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El Gobierno aprobó el nuevo Estatuto de la Prefectura Naval

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En el marco de la reestructuración integral de las fuerzas de seguridad federales, el Gobierno nacional oficializó la aprobación de un nuevo Estatuto para la Prefectura Naval Argentina (PNA), derogando la histórica Ley Orgánica N° 18.398 que regía desde 1971. La medida, instrumentada a través del Decreto 457/2025, apunta a modernizar la estructura y operatividad de la fuerza especializada en la seguridad marítima, fluvial y portuaria.

El nuevo Estatuto de la Prefectura, publicado este lunes en el Boletín Oficial, busca actualizar las funciones, régimen disciplinario, escalafones y criterios de actuación de la institución. Según se detalla en los fundamentos del decreto, la reforma se enmarca en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública eficiente, ágil, transparente y de calidad”, tal como establece la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Ejes del cambio: profesionalización y control

Entre los puntos destacados del nuevo cuerpo normativo figuran:

  • Reorganización estructural: Se redefine la cadena de mandos, competencias y dependencias orgánicas de la Prefectura.
  • Modernización del régimen disciplinario y de ascensos: Se incorpora un sistema basado en mérito, capacitación y criterios objetivos.
  • Enfoque federal y adaptabilidad operativa: El nuevo marco normativo contempla la actuación en un entorno más complejo, con crecientes amenazas vinculadas al narcotráfico, contrabando, tráfico de personas y delitos ambientales en aguas interiores.

Según el Decreto 457/2025, el rediseño tiene como objetivo evitar superposiciones normativas, optimizar recursos y fortalecer el control interno. La Prefectura Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, deberá presentar en un plazo de 90 días hábiles las propuestas de adecuación normativa derivadas del nuevo Estatuto.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien refrendó el decreto junto al presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, sostuvo que la reforma es “clave para dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas legales acordes al contexto actual”.

Con esta medida, se deroga formalmente la Ley N° 18.398 —sancionada hace más de medio siglo— y los artículos 2° a 6° de la Ley N° 18.711. No obstante, se mantendrán transitoriamente los regímenes reglamentarios vigentes hasta que entre en vigor la reglamentación del nuevo Estatuto.

El nuevo marco legal busca no sólo modernizar la gestión interna, sino también alinear a la Prefectura con estándares internacionales en materia de seguridad marítima y protección de fronteras fluviales. Desde el Gobierno remarcaron que se trata de un paso estratégico para dotar a la fuerza de herramientas “más eficaces frente a amenazas transnacionales complejas”.

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El Gobierno reformula el régimen legal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

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En el marco de la reorganización de las fuerzas de seguridad federales, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un nuevo Estatuto para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mediante el Decreto 456/2025, publicado en el Boletín Oficial el 8 de julio. La medida implica una reforma integral del régimen normativo que regía la fuerza, en línea con los criterios de eficiencia, transparencia y modernización institucional establecidos por la Ley 27.742 de Bases.

Una nueva estructura para la PSA

La aprobación del Estatuto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria representa una actualización normativa sustancial en la regulación del funcionamiento, los deberes, derechos y la carrera profesional de los miembros de esta fuerza, que actúa en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. La nueva normativa reemplaza el marco legal anterior —derogado por este decreto— y se propone como herramienta para optimizar la operatividad, controlar los recursos y fortalecer las capacidades institucionales de la PSA ante los nuevos desafíos de la seguridad aeroportuaria.

El nuevo cuerpo normativo, disponible como anexo oficial del Decreto 456/2025, establece principios, estructuras jerárquicas, regímenes disciplinarios, derechos laborales y criterios de transparencia y control de gestión, orientados a garantizar un servicio profesionalizado, ágil y eficiente.

La reforma se enmarca en las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica y de seguridad. En este contexto, el Gobierno avanzó con una batería de decretos orientados a la reorganización de organismos descentralizados y a la optimización del aparato estatal. En el caso de la PSA, se busca dar respuesta a los crecientes desafíos del crimen transnacional, el terrorismo y el narcotráfico, particularmente en infraestructuras estratégicas como los aeropuertos.

Además, el nuevo Estatuto incorpora principios de gobierno abierto y gestión pública moderna, con mecanismos de control interno más rigurosos, y adaptaciones específicas al contexto operativo aeroportuario, que difiere de otras fuerzas federales.

Según consta en los considerandos del Decreto 456/2025, la medida tiene como objetivo asegurar “una fuerza altamente profesionalizada, ágil y plenamente adaptada a los estándares modernos de gestión pública, operatividad y control institucional”.

Entre los beneficios destacados del nuevo Estatuto se encuentran:

  • La racionalización de funciones y estructuras.
  • La jerarquización de la carrera profesional.
  • La incorporación de un régimen disciplinario ágil y con garantías.
  • La reducción del gasto público mediante una mejor administración de recursos.

