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La élite chilena: un ‘gran hermano’ que domina la política y la economía del país

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Por Giovanna Fleitas – La élite chilena forjó una red omnipresente en el poder político y económico, multiplicó beneficios y salió ilesa de casos de corrupción que sembraron el desencanto y la desconfianza de buena parte de la población que hoy empatiza con el estallido social que remueve Chile.
De izquierda o derecha, estudian en los mismos colegios privados y universidades, se casan entre ellos, veranean en los mismos balnearios de la costa central chilena o en los lagos del sur del país, con apellidos que se repiten en el Congreso, el gobierno y los directorios de las principales empresas.

Su desconexión con las necesidades del mundo popular aparecen como uno de los factores que hicieron detonar el estallido social, el más grande en los 30 años de democracia en Chile, que suma 20 muertos, miles de heridos, detenidos, saqueos, incendios y grandes destrozos en la infraestructura pública de las principales ciudades del país.

Desconectados y displicentes

En Chile “tenemos una gran concentración de poder económico, además una élite, tanto política como económica, que es tremendamente hermética, endogámica, porque pertenece a pocas familias interrelacionadas entre sí”, dijo a la AFP el periodista Daniel Matamala, autor del libro “Poderoso caballero: El peso del dinero en la política chilena”, que describe este fenómeno.

Apellidos como Larraín, Walker, Edwards, Zaldívar o Chadwick se repiten en décadas de la política chilena. El actual presidente, el empresario derechista Sebastián Piñera, figura entre los hombres más ricos de Chile, con una fortuna valorada por Forbes en 2.700 millones de dólares, que él mismo ha dicho subestima bastante su real patrimonio.

“Hay una desconexión tremendamente fuerte entre ellos y el resto de la ciudadanía”, acotó el escritor y periodista de CNN Chile.

La gente asiste al evento cultural “El derecho de vivir en paz” en el Parque O’Higgins de Santiago, el 27 de octubre de 2019.

La gente asiste al evento cultural “El derecho de vivir en paz” en el Parque O’Higgins de Santiago, el 27 de octubre de 2019.© AFP/Archivos Pablo VERA

Y a esa disociación se suma “una actitud muy displicente respecto de la sociedad”, agrega por su parte Claudio Fuentes, académico de la universidad Diego Portales.

Varias frases emitidas por algunos ministros de Piñera, como una que llamaba a levantarse más temprano para sortear el alza de las tarifas del metro en horarios punta, figuran como parte de los detonantes de la furia expresada en las calles por miles de manifestantes desde el 18 de octubre.

“La sensación es que ellos tienen privilegios, muchos recursos y no los reparten”, eternizando ese círculo de poder, repartiendo cargos entre familiares, socios y amigos, dice Fuentes.

Hasta el cambio de gabinete, que decretó Piñera hace 10 días para intentar acallar las protestas, dos tercios de los ministros venían de seis exclusivos colegios de Chile, según Matamala, y esa ecuación varió marginalmente con la nueva composición ministerial, en la que Piñera hizo modificaciones en ocho de los 24 ministerios, apostando por profesionales más jóvenes, varios con la misma trayectoria educativa.

Impunidad

Partidos políticos, parlamentarios, ministros y el presidente tuvieron una evaluación de confianza menor a tres puntos en una escala de 0 al 10, mientras que los empresarios apenas sumaron 3,2 puntos en el Termómetro Social de octubre, elaborado por la Universidad de Chile.

En las antípodas, instituciones como Bomberos -que son voluntarios en Chile- fueron considerados los más confiables, sumando 9,3 unidades, reflejando el diagnóstico generalizado entre los analistas sobre la actual mirada de los chilenos al mundo político: una cada vez menos confianza en la élite.

Vista del edificio dañado de uno de los sistemas de pensiones de Chile (AFP) durante una protesta contra las políticas económicas del gobierno en Santiago, el 6 de noviembre de 2019.

