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A partir de enero, las Estaciones de Servicio dejan de cobrar con tarjetas de crédito

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CECHA acompaña el reclamo  iniciado por FAENI de llevar a las autoridades del gobierno nacional el reclamo a las tarjetas de crédito (del cobro de un arancel del 1,5 por ciento abonado a los 28 días), mientras se evalúa  la implementación de la suspensión a partir del primero de enero, de manera rotativa y escalonada, empezando los fines de semana”, fue la escueta y concreta conclusión a la que llegaron los dirigentes estacioneros de diferentes zonas del país reunidos ayer en una Asamblea de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina.

De esta forma, luego de un debate que se prolongó durante toda la jornada, los dirigentes del sector minorista de combustibles definieron estas acciones a seguir luego de insistentes y reiterados intentos de conseguir a través de reuniones e intercambio de cartas e informes, una respuesta de las autoridades tanto de las empresas financieras como así también, de los responsables del Estado.

Al respecto, el Presidente de CECHA, Carlos Gold aseveró a surtidores que “estamos muy preocupados por este arrollamiento que las entidades de tarjetas hacen sobre la economía de nuestro sector, avasallando con el 15 por ciento de la rentabilidad”.

A este problema, el directivo sumó la otra pata de las causas que perjudican al expendedor, la cual pasa por el plazo de cobro de estos montos. “Recién cobramos a los 30 días de la venta y las tarjetas nos siguen reteniendo un gran volumen de impuestos cuyo saldo a favor que nos genera, se nos hace imposible de recuperar”.

Desde la confederación decidieron estas medidas para “exigir que esta situación se revierta”. Por ello, se realizará en forma gradual, por zona y en diferentes horarios, “con la intención de perjudicar lo menos posible a los clientes”.

Entre las opiniones que se dieron en la reunión, desde los diferentes representantes hubo coincidencias en el hecho de que los emisores de plásticos deben dar de baja estos aranceles y reducir los plazos de acreditación, para  fomentar las ventas y reducir el uso del efectivo para beneficio de todos.

En los últimos días, Alberto Boz, titular de FAENI,  había expresado que la campaña iniciada en Santa Fe, “es relevante si queremos evitar encarecer los combustibles perjudicando al público consumidor y apartarnos de la batalla que encabeza el Gobierno Nacional por reducir la inflación”.

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Las reformas Laboral, Fiscal y Previsional se discutieron en la 10ma Conferencia Anual de Ecolatina

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El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto a los diputados del Pro, Nicolás Massot, y Luciano Laspina, del Frente Renovador, Marcos Lavagna, y del Bloque Justicialista, Diego Bossio, analizaron hoy la marcha de las reformas laboral, previsional y fiscal que impulsa el Gobierno.

Por su parte, El Economista-Jefe del Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina adelantó que el año próximo la inflación rondará entre el 17 y 18%, la economía crecerá 2,5% y se mantendrá el atraso en el dólar.

Ante más de trescientas de personas que asistieron al encuentro, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, destacó el acuerdo alcanzado con la CGT para la reforma laboral y que ”las diferencias deben ser tratadas en el Congreso”.

“Nosotros creemos que los sectores más representativos del gremialismo han debatido”, este proyecto de reforma Laboral “con una metodología que, por primera se aplica vez en Argentina, en la que cada uno ha hecho su aporte, y que ahora hay que debatirlo en el Congreso”, afirmó el titular de la cartera laboral.

Triaca consideró que la demora en el tratamiento por parte del Senado del proyecto de Reforma Laboral obedece a que “algunas centrales, que tienen vinculaciones con sectores políticos que manifiestan su oposición, pero para resolverlas está el Congreso”.

Destacó que el triunviro de la CGT “la organización sindical de mayor representación, ya ha hecho explícito su apoyo”.

Por su parte el presidente de la bancada del PRO en Diputados, Nicolás Massot, adelantó que la semana próxima el paquete de reformas se trata en comisiones, para lograr su aprobación ante de Navidad.

El proyecto de Reforma Tributaria “ha tenido un amplio apoyo de los representantes justicialistas en el Senado, y creemos que también continuará en Diputados, donde esperamos tratar el tema la semana próxima” dijo Massot .

