Nueva pulseada: Nación quiere eliminar impuestos provinciales

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El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, prepara un proyecto de reforma tributaria que atacaría esencialmente a dos impuestos que considera “distorsivos”: los que se aplican sobre Ingresos Brutos y sobre los débitos y créditos bancarios, más conocido como éste último como impuesto al cheque. El objetivo del funcionario es eliminarlos pero reemplazarlos por otros que tengan un impacto menos nocivo en la economía.

El equipo de Dujovne presiona a las provincias con un acuerdo para eliminar Ingresos Brutos, al que consideran “el más distorsivo” de los impuestos en revisión. No es un tema sencillo, porque se estima que este tributo implica el 80% de la recaudación de los Estado provinciales.

La primera respuesta firme en contra del embate sobre Ingresos Brutos llegó desde Misiones. El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, al igual que el Gobernador, sostuvo que Misiones va a defender el esquema tributario provincial “que es de vanguardia en materia económica”.

“Nada reemplaza los impuestos para atender todas estas finalidades, más aún en época de vacas flacas. El Boleto Estudiantil Gratuito de Misiones es el principal sostén del presentismo del alumno y significa más del 30 por ciento de los recursos de una familia humilde, que los provee el Estado provincial”, consideró.

No fue el único mensaje críptico. Fiel a su pensamiento, Rovira cuestionó severamente el endeudamiento como forma de financiamiento. 

“Celebro la defensa de Pasasalacqua de los recursos provinciales, que lo hace con uñas y dientes, sin gritar. En el pensamiento liberal, es incómodo algunas realidades provincials. Pero en economìa, se hace frente con recursos propios o te endeudás, que es inmensamente peor. Cubrir las necesidades del Estado tomando plata prestada, es de muy corto plazo y un problema grave. Aparte es indebido, porque el verdadero progreso es con recursos propios. El esfuerzo fiscal de Misiones es para cumplir con esto”, aseveró.

Según trascendió, el Gobierno de Mauricio Macri tiene decidido bajar la presión o directamente eliminar, el que quizá sea el impuesto más distorsivo del sistema tributario argentino. La jefatura de Gabinete de Marcos Peña ya dio el aval para que se avance en dirección a terminar con el tributo a los Débitos y Créditos Bancarios, que grava las operaciones de transferencias financieras y encarece las operaciones bancarias, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas y contribuyentes. Terminar con el impuesto al cheque es además una de las muchas promesas de campaña de Mauricio Macri, que quiere tener el anuncio definido antes de las elecciones legislativas de octubre de este año. Para avanzar en la reducción de la presión o en el fin del impuesto al cheque, el Gobierno debe elegir entre dos opciones sobre las que está trabajando el Ministerio de Hacienda: o impulsarlo dentro de la reforma impositiva integral que está preparando el Ejecutivo para enviar al Congreso Nacional antes de diciembre, o avanzar en cambios puntuales en el tributo, más allá que se concrete el proyecto global de modificaciones en el sistema tributario argentino. Desde el Gobierno se buscaría esta segunda opción. El problema es que se necesitaría impulsar nuevos ingresos para el Estado nacional, que reemplacen la recaudación anual del impuesto al cheque.

En términos de ingresos, no será fácil encontrarle un reemplazo al dinero que el sector público obtiene cada mes por este tributo. El año pasado, por esta vía, según anunció en enero pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se obtuvieron unos $131.669 millones con un aumento del 35% en forma interanual (más que el 27% anual de la recaudación total), con un promedio mensual de 10.970 millones. Este año el dinero obtenido es aún mejor, con unos 13.059 millones de pesos en enero y unos 12.722 millones en febrero. Se trata además de un impuesto de recaudación fácil y diaria y que crece al ritmo de la recuperación del sistema financiero argentino que, se supone, tendrá un movimiento cada vez más importante en los próximos tiempos si se consigue, según piensa el oficialismo, la reactivación de la economía y real y el acompañamiento de los bancos.

El Gobierno está convencido de que se trata de un impuesto ampliamente distorsivo y negativo para las pautas de crecimiento, además de estar históricamente atado con los años de mayor presión tributaria sobre los privados. El Gobierno quiere que la solución a este problema de ingresos se estudie en conjunto con el sistema financiero, y que en el momento de cerrar un acuerdo con los bancos este sea transmitido a la clase política para que no haya problemas en ser aprobado por el Congreso Nacional. La idea es siempre que la solución a la pérdida de recaudación se encuentre antes de fin de año para anticipar el proyecto a las elecciones legislativas de octubre. A diferencia de otros impuestos, no hay problema de aplicar una mejora en este tributo, ya que no es de facturación anual sino mensual. Esto implica que una vez aprobada su modificación en el Congreso, la mejora se podría aplicar automáticamente una vez reglamentada la nueva norma desde el organismo que maneja Alberto Abad.

