ajuste

Hubo acuerdo con contratados y la Municipalidad instalará controles biométricos en todas las dependencias posadeñas

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El Municipio de Posadas llegó a un acuerdo con los empleados que iniciaron medidas de fuerza desde que se anunció la revisión de la vigencia de los contratos. Después de largas horas de negociaciones y un pico del conflicto en la noche del lunes, finalmente los empleados aceptaron mayores controles y la Municipalidad admitió mantener por doce meses los 2500 contratos con relación de dependencia. En cambio, se acotarán a dos meses los dos mil “sin relación” y durante ese período, deberá constatarse que trabaja. En caso positivo, se volverá a la situación previa.
La Municipalidad logró imponer un control biométrico que comenzará a funcionar el 1 de febrero en todas las dependencias municipales para garantizar transparencia y un efectivo cumplimiento laboral de los empleados.
Los municipales pidieron que el Municipio retire las denuncias por incumplimientos laborales, especialmente en la recolección de basura, pero los funcionarios de Joaquín Losada ratificaron que las denuncias siguen su curso y, de hecho, se hicieron varias más por la basura acumulada en la ciudad en los últimos días. Los empleados denunciados pueden recibir severas sanciones, que llegan incluso a la pérdida del puesto.
El sindicato de Obreros y Empleados Municipales aceptó los mecanismos de control impuestos por Losada y se comprometió a un seguimiento conjunto de los empleados para garantizar que haya un efectivo cumplimiento laboral.

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Confirman cierre definitivo de Fabricaciones Militares en Azul

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Lo aseguró el interventor de la empresa estatal. Quedan cesanteados 219 trabajadores. Enojo del gremio con el intendente local.
El interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, ratificó que la planta de la empresa en Azul no volverá a operar tras su cierre el 28/12 pasado.
“Queda clara la situación de la planta Azul cuyo último día de producción fue el 28 de diciembre de 2017. A partir de esa fecha sólo se están haciendo tareas de mantenimiento y seguridad”, señaló.
El funcionario nacional se pronunció de esa forma en una carta dirigida al Concejo Deliberante de Azul, según publicó el diario El Tiempo, de esa localidad.
“Es sin duda un motivo de preocupación la pérdida de numerosos empleos y algunos trabajos que proporcionaba la Planta de Azul de Fabricaciones Militares. Por ello hemos accedido a participar de una mesa de diálogo para colaborar con la sociedad azuleña en la búsqueda de formas de facilitar la generación de trabajo genuino en la región”, señaló Riva.
Además, el funcionario indicó que Fabricaciones Militares “verá las formas de poner a disposición activos que tiene en la zona, para generar proyectos en los que, dirigidos por sectores privados o públicos, con inversores interesados en los mismo, pueda participar con aportes de activos que pueden ser utilizados para concretarlos”.
Riva justificó el cierre de la planta al señalar que su responsabilidad es “velar por el conjunto de la empresa”, que dispone de instalaciones en distintos puntos del país.
Señaló que la intención del Gobierno Nacional es que la empresa sea “innovadora, productiva, viable”, de manera que “provea bienes de calidad en importantes y estratégicos sectores de mercado”.
“La situación que afecta hoy a la sociedad de Azul es parte de ese proceso que sin duda será beneficioso para el país en su conjunto”, agregó.
En tanto, desde el gremio se mostraron muy enojados con el intendente local, Hernán Bertellys, un peronista que se pasó a las filas de Cambiemos. De acuerdo al diario El Tiempo, las partes participaron de un comité de crisis realizado el lunes. Allí, Bertellys les habría reprochado a los sindicalistas haber sido “muy pasivos” en su postura frente al conflicto lo que -según el relato de los gremialistas – no le otorgaba suficiente “espalda política” ante las autoridades nacionales.
“Nos preocupa que nos esté instigando a hacer una demostración de mayor fuerza, cuando nosotros venimos conteniéndola”, sostuvieron en su declaración Juan Cacace, Daniel Firpo y Marcelo Laporte, representantes de FanAzul en aquella mesa.
En ese marco, hablaron de “incapacidad política” del Intendente y de incoherencia entre lo que dice y hace el intendente.

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Nueva estructura del Ejecutivo para achicar “un mínimo de 20% de los cargos políticos”

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Congelado el ingreso de trabajadores al Estado nacional hasta 2019, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, le presentó un plan de achicamiento de la “planta política” a Mauricio Macri, con el cual buscan recortar el 20% de estos cargos.