En tanto, el Diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna, destacó “falta mucho por delante” para acordar la reforma tributaria y adelantó su rechazo al nuevo cálculo de actualización de jubilaciones.

“Solo el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo puede ayudar a la sustentabilidad” del sistema previsional y criticó “la lógica de ajustes tras ajustes” que viene llevando adelante el Gobierno, dijo Lavagana.

A su turno, el diputado del Bloque Justicialista, Diego Bossio, destacó que “consenso en una palabra muy amplia, que implica que estamos todos de acuerdo” y ponderó la creación de “una gran mayoría” alcanzada tras el acuerdo entre la Nación y los Gobernadores, para tratar estas reformas.

“Desde la oposición nos sentamos a discutir. Tenemos diferencias en temas puntuales pero tenemos que llegar a acuerdos sobre un país que universaliza las jubilaciones, y está muy bien que así sea, pero que no debate cómo financiar esas prestaciones”, dijo Bossio.

Por su parte el Diputado del PRO, Luciano Laspina aseguró que el nombre de la justicia social “es poner en blanco al tercio de trabajadores que hoy están en negro” y advirtió que todas las reformas “están ligadas entre si”, por lo que todas requieren aprobación.

Para el cierre, el Economista Jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina destacó que durante el año próximo volverá a crecer la construcción y se consolidará una suba de la industria, alentada por el mejor desempeño de Brasil.

En el plano macroeconómico, la inflación rondará entre el 17 y 18%, el PBI crecerá alrededor del 2,5%, y se mantendrá el atraso cambiario, debido al ingreso de divisas.

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La política monetaria en la mira

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A pesar de alguna desaceleración en algunos indicadores de actividad económica, el foco de atención está puesto en la política monetaria. El PIB mensual se mantuvo prácticamente constante en septiembre y la producción industrial en octubre (tanto en el indicador oficial EMI como en el IPI de FIEL) se ubicó alrededor de 2% por debajo de agosto y en niveles parecidos a los observados a finales del año pasado (ajustado por estacionalidad).

En contraste, la construcción y los indicadores de ventas minoristas siguen mostrando lecturas positivas. La inflación cerrará el año 6 ó 7 puntos por encima del techo de la banda establecida por el Banco Central.

La demora en concretar la baja de la inflación habría impulsado a la autoridad monetaria a endurecer aún más su política llevando la tasa de interés real de las Lebacs a dos dígitos anuales en términos reales. El problema es que ese nivel de tasa, si se mantiene por un tiempo prolongado, complica la dinámica del déficit cuasifiscal.

Podría entenderse como una señal de corto plazo en un contexto de una nueva ronda de subas de tarifas de energía y a pocos meses de empezar las negociaciones salariales para el año 2018. Pero es necesario que en poco tiempo vuelva a reducirse. En este contexto han aparecido numerosos cuestionamientos que se discuten a continuación. Un conjunto de críticos preferiría utilizar la cantidad de dinero como instrumento.

Pero es obvio que si el BCRA redujera el ritmo de expansión de la oferta monetaria respecto del actual, ello también resultaría en un aumento en la tasa de interés. Ese es el canal a través del cual, en tiempos normales, actúa la mayor dureza monetaria.

Por ello, la menor efectividad de la política monetaria cuando el peso del crédito en la economía es bajo se mantiene, sea que se controle la tasa de interés o se fije la expansión de algún agregado monetario. La diferencia entre usar uno u otro (o, eventualmente, el tercero en discordia que es fijar el tipo de cambio o su tasa de depreciación) radica en la efectividad para que los agentes económicos confíen en la política monetaria y en la flexibilidad que estos instrumentos tienen a la hora de enfrentar shocks externos.

Es por este último tema que parece haber bastante consenso en dejar de lado la tercera opción que es la que tradicionalmente se utilizó en la Argentina. Existen ventajas de la flotación cambiaria pero tampoco debe sobreactuarse: el verdadero test será cuando ocurra un shock desfavorable de cierta magnitud que requiera una depreciación importante del peso sin que ello genere problemas de hoja de balance (el más expuesto hoy es el Estado por la alta proporción de sus pasivos en dólares) o dificultades adicionales para controlar la tasa de inflación.

