AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Puerto Libertad regula el uso de monopatines eléctricos

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El municipio de Libertad decidió intervenir en un terreno que hasta ahora se movía con baja regulación: la circulación de monopatines eléctricos y otros vehículos autopropulsados. La decisión no es menor. En un contexto donde estos vehículos ganan presencia en calles y avenidas, el municipio optó por formalizar reglas, imponer sanciones concretas y alinearse con la normativa nacional vigente.

El Concejo Deliberante de Puerto Libertad avanzó en una doble decisión que combina recaudación, orden normativo y control del espacio público: aprobó la actualización del esquema de licencias de conducir y, en paralelo, adhirió al marco nacional que regula la circulación de monopatines eléctricos. Las medidas quedaron formalizadas el 11 de marzo de 2026 mediante las Ordenanzas N° 001 y 002, y fueron parcialmente impulsadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, que ya había anticipado cambios a través de resoluciones previas.

El movimiento no es menor en clave política local. Por un lado, el municipio corrige desfasajes fiscales en un contexto inflacionario que erosionó tasas vigentes. Por otro, incorpora regulación sobre nuevas formas de movilidad urbana, un terreno donde la ausencia normativa suele generar conflictos. La pregunta que se abre es si se trata de una simple adecuación técnica o de un intento más amplio por reordenar ingresos y control territorial en simultáneo.

Licencias más caras y en UF: el municipio busca cerrar el desfasaje inflacionario

La Ordenanza N° 001 aprueba modificaciones sobre la Ordenanza General Impositiva 2026, en particular en lo referido al otorgamiento y renovación de licencias de conducir.

El punto de partida es claro: los valores vigentes habían quedado desactualizados frente a la inflación, al punto de no cubrir los costos básicos de insumos necesarios para emitir los registros. Ese argumento, explicitado en la resolución previa del Ejecutivo, funcionó como base política para avanzar con la actualización.

La nueva estructura introduce un cambio relevante: los valores pasan a expresarse en Unidades Fiscales (UF), lo que permite ajustar automáticamente las tasas sin necesidad de reformas constantes. Es una herramienta clásica en contextos de volatilidad, pero también un mecanismo que traslada al contribuyente el ritmo de actualización tributaria.

El esquema fija valores diferenciados según clase y duración de la licencia. Por ejemplo:

  • Clases A y B: desde 10 UF por un año hasta 44 UF por cinco años
  • Clases C, D y E: desde 13 UF hasta 52 UF según duración
  • Clase F: desde 6 UF hasta 28 UF

Además, incorpora dos decisiones con impacto directo en el usuario: Penalización por mora: se aplicará un recargo de 1 UF por cada mes de vencimiento al momento de renovar la licencia. Extensión de plazos: se habilita la posibilidad de obtener licencias de hasta cinco años, en línea con otros municipios de la provincia.

El Concejo también corrigió un error en la ordenanza impositiva: el valor de los letreros y avisos en general pasa de 1 UF a 10 UF por m² y por año, lo que implica un incremento significativo en términos nominales.

En conjunto, la ordenanza no solo actualiza valores: redefine el esquema de ingresos municipales vinculado a servicios administrativos y publicidad, con una lógica de convergencia hacia parámetros provinciales.

Monopatines bajo control: adhesión a normativa nacional y esquema de sanciones

La segunda decisión, plasmada en la Ordenanza N° 002, introduce un cambio en la regulación del tránsito local: Puerto Libertad adhiere a la Disposición 480/2020 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, incorporando reglas específicas para vehículos autopropulsados, en especial monopatines eléctricos.

El diagnóstico es explícito: estos vehículos ya circulan en la vía pública, alcanzan velocidades comparables a otros rodados y conviven con peatones y automotores. La ausencia de regulación, en ese contexto, incrementa los riesgos de siniestros viales.

La ordenanza no se limita a una adhesión formal. Define un régimen concreto de sanciones, con un patrón común: secuestro del vehículo y multa en UF. Entre las infracciones contempladas:

  • Conducción por menores de 16 años: 60 UF (aproximadamente $114.000)
  • Falta de casco: 40 UF (aproximadamente $76.000)
  • Circulación fuera de calles y avenidas: 40 UF (aproximadamente $76.000)
  • Exceso de velocidad (más de 30 km/h): 40 UF (aproximadamente $76.000)
  • Circular con acompañante: 40 UF (aproximadamente $76.000)
  • Falta de frenos o luces reglamentarias: 40 UF (aproximadamente $76.000)

El Ejecutivo municipal promulgó la norma el 13 de marzo de 2026, consolidando su entrada en vigencia.

