El fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Paso de Los libres, Aníbal Fabián Martínez, pidió juicio oral y público para ocho personas acusadas de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en dos campos dedicados al cultivo de eucaliptos -ubicados en aquella ciudad- pertenecientes a la empresa denominada “El Batelito S.A.”, donde cuarenta trabajadores en situación de vulnerabilidad habrían sido sometidos a condiciones infrahumanas.
Según el dictamen del fiscal Martínez, los cuatro principales imputados son Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara, y están acusados de ser coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa Tierra Colorada Ltda. y de tres hermanos, socios integrantes de la firma “El Batelito S.A.”
En tanto, otras cuatro personas están imputadas en grado de partícipes necesarios. Se trata de Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.”, y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) habría contactado y captado a algunas de las víctimas.
Los cuatro principales imputados están sindicados como quienes se habrían encargado de captar a gran parte de las víctimas, en su mayoría oriundas del norte de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, para luego trasladarlas hasta los campos en remis o en taxi. Una vez allí, las víctimas habrían sido alojadas en un colectivo viejo y un trailer adaptado con camas cuchetas para dormir.
Durante el día, las víctimas debían realizar tareas vinculadas a la poda y/o raleo de eucaliptus en jornadas de hasta diez horas y en condiciones infrahumanas: no contaban con agua potable, luz eléctrica, ni elementos para poder conservar los alimentos. Tampoco tenían baños, no contaban con la vestimenta adecuada y, en algunos casos, les retenían los documentos. Tampoco poseían sillas ni mesas al momento de realizar su descanso; lo hacían apostados en la tierra, donde hacían un fogón para cocinar. Y no se encontraban registradas.
Uno de los agentes que participó en el allanamiento sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie.
Para el representante del MPF, a lo largo de la investigación se pudo determinar que Rolando Abel Díaz, Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone eran los directivos y/o administrativos de la cooperativa encargada de incorporar asociados que desarrollen las tareas específicas en el contrato de locación de servicios para la firma “El Batelito S.A.” (locatario) en la que Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara formaban parte del directorio.
Al momento de su declaración, todas las víctimas fueron coincidentes en sus manifestaciones. Declararon que en su mayoría provenían de la provincia de Misiones, motivo por el cual debían quedarse en el lugar durante aproximadamente 45 días. Señalaron que dormían hacinadas en un colectivo viejo y una especie de casilla de metal, sin agua potable, ni luz ni baños, y que no contaban con los elementos necesarios para conservar los alimentos a consumir.
Uno de los agentes que participó en el allanamiento a los establecimientos sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie. Los trabajadores detallaron además que no contaban con un botiquín de primeros auxilios ni con la ropa adecuada para el tipo de tareas que realizaban.
Aseguraron asimismo que no firmaron un contrato con la empresa “El Batelito S.A.” para la que prestaban sus servicios, sino que algunos de ellos firmaron una solicitud para asociarse a una cooperativa llamada “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada”. Finalmente, también indicaron que los imputados tenían un almacén a través del cual los trabajadores se proveían los alimentos. Sin embargo, luego eran descontados del dinero que percibían.
La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso de los Libres. Esta denuncia derivó en los posteriores allanamientos. Como resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra un total de 19 víctimas en similares condiciones.
En su momento, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, además de dictar los procesamientos, ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir sumas de entre 100 mil y 200 mil pesos.
Larga investigación
En 2013 se allanaron nueve domicilios en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, relacionados con la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.
“La cooperativa colocó 1.363 empleados en diferentes empresas que evadieron, a lo largo de dos años y medio, un promedio de $1,8 millones mensuales por no pagar aportes y contribuciones sociales”, indicó la AFIP en un comunicado.
Los trabajadores prestaban servicios en empresas agropecuarias, industrias, comercios, citrícolas, frutihortícolas, yerbateras y agroforestales con las que operaba la entidad.
“En la práctica, facilitó la evasión de $52,2 millones en aportes y contribuciones de la Seguridad Social a lo largo de dos años y medio”, indicó la AFIP.
La entidad llegó a registrar operaciones con más de 500 empresas usuarias, a las que les facturó desde el 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013 servicios por $115,5 millones, lo cual equivaldría a un evasión de $6,5 millones en IVA.
Las investigaciones preliminares confirman que desde sus comienzos la Cooperativa utilizó a 26.000 “asociados” a través de una megaestructura administrativa dispersa en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones.
Por las maniobras detectadas, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) le retiró la autorización para funcionar, y los responsables podrían recibir la pena de prisión de nueve años por el delito de evasión fiscal agravada.