En cualquier caso, no parece que haya una ventaja clara de fijar la cantidad de dinero en lugar de la tasa de interés para que las expectativas converjan más rápido. Un segundo grupo de críticos cuestiona la política actual en sí misma. Preferirían una política más blanda que no afecte la actividad. En el extremo, algunos sostienen que la tasa de interés alta genera inflación porque aumenta los costos de las empresas.

En general, este grupo confunde el funcionamiento de la política monetaria. Si la inflación es alta, bajarla requiere endurecer la política monetaria. Y los eventuales efectos sobre los costos afectan los precios una sola vez, no su tasa de variación en forma permanente. Una tercera crítica se refiere a la decisión del BCRA de utilizar metas de inflación (IT) para varios años.

La experiencia de otros países que han utilizado el IT muestra que:

  • Es erróneo afirmar que los países que adoptaron IT empezaron con tasas de inflación más bajas que la Argentina. Por ejemplo, Chile tenía al comienzo 25% y Perú casi 50%.
  • En el 60% de los casos, los países fallaron en alcanzar la meta.

En general, los países desarrollados erran por arriba y por abajo y los emergentes por tener más inflación que la prevista. Pero es cierto que la diferencia de la Argentina en el año 2017 será una de las más altas, sólo superada por Brasil y México en un año en cada caso.

Por ello, y dado que resultará muy difícil que el año 2018 se logre que la inflación descienda por debajo del 12% anual, será muy importante medir que el desvío entre el objetivo y la inflación real se vaya reduciendo respecto del que se observe en diciembre de 2017.

  • El IT funciona con mayores dificultades cuando hay ajustes de precios relativos pendientes (en especial de energía y cambiarios), cuando hay riesgo de dominancia fiscal y cuando el BCRA no es independiente. Los dos primeros puntos son un problema en la Argentina. En el caso del déficit, si el Tesoro finalmente cumple en exceso con la meta prevista para el año 2017 (como luce probable), eso puede ayudar a ir mejorando expectativas.
  • En países con tradición indexatoria, dominancia fiscal y alta inflación como Israel, las metas se anunciaban cada año teniendo en cuenta la inflación reciente, lo cual es menos agresivo pero facilita que los errores de pronóstico no se acumulen en el tiempo. El caso de Israel es interesante porque, a pesar de su historia, la tasa de interés real se redujo al adoptar el IT a un rango entre 5 y 7% al año. En cualquier caso, los objetivos muy ambiciosos en materia inflacionaria junto con la gradualidad fiscal son los que agravan los problemas de credibilidad y de atraso cambiario. A riesgo de ser repetitivo, en la Argentina, la madre de todas las batallas es siempre lograr poner en caja al sector público.
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Más del 80% de las PyMEs argentinas tienen restringido el acceso a la financiación

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Aunque el 99 por ciento de las empresas registradas en el país son micro, pequeñas y medianas; un estudio afirma que más del 80 por ciento de las mismas tienen restringido el acceso al financiamiento. Así lo asegura un informe realizado por la consultora financiera First Capital Group que identifica a las altas tasas de interés y a las condiciones que imponen las entidades para otorgar créditos como los principales inconvenientes a los que se enfrentan.

El financiamiento es una de las barreras más importante contra la que chocan las PyMEs que aspiran a despegar y crecer. Este sector productivo otorga trabajo a más de 4 millones de personas y genera el 44 por ciento de la riqueza del país.

Según el relevamiento de la firma financiera publicado por Noticias Argentinas, actualmente la demanda insatisfecha de financiamiento para este segmento asciende a los US$ 72.000 millones, si sumamos la demanda potencial del sector micro, esta cifra asciende a US$ 100.000 millones. Del otro lado del mostrador, el informe señala que el volumen ofrecido por el sistema bancario y el mercado de capitales no supera el 3 por ciento del PBI.