Vista del edificio dañado de uno de los sistemas de pensiones de Chile (AFP) durante una protesta contra las políticas económicas del gobierno en Santiago, el 6 de noviembre de 2019.© AFP CLAUDIO REYES

La “sensación generalizada de que la élite tiene muchos privilegios, inclusive en el acceso a la justicia”, dice Sofía Donoso, socióloga de la Universidad de Chile.

En esta mirada, sobrevuela “el tema de la impunidad por los escándalos de corrupción que hemos tenido en los últimos años”, que incluyen complejos esquemas de financiamiento ilegal de partidos políticas tanto de izquierda y derecha, y que han terminado en acuerdos con la Fiscalía, el cierre de los procesos sin sanción y ninguno de los acusados en la cárcel.

Los mismo ha sucedido con sonados casos de corrupción empresarial.

Los líderes del grupo económico Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, amigos personales de Piñera, fueron condenados a cursar clases de ética tras destaparse un escándalo de financiamiento ilegal de campañas políticas. Una empresa de papel higiénico que reconoció haberse coludido por años con su competencia para aumentar el valor de este insumo, acordó el pago de una multa pero ninguno de su ejecutivos pisó la cárcel.

En su libro “Poderoso Caballero”, Matamala expone que la concentración del poder económico transita muy fácil hacia el poder político. “Las normas que rigen el tránsito de la influencia de dinero en la política son bastante laxas o no se cumplen muy bien”, dice a la AFP.

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Un millón de personas piden la renuncia de Piñera en Chile

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Al cumplirse una semana de las marchas multitudinarias, disturbios, denuncias y represión por parte de las fuerzas militares, Chile hace historia aproximadamente 1 millón de personas se reúnen en Plaza Italia, en Santiago de Chile (ciudad capital). Al parecer los intentos del presidente Sebastián Piñera por detener las manifestaciones, con medidas económicas de último momento y un posible cambio de gabinete, no fueron suficientes ya que la población chilena sigue pidiendo por su renuncia.

Cerca de un millón de personas protagonizaron en Santiago la demostración más imponente desde el regreso de la democracia en Chile, hace 29 años, y ratificaron sus demandas en favor de un programa de gobierno que consagre la justicia social y acabe con las desigualdades.

La multitud colmó la emblemática Plaza Italia de la ciudad de Santiago y varias cuadras de los alrededores, sin banderas de partidos políticos y en respuesta a una convocatoria lanzada a través de las redes sociales.

La manifestación se concretó ocho días después del inicio de una rebelión popular seguida de represión que dejó 19 muertos, cientos de heridos y más de 2.000 detenidos en ocho días y que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia e imponer el toque de queda por las noches en las grandes.ciudades del país por varias jornadas consecutivas.

Las imágenes aéreas captadas por los reporteros gráficos y camarógrafos desde las alturas lucieron impactantes.

Piñera apura medidas de su “agenda social” para aplacar la rebelión de los chilenos. La iniciativa enviada al Parlamento apunta a aumentar en un 20 por ciento la llamada pensión básica solidaria que perciben unos 600.000 jubilados englobados el el 60 por ciento del sector más pobre del país y que tienen un ingreso equivalente a los 151 dólares.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió al Congreso un proyecto de ley para aumentar los ingresos de los jubilados con pensión básica, una medida prevista en la “agenda social” que inauguró con la esperanza de frenar el estallido social que sacude al país desde hace más de una semana.

La iniciativa apunta a aumentar en un 20 por ciento la llamada pensión básica solidaria que perciben unos 600.000 jubilados englobados el el 60 por ciento del sector más pobre del país y que tienen un ingreso equivalente a los 151 dólares.

Además, propuso una suba de un punto porcentual (desde el 4 hasta el 5 por ciento) de los aportes patronales al sistema de jubilaciones, una medida demandada por las fuerzas políticas de centroizquierda.

“El seguro para proteger a los adultos mayores no valentes se va a financiar con este 1 por ciento y en los próximos días vamos a enviar al Congreso nuevas protecciones sociales con cargo a este porcentaje”, dijo Piñera, citado por la agencia EFE.

