhesión?

Para adherir a los planes de facilidades de pago se deberá ingresar a “Mis Facilidades”, opción “RG 5321 – Plan de Facilidades de Pago Permanente”. Se puede consultar esta guía de solo 7 pasos https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiaspasopaso/VerGuia.aspx?id=461 

¿Cuáles son los requisitos necesarios?

Los contribuyentes deberán tener: 

  • Domicilio Fiscal Electrónico constituido.
  • Declaraciones juradas presentadas.
  • CUIT activa.
  • CBU informada.

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El Gobierno denunció penalmente al “Rey del Tabaco” por lavado de dinero

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A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), señaló al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito” por más de $33.000 millones. La demanda describe el sistema empleado e identifica 23 “usinas” de facturas truchas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), denunció al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por presunto lavado de dinero.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal para que se inicie una investigación por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito (lavado de dinero), conforme al artículo 303 del Código Penal”.

En la denuncia, firmada por Felicitas Achábal en carácter de Jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, se detalla que Tabacalera Sarandí S.A. “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar y emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial”.

La agencia fiscal gubernamental detectó además diferentes irregularidades en la facturación electrónica, patrones atípicos en la emisión de comprobantes, ausencia de pagos tributarios y uso exclusivo de efectivo, lo que impide la trazabilidad de los fondos.

“Ante lo inusual de la operatoria de venta, se suma que los vendedores mayoristas poseen un marcado perfil fiscal irregular, y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el negocio”, detalla la denuncia, que tiene el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.

La investigación oficial destaca también que estas empresas funcionaban como “usinas” para blanquear dinero de origen ilícito mediante la incorporación de efectivo en el circuito financiero formal.

La presentación se originó en el informe elevado por la División Fiscalización Externa II, que pertenece a la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes Nacionales.

ARCA realizó tareas de investigación y fiscalización enfocadas “en analizar con profundidad la capacidad operativa, económica y/o financiera de cada uno de éstos distribuidores mayoristas, teniendo como objetivo principal verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos”, dice un comunicado de la agencia estatal.

A través de esos relevamientos, el organismo que ahora encabeza Juan Pazo, un funcionario de la más alta confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió iniciar una investigación por “maniobras de legitimación de bienes u otros activos de origen ilícito”, que consiste en el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal institucionalizado, confiriéndoles apariencia legítima.

Modus Operandi

Sobre el modus operandi que identificaron para Tabacalera Sarandí, la denuncia penal realiza la siguiente descripción:

La empresa fabrica y comercializa las marcas de cigarrillos Red Point, West, Kiel y Master. La cadena de comercialización de los productos fabricados está integrada por diferentes etapas.

  1. En la primera etapa, Tabacalera Sarandí SA (TSSA), vende los cigarrillos a contribuyentes mayoristas y, por estas operaciones, emite facturas Tipo A. Las características intrínsecas de este tipo de comprobante que se emite, permite conocer quién es el adquiriente del producto. En esta etapa, la comercialización está concentrada porque el producto se traslada desde el fabricante hasta el mayorista.
  2. En la segunda etapa, los contribuyentes mayoristas venden los productos mencionados a sujetos responsables de puntos de venta minorista. Es el momento en que la comercialización se atomiza “porque los contribuyentes mayoristas son los encargados de distribuir geográficamente el producto”.
  3. En la tercera y última etapa, los distribuidores minoristas comercializan los cigarrillos para que lleguen a los consumidores finales quienes los adquieren en los puntos de venta minorista, como pueden ser los kioscos y los almacenes de barrio.

Según la investigación de ARCA, del análisis del “módulo de facturación electrónica A, “Tabacalera Sarandí emitió comprobantes de venta de cigarrillos a ciertas personas humanas y jurídicas que declaran ante el Organismo la actividad de distribuidores mayoristas de cigarrillos”. De la consulta sistémica, prosigue la denuncia, “se detectó un perfil fiscal irregular o de contribuyentes no confiables contabilizando 23 distribuidores que presentaron inconsistencias y no proporcionaron información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos, situación que impidió establecer la trazabilidad de los fondos”.

Por ello, dice ARCA, se comprobó que estos presuntos distribuidores mayoristas poseen una serie características, a saber:

  • Venden los cigarrillos que compran a TSSA a consumidores finales no identificados, emitiendo por dichas operaciones facturas Tipo B.
  • Las facturas emitidas por estos mayoristas contienen un precio de venta similar a los valores por los que adquieren los cigarrillos de TSSA, dando una rentabilidad muy baja. Estos mayoristas exhiben un patrón de emisión de los comprobantes (facturas Tipo B) “que resulta altamente irregular, con intervalos de apenas segundos, entre cada documento. Esta modalidad de emisión de comprobantes automatizada y secuencial, es incompatible con una atención presencial genuina, dado el volumen y frecuencia de emisión de comprobantes, en ubicaciones que no corresponden a zonas comerciales de alta afluencia de público y/o inconsistentes con los domicilios comerciales declarados por éstos.
  • No registran pagos tributarios, ni acreditaciones bancarias de acreditaciones mínimas. Los cobros por la venta minorista fueron en efectivo y los pagos a los proveedores, a través de depósitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos. –
  • No cuentan con estructura edilicia ni de personal.

Se detalla que Tabacalera Sarandí “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar”

A partir de esos elementos, prosigue la denuncia, ARCA efectuó tareas de investigación y fiscalización que se enfocaron en analizar con profundidad, la capacidad operativa, económica y/o financiera de cada uno de éstos distribuidores mayoristas, teniendo como objetivo principal verificar las operaciones facturadas y el circuito de pagos. El objetivo de estas diligencias consistió en verificar la autenticidad de las operaciones y, en caso de resultar procedente, incluirlos en la Base de Contribuyentes No Confiables, de conformidad con las normas internas del Organismo.

Un cuadro posterior, incluido en el documento de denuncia, detalla los clientes de Tabacalera Sarandí categorizados como “usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera”.

La investigación fiscal se orienta a detectar el uso de facturas emitidas por distribuidoras falsas que buscan “facilitar o encubrir maniobras orientadas a disminuir el saldo de impuesto a ingresar y/o transferir fondos del circuito formal a uno informal, como respaldo de operaciones inexistentes, con el fin de sustentar erogaciones que constituyen una simple transferencia de fondos hacia un circuito marginal de difícil trazabilidad”.

La calidad de “usina” no recae sobre los proveedores, sino sobre los clientes, “evidenciando una transferencia de dinero desde el circuito informal hacia uno formal”, esto es, el paso final de una maniobra de lavado de dinero.

Según la investigación y denuncia de ARCA, la operatoria entre Tabacalera Sarandí S.A. y los 23 distribuidores identificados le permitió a Otero recibir fondos de operaciones de venta por un monto de $33.632 millones de 2021 a 2023 lo que representa “aproximadamente un 31% del total facturado en dichos periodos”.

Según la denuncia, “los pagos por las ventas realizadas a TSSA a las distribuidoras, se realizaron mediante depósitos en efectivo a las cuentas recaudadoras de la vendedora. No se han aportado documentos ni información suficiente que justifique el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos, lo que impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero”.

Finalmente, los fondos derivados de las ventas a distribuidoras catalogadas como “usinas sin capacidad operativa, económica y/o financiera” se incorporan al circuito financiero formal, como pagos en las cuentas bancarias de Tabacalera Sarandí “ y por ello es que se pone en conocimiento la maniobra observada”.

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