Los recursos propios son la principal fuente de financiamiento utilizada por casi 7 de cada 10 empresas, siempre de acuerdo al estudio de First Capital Group. En segundo lugar aparece el financiamiento bancario y completa el podio el fondeo a través del mercado de capitales. Mientras que en la Argentina el 80 por ciento de las PyMEs industriales tienen restringido el acceso de los servicios financieros, el informe apunta que en otros países este número disminuye a 55 por ciento.

En los primeros nueve meses del año, el financiamiento total a las PyMEs fue de $ 440.000 millones, un incremento del 58 por ciento con respecto a las cifras del mismo período del año pasado. También a nivel interanual, la financiación por el sistema bancario creció un 59 por ciento, en tanto, la participación del mercado de capitales aumentó a un ritmo más lento –30 por ciento. 

Fuente: Apertura

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Por qué 2018 será un año decisivo para Paraguay

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La economía paraguaya continúa mostrando una solidez notable. En una reciente visita a Asunción organizada para dialogar sobre la evolución económica, nos encontramos con una pequeña economía abierta que es vibrante a pesar de choques externos profundos. Aunque los dos socios comerciales más grandes de la región —Argentina y Brasil— sufrieron recesiones y los precios de las materias primas cayeron, el crecimiento de Paraguay conservó la resiliencia en 2015 y 2016. Es interesante observar que la economía paraguaya no se movió en sincronía con la de su vecino más grande gracias a políticas de apoyo adecuadas, una base económica más diversificada y a choques favorables de la oferta.

Ahora, en el contexto de una incipiente recuperación regional, Paraguay avanzará aún más. Es probable que nuestros pronósticos de crecimiento se revisen al alza (en alrededor de ¼ de un punto) y superen ligeramente 4% tanto en 2017 como en 2018 gracias al vigor inesperado de la demanda interna. Esta será una oportunidad para atacar muchas de las dificultades estructurales más profundas que le han impedido al país acelerar la convergencia en términos del ingreso con sus pares de la región.

El año próximo también será importante en vista de las elecciones nacionales programadas para el mes de abril. Uno de los retos más importantes para el nuevo gobierno será trabajar en prioridades de política clave para conseguir preservar la envidiable estabilidad económica y abordar con más ahínco los obstáculos estructurales —como la infraestructura y la educación— a fin de promover la prosperidad y la igualdad.

¿Cuál es la hoja de ruta hacia esos objetivos y cuáles son las prioridades en materia de políticas? Aquí las examinamos más de cerca.

Doble ancla

El factor más decisivo para el éxito de Paraguay ha sido la firme trayectoria de estabilidad económica, respaldada por dos anclas principales. Primero, desde su adopción en 2011, el régimen de metas de inflación ha servido de buena guía a la política monetaria y ha permitido contener la inflación. De hecho, hace poco el Banco Central del Paraguay redujo la meta de inflación a 4% y las expectativas del mercado se han ajustado rápidamente en torno al objetivo de la institución. Gracias a esa credibilidad, el banco central pudo respaldar el crecimiento, bajando las tasas de interés desde abril de 2015 tras fuertes choques externos tales como la caída de los precios de la soja y la debilidad del crecimiento en los socios comerciales. Ahora que la expansión está cobrando ímpetu, el crédito se está recuperando y el nivel general de inflación es más elevado, corresponde retirar poco a poco el estímulo monetario para preservar la credibilidad del banco central.

La segunda guía fundamental es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que sirve de ancla a la política fiscal. En vigencia desde 2015, la ley impone un tope de 1,5% del PIB al déficit presupuestario, que el gobierno parece estar encaminado a cumplir nuevamente en 2017. Al mismo tiempo, los presupuestos también han restringido el aumento del gasto primario corriente (es decir, el gasto que no incluye ni los pagos de intereses ni la inversión) por debajo del tope que fija la regla fiscal (4% en términos reales). En consecuencia, la composición del gasto público se ha orientado correctamente hacia una mayor inversión en los últimos años, tras muchos años durante los cuales sectores de vital importancia, como la infraestructura, recibieron fondos insuficientes. Estas inversiones deberían tener efectos beneficiosos para el crecimiento económico en los próximos años.Conservar la disciplina fiscal

Sin embargo, mantener la disciplina dentro del marco de la ley fiscal no ha sido una tarea exenta de dificultades. Las decisiones en torno a las prioridades del gasto público y los aumentos de la deuda pública suelen dar lugar a desacuerdos. Por ejemplo, las deficiencias del proceso presupuestario se pusieron especialmente de manifiesto el año pasado, cuando las tensiones entre los distintos poderes del estado culminaron en el veto presidencial del presupuesto de 2017.