También se comprometió a crear un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores que no cobren el sueldo mínimo y a aumentar los impuestos para las rentas más altas.

La Cámara de Diputados había aprobado ayer en general un proyecto para reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral.

Ante la fuerzas de las protestas, el presidente ya había retrocedido en su decisión de eliminar un subsidio a los combustibles, con su consecuente impacto en los valores de venta al público, y aceptó congelar las tarifas del servicio eléctrico.

Para desactivar el estallido, también prometió medidas para bajar los precios de los medicamentos y mejorar los sistemas de salud y educación.

En distintas ciudades de Chile continuaron hoy las protestas multitudinarias, entre ellas una con disturbios que forzó a las autoridades a evacuar la sede del Congreso, establecida en Valaparaíso.

En las puertas de la sede legislativa se reportaron enfrentamientos entre agentes de fuerzas de seguridad y manifestantes. Además, un grupo intentó derribar una verja que protegía al edificio, ante lo cual se decidió la evacuación del personal y la suspensión de las actividades.

En tanto, cientos de camiones, taxis y automóviles particulares invadieron a paso lento las autopistas que circunvalan y cruzan Santiago de Chile para participar de una caravana que convirtió en un caos el tránsito en la capital del país.

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La UIA asegura que se perdieron 54.400 empleos en el sector en un año

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La actividad industrial cayó más del 7% en agosto en comparación del mismo mes del año anterior. En las automotrices la baja fue del 37,5%

La producción industrial registró en agosto pasado una fuerte baja del 7,2% en comparación con igual período del 2018 y en un año se perdieron casi 55.000 puestos de trabajo en el sector, según el informe mensual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En comparación con julio último, la actividad manufacturera experimentó una baja del 1% y acumuló en lo que va del año un desplome del 7,5%.

Según la UIA, el rubro más afectado durante agosto fue nuevamente la actividad automotriz, con un derrumbe del 37,5% en forma interanual, mientras la mayoría de los sectores se contrajo de manera relativamente más moderada o con leves variaciones positivas.

La industria metalúrgica cayó 8,5% interanual producto de la menor actividad de la fundición, bienes de capital y de autopartes, agregó la central fabril.

“De la mano del freno de desarrollos inmobiliarios y de infraestructura, tanto privados como públicos, la producción de minerales no metálicos cayó 7,2%”, explicó la cámara empresaria.

Según el estudio, la producción de metales básicos también se contrajo 5,1% con bajas tanto en el aluminio (7,1%) como en acero crudo (4,3%) producto de la menor actividad en la construcción y en la industria automotriz, mientras que sustancias y productos químicos cayeron 2,3%, pese a una suba del 3% del sector químico y petroquímico.

Por el contrario, los sectores que amortiguaron la caída fueron la producción de alimentos y bebidas (3,9%) traccionada de nuevo por la molienda de oleaginosas, que se expandió 36,7% interanual, la industria textil (1,4%) resultado en gran medida de la mayor actividad en la preparación de fibras.

En cuanto al comercio exterior, en julio las ventas externas de manufacturas de origen industrial (MOI) cayeron 8,0% debido a las menores cantidades exportadas.

En el plano laboral, el empleo registrado en la industria se mantuvo prácticamente estable (con una baja del 0,05%) en julio con respecto a junio en la medición desestacionalizada (513 puestos de trabajo). En términos interanuales, la industria registró en julio 54.465 trabajadores formales menos (4,7%).

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Vuelo propio

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En Davos, donde no hubo molestas repreguntas, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió que la economía cayó dos por ciento durante 2018 y que habrá una nueva contracción de al menos medio punto en 2019. Los datos de la actividad económica asustan, aunque todavía no se conocen los definitivos. En noviembre la actividad retrocedió 7,5 por ciento interanual y las actividades vinculadas al consumo sufrieron el peor revés. El comercio tuvo una caída del 17 por ciento, la industria 12,6 y la construcción completó el podio derrotero con 11,4 por ciento.
De los quince sectores que comprenden el índice sólo se “salvaron” el campo (+1,9%), Enseñanza y Servicios (sociales, salud, luz, gas y agua). Las perspectivas no son demasiado alentadores. La consultora Orlando Ferreres ya emitió el dato de diciembre y muestra caída de 6, 4% y de 2,1 en el 2018. En noviembre, había marcado una caída de 6,5, un punto por debajo de lo que reconoció el Indec. 