Por ahora se estudian dos alternativas para la eliminación o disminución del impuesto al cheque. Una es implementar una resolución que permita tomar a cuenta de otros impuestos el tributo. Se piensa en Ganancias o Bienes Personales en el caso de los trabajadores autónomos; o en algún pago a cuenta por parte de los monotributistas. Sería la alternativa que menos costaría para el Gobierno, y que, en algunos casos, incluso ayudaría a blanquear la economía ya que para poder descontar el tributo este debería pasar por el sistema financiero para luego tomarse como pago a cuenta. Como consecuencia, sólo los trabajadores, pyme y medianas y grandes empresas bancarizadas podrían utilizar el beneficio. Sin embargo tendría alcances limitados para el resto de los contribuyentes.

La otra alternativa que se estudia es aplicar algún tipo de impuesto a las tenencias financieras, incluyendo los depósitos en efectivo en pesos o las tenencias a plazos. Esta alternativa está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne con algunos bancos con los que ya se reunió en enero pasado. Las entidades propusieron como primer ensayo de trabajo avanzar sobre la necesidad de bancarizar al máximo los pesos circulando fuera del sistema y que se trasladan en efectivo por el público para evitar el impuesto al cheque, para luego aplicar un tributo de menor presión que el impuesto al cheque pero para los depósitos. El cálculo que hacen las entidades financieras es que en el volumen general de dinero en pesos que se maneja en los bancos locales un porcentaje de no más del 0,5% del total serviría para compensar las pérdidas de recaudaciones del impuesto al cheque. Hoy el tributo tiene un costo del 1,2%, con lo que se reduciría a la mitad.

La historia del impuesto es conocida. Fue creado por Domingo Cavallo en agosto de 2001 como rápida, fácil y diaria recaudación y como prenda a las presiones del FMI para garantizar ingresos públicos y evitar el default. La idea en esos tiempos era que su vigencia se extendiera no más allá de seis meses. O, como máximo, un año. Sin embargo aún está con nosotros, casi 15 años y medio después.

 
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Dujovne ratificó el ajuste: “No queremos hacer populismo en un año electoral”

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El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo esta mañana que el plan económico trazado por el Gobierno Nacional busca construir un país que pueda crecer de manera sostenida. En declaraciones al programa Majul 910, que se emite por Radio La Red, el titular del Palacio de Hacienda subrayó que “una economía sana no debe distinguir si estamos en un año eleccionario o no”.    

 Dujovne resaltó que el Gobierno de Mauricio Macri busca “construir un país que pueda crecer sostenidamente en el tiempo, no durante un año, sino durante 10 años” y que “no podemos ni queremos hacer populismo en un año electoral”.  

 

El ministro explicó también que el crecimiento de la economía se enmarca en un  “esquema en el que se está logrando que baje la inflación, controlando el déficit, creando empleo y donde los salarios empiezan a recuperar poder adquisitivo. Se están generando las condiciones para que el sector privado pueda invertir, exportar y ese esquema es el adecuado para generar los resultados que queremos para la Argentina”.

 

“Comprendemos la ansiedad, pero estamos convencidos de que el rumbo elegido es el necesario. Y tenemos que entender en dónde estaríamos si no hubiéramos adoptado las medidas que adoptamos: la pobreza sería del 80% como es hoy en Venezuela. Ese rumbo es gradual, pero los resultados los estamos viendo y tenemos que perseverar”, subrayó Dujovne. 

 

Por su parte, el Secretario de Política Económica, Sebastián Galiani,  afirmó esta mañana que “la economía salió de la recesión” y que “hay un proceso de mayor inversión y mayor obra pública”. En declaraciones a Radio Nacional, Galiani subrayó que si bien “en la economía hay una heterogeneidad de situaciones, lo que estamos viendo es que el empleo está creciendo. En enero se crearon 20.000 puestos, en el segundo semestre entre 70.000 y 80.000”, detalló. 

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La negación como estrategia

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¿Qué trajo la desubicada esta?, preguntó, sonriente, Mauricio Macri en medio de los aplausos del final.

“Es de Misiones. Yerba”. Contestó Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados sin saber que el micrófono estaba prendido.  

Sobre el final, un pequeño desliz durante la Asamblea Legislativa, se convirtió en un dato político. La desubicada es la diputada misionera Cristina Britez y lo que le entregó al Presidente fue un paquete de medio kilo de yerba, como el que afuera regalaban los productores misioneros para hacer visible su protesta por los bajos precios que reciben.