Desde el Gobierno de Mauricio Macri confirmaron que avanzarán con el despido de cientos de empleados públicos “sobrantes”.
“Impulsaremos una nueva Ley de Ministerios, que reflejará esa reducción, que no quiero animar un número, pero de mínima va a ser de un 20% de los cargos políticos del Poder Ejecutivo”, anunció hoy el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada, tras el regreso de Mauricio Macri de sus vacaciones en Villa La Angostura.
Según publicó el sitio ‘TN’, Peña indicó que la remoción de cargos se aplicará en ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales, principalmente. Hoy se cuentan unas 3.400 designaciones con vinculaciones partidarias.
Un releva miento de la Fundación Libertad y Progreso (LyP) reveló en abril de 2017 que el Poder Ejecutivo posee hoy tiene 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarias de Estado y 687 direcciones nacionales y generales.
Según ese informe, existen además 122 institutos y organismos, sin contar universidades ni academias. En total, existen 1.124 unidades administrativas bajo la cabeza de Macri.
El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial que depende del ministro de Trabajo Jorge Triaca informó, sobre la base de registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP), que en 2015 cuando asumió Cambiemos había 742.113 empleados públicos dependientes de Nación, y que para 2016, ya eran 740.677.
Sin embargo, fuentes gremiales indican que Macri incrementó un 25% promedio la estructura del Estado desde que asumió, pese a haber despedido a uno s 12.000 contratados en los primeros dos años de gestión. Ahora busca dar marcha atrás con las incorporaciones “políticas”.
En ese marco y para cumplir las metas de reducción del gasto público y el déficit fiscal, el presidente encargó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, un plan de ajuste del empleo gubernamental.
Según informa el diario ‘Ambito Financiero’, Ibarra contrató a una consultora privada para hacer el trabajo. A fin del año pasado trascendió que la “planta óptima” del Estado implicaría el despido de 19.119 que “sobran” en la administración, de un total de 129.606 trabajadores. En el Gobierno hablan de 17.000 puestos “superfluos”.
La ola de desvinculaciones ya comenzó, pero se profundizará en los próximos días con la disminución de más de 680 cargos de coordinadores, directores, subsecretarios, secretarios y hasta ministros, con sueldos de entre $50.000 y $200.000.
Eso es lo que llaman el ajuste de la “planta política”. Se menciona desde hace tiempo que el Ministerio de Ambiente de Sergio Bergman sería absorbido nuevamente por la Jefatura de Gabinete y que la cartera de Ciencia y Tecnología de Lino Barañao regresará al ámbito de Educación.
Hacienda y Finanzas podrían volver a unificarse, al igual que Interior y Transporte. Cultura y Turismo volverían al rango de secretarías. Según el mencionado matutino, todo está por verse.
Modernización estimó que la planta “óptima” se alcanzará con jubilaciones anticipadas, retir os voluntarios, cese contratos a los que tengan ausencias reiteradas y eliminación de “exceso” de personal en algunas dependencias oficiales. En lo que va de 2018 los sindicatos estatales ya denunciaron más de 1.200 despidos de trabajadores del Estado nacional.
Durante la conferencia, Peña consideró que se trata de un “esfuerzo en materia de austeridad” que debería imitarse “en las provincia, en los municipios”.
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Vidal sube 56 por ciento el impuesto inmobiliario para compensar “pérdidas” del Pacto Fiscal

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Desde enero, la provincia de Buenos Aires aumentó un 56% el impuesto inmobiliario, a raíz del revalúo fiscal para actualizar el valor de las propiedades. Con el incremento, pasó a igualarse la cotización fiscal que tienen los inmuebles a los precios de mercado, según un trabajo conjunto realizado por los operadores del sector y los municipios.