 “Para encontrar un dato tan negativo, tendríamos que remontarnos a junio de 2009 cuando la caída anual fue de 8 por ciento”, explica el economista Alejandro Rodríguez. En ese entonces, la economía global tambaleaba por la crisis de las hipotecas de Estados Unidos. Ahora el presidente Mauricio Macri no tiene excusas fuera de las fronteras.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, que puso la plata para sostener esta política económica, está satisfecho: Christine Lagarde felicitó a Dujovne por “la sólida implementación del plan de estabilización”. Ni crecimiento, ni desarrollo.  Apenas estabilización, a un precio elevadísimo. Un plan que disparó la pobreza a lo más alto de la década y el desempleo que acaricia los dos dígitos.
“Quisiera reiterar el firme apoyo del FMI a la Argentina y al plan de reforma económica de las autoridades”, dijo la buena de Christine. Pero por las dudas, el FMI pone el foco en “la incertidumbre relacionada con las elecciones en Argentina”.
En Punta del Este, Uruguay, el economista Carlos Melconian, simpatizante de la alianza Cambiemos, brindó un lapidario informe sobre la economía en la era Macri. Sin poder suavizar los datos ante la JP Morgan, Melconian describió que el “balance económico del cuatrienio 2016-2019” obtuvo “peores resultados” que el último “cuatrienio de Cristina Fernández”.
Y enumera: el acumulado de la variación del PBI entre 2012 y 2015 da una suba de 1,5%. Bajo el mandato de Cambiemos, el mismo índice exhibirá una caída de 3%.
Lo mismo con la inflación: los últimos cuatro años de Cristina dejaron un acumulado de 182%, mientras que Macri cerrará su primer mandato con 211 por ciento si se cumple el pronóstico de aumentos para este año, aunque el Banco Central ahora se niega a hacer proyecciones para evitar nuevos papelones.
El presidente del Central, Guido Sandleris se excusó: “La inflación de un dígito no se puede lograr en un año”, afirmó como si su gestión estuviera escindida de los últimos tres años.
El joven funcionario reconoció que la inflación de 47,6% en 2018 “fue muy alta”.
Pero en pleno año electoral, el Gobierno no parece molestarse en tomar medidas que aplaquen las subas. Por el contrario, no disimula los aumentos que dependen del propio Estado, como el nuevo aumento de 300 por ciento en la energía mayorista, regalo de despedida de Javier Iguacel a las distribuidoras.
Ese aumento se aplicará desde febrero y tendrá un impacto del 25 por ciento en la tarifa del usuario. No será el único: las tarifas ya tienen subas programadas para mayo y agosto.
Este aumento de febrero significará que Misiones por igual consumo debería abonar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico entre 150 y 170 millones de pesos más. Aún así lo que más impacta en la boleta de los usuarios es la quita de los beneficios por parte del Gobierno nacional en diciembre pasado. En este contexto, cobra mayor relevancia la victoria conseguida al cobrar regalías de Yacyretá en energía, que no se desvaloriza y permite decidir qué hacer con el ahorro apareado.
En el caso de Misiones el gobernador Hugo Passalacqua decidió volver a usar recursos propios para aliviar al usuario, lo mismo que sucedió con el aumento de diciembre, que coincidió con otros tarifazos, como la quita de subsidios al transporte, que hizo disparar el precio del boleto. Sin el aporte provincial, los bolsillos no aguantarían.
La decisión de la Provincia de sostener parte de los beneficios de la Tarifa Social, eliminados por Nación, mitigará el aumento en las boletas de energía a pagarse en febrero.
Por la decisión de la Nación, las boletas de energía de enero tendrían un recargo de cerca del 300 por ciento. Con un impacto mucho mayor en los sectores residenciales de menor consumo. Por ello la Provincia decidió hacer un aporte extraordinario para preservar a los sectores de más bajos recursos. Aún así por los aumentos programados para este año las boletas viene con incrementos de hasta un 100 por ciento.
Para graficar esto si un usuario que venía pagando 200 pesos por el consumo de 300 kWh, en febrero debería abonar cerca de 900 pesos por el mismo consumo con la “tarifa plana”. Sin embargo gracias a la decisión de la Provincia solamente deberá abonar unos 500 pesos.