Macri no pareció estar enterado del reclamo y exhibió el paquete como un trofeo para las fotos. No era un regalo. Era una señal de protesta.  Pero el discurso estuvo blindado a cualquier mención de reclamos o alertas por los daños colaterales de un modelo económico que fue ratificado insistentemente.

El Presidente volvió a usar la retórica electoral para sostener sus acciones de Gobierno. Puso en evidencia que en las urnas se pone en juego la continuidad del cambio o el regreso del pasado. Es él o Cristina. Una polarización sin matices y que en esa lectura, no admite jugadores intermedios.

El problema es que se trató ya del segundo discurso ante la Asamblea –el tercero sumando el día de su asunción- y todavía no pudo exhibir señales de un cambio positivo. La mayoría de los indicadores sociales y económicos retrocedieron sensiblemente, en forma inversamente proporcional a los “errores” del Gobierno.  Abundaron, sin embargo, las menciones optimistas. A futuro. En potencial. Ya vamos a llegar.

Menciones de datos sueltos para graficar un todo que no es –nunca lo es- lineal. “Con las obras que hicimos en el aeropuerto de Tucumán la exportación de arándanos creció un 58 por ciento”, leyó, exultante, el Presidente. El l Comité Argentino de Arándanos puso un poco de claridad.  Ese 58 por ciento no es representativo de lo que sucede en el sector. Entre 2015 y 2016 hubo un incremento del 15 por ciento en los volúmenes exportados, pero fue el peor año del producto por los precios en destino y la disparada de los costos de producción.

En realidad, aunque fue una promesa de campaña, no hay economía regional a la que le esté yendo particularmente bien. La combinación de dólar bajo y suba de tarifas ha socavado la posibilidad de competir en el exterior y el consumo interno sigue estando en terapia intensiva, aunque en febrero haya mostrado que mantiene signos vitales. La recaudación del IVA creció por encima de la inflación.

La economía regional misionera, por caso, está en problemas. La yerba mate padece de bajos precios y caída del consumo. La forestoindustria no puede exportar y teme el impacto de una mayor apertura de las importaciones.

En Corrientes, una textil adelanta las vacaciones de enero de 2018 y ya advirtió a sus empleados que no habrá aumentos de salarios. Congelados. La Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (Feciba), en base a datos oficiales, se perdieron en el sector un total de 151.433 puesto de trabajo durante el primer bimestre de este año.

Mientras el país no puede exportar, crece el déficit de balanza comercial por los productos que ingresan de otros países. Como sostiene el ministro de Producción Francisco Cabrera, no se trata de una “avalancha” de importados. Pero la balanza está muy inclinada.

La dinámica del comercio bilateral confirmó las dos tendencias claras de los últimos meses: un aumento interanual en el comercio bilateral, con incrementos tanto de las exportaciones como de las importaciones, y un creciente déficit bilateral.

Así, el comercio bilateral sumó USD 1.908 millones, un 12,8% más que durante el mismo mes del año pasado y el mayor registro para un mes de febrero desde Feb-2014. De esta manera, el comercio bilateral marcó el cuarto mes consecutivo de aumentos interanuales, con el agregado de que el alza se dio tanto en las exportaciones argentinas a Brasil como en las importaciones de Argentina desde Brasil.

Por su parte, las importaciones argentinas desde Brasil crecieron 18,3% durante febrero con respecto al mismo mes de 2016, alcanzando un valor de compras de USD 1.271 millones. En base a estos resultados, el saldo comercial volvió a reflejar un aumento del déficit bilateral, alcanzando USD 634 millones en el mes; el mayor déficit en un mes de febrero desde Feb-2012 

Macri y su equipo económico tienen para celebrar sí una caída en el ritmo de la inflación. Pero esa meta, que este año es aún más ambiciosa, choca con las propias acciones del Gobierno. Los tarifazos conspiran contra los precios bajos y la apuesta al consumo en un año electoral, empujará los precios hacia arriba. Una encrucijada difícil de resolver.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mira el vaso medio lleno y asegura que la recesión ha terminado. “Hay que tener una mirada amplia sobre la competitividad y, en ese contexto, la foto que tenemos hoy es mucho mejor que la que teníamos hace un año y medio atrás”, señaló desde Mendoza. Pero al mismo tiempo prometió un mayor ajuste en las cuentas públicas como herramienta para bajar la inflación. “Ustedes saben que las provincias están alcanzadas por una ley de responsabilidad fiscal que fue sancionada hace muchísimos años, estaba suspendida y cobró vigencia de nuevo en el presupuesto del año 2017, pero es una ley  que a nosotros no nos deja conforme porque tiene techos al crecimiento del gasto demasiado elevados y permite que el gasto vaya con el PBI nominal, con lo cual no baja nunca en términos de producto y entonces no se pueden bajar impuestos, no se puede bajar la presión impositiva”, sostuvo.

