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El Gobierno disuelve hospitales SAMIC y Delegaciones Sanitarias Federales

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El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de ajuste en el sistema de salud pública al dejar sin efecto la facultad del Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC y disponer la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales. Lo hizo a través del Decreto 460/2025, en el marco de la emergencia pública y bajo el objetivo de reorganizar estructuras estatales consideradas ineficientes o duplicadas.

El Decreto 460/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud y deroga la potestad del Poder Ejecutivo de constituir nuevos “Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad” (SAMIC). Se trata de una estructura creada en 1968 para gestionar hospitales interjurisdiccionales, sostenidos con aportes de Nación, provincias y municipios.

Según los considerandos de la norma, la medida busca reducir el “sobredimensionamiento” del Estado y transferir responsabilidades sanitarias a los gobiernos provinciales, en línea con lo establecido por la Ley 27.742 de Bases.

Deudas provinciales y colapso de los entes interjurisdiccionales

El decreto señala que la experiencia con el esquema SAMIC mostró “ineficacia y falta de sostenibilidad financiera”, ya que muchas provincias no cumplían con sus aportes, dejando a cargo del Estado nacional la mayoría de los gastos operativos. Esta dinámica, según el Poder Ejecutivo, generó un sistema ineficiente, con duplicidad de funciones y afectación al equilibrio fiscal.

Por otro lado, se sostiene que las Delegaciones Sanitarias Federales, creadas mediante el Decreto-Ley 4143/58, han dejado de operar hace años, sin presencia activa en las jurisdicciones.

La decisión se apoya en las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo en el marco de la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. En ese contexto, se habilitó la posibilidad de suprimir entes descentralizados o dependencias cuya existencia no se justifique por su desempeño o utilidad.

El decreto también deroga expresamente las normas legales que daban sustento al régimen SAMIC y a las Delegaciones Sanitarias, incluyendo el Decreto 8248/68 y la Ley 17.102, junto con sus reglamentaciones.

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 460/2025, el Ministerio de Salud deberá dictar las normas complementarias necesarias para llevar adelante la disolución y reorganización del sistema sanitario nacional en relación con estas estructuras. La medida representa un paso más en la estrategia del Gobierno para transferir competencias y recortar el gasto público, dejando bajo responsabilidad de las provincias una mayor parte de la atención sanitaria.

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Disolvieron el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y otros dos fideicomisos por una serie de irregularidades

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Las decisiones quedaron establecidas por el Decreto 463/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó la disolución de tres fondos fiduciarios clave —el FFFIR, el FONDEP y el fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego— en el marco de su plan de reestructuración del Estado. La medida se justificó en irregularidades administrativas, ineficiencia en el uso de recursos y superposición de estructuras. Las funciones esenciales serán absorbidas por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Seguridad.

FONDEP, FFFIR y Manejo del Fuego: bajo auditoría y con resultados críticos

El Decreto 463/2025, publicado este 8 de julio, ordena la disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) —antes FONDEAR— y el fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, en línea con lo establecido por la Ley N.º 27.742 de Bases. La decisión se basa en informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectaron serias falencias operativas, incumplimientos normativos y bajos niveles de ejecución.

FFFIR: baja ejecución y pérdidas por inflación

Creado por la Ley 24.855, el FFFIR tenía como misión asistir a las provincias con financiamiento para obras de infraestructura. No obstante, la SIGEN reportó una “muy baja aplicación de los recursos” y cuestionó que grandes montos permanecieran ociosos en plazos fijos, perdiendo valor ante la inflación. Además, se detectó una estructura de personal fija prohibida por el artículo 147 de la Ley 11.672, lo que contribuyó a la decisión de su cierre.

El Ministerio de Economía asumirá los contratos y convenios aún vigentes, incluidos los firmados con organismos internacionales.

Manejo del Fuego: contrataciones irregulares y fallas en control

El fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, creado por la Ley 26.815, también será disuelto tras detectarse irregularidades en la contratación de personal y en la ejecución de compras clave como autobombas y servicios aéreos. La SIGEN reveló contrataciones de más de 100 personas entre 2022 y 2023, sin documentación suficiente de sus tareas ni entregables.