En términos institucionales, el municipio se alinea con el marco nacional de seguridad vial, pero al mismo tiempo gana capacidad de control y sanción sobre un segmento de movilidad emergente.

Recaudación, control y alineamiento normativo: qué cambia en el equilibrio local

Las dos ordenanzas responden a lógicas distintas pero convergentes.

La actualización de tasas busca sostener el funcionamiento administrativo en un contexto inflacionario, evitando que los servicios municipales operen a pérdida. La adopción de UF refuerza esa estrategia, al introducir un mecanismo de ajuste permanente.

La regulación de monopatines, en cambio, apunta a ordenar el uso del espacio público y reducir riesgos viales, pero también incorpora una dimensión recaudatoria indirecta a través del sistema de multas.

En conjunto, las medidas sugieren un movimiento de consolidación institucional: más previsibilidad en ingresos y mayor capacidad de intervención sobre la circulación urbana.

Al mismo tiempo, el alineamiento con normativas provinciales y nacionales evita desfasajes regulatorios con otros municipios, una preocupación que aparece explícita en los fundamentos de la ordenanza impositiva.

Un municipio que ajusta sin reformar de fondo

Las decisiones no implican una reforma estructural del sistema tributario ni del esquema de movilidad. Son, más bien, ajustes puntuales sobre instrumentos existentes.

Sin embargo, la simultaneidad de ambas medidas permite una lectura más amplia: el municipio actúa sobre dos frentes sensibles —ingresos y control urbano— en un mismo movimiento.

Queda por ver cómo impactará en la práctica. La actualización de tasas puede mejorar la recaudación, pero también tensionar la relación con contribuyentes. La regulación de monopatines puede ordenar la circulación, aunque su eficacia dependerá de la capacidad de control real.

En las próximas semanas, el foco estará en la implementación. Porque más allá de la letra de las ordenanzas, la política municipal se juega en su ejecución cotidiana, donde las decisiones técnicas empiezan a mostrar su verdadero alcance.

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Insólito: designaron al nuevo director de Seguridad Vial, pero duró unas horas y renunció por redes sociales

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Nicolás Abelardo Dapena Fernández fue, por pocas horas, el nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La designación le llegó luego del intento del Ejecutivo de cerrar la entidad que -de momento- quedó trunco tras la presentación de un recurso de amparo. Sin embargo, el cargo le duró poco tiempo. Apenas unas horas más tarde, en inglés y a través de su cuenta de LinkedIn, el funcionario comunicó su renuncia.

El nombramiento de Dapena Fernández se efectivizó el martes 9 de septiembre a través de la publicación del decreto 641/2025 en el Boletín Oficial, que lleva las firmas de Javier Milei y de Luis Caputo. En el texto de la resolución se estableció que “a partir del 3 de septiembre de 2025”, el funcionario ocuparía “el cargo de Director Ejecutivo” de la de la entidad gubernamental que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, que depende a su vez del Ministerio de Economía.

Sin embargo, al día siguiente de que el decreto se publicase en el Boletín Oficial, Dapena Fernández publicó su renuncia. Lo hizo en inglés y a través de su cuenta de LinkedIn, una red social que habitualmente se utiliza para la búsqueda de empleos y para compartir logros y experiencias laborales.

“Estimados: desafortunadamente, debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV“, escribió en forma escueta en su muro y añadió: “Gracias por todos sus buenos deseos”.

Según su cuenta, Dapena Fernández se desempeña actualmente como abogado y consultor y realiza tareas de compliance y análisis de riesgos y perspectivas. Antes de él, el cargo de director general de la ANSV le pertenecía a Pedro Scarpinelli, quien aún figura en la web del organismo.

La designación de Dapena Fernández despertó controversias, no sólo por el corto tiempo que estuvo al frente de la ANSV, sino también porque, tras conocerse su renuncia, se difundió que había ocupado varios cargos durante los gobiernos kirchneristas.

El funcionario, según su cuenta de LinkedIn, tuvo un paso por Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2012, también fue director general de Relaciones institucionales la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante un corto período en 2013. Su último puesto había sido el de subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico entre 2014 y 2015, hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner.