Además, agregó que están trabajando en el Consejo de Responsabilidad Fiscal junto con el Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, y los ministros de Hacienda provinciales para adaptar esa ley a criterios más restrictivos en los cuales el gasto corriente pueda mantenerse en términos reales; y crecer el gasto de capital. 

Por eso se entiende el choque con los gremios estatales que reclaman subas salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo del año pasado, cuando la inflación fue superior al 40 por ciento. El Gobierno se ajusta a una pauta inflacionaria para este año, estimada en 17 por ciento, pero de muy difícil cumplimiento según la mirada de analistas privados y de diverso color político.

“No obstante, la “sensación térmica” de la reactivación puede no coincidir con los datos objetivos, debido a que este rebote convive con los cambios estructurales que intenta el gobierno, por los cuales se retiran subsidios de las tarifas, se sincera el costo del dinero y se admite algo más de competencia en los mercados. El problema está en que, sin esos “ruidos” que alteran el corto plazo, quedaría trunca la transición hacia un crecimiento sustentable más adelante”, asegura Jorge Vasconcelos, uno de los economistas estrella de la Fundación Mediterránea a la que no se puede acusar de opositora y que incluso ha colocado a varios de sus hombres en las filas del Gobierno.

Ajuste con necesidades electorales. Un contraste a la vista. Por eso, la apelación de nosotros o el pasado, no es casual.

Es el llamado al núcleo duro de los simpatizantes del Gobierno a sostener el rumbo. Es la convocatoria a “voluntarios” para que cubran las vacantes de los docentes en huelga. Es la demonización de los dirigentes que convocan al paro desde la CGT.

Sin embargo, el tiempo de romance parece haberse terminado. El propio Presidente tocó la campana de largada del tiempo político electoral. Los aliados circunstanciales comienzan a ver ahora sus propias necesidades y advierten que seguir siendo laderos puede generar daños permanentes en sus propias ambiciones.

Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. El conflicto no es buen compañero para el último tramo hacia las urnas.

Macri parece no poder evitar el choque con docentes y la CGT. En las provincias, los gobernadores buscan desactivar conflictos antes de que estallen.

El mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá rompió el esquema con aumentos salariales que van del 40 al 60 por ciento de acuerdo a las categorías. Lo hace para diferenciarse, pero también porque puede. Es una provincia relativamente chica con buena coparticipación y regalías por la minería. Cuenta con recursos suficientes y evidentemente, una buena administración.

En Misiones, la oferta salarial está adecuada al contexto. Pese a ser una de las provincias menos beneficiadas en el reparto de coparticipación, el Gobierno acordó una suba salarial del 18 por ciento en blanco –al básico y con adicionales remunerativos-. Los principales gremios aceptaron la oferta y con los docentes, el jueves seguirán las negociaciones, atadas a lo que suceda en el ámbito nacional.

En Misiones la mesa paritaria sigue abierta con el compromiso de revisar los acuerdos en noviembre, dependiendo de lo que suceda con la inflación.

De este modo, aunque todavía quedan algunos gremios por formalizar, la masa salarial del Estado aumentará en más de 150 millones de pesos por mes. El incremento a los docentes significará una erogación mensual de más de 66 millones de pesos más, mientras que el resto de los estatales demandará otros 85 millones de pesos.

Hay responsabilidad en la oferta y en la actitud de los gremialistas. La buena salud de las cuentas públicas es primordial para preservar la economía y la acción del Estado.

Cuando la desmesura se apodera del Estado, las consecuencias son peligrosas. El paro de los municipales de Posadas es un dato de esa realidad. Los sindicalistas arrancaron con un pedido de aumento del 60 por ciento y obviamente rechazaron la oferta del 15 por ciento. La basura se acumuló por varias horas en la ciudad, con olores nauseabundos y la negativa del sindicato a negociar.

La demanda salarial puede ser legítima. Pero debe tener en cuenta el escenario. Posadas es la capital de Provincia con menos coparticipación por habitante del país. En general, en el resto de las ciudades la coparticipación forma parte del 60 por ciento de los ingresos del municipio. En la capital misionera es solamente del 35 por ciento.

Las cuentas de la Municipalidad de Posadas están agotadas, por una combinación de recesión y asimetrías con Paraguay. El presupuesto está casi destinado a pagar sueldos y el Concejo Deliberante demanda una enorme e injustificada cantidad de recursos. El promedio del gasto en el Concejo Deliberante en cualquier ciudad de Argentina es de aproximadamente el  3 por ciento.