Pese a la eliminación del fideicomiso, se mantiene la contribución obligatoria del 3‰ de las primas de seguros, que ahora será recaudada por el Ministerio de Seguridad y destinada al Sistema Federal de Manejo del Fuego, que permanece activo.

FONDEP: falta de información contable y debilidades en la gestión

El FONDEP, creado en 2014 como FONDEAR y renombrado por Ley 27.431, fue concebido para financiar sectores estratégicos con alto valor agregado. Según la SIGEN, al 31 de diciembre de 2023 no estaban disponibles sus estados contables, y se observaron fallas en la gestión de créditos y monitoreo de inversiones. A esto se suman beneficios aprobados por el comité ejecutivo que no se ejecutaron ni fueron controlados.

El decreto deroga la norma de creación (Decreto 606/2014) y encarga al Ministerio de Economía el proceso de liquidación.

Las tres disoluciones se enmarcan en el proceso de racionalización impulsado por el Ejecutivo bajo la Ley de Bases. El Decreto 463 establece que el Ministerio de Economía dictará las normas complementarias necesarias y que los fiduciarios de los fondos seguirán cumpliendo funciones hasta completar la liquidación.

El Gobierno busca centralizar funciones, reducir estructuras redundantes y mejorar la eficiencia del uso de fondos públicos, con foco en evitar desvíos y mejorar la trazabilidad de los recursos.

La medida marca un nuevo capítulo en el proceso de desburocratización y revisión del gasto público. Aunque genera interrogantes sobre la capacidad operativa de los ministerios para absorber funciones complejas, el Gobierno sostiene que la reorganización permitirá mayor control, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos estatales.

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Transformaron el INTA y el INTI y disolvieron el instituto que regula la industria del cannabis medicinal

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El Decreto 462/2025 publicado en Boletín Oficial confirmó el cambio de estatus de ambos organismos. También se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)

En el marco del proceso de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno nacional, el Decreto 462/2025 oficializó la disolución de seis organismos descentralizados clave, entre ellos ARICCAME, INASE e INAFCI, y dispuso la transformación de entidades como el INTA, INTI e INV. El objetivo es reducir el gasto público, optimizar recursos y simplificar la estructura estatal, reasignando funciones esenciales a ministerios y secretarías ya existentes.

Reasignación de funciones y centralización administrativa

A través del Decreto 462/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional dispuso la disolución de seis organismos públicos y la transformación de otros tres, en el marco del plan de desregulación y ajuste del Estado. La medida responde al mandato de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilita al Ejecutivo a reorganizar la estructura estatal durante un año.

Entre los entes disueltos figuran:

  • ARICCAME (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal),
  • INAFCI (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena),
  • INASE (Instituto Nacional de Semillas),
  • Comisión Nacional de Semillas,
  • Fondo de Fomento de la Vitivinicultura (ya inactivo), y
  • el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar.

En paralelo, se dispuso la transformación del INTA, INTI e INV, que dejarán de ser organismos descentralizados para pasar a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca o de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Justificación oficial: reducción de estructuras y gasto ineficiente

El decreto detalla que estas medidas se adoptan para combatir el “sobredimensionamiento de la estructura estatal” y el “gasto excesivo” derivado de la proliferación de organismos sin resultados comprobables. Según datos oficiales, en 2024 la administración pública nacional contaba con 88.095 agentes en organismos descentralizados, más del doble que en 2010.

Entre los casos destacados:

  • ARICCAME, con apenas 7 agentes, poseía una estructura jerárquica compuesta por 50 miembros entre directorio y consejos.
  • INAFCI, con 930 empleados, fue cuestionado por la falta de control en la ejecución presupuestaria y la discrecionalidad en la asignación de fondos.
  • INASE y su comisión fueron eliminados por generar circuitos administrativos redundantes que demoraban las decisiones sobre el sistema nacional de semillas.

