Nuestro país está atravesando una verdadera encrucijada de caminos. El rumbo económico y político que tomó el gobierno de la Alianza liderada por Mauricio Macri pareciera conducir al retorno del péndulo que marca recurrentes ciclos de agotamiento entre gestiones populares distribucionistas y neoliberales de concentración del ingreso que se repiten con sentido trágico en la Argentina desde la mitad del siglo pasado.
Hoy más que nunca el debate debería estar centrado en el cómo y en el qué hacer para lograr la transformación de la estructura productiva en un modelo de acumulación e inversión que movilice todos los factores productivos. Es el debate que no pudimos instalar desde Vanguardia Radical en las elecciones parlamentarias del año pasado cuando se impuso la polarización promovida por la acción psicológica de la “grieta” que, desde la política traduce la tensión entre los dos modelos.
Nosotros estamos persuadidos de que Cambiemos es una propuesta tremendamente clasista. Que es la restauración del poder dominante en la Argentina, que no sólo replantea regresivamente la distribución del ingreso, sino fundamentalmente, la dinámica social en la Argentina. Este conflicto de clase que está en la base del capitalismo, entre el capitalista y el trabajador, quedó en evidencia el 21F. La movilización en la 9 de Julio diríamos que empieza a trasladar esa contradicción a la política.
Sin embargo, debemos admitir que el pronunciamiento popular en el ballotage del 2015 construyó legitimidad a un Gobierno que plantea la restauración de un capitalismo desregulado que garantice el funcionamiento de la lógica del mercado para proteger la rentabilidad de las inversiones del capital. Es un proyecto que, resumidamente puede explicarse en la teoría del derrame. Además cobra legitimidad en el agotamiento del modelo anterior que en su afán de defender el mercado interno como motor de crecimiento, al dejar intacta la estructura de financiamiento del Estado, digamos el vivir de la soja y la minería, no pudo evitar la crisis.
Es un debate ideológico insoslayable. Como observa Luis Gregorich, el intelectual que conocimos en su obra cuando fue convocado por Raúl Alfonsín, “lejos de correr a esconderse ante ese debate ideológico, los partidarios de Cambiemos deben allanarse a aceptarlo una y otra vez. La política sin ideología no existe. Estamos hartos del uso y abuso de palabras como “derecha e izquierda”, pero el hecho es que siguen activas, encubriendo o reforzando significados”.
Gregorich, que apuesta al éxito del gobierno de Macri, coincide con estas observaciones críticas con el Club Político Argentino que tiene como socios a dirigentes e intelectuales alineados al Gobierno de Cambiemos. En un documento emitido el 22 de enero, reclamaron a Macri trabajar en la mejora de la calidad institucional. Entre sus miembros se encuentran Vicente Palermo, Graciela Fernánez Meijide, Guillermo Rozenwurcel, Ricardo Gil Lavedra, Graciela Romer, Alejandro Katz, Jaime Durán Barba, José Luis Machinea, Facundo Suárez Lastra, Juan José Llach y Archibaldo Lanús entre otros 250 personajes que adhieren a Cambiemos.
Es interesante rescatar lo que dicen: “a dos años de iniciada la gestión de Cambiemos, las debilidades de su programa de mejora de calidad institucional son injustificadas y resultan asimismo cada vez más costosas. Demasiado frecuentemente las iniciativas en este terreno quedan subordinadas a las necesidades de la coyuntura, a intercambios y ventajas que se privilegian en otros terrenos y a la lógica de la polarización electoral, según la cual exhibir el perfil negativo de los adversarios más desacreditados bastaría para mantener el apoyo de la ciudadanía. Al optar por esta vía en apariencia fácil el oficialismo minimiza el esfuerzo de toda la sociedad y los costos que una mayoría de compatriotas está sobrellevando para que se avance en este sentido; se limita a sacar provecho de los escándalos que son responsabilidad de sus predecesores y adversarios más virulentos. Pero así deja pasar oportunidades…”
Y agrega: “la campaña electoral ya terminó y la gestión del cambio institucional necesario requiere de un esfuerzo más decidido y consistente por respetar y hacer respetar la ley, diferenciar el Estado del grupo gobernante, garantizar la transparencia y castigar las violaciones a la ética pública sobre todo cuando son cometidas por propios y aliados. Seguir comportándose como una facción en pugna con otras no va a fortalecer el sentido de lo público en nuestro país, y sin un cambio cultural profundo en ese terreno no saldremos adelante…”.