“Acá en Posadas este cuerpo le demanda al municipio un 27 por ciento, es decir, está casi diez veces por encima del promedio de todo el país. Para que tomen dimensión de lo que hablo, este Concejo gasta más que los de Corrientes, Paraná y Santa Fe juntos, con una población inferior”, reveló el intendente Joaquín Losada en la apertura de sesiones del Concejo.

Entre el 2015 y el 2016, el legislativo incrementó sus gastos en un 50 por ciento mientras que el municipio, con los servicios que brinda, lo hizo en un 22 por ciento. Del presupuesto total de la ciudad  un 80 por ciento  está destinado a salarios, y el Concejo gasta un tercio del total de dicha masa salarial. Está claro que si no se corrige esta situación, cualquier demanda salarial será inviable.  Si no hay reactivación económica, no habrá recurso que alcance. Pero cuando lo haya, habrá que pensar con racionalidad.

La premisa del Gobierno sigue siendo fortalecer el misionerismo. El gobernador Hugo Passalacqua dio una señal clara en medio del conflicto yerbatero por los bajos precios. Tomó la idea del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, y sugirió que el precio de la hoja verde sea fijado en 50 centavos de dólar. No es apenas elevar el precio, como reclaman los productores, sino generar un enorme efecto derrame en la economía de Misiones. Si se toman los kilos de cosecha a diciembre del año pasado, los productores podrían recibir en forma directa 1.959 millones de pesos más, pasando de 3.607.063.036,2 pesos a  5.566.193.351,94  pesos.

Claro, no es la solución definitiva para la problemática yerbatera, que necesita reformas de fondo en las que debe incidir mucho más fuerte la opinión de los misioneros, donde se produce el 90 por ciento de la yerba mate de la Argentina. Pero un volumen de dinero semejante, aparejado a la pulseada por recibir mayores recursos de coparticipación, pueden tener un enorme efecto dinamizador en la economía de Misiones.

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Macri cruzó a la CGT y los docentes: “¿Cuál es la lógica de marchar en un país que genera puestos de trabajo?”

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El presidente Mauricio Macri, se preguntó hoy “cuál es la lógica” de la movilización convocada por la CGT para el 7 de marzo próximo y la atribuyó a la “ansiedad por disparar el año electoral”.
En una entrevista que esta noche difundirá canal 9 y que esta mañana anticipó radio Continental, Macri se mostró sorprendido por la medida anunciada por la central obrera, cuando comienzan a advertirse signos de reactivación.
El jefe del Estado se preguntó “cuál es la lógica” de que la CGT haga una movilización y que amenace con un paro nacional en “un país que hace cuatro meses, todos los días está un poco mejor y que hay varios sectores que se están reactivando”.
El Presidente consideró que “todas las cosas que estamos viendo, lo que muestran es que hay una ansiedad por disparar el año electoral que va en contra de lo que necesitan los argentinos que es armonía, tranquilidad, resolver los temas. Ese es el camino del progreso”.
El Mandatario reafirmó que “se generaron entre julio y diciembre más de 60.000 puestos de trabajo y desde enero parece que 20.000” “El país está arrancando”, resaltó y pidió a los dirigentes de la CGT que emulen a los representantes del sindicato de petroleros que llegaron a un acuerdo por Vaca Muerta con empresarios y el Gobierno para “crear condiciones para crecer más rápido y mejor”.
En otro tramo de la entrevista, el Presidente aseguró estar convencido de que en las elecciones legislativas de octubre, los argentinos van a “volver a apoyar” a Cambiemos porque “la mayoría valora” lo que hizo su gobierno y quiere que Argentina continúe el rumbo iniciado el 10 de diciembre de 2015.
“Yo soy optimista, siempre lo he sido. Muchos decían que no teníamos chance de ganar la elección pasada, y lo hicimos. Argentina comenzó a crecer, y enero va a dar buenos números, mejores que enero del año pasado. Argentina se puso en marcha, y eso la mayoría de los argentinos lo va a valorar y nos van a apoyar en octubre para confirmar este rumbo”, dijo Macri en una entrevista difundida hoy por radio Continental.
A poco de concluir su viaje oficial a España, donde se buscó el relanzamiento de las relaciones con ese país y la Unión Europea, Macri consideró que el cambio que produjo su gobierno en Argentina “está consolidado” y apostó a que ese cambio “es para siempre, y no es para volver atrás”.
“Dentro de poco, en octubre, cuando hagamos una buena elección nuevamente, continuaremos con los cambios, progresando, innovando y cumpliendo”, dijo.
El mandatario argentino consideró “fundamental” consolidar los cambios “porque el mundo nos abrió las puertas” y “una mayoría de argentinos” expresaron en 2015 en las urnas su voluntad de “vivir con tranquilidad, progresar, y ser parte del mundo”.
“Por eso logramos leyes que cambiaron en serio las oportunidades futuras de la Argentina”, afirmó.
Macri se refirió también al aumento de las tarifas y asumió que sufre cada vez que debe disponer un incremento, pero dejó claro su convicción de que eran necesarios para “volver a crecer y a tener una economía sin inflación, porque a los que más afecta es a los más pobres” y reafirmó que, por ello, se trata de su “primer objetivo”.
 