Esta medida tendrá un costo anual para el erario misionero de 600 millones de pesos y abarca a un universo de beneficiarios actuales con consumos de hasta 500 kilovatios.
El lunes pasado la Provincia pagó 45,5 millones a las empresas de transporte en concepto del subsidio provincial previsto para cubrir el 50 por ciento del subsidio recibido en 2018 antes del abandono de la Nación que hasta ahora no giró un solo peso para cubrir su parte, lo que mantiene en estado de alerta a los empresarios del sector. Ahora trascendió que también se hará cargo del subsidio interzafra que cobraban los tareferos. La Nación sencillamente decidió no girar el dinero.
En el resto de las provincias no abundan políticas de contención semejantes. “Creo que gran mérito es del Gobernador que se anticipa a los problemas. Se los tiramos y enseguida nos habilita a buscar soluciones de antemano”, confió un ministro del Gabinete de Passalacqua.
¿Cómo pretende la alianza Cambiemos encarar el año electoral con tanto descontento en el bolsillo de los argentinos? Macri se muestra decidido a reafirmarse en su piso de votantes y apela a seducir al antiperonismo-antikirchnerismo, que podría ratificarlo solo para evitar un regreso anticipado.
El decreto de “necesidad y urgencia” de “extinción de dominio para recuperar los bienes del narcotráfico y la corrupción” es un regalo a sus votantes que no superaría ningún examen jurídico, aunque sean buenas las intenciones de recuperar más rápido los bienes obtenidos por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y trata de personas. Pero el Gobierno sabe que no podrá ser aplicado sin el aval del Congreso, aunque sirve para apurar un debate de campaña.
Macri repite que es el “único camino” y aprovecha cualquier circunstancia para diferenciarse del “populismo”. La crisis de Venezuela le viene como anillo al dedo. Nicolás Maduro es el tirano a destronar de acuerdo a un guión que se escribe en Washington, al que también se sumó el Brasil de Jair Bolsonaro. Pero si a Macri le sirve como argumento cohesionador, sorprende el alineamiento sin reservas de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey o Miguel Ángel Pichetto. El consenso de Washington ya no necesita de los militares para imponerse. La política está bien dispuesta a cumplir sus dictados, aunque se muerda la cola. El doble comando aplaudido en Venezuela es sencillamente un golpe. Golpe blando, como el de Paraguay con Fernando Lugo, golpe blando como el que desplazó a Dilma Rousseff en Brasil. Golpe en fin, disfrazado de corrección política. Aceptar como el único camino semejante injerencia en asuntos internos de otros países es despreciar los principios básicos de la democracia.
Maduro, a esta altura, sirve más reteniendo el poder que fuera de él. A los efectos, es lo mismo que la amenazadora presencia de Cristina Fernández en las principales encuestas. Sirve como espejo en el que reflejarse.
La medición de enero de la consultora Poliarquía, registra caídas en los indicadores de apoyo al Gobierno nacional, como así también aquellos que miden la situación del país. La aprobación de la gestión de Macri cayó del 39 al 34 por ciento y vuelve a ubicarse cerca de los mínimos de la administración Cambiemos. “Con ese descenso, Macri pierde cinco de los siete puntos que había recuperado en diciembre”, puntualiza el informe.
“Entre los dirigentes opositores, Cristina Kirchner continúa mejorando, lenta pero consistentemente, su imagen favorable. Este mes subió medio punto y alcanza al 35 por ciento y atraviesa el punto de mayor popularidad desde que dejó el Gobierno”, agrega. Pese a ello, conserva una imagen negativa del 50 por ciento.
Otro estudio, realizado por la consultora de Estudios Sociales, Políticos y Territoriales, sólo en provincia de Buenos Aires, revela que el 63 por ciento de los encuestados no confía en que el Gobierno pueda resolver los problemas económicos y el 64,3 por ciento califica como mala o muy mala a la gestión presidencial. El 63,5 por ciento cree que las decisiones que toma el Presidente, “perjudican su situación personal”.
En el territorio bonaerense, la imagen positiva de María Eugenia Vidal alcanza a 26,4 por ciento, apenas por encima del 25,4 que tiene una muy mala percepción. Pero desempata la mala imagen. Otro 21,2 en contra de la gobernadora. En cambio, Cristina tiene 38,1 de imagen buena o muy buena y 49,2 de mala o muy mala.