Si hay un déficit en la calidad institucional, en la economía tampoco se encuentra la salida. Alcanza con prestar atención a las críticas desde adentro. Carlos Melconian viene cuestionando con dureza la política económica y monetaria del Gobierno y habla de errores de diagnóstico y de inacción. Al mismo tiempo, Alfonso Prat Gay, esta semana al hablar en una cumbre de la UCR, advirtió sobre el rumbo de la política económica. El ex ministro de Economía focalizó su análisis en los niveles de inflación, el déficit comercial y el programa de propiedad público y privada.
En este contexto, el debate político en la provincia sigue apresado en las miradas cortoplacistas ganadas por la lógica de las campañas electorales. Pareciera que la dirigencia no advierte la gravedad del momento. El ejemplo más elocuente es la liviandad de proyectos legislativos como el que ingresó Gustavo González, que en su muro de Facebook difunde “presentamos un proyecto solicitando al Ejecutivo Provincial que adhiera a los términos del Decreto Nacional 93/18 y se prohíba la designación de familiares de funcionarios en el Gobierno Provincial”.
Evidentemente no será fácil el debate que proponen los intelectuales del propio Cambiemos.
Presentaciones como esa, que pomposamente llaman proyectos, nada tienen que ver con los temas centrales ligados con nuestro crecimiento y nuestra democracia. Son discusiones insustanciales. Jueguito para la tribuna. Se suma a la ola mediática. Al marketing. Ocultan más de lo que dicen. Esa presentación no presta atención a lo central en el escándalo Triaca. Y el Club Político de Cambiemos lo muestra. En un párrafo del documento expresa: “Lo sucedido recientemente en derredor de la intervención del SOMU, que pretende ser disculpado someramente como una mancha menor en una intervención definida como “ejemplar” sienta un mal precedente respecto al modo como el oficialismo busca aprovechar una eventual mayor injerencia en estas organizaciones, cuando lo que corresponde es control y transparencia. Los funcionarios están obligados a dar el ejemplo para que se asuma en toda la sociedad, como una prioridad exigible, la conducta limpia y el servicio como eje inspirador de la gestión”.
Si alguien se rasga las vestiduras por el tema, que empiece por denunciar el abuso de poder de la intervención.
Pero además, en la cuestión de contratar familiares, la UCR no puede tirar la primera piedra. No es bueno andar buchoneando, pero desde Cacho Barrios, que ubicó a su hijo en la EBY y Luis Pastori al suyo en el Tribunal de Cuentas, para abajo, hay una lista muy extensa de contratados en reparticiones del Estado. Cuando Gabriela Michetti empezó a “limpiar” el Senado de ñoquis, se encontró con la sorpresa que la mayoría eran radicales. Hay que recordar la urgente gestión del ministro sin cartera, y sepulturero de la UCR, Ernesto Sanz. Los mismos diarios hegemónicos revelaron que en enero de 2016, apareció no menos de tres veces en el Senado para calmar a los senadores radicales, furiosos con la gestión de Michetti. Sostiene un informe que “la presidenta del Senado no se hizo querer mucho por sus socios de Cambiemos, que le recriminan haber incluido a muchos empleados suyos entre los despidos y, por si fuera poco, empezar con algunos controles de asistencia que no se veían desde la gestión de Carlos “Chacho” Álvarez. El primer estallido fue con los decretos que firmó para despedir a 2035, entre los que incluyó a muchos empleados radicales nombrados el último año”.
Además, el decreto antinepotismo de Macri determinó sólo la renuncia de 12 familiares de funcionarios. Sólo una docena. Y al mismo tiempo, según denuncia del insospechado de kirchnerista, Jorge Lanata, se lamenta que “es una lástima que el Gobierno discuta transparencia pero no la ejerza.” Y observa que “el INTI rajó 260 personas y vamos a contar sobre los 100 que tomaron. No son gente conocida. Cualquier despido masivo es injusto porque estás viendo el número y no la persona. ¿Qué autoridad moral tenés para rajar 200 si tomaste 100?“.
Evidentemente acierta la diputada Graciela Camaño al considerar el decreto una “sobreactuación en el marco de un escándalo muy grande”. “El Gobierno prometió pobreza cero, diálogo y pelea contra la inflación. En ninguna de las tres cosas está trabajando correctamente. Subió el nivel de indigencia, la caída de gente en la pobreza al principio fue muy relevante, el proceso inflacionario no tiene solución, se siguen pagando subsidios pero además se incrementan las tarifas, el diálogo no existe con nadie, y sacan este decreto como parte del marketing”.