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Un mate amargo

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El rey Felipe VI estiró su mano y lo saludó, escuchando atentamente las palabras de Mauricio Macri: “Él es un representante del campo argentino”. Fue al único al que dispensó un trato familiar en medio de la fanfarria real.

Después, ya en la cena oficial, el representante del campo se mostró como uno más. Con un elegante frac se inclinó ante su majestad, heredero de aquel Rey ante quien se declaró la Independencia en 1816. El Momo Venegas, representante del campo y ya no de sus trabajadores, no se quedó corto en la admiración: “Argentina tiene muchas cosas que España necesita, y España es un país del cual debemos aprender. No tengo duda que este encuentro será muy bueno”, aseguró el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Lejos del glamour real, en Misiones, los tareferos tomaban a la fuerza la sede de la Uatre local y pedían la cabeza de su delegado por quien no se sienten representados. Venegas, tal como fue presentado por Macri ante el Rey, se pasea como representante del campo, pero está cada vez más alejado de las penas de sus trabajadores y dentro de un esquema en el cuál el libre mercado es el gran ordenador, aunque quede gente afuera.

La pelea de la yerba mate expresa muy bien la cadena económica y qué sucede cuando el Estado mira hacia un costado. La ley de Adam Smith no equilibra a los actores, sino que profundiza la fragilidad de los peones cuando el “mercado” decide que el precio de la materia prima debe echarse abajo porque hay una sobreoferta de materia prima.

Venegas se codea con la realeza, alejado de los avatares de sus representados. Forma parte de un ensamble ideológico que desprecia el rol del Estado y que, en buena parte, desconoce la realidad de las distintas economías regionales. Por eso no sorprendió demasiado cuando el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile deslizó que la protesta que desde hace varios días llevan adelante productores y tareferos, tiene motivaciones políticas. “Acá hay responsabilidades y queremos escuchar qué van a hacer las provincias y cuánto tiene que ver con la realidad y cuánto tiene que ver con un año electoral”, destacó Buryaile.

El ministro se despegó del problema al advertir que Nación tiene solo “un integrante” en el directorio del INYM, por lo que poco puede hacer para cambiar la realidad yerbatera.

Parece desconocer el ministro cuánto puede hacer por la yerba mate. Es Agricultura, ante la falla de origen del INYM, la que define el precio.  Es Nación la que puede dar transparencia al mercado con los controles de AFIP, Trabajo, Renatre o el aval tardío al Centro de Transacciones, impulsado por Misiones. Después, en una reunión de más de tres horas con el ministro del Agro de Misiones, José Luis Garay, se mostró más comprensivo.

Buryaile ni Macri son pioneros en esto de mirar con desdén la situación de los productores. El secretario de Comercio de Cristina, Guillermo Moreno, siempre elegía definir a la baja el precio de la yerba y se burlaba de las patas sucias de los colonos misioneros.

Sin embargo, es el Estado el que puede inclinar la balanza. Lo fue siempre.  Temprano, en 1935 se conformó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate con poderes para prohibir plantaciones y establecer cupos de cosecha. Un año después se creó el Mercado Consignatario para garantizar un precio mínimo. El Estado buscó mantener siempre un delicado equilibrio en la distribución de la renta agraria, exceptuando la dictadura cívico militar que persiguió, encarceló y asesinó a los dirigentes chacreros. Fue así hasta 1991, cuando Domingo Cavallo, durante el menemato, desreguló el mercado. La concentración de la renta en un puñado de empresas, fue inmediata, al mismo tiempo que los productores se sumían en la pobreza y eran empujados a malvender sus chacras provocando un interminable éxodo rural. Según cita el actual rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, en 1998, ocho empresas concentraban el 70 por ciento de la renta y las tres primeras, acaparaban el 50. Los hipermercados hicieron –hacen- el resto en la feroz competencia por vender a precio de oferta lo que cuesta más caro producir.

El tractorazo de 2001 obligó al Estado a volver a inmiscuirse en la distribución de la renta, cuando la hoja verde de yerba valía 0,20 centavos  el kilo. Pero fue a instancias del Gobierno de Misiones y no de la Nación, ocupada por ese entonces en su propia crisis de gobernabilidad.

La Secretaría de Agricultura de la Nación y los tecnócratas de la fundación Mediterránea alentaban como solución la erradicación de 60 mil hectáreas de yerbales degradados para reducir la oferta.