En un año que tendrá por lo menos a diez provincias en elecciones antes de octubre, Misiones aparece en el tablero de la Nación como una de las “muy difíciles” para obtener un triunfo, en un mapa en el que el color amarillo no predomina.
La equilibrada equidistancia, pese a la garantía de gobernabilidad dada a la Nación, permite a la Renovación tener vuelo político propio y desmarcarse del rumbo económico con la impronta misionerista, que encuentra soluciones a los problemas sin pedir auxilios desesperados ni atinar al endeudamiento, salida fácil.
Passalacqua, quien estuvo junto al ministro de Turismo, José María Arrúa en Madrid presentado en la Feria Internacional de Turismo el vuelo que unirá a Iguazú con la capital española, pidió a cada miembro del gabinete salir a trabajar cara a cara.
El propio Gobernador mantiene una agenda intensa, junto a Oscar Herrera Ahuad, secundados por el entusiasmo de los ministros Marcelo Pérez, Lisandro Benmaor, Rafael Morgestern, Juan Manuel Díaz, Ivonne Aquino o jóvenes como Lucas Romero Spinelli, entre otros, figuras del Gabinete que fueron convocados por sus conocimientos y ahora se prueban en la arena política, custodiados por una Legislatura que marca el norte.
La irrupción en el debate electoral del plan de Nación para transformar a Misiones en una cuenca productora de maíz con unas 250 mil hectáreas sembradas, marcó un punto de inflexión en el que nadie podrá hacerse el distraído. Es un debate hasta ahora dominado por organizaciones sociales y ambientales sin ataduras con partidos políticos y que, por eso mismo, los interpelan. Es fundacional, a la misma altura que las discusiones por la energía hidroeléctrica que vuelven a estar en la agenda.
En el Gobierno las voces vinculadas a la agricultura ya salieron a marcar distancia y el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, aclaró que hace falta mucha más información del programa planteado por Agricultura Familiar de la Nación, como para admitir su discusión dentro de la provincia, por el uso de los agrotóxicos que trae aparejado.
El proyecto presentado por Jerónimo Lagier encuentra pocos defensores incluso en Cambiemos, donde optaron por el silencio. En cambio, el peronismo se manifestó en contra y en la Legislatura presentó una iniciativa para frenar la iniciativa -firmada también por Héctor Escobar-.
Pero es en las chacras donde más ruido hizo. “Se pone interesante , tal vez mi aporte no modifique actitudes ni formas de pensar: Pero si queremos una producción agropecuaria insumo dependiente y usar a la tierra como un sustrato casi (hidroponía) ya sabemos qué hacer. Claro, es otra actitud  producir con un suelo vivo en este clima y ambiente especial y único en Argentina donde producimos alimentos que nutren a los seres vivos empezando por el suelo, los vegetales y los animales. Esto dará mucha mano de obra digna, todos formados, casi especialistas, con exportación sin aranceles. Todo depende de una política de Estado. Cambiará la motivación de muchos. Tecnología no nos falta”, indicó un histórico productor del norte misionero.
Ahora ¿en Santa Catarina -modelo a seguir según el plan de la Nación. están todos contentos? Esto escribió un productor del otro lado de la frontera al leer la columna Milho Quente publicada la semana pasada: “Aqui no Brasil a ganância humana está ultrapassando os limites da sensatez, pois estão matando a biodiversidade brasileira por dinheiro-”.
La ministra de Agricultura de Bolsonaro, Tereza Cristina, es conocida popularmente como “musa do veneno” por ser adepta al plantío con agrotóxicos.
Cuarenta nuevos productos comerciales con agrotóxicos recibieron permiso para llegar al mercado en los próximos días. El Ministerio de Agricultura publicó en el Diario Oficial de la Unión de Brasil del 10 de enero el registro de 28 agrotóxicos y principios activos. Entre ellos un adictivo inédito, el Sulfoxaflor, que ya causa polémica en Estados Unidos por la muerte de abejas.
De los 28 productos, uno es considerado extremadamente tóxico, el Metomil, ingrediente activo usado en agrotóxicos para algodón, papa, soja y maíz. Cuatro fueron calificadas como altamente tóxicos, catorce “muito perigosos” para el medioambiente y doce considerados “perigosos”.