Este año, el ciclo electoral y los cambios institucionales recientes relacionados con la fijación del salario mínimo han intensificado las presiones de gasto en las negociaciones sobre el presupuesto de 2018. Las propuestas encaminadas a aumentar significativamente el gasto corriente (incluido el salarial) podrían violar el tope que le impone al déficit la regla fiscal y podrían afectar la reorientación necesaria hacia una mayor inversión pública, que si se ha registrado en los últimos años. Además, un aumento del déficit el año próximo probablemente implicaría un estímulo fiscal poco deseable durante una fase de aceleración del crecimiento. Por esa razón, ceñirse a la regla fiscal y mantener las tendencias presupuestarias serían dos decisiones decisivas para mantener un buen desempeño macroeconómico.

Retos fiscales a más largo plazo

Pasado 2018, los retos consistirán en afianzar el marco fiscal y las instituciones de Paraguay y en generar más ingresos tributarios. Para ello será necesario mejorar la planificación y el control del presupuesto, así como replantearse algunos aspectos del diseño de la regla fiscal. Aunque Paraguay tiene un bajo nivel de deuda pública en comparación con otros países de la región, otro de los retos es convencer a un público receloso de que el país puede endeudarse sin riesgo e invertir con eficacia. Como se señaló en otros blogs, Paraguay va a la zaga de sus pares en términos de eficiencia y solidez de la inversión pública, selección y administración de proyectos, y procesos de asociaciones público-privadas, que pueden contribuir a mejorar la rentabilidad de la inversión.

En cuanto a la tributación, la movilización de mayores ingresos será importante para atender las necesidades de gasto prioritarias del país, preservando a la vez la solidez fiscal y el bajo nivel de deuda. El sistema tributario de Paraguay se caracteriza por bajas tasas impositivas y el uso intensivo de impuestos indirectos como impuestos sobre el valor agregado, con ingresos escasos provenientes de impuestos sobre la renta personal. Las tasas de los impuestos sobre el valor agregado y sobre la renta de las personas físicas y jurídicas se fijaron en un 10% uniforme en la última gran reforma tributaria, que ocurrió hace casi 15 años. Parece haber llegado la hora de plantearse una reforma tributaria que amplíe la base y mantenga tasas competitivas, entre otras cosas reduciendo desgravaciones y exenciones mucho más generosas que las de los pares de la región. Eso ayudaría en temas como la progresividad tributaria y la desigualdad del ingreso.

Estimular el crecimiento futuro

En lo que respecta a las reformas estructurales, un elemento central de la hoja de ruta es la promoción de las reformas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo para 2014–30. En vista del ciclo electoral, este año los esfuerzos se han centrado en las prioridades en marcha —sobre todo, la infraestructura—, y no en iniciativas nuevas. Cuando el nuevo gobierno asuma el poder el año entrante, será crucial reavivar el ímpetu de reforma en sectores como la salud y la educación. Hace poco, Paraguay se sumó al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, lo cual nos permitirá tener una idea más clara de los retos en este ámbito cuando se publiquen las conclusiones del informe el año próximo.

Por último, otro sector crítico es la reforma de las pensiones, ya que el sistema actual, fragmentado y subfinanciado, no canaliza suficientes ahorros nacionales hacia la inversión productiva. La reforma legislativa de las pensiones mejoraría la supervisión, pero sigue siendo una tarea inconclusa, y convendría que el próximo gobierno no la postergara.

En un contexto marcado por la aceleración económica y el ciclo electoral, no cabe duda de que 2018 se perfila como un año decisivo para Paraguay.

 
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