El INYM surgió como herramienta para equilibrar la cadena productiva y fijar los precios. Pero salvo en las primeras oportunidades, cuando cualquier aumento era una fortuna en comparación, nunca cumplió cabalmente su cometido. Generalmente no hubo acuerdo y cuando si, los precios fueron fijados a la baja. Fue siempre el Gobierno provincial el que bregó por aumentar los precios de la materia prima no solo por la rentabilidad del productor, sino por el inmediato derrame en la economía. Ese es un elemento determinante para Misiones. Aunque en volumen la producción de pasta celulósica tiene un valor económico mucho mayor, las ganancias están concentradas en un puñado de firmas. Las de la yerba, se distribuyen a lo largo y ancho de la provincia.

Lo admiten incluso los representantes del sector industrial: no se trata únicamente de un problema de oferta y demanda, sino que también hay un problema de consumo. Y el año pasado cayó. Entonces, más allá del control de la inflación, interés que compartían kirchneristas y macristas, una nueva suba del producto en góndola podría generar mayor retracción. ¿Excusa perfecta para no hacer nada? Es allí cuando debe intervenir el Estado. Ese rol, en los últimos años lo ocupó el Gobierno provincial, mientras que la Nación buscó siempre achatar los valores para que no haya impacto en las góndolas de los supermercados porteños.

La Renovación, antes aliada al kirchnerismo, supo enfrentársele para reclamar subas mayores a las autorizadas.

Fue el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, el que marcó un nuevo piso a la discusión de precios. Consideró que la hoja verde debe valer, como mínimo, 50 centavos de dólar, esto es, a valores de hoy, unos ocho pesos, tres pesos y monedas más de lo que está fijado ahora como precio oficial y no se cumple. Por supuesto, eso estiraría los valores hacia arriba, pero el beneficio sería enorme para productores e incluso el sector industrial.

No son pocos los que advierten que el mercado yerbatero debe definirse y regularse en Misiones, como provincia productora por excelencia.

Quienes hoy están en el Gobierno nacional, fueron durante la última década, oposición, aunque el radicalismo estuvo en los orígenes del INYM, como partido principal de la Alianza que encumbró al fugaz Fernando De la Rúa. El radicalismo –Buryaile es radical y el presidente del INYM, Juan Ré, es un radical apadrinado por Ricardo Barrios Arrechea- se jactó siempre de tener la receta para solucionar la problemática yerbatera. Ahora, nuevamente en el Gobierno como socio menor de Cambiemos, no atina a dar respuestas concretas ni se anima a cuestionar a intermediarios y sector industrial que incumplen los precios fijados por el organismo valiéndose de la ley más poderosa, la del mercado.

La Provincia es la que impulsa un Centro de Transacciones para dar transparencia a la cadena y el aval de Buryaile demuestra que el INYM no está cumpliendo con su rol. Es el Gobierno provincial el que logró descomprimir la protesta de productores y tareferos con recursos propios para mejorar la situación social a la espera de que el INYM tome alguna decisión de fondo.

Claro que la protesta es política. Como debe ser la respuesta. Aunque esa respuesta se da de bruces con el rumbo elegido por la Nación, de “transparentar” los mercados a través de subas de tarifas y poca presencia del Estado.

Esa misma línea se repite en otros sectores de la economía. La industria forestal, agobiada por la dificultad de sacar exportaciones con un dólar demasiado bajo en paralelo a la apertura de importaciones, está soportando una crisis silenciosa que no se hace visible por los esfuerzos del Gobierno provincial en asistir a algunas empresas. Los Repro, herramienta que utilizó el kirchnerismo para sostener el empleo, prácticamente dejaron de ser utilizados durante el año pasado y son ingentes los esfuerzos del ministerio de Trabajo local para lograr que la problemática sea atendida.

La decisión política, en Misiones, es sostener el empleo y evitar que el ajuste sea soportado por los trabajadores. Fue la primera provincia en lograr un acuerdo salarial inicial con los docentes, pero las clases no se iniciarán en la fecha prevista por el paro nacional convocado por CTERA ante la negativa de la Nación de abrir las paritarias federales y planchar los aumentos en un 18 por ciento, cuando la inflación del año pasado superó el 40 por ciento.

Misiones puede sostener esta postura por la férrea administración de los recursos que posicionan a la provincia como una de las pocas sin necesidad de endeudarse.

El país marcha a contramano. La economía confirmó una caída del 2,3 por ciento en el primer año del gobierno de Macri. Hay 43.603 trabajadores menos en el sector privado que a diciembre de 2015, pero, dato llamativo, aumentaron 0,9% las contrataciones de empleados públicos. El Estado sumó 28.862 trabajadores, y también creció el número de cuentapropistas, que sumaron a sus filas 68.010 trabajadores (entre monotributistas, trabajadores de casas particulares y autónomos).

