Los programas Ahora, la política anticíclica más eficaz que tuvo Misiones para sostener el consumo y apuntalar al comercio en los últimos años, atraviesan un momento de definición. Aunque todavía no hay una resolución oficial, en el Gobierno provincial se evalúa seriamente la posibilidad de no prorrogar el esquema a partir de 2026, un escenario que hasta hace pocos meses parecía impensado, pero que hoy se discute puertas adentro en función del nuevo contexto macroeconómico, fiscal y regulatorio.
La advertencia llega en un momento clave: entre octubre de 2024 y octubre de 2025, los programas Ahora generaron ventas por casi cien mil millones, con un promedio mensual de $7.791 millones, según datos oficiales. Un volumen enorme para una economía provincial que encontró en este sistema un amortiguador frente a la inflación, la caída del salario real y las tensiones de frontera. Los Ahora, diseñados en 2018 como una respuesta provincial ante la creciente inflación en el gobierno de Mauricio Macri, son el único aliado vigente del consumo, mientras que la Nación desarticuló todos los planes que incentivaban las compras en cuotas.
Sin embargo, la continuidad del programa ya no está garantizada. Según pudo saber Economis, las áreas económicas del Gobierno analizan varios escenarios para 2026, y uno de ellos -el más drástico- contempla la no continuidad de los Ahora tal como se conocen hoy.
Hay varios motivos que justifican la posible decisión: la presión fiscal creciente sobre las provincias, el nuevo marco nacional de subsidios al crédito y la necesidad de reorganizar los incentivos provinciales en un contexto de ingresos más ajustados.
Nadie lo dice públicamente, pero en el Ejecutivo provincial reconocen que “todo está sobre la mesa”. El esquema podría reformularse, achicarse o incluso discontinuarse si no se garantiza un retorno concreto para la actividad económica.
En paralelo, en el Gobierno genera malestar la actitud de algunas cámaras empresarias, particularmente la Confederación Económica de Misiones, que -según fuentes consultadas- no han defendido con firmeza la continuidad de los incentivos económicos, pese al impacto directo que tienen en el comercio formal y que muchos empresarios son beneficiarios directos.
Mientras otros sectores privados destacaron el valor de los programas como mecanismo para sostener ventas en momentos de recesión, desde la CEM la posición fue más distante, sin una estrategia clara para poner en valor los beneficios que la provincia mantiene activos. Se trata de reintegros financieros y un financiamiento directo al consumidor, en un ecosistema de herramientas diseñadas precisamente para aliviar al sector en momentos en los que el consumo cae en picada. Las ventas minoristas cayeron 4,1 por ciento en noviembre, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
La falta de respaldo de algunas cámaras empresarias, irrita al Gobierno. No porque se espere una ovación pública, sino porque el silencio equivale a dar por sentado que el programa puede caer sin costo político ni económico para nadie.
La percepción en Casa de Gobierno es clara: “Cuando más se necesita respaldo del empresariado, algunas organizaciones eligen el silencio”.
Ese gesto pesa en la discusión política. Incluso más: algunos voceros empresarios se dedicaron a cuestionar aspectos menores del programa en lugar de defender su continuidad. El mensaje político que recibió el Gobierno fue claro: “si lo mantienen, bien; si no, tampoco será un problema”.
La eventual desaparición de los AHORA tendría un impacto directo en el comercio minorista, que en 2025 enfrentó la caída del consumo nacional, la competencia desigual con Paraguay y Brasil y el encarecimiento del financiamiento.
Para muchos comerciantes, los Ahora no fueron un “beneficio”, sino una tabla de supervivencia. La posibilidad de perderlos preocupa y vuelve a exponer la fragilidad del sector en un contexto sin señales de recuperación robusta.
El Gobierno analiza números, evalúa alternativas y escucha -aunque con creciente frustración- un reclamo sectorial que no termina de ordenar su discurso.
Lo único seguro es que 2026 puede ser el año en que Misiones redefina su política comercial más emblemática. Y si los programas no continúan, el impacto será inmediato: el consumidor perderá financiamiento, el comercio perderá volumen y la provincia resignará una herramienta que durante casu una década amortiguó cada crisis.