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Misiones tendrá su primera sede regional de la Agencia Nacional de Seguridad en San Ignacio

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El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, firmó hoy un convenio de colaboración con el presidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; y el director del Sistema Nacional de Infracciones, Sebastián Álvarez, para crear la primera sede de ese organismo nacional en San Ignacio, que fortalecerá la seguridad vial.

Posadas. La primera sede regional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá lugar de manera permanente en la localidad de San Ignacio y será construida a metros de la nueva Terminal de Ómnibus del municipio, que se encuentra frente a Ruta Nacional 12.

Para ello, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, recibió hoy al presidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; y al director del Sistema Nacional de Infracciones, Sebastián Álvarez, con quienes firmó un convenio de colaboración que efectivizó su creación. En la oportunidad, también estuvo presente el intendente de San Ignacio, Javier Peralta.

Hasta este momento, la agencia Nacional funcionaba en una oficina “container” a modo de prueba piloto en cercanías al portal de ingreso de la localidad.

Ahora, la Provincia cedió el espacio al organismo nacional, que trabajará en conjunto con las fuerzas provinciales para mejorar la seguridad vial en rutas de Misiones.

En la ocasión, el ministro destacó la presencia de los funcionarios nacionales: “Es una idea que se venía gestando desde hace rato, instalar aquí la base operacional. Pero, que vengan acá y que no nos digan vénganse para Buenos Aires habla de una gestión muy de terreno, como nos gusta a los misioneros, cerca de la gente”.

A su vez, señaló la importancia que esta base tendrá para la sociedad al afirmar: “La seguridad vial es una preocupación de todos. Misiones, infelizmente, tiene números muy altos y todo lo que se pueda hacer es poco, en tanto y en cuanto la sociedad no acompañe. Esta es una medida más para tomar conciencia de que la forma de conducir es en muchos casos errónea, por eso se producen ciertos hechos. No es un lugar específico sino es una conducta a la hora de tomar un vehículo”.

Además, Pérez resaltó el trabajo realizado desde el municipio para lograr que San Ignacio sea la puerta de ingreso para la seguridad vial. “Antes de terminar, no quiero dejar de mencionar el gran trabajo que hicieron desde el municipio, desde el Concejo Deliberante, para que esto sea posible en pos de la seguridad vial. Gracias a todos”, enfatizó.

Por su parte, el presidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; expresó su satisfacción por este avance: “Hace muchos años que venimos escuchando como mejora la seguridad vial y la respuesta es: hace falta decisión política. En esta casa está reunido el ministro, un intendente, los representantes del pueblo de San Ignacio, las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, ¿qué es esto? Esto es decisión política, atrás de un objetivo que no es otro que salvar vidas. El de evitar que todos los años tengamos que lamentar tantas muertes inútiles”.

Finalmente el intendente de San Ignacio, Javier Peralta, destacó y calificó como “un día histórico para San Ignacio que la localidad sea la puerta de entrada a la seguridad vial de la Provincia”.

Además, resaltó el trabajo del ministro Pérez para que el “sueño se haga realidad”.

Acompañaron la actividad, la Diputada Provincial Sonia Rojas Decut; el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni; el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Pedro Duarte; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Sebastián Macías; el jefe de la Policía de la Provincia de Misiones, Carlos Merlo; y el director General de Seguridad Vial y Turismo de la Policía de la Provincia, Oscar Acuña.

Además, el responsable de la Unidad Administrativa de Control de Infracciones (UACI), Luis Sánchez; el presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Luis Di Falco; el director del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (REPAT), Omar Pupio; el coordinador General del Sistema Provincial Cepat; Juan Carlos Cuenca; el director General de Asuntos Municipales, Joaquín Cabral.

Así también, el jefe de Prefectura, zona San Ignacio, Roberto Fernández, y el ayudante de primera, Carlos Ojeda. En representación, al jefe de Gendarmería Nacional, el segundo comandante, Rudy Cardozo del escuadrón 11 San Ignacio, y el subalférez, Valentín Almirón.

Prevenir y reducir siniestros viales

Por otro lado, en la oportunidad, Pérez también firmó un convenio con el jefe de la Dirección Nacional de Vialidad Distrito Misiones, Rodolfo Handrujovicz; y el responsable Jurídico de esa dirección, Tomás Aybar, para que la Provincia adquiera los dispositivos legales de habilitación y autorización de uso de cinemómetros fijos, instalados en el Acceso Sur de Posadas, para prevenir siniestros viales en la zona de los balnearios, entre otros puntos estratégicos de la Provincia.

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