Los despidos, una economía que no arranca y los sucesivos “errores” del Gobierno se conjugan para deteriorar su propia imagen y abrir un enorme interrogante de cara a las legislativas. Como hace unos días el consultor Gustavo Córdoba, ahora Ricardo Rouvier revela que la imagen presidencial sigue cayendo y que el 65,2% de los encuestados en su última muestra nacional, considera que el Gobierno actuó mal respecto a la controversia del Correo Argentino.

Las expectativas en relación a la economía, continúan disminuyendo. Este mes se registra el valor negativo más alto. El 40,6 por ciento cree que empeorará.

El gobernador Hugo Passalacqua acaba de finalizar una gira por Estados Unidos donde fue el único en no tomar deuda: los otros cuatro gobernadores que acompañaron al ministro del Interior, Rogelio Frigerio y al de Finanzas, Luis Caputo, suscribieron un acuerdo por 120 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Passalacqua  expuso en Washington sobre la potencialidad económica de Misiones con el objetivo de atraer inversiones. Con el BID se abrieron puertas para eventuales programas de financiamiento como un paso a futuro en virtud del orden de las cuentas públicas. Las ofertas de crédito son muchas. Misiones es una de las pocas provincias que califica bien para emitir, aunque la decisión es no hacerlo, salvo que sea estrictamente necesario y para obras de infraestructura.

La idea de la Renovación es fortalecer las raíces del misionerismo como concepto político. Es un modelo que muestra resultados concretos en Misiones y que se sostiene más allá del cambio de color político nacional.

Passalacqua aporta a la gobernabilidad nacional, al igual que los legisladores renovadores, que, sin embargo, marcan diferencias con algunas políticas tomadas por Macri.

En el terreno electoral, la Renovación tiene que ratificar el modelo, mientras que la oposición todavía se mueve en arenas movedizas.

La necesidad de Cambiemos de mostrarse “unido” choca con el creciente malestar del radicalismo por el poco espacio dentro del Gobierno. La cumbre radical de Córdoba, que tuvo a varios misioneros como protagonistas, cerró con un pedido de “evitar errores” como el perdón de la deuda del Correo o la baja de las jubilaciones.  “Somos la fuerza política que tiene necesidad de devolverle la política al Gobierno nacional”, dijo el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en el discurso inicial del conclave marcando lo que a su juicio es un déficit en la alianza de gobierno. Ricardito Alfonsín marcó distancias y sostuvo que no se debe perder de vista que Cambiemos “ganó por la Unión Cívica Radical”. 

El misionero Luis Pastori, coordinador de la mesa de debate económico, pidió “practicar más el dialogo” antes de tomar decisiones”. “Es  implica que los radicales tengamos los canales asegurados para influir “ex ante” y no “ex post” en las soluciones que demanda el país.  Es prioritario y urgente, a fin de que Cambiemos concurra a las urnas con la mayor fuerza y representatividad posible, dos grandes garantías para obtener el mejor resultado electoral. Si logramos dar este paso, el peligro y el fracaso de regresar al populismo será nada más que un lejano recuerdo”, insistió.

Los reclamos no sólo tienen que ver con cargos, como reiteraron los referentes boinas blancas, sino que dejan en evidencia que no hay diálogo en el Gobierno y que las decisiones son tomadas por la mesa chica de Macri. Apenas un tridente.

En la cumbre cordobesa no pasó desapercibida la presencia de Alfonso Prat Gay, el ex ministro de Economía, eyectado hace poco del Gobierno, víctima de la mesa chica presidencial. Prat Gay no es precisamente radical. Pero el economista que celebró sacarse de encima la “grasa militante” de los empleados públicos, podría convertirse en el candidato presidencial del radicalismo en una eventual interna de Cambiemos. Su promotor, aseguran, es el operador en las sombras Enrique “Coti” Nosiglia, el misionero que maneja los hilos del partido desde el gobierno de Raúl Alfonsín.

Nosiglia es un misionero nacido en Apóstoles, al igual que Ramón Puerta, el ahora embajador en España y anfitrión de Macri y el Momo Venegas durante la gira que concluyó el viernes. Como el ex gobernador, también tiene plantaciones de yerba, aunque desde hace años su vida pasa por la política en Buenos Aires. Es, como el Momo Venegas, parte de Cambiemos. Pero como él, mira de lejos la problemática de la producción.  El mate, sin embargo, siempre está. Hasta el Rey Felipe VI fue fotografiado con un mate en la mano, con el sonriente embajador al lado.

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