Hasta tanto se apruebe la reglamentación específica del nuevo Estatuto, se mantendrán vigentes los regímenes reglamentarios anteriores, como medida de transición.

La implementación del nuevo Estatuto implica una reforma profunda que impactará directamente en la formación, organización y desempeño operativo de la PSA. Se espera que, con este marco, la fuerza avance hacia una profesionalización más alineada con los estándares internacionales en seguridad aeroportuaria y control de amenazas emergentes.

En el mediano plazo, la medida también podría consolidar un nuevo paradigma de articulación entre la PSA, otros organismos de seguridad y los actores del sector aeronáutico, tanto públicos como privados, fortaleciendo el rol de la fuerza como eje clave en la seguridad estratégica nacional.

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El Gobierno aprueba el nuevo Estatuto del Servicio Penitenciario Federal

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El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma del Servicio Penitenciario Federal (SPF) mediante el Decreto 455/2025, que aprueba un nuevo Estatuto para modernizar su estructura, profesionalizar su personal y adaptar sus funciones a los desafíos actuales en seguridad, crimen organizado y reinserción social. La medida deroga la Ley Orgánica vigente desde 1967 y establece un nuevo paradigma para el sistema penitenciario federal argentino.

Un nuevo marco legal para el sistema penitenciario argentino

El presidente Javier Milei, acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó el Decreto 455/2025 que establece el nuevo Estatuto del Servicio Penitenciario Federal. La reforma busca aggiornar una legislación con más de medio siglo de antigüedad (Ley N.º 17.236), reestructurando el sistema bajo parámetros de profesionalización, transparencia y eficiencia.

El nuevo marco legal convierte al SPF en una Fuerza de Seguridad Federal moderna, con capacidad de acción frente a delitos complejos, adaptada a estándares internacionales en derechos humanos, integridad institucional y uso racional de los recursos públicos.

Ejes centrales de la reforma

1. Reestructuración institucional y gestión eficiente:
Se eliminan normativas obsoletas y se establece una nueva organización con fuerte presencia de áreas críticas como la Dirección General de Seguridad, Dirección de Comunicaciones y Tecnologías, y la Dirección de Formación y Bienestar del Personal.

2. Profesionalización del personal penitenciario:
El Estatuto introduce un nuevo régimen de carrera, formación continua, bienestar integral y condiciones de trabajo mejoradas para el personal penitenciario, con un enfoque en la ética, el compromiso público y la excelencia en el servicio.

3. Enfoque en derechos humanos y reinserción:
La medida refuerza la función del SPF en la rehabilitación y reinserción social, a través de programas de tratamiento basados en evidencia, con un enfoque interdisciplinario y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

4. Infraestructura penitenciaria:
El decreto instruye al Ministerio de Seguridad a diseñar un Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria, que incluye la desafectación de inmuebles en zonas urbanas para relocalizar unidades penales, con el objetivo de reducir la conflictividad, mejorar las condiciones edilicias y optimizar la logística de seguridad.

Según el texto del decreto, “el funcionamiento del SPF como una Fuerza de Seguridad Federal eficiente, profesional y debidamente organizada es esencial para mantener la seguridad dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios”. La norma también subraya la necesidad de enfrentar la criminalidad organizada con un enfoque institucional sólido.

La reforma se enmarca en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que otorga al Poder Ejecutivo facultades para reorganizar organismos estatales durante el período de emergencia administrativa, económica y financiera.

Además, dentro de los 90 días hábiles desde la publicación del decreto, el SPF deberá presentar al Ministerio de Seguridad los proyectos reglamentarios necesarios para la implementación plena del nuevo Estatuto.

La transformación del SPF se inscribe en una agenda gubernamental más amplia orientada a la desburocratización del Estado, la transparencia en la gestión pública y el combate al crimen organizado. Con este nuevo Estatuto, el Gobierno busca consolidar al sistema penitenciario como un actor central en la seguridad interior y en la reducción de la reincidencia criminal.

En lo inmediato, se esperan definiciones operativas sobre la ejecución del plan de infraestructura, la transición normativa y los mecanismos de implementación del nuevo régimen para los agentes penitenciarios.

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El Gobierno aprobó un nuevo Estatuto para la Gendarmería Nacional

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El Gobierno nacional aprobó un nuevo Estatuto para la Gendarmería Nacional Argentina, en el marco del Decreto 454/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida implica una reforma integral del marco normativo de esta fuerza de seguridad federal, con el objetivo de modernizar su estructura, profesionalizar su desempeño y adecuarla a los desafíos actuales en materia de seguridad interior y defensa.

Reestructuración normativa y derogación de leyes vigentes

El nuevo Estatuto sustituye a la Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349, vigente desde 1971, y deroga también los artículos 2° al 6° de la Ley N° 18.711, con el propósito de consolidar y unificar las funciones y competencias de la Gendarmería bajo una sola norma. La iniciativa se enmarca en las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases N° 27.742, que declara la emergencia pública en diversas áreas y habilita reformas estructurales del Estado.