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Presupuesto nacional: Misiones recibirá 25,8 por ciento más, pero es la segunda más relegada en recursos por habitante

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El Presupuesto nacional para 2018 proyecta para Misiones un aumento del 25,8% en recursos, con un total de total de 41.159.830.341 pesos, contra 32.717.884.753 del 2017. Sin embargo, Misiones es una de las provincias más castigadas en el reparto de la torta federal, ya que se le asigna apenas el 1,42 por ciento del total y es la segunda provincia más relegada en cuanto a distribución por habitante, con 33.377 pesos, apenas por encima de Chaco. 

El 25% del gasto no tiene una asignación provincial específica. Del resto, más del 40% del gasto presupuestario se concentra en Buenos Aires (22%) y en CABA (20%). Luego aparecen Córdoba (4,5%) y Santa Fe (4,3%). Hay 12 provincias argentinas (la mitad de jurisdicciones) a las que tomadas en conjunto se asigna menos del 10% del gasto.

Sin embargo, considerar solamente la asignación del gasto agregado no permite establecer una medida relativa relevante, ya que las provincias en nuestro país presentan una marcada heterogeneidad en cuanto a la población.

El ordenamiento del gasto por habitante muestra que en CABA se asignan gran parte de los gastos del nivel nacional del gobierno, cuestión lógica por constituir la capital del país donde funcionan la mayoría de las dependencias federales. Así, el gasto por habitante promedio en Argentina ($65.276) resulta alto para establecer comparaciones. Puede resultar más esclarecedor calcular el gasto por habitante promedio excluyendo a CABA ($38.274). Provincias que figuran entre las últimas en el listado de participación en el gasto total, como Tierra del Fuego o Santa Cruz, ubican ahora como las más favorecidas considerando el gasto por habitante de dichas regiones. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba quedan en este indicador por debajo del promedio.

Las obras para Misiones

En el proyecto que se debate en el recinto, los diputados nacionales misioneros lograron colar varias obras de relevancia, como la inclusión de la financiación para un puente entre la provincia y Brasil, sobre el río Uruguay y el asfaltado de la ruta provincial 3. También se incluye la pavimentación de la ruta provincial 8 entre Campo Grande y Jardín América y planes de viviendas de madera por 111 millones de pesos, llamativamente, la menor partida entre varias provincias para hogares de este tipo. En el detalle también aparecen obras cloacales y redes de agua en varios municipios, además del acueducto troncal de Oberá. En materia energética, aparecen el financiamiento para la línea 132 kv entre San Isidro, Alem y Oberá. Finalmente, hay una partida de diez millones de pesos para la Universidad del Alto Uruguay. 

 

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