Según explicaron fuentes del gobierno provincial, el último revalúo urbano se había efectuado hace más de 10 años, por lo que los valores fiscales de las propiedades urbanas se encontraban “distorsionados y lejos de la realidad”. Esa situación iba a corregirse en 2016, pero se decidió esperar “porque el contexto social y económico no era el adecuado para aplicarlo”.El objetivo del revalúo urbano es sincerar la situación actual de los inmuebles y otorgar mayor equidad y progresividad al sistema tributario”, explicó en ese sentido el titular de ARBA, Gastón Fossati.
“Hace 12 años que no se toca este impuesto, mientras que el automotor aumenta en forma anual. En promedio se paga 12 pesos el metro cuadrado urbano y 147 pesos el metro cuadrado rural”, indicó Lacunza. La actualización del inmobiliario se hará en 16 tramos que irán del 40 al 75%; en el caso del urbano, el promedio será del 56%, y en el rural, del 50%.
Expresó que “va en línea con la decisión de reducir gradualmente el peso de los impuestos que son distorsivos para la actividad económica (como Ingresos Brutos, por ejemplo, que genera perjuicios en términos de inversión, producción y empleo), reemplazándolos por tributos que gravan bienes patrimoniales y se vinculan directamente con la capacidad contributiva de los ciudadanos”.
Además, desde el Ejecutivo explicaron que para que la aplicación del revalúo no afecte en forma significativa a los contribuyentes, la Provincia estableció topes que limitan el incremento del impuesto, y modificó las alícuotas que se toman para calcularlo.
Esas alícuotas son inferiores a la de otros años y aumentan de forma progresiva en función de la base imponible, de manera que el monto a pagar de Inmobiliario crece porcentualmente cuanto mayor es la valuación del inmueble.
Los topes del aumento del inmobiliario urbano se establecieron según el nuevo valor de las propiedades, y permiten moderar el incremento del impuesto.
Así, las propiedades valuadas en hasta $586.669 tendrán un tope de aumento del 40%, lo que significa que nadie con una vivienda en este rango de valuación pagará una cuota superior a $195. O, en términos mensuales, el monto máximo a pagar de Inmobiliario será de $81 por mes.
En tanto, las propiedades valuadas entre $586.669 y $1.088.071 tendrán un tope de aumento del 50%, y significa que nadie con una vivienda en este rango de valuación pagará una cuota superior a $496. O, en términos mensuales, el monto máximo a pagar de Inmobiliario será de $207 por mes.
A la vez, las propiedades valuadas entre $1.088.071 y $2.531.215 tendrán un tope de aumento del 60%, por lo que nadie con una vivienda en este rango de valuación pagará una cuota superior a $1.392. O, en términos mensuales, el monto máximo a pagar de Inmobiliario será de $580 por mes.
Por último, las propiedades valuadas en más de $2.531.215 tendrán un tope de aumento del 75%, y dentro de este rango, las que tengan una valuación de entre $2.531.215 y $4.800.000 pagarán una cuota máxima de $5.499. O, en términos mensuales, el monto superior a pagar de Inmobiliario será de $2.291 por mes.
En las valuadas por encima de $4.800.000, ese incremento puede ser superior.

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Efectivo o tarjeta: analizan diferenciar el pago de combustibles

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Argentina es el segundo país más caro de la región, después de Uruguay. Tal condición también los empatiza en la situación que atraviesan las Estaciones de Servicio ubicadas a uno y otro lado del Río de la Plata, y por la cual, en una muestra de camaradería y trabajo en equipo, operadores de la región de Maldonado, con foco específico en la localidad balnearia de Punta del Este, se reunieron con diversos referentes del sector expendedor argentino para analizar la situación de comercialización con tarjetas de crédito.
Los empresarios de ambos países cuestionan las condiciones que les imponen los bancos y las empresas por la venta de combustibles con plásticos. En ese sentido los representantes argentinos expusieron los resultados de un estudio que explica las consecuencias del pago a través de esta herramienta.
Según los datos analizados por CESGAR, la venta con tarjetas en las condiciones actuales resulta inviable. Resulta que del precio de venta, el 90 por ciento son impuestos y costo de producto. Con el margen restante, deben contribuir a una estructura de costos fijos cada vez más extensa.
En consecuencia, el arancel de las entidades financieras representa el 13 por ciento del margen bruto. Si se suman las deducciones y retenciones que inciden financieramente, de esa venta, el operador resigna el 70 por ciento de su utilidad.
Según la entidad, comparando la venta de combustible con la venta de un local de indumentaria, la incidencia del arancel sobre el margen es radicalmente menor. En las Estaciones de Servicio es del 13 por ciento cuando en el comercio minorista es sólo del 3, cuatro veces menos.
Los expendedores recordaron que en abril del 2017, el gobierno nacional acordó con CAME y las empresas de tarjetas de crédito una rebaja progresiva de los aranceles. El convenio determinó el arancel máximo que podrán cobrar los plásticos a los comercios. La rebaja para el comercio minorista fue del 17 por ciento para las operaciones de crédito y del 20 para las de débito. Esta rebaja no se hizo extensiva para las operaciones en Estaciones de Servicio.
Finalmente, uno de los datos destacados del encuentro fue ofrecido por los estacioneros uruguayos, quienes revelaron que en Brasil, ya se pueden encontrar gran cantidad de bocas de expendio que discriminan los precios de venta de combustible en efectivo, de los precios con tarjeta de crédito.
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