El Estatuto —cuyo texto completo se encuentra en el Anexo IF-2025-73005042-APN-MSG— deberá ser reglamentado en un plazo de 90 días hábiles. En ese lapso, la propia Gendarmería deberá presentar ante el Ministerio de Seguridad los proyectos normativos necesarios para su implementación.

Modernización institucional y racionalización del gasto

La reforma propone una reorganización integral del funcionamiento interno de la fuerza, con ejes en la eficiencia administrativa, la transparencia en la gestión de los recursos y la profesionalización del personal. Entre los puntos destacados, se incluye:

  • Jerarquización de la carrera profesional.
  • Racionalización de funciones y eliminación de superposiciones normativas.
  • Fortalecimiento del control interno y la trazabilidad presupuestaria.
  • Reforma del régimen disciplinario para asegurar el debido proceso.

Según el Poder Ejecutivo, la nueva norma busca alinear las capacidades operativas de la Gendarmería con amenazas contemporáneas como el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, además de responder con mayor eficacia ante emergencias o catástrofes.

El decreto hace hincapié en la necesidad de adecuar la normativa de la Gendarmería al marco legal posterior a su ley orgánica original, en particular a las Leyes de Seguridad Interior (24.059) y Defensa Nacional (23.554). Ambas establecen nuevos criterios de articulación entre fuerzas armadas y de seguridad en escenarios mixtos, como los que plantea el combate al narcotráfico en zonas de frontera.

En este sentido, el nuevo Estatuto define a la Gendarmería como una fuerza de seguridad federal militarizada, con competencia primaria en la Zona de Seguridad de Fronteras, pero también con capacidad de intervención nacional en situaciones definidas por el Ministerio de Seguridad.

El decreto se alinea con la estrategia general del Gobierno de Javier Milei de avanzar en la reestructuración del Estado para reducir el déficit fiscal, eliminar estructuras duplicadas y optimizar la gestión de recursos públicos. En esa línea, la Gendarmería —una de las instituciones clave del aparato de seguridad— se convierte en un modelo piloto de reforma organizativa.

El artículo 6° del decreto establece que hasta tanto se reglamente el nuevo Estatuto, continuarán vigentes los regímenes de las normas derogadas, garantizando así una transición ordenada. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional deberá pronunciarse sobre la validez del decreto en los términos de la Ley 26.122.

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El Gobierno disolvió y reestructuró organismos de salud para reducir gastos y mejorar la eficiencia

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Con la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el Poder Ejecutivo fusiona cinco hospitales nacionales y elimina dos institutos descentralizados que estaban inactivos o duplicaban funciones

A través del Decreto 459/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la disolución de organismos descentralizados del Ministerio de Salud y la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que unificará la gestión de cinco hospitales nacionales bajo una única estructura. La medida forma parte del proceso de reorganización del Estado que impulsa la administración de Javier Milei para reducir el gasto público y aumentar la eficiencia en la prestación de servicios esenciales.

La ANES estará integrada por los hospitales nacionales “Dr. Baldomero Sommer”, “Prof. Alejandro Posadas”, “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”. Cada uno conservará su denominación, ubicación y especialización, pero pasará a estar administrado de forma centralizada.

Disolución de institutos inactivos o superpuestos

El decreto también ordena la disolución del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca operativo, y la transformación del Instituto Nacional del Cáncer en una unidad dependiente del Ministerio de Salud. Este último continuará gestionando el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca) y el Registro Oncopediátrico, en el marco del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.

Según el informe técnico de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, al 7 de febrero de 2025 existían 111 organismos públicos bajo la órbita del Ejecutivo, con 477 autoridades superiores y una estructura considerada “excesivamente onerosa”. En ese marco, la dotación de personal en organismos descentralizados creció de 35.481 en 2010 a 88.095 en 2024.

La ANES tendrá como misión centralizar la ejecución presupuestaria, la administración de los recursos humanos y los procesos de compras y contrataciones, con el objetivo de lograr economías de escala, mejorar los controles internos y facilitar la implementación de políticas sanitarias unificadas. Estará dirigida por un Administrador Nacional con rango de secretario, asistido por directores ejecutivos por cada hospital y uno para coordinación legal y administrativa.

El Gobierno remarcó que la medida no implicará el cierre de hospitales ni recortes en la atención, sino una reestructuración administrativa para fortalecer la gestión sanitaria. Hasta tanto se apruebe la nueva estructura organizativa del Ministerio de Salud y de la ANES, se mantendrán las plantas de personal vigentes y las funciones esenciales de los organismos fusionados.

Además, se modificaron artículos de leyes vigentes para adecuar el marco normativo a la nueva organización, como la Ley 27.674 sobre oncopediatría, y se derogaron las leyes que daban sustento a los organismos disueltos.

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