Nueva distribución de competencias

Las funciones de los organismos disueltos no desaparecerán, sino que serán reasignadas. Por ejemplo:

  • ARICCAME: sus competencias pasarán a la ANMAT (en lo relativo a cannabis medicinal) y al Ministerio de Economía, a través de sus secretarías de Industria y de Agricultura.
  • INASE: sus tareas regulatorias serán absorbidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que será ahora la autoridad de aplicación de la Ley 20.247 de Semillas.
  • INAFCI: el Ministerio de Economía asumirá sus obligaciones y competencias, aunque se mantiene el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF).

Los organismos transformados, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), continuarán funcionando bajo una nueva estructura más centralizada.

  • El INTI pasará a depender directamente de la Secretaría de Industria, en busca de una “mayor articulación estratégica”.
  • El INTA, con más de 6.000 agentes, será reorganizado como organismo desconcentrado y conducido por un presidente con rango de secretario de Estado.
  • El INV, afectado por controles considerados “redundantes”, mantendrá su denominación por motivos de reconocimiento internacional, pero será una unidad técnica de la Secretaría de Agricultura.

Estas medidas reflejan un cambio profundo en el rol del Estado como regulador y promotor de actividades productivas. Bajo la consigna de simplificar y eficientizar la gestión pública, el Gobierno apuesta a eliminar estructuras consideradas “obsoletas o ineficientes”, aun a costa de centralizar funciones clave en carteras ministeriales.

Resta definir cómo impactará esta reestructuración en el funcionamiento operativo de sectores sensibles como el cannabis medicinal, la agricultura familiar, la industria semillera y el sistema tecnológico productivo.

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El Gobierno disuelve Vialidad y ANSV: crean nueva Agencia de Control del Transporte

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El Gobierno Nacional oficializó una profunda reestructuración del sistema de transporte y seguridad vial mediante el Decreto 461/2025, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Las funciones críticas de estos organismos serán absorbidas por el Ministerio de Economía y una nueva entidad reguladora: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. El Ejecutivo argumenta que la medida apunta a mejorar la eficiencia, reducir el gasto público y simplificar estructuras.

Disuelven Vialidad, ANSV y organismos de tránsito

El Gobierno nacional avanza en un plan de racionalización del gasto público y modernización del Estado. En ese marco, el Decreto 461/2025 establece la disolución de tres organismos claves en materia de infraestructura vial y seguridad en rutas:

  • Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
  • Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
  • Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial

Según se desprende del texto oficial, el Ejecutivo considera que estas entidades presentaban una estructura sobredimensionada, con una dotación de 88.095 agentes en 2024 frente a los 35.481 registrados en 2010, además de 477 autoridades superiores distribuidas en 111 entes descentralizados o desconcentrados.

La medida dispone la reorganización de la actual CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, con competencias ampliadas en materia ferroviaria, vial y de transporte urbano y suburbano. Entre sus nuevas atribuciones se encuentra:

  • Fiscalización de contratos de concesión viales, ferroviarios y de transporte automotor.
  • Sanción ante incumplimientos contractuales.
  • Investigación de accidentes ferroviarios.
  • Defensa de los derechos de los usuarios.

Además, esta agencia asumirá tareas previamente delegadas a Vialidad, lo que implica la aplicación de la Ley N.º 27.445 sobre concesiones viales.

En línea con el plan de reducción del aparato estatal, la Gendarmería Nacional Argentina tomará a su cargo el control y la fiscalización del tránsito en rutas nacionales, funciones que hasta ahora realizaba la ANSV. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía absorberá las restantes tareas normativas, estadísticas y administrativas vinculadas a seguridad vial.

Por otra parte, se eliminará el 1% del seguro automotor que se destinaba a la ANSV, y esos fondos quedarán bajo control del Ministerio de Economía.

La Junta de Seguridad en el Transporte también será reorganizada y reemplazada por la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que mantendrá su rol técnico con independencia operativa para cumplir estándares internacionales. Esta nueva agencia se enfocará exclusivamente en sucesos aeronáuticos, mientras que la fiscalización de accidentes ferroviarios pasará a la nueva entidad de control de concesiones.

Declaraciones y fundamentos técnicos

El Gobierno justificó estas decisiones en función de la “emergencia pública” dispuesta por la Ley N.º 27.742 y del objetivo de reducir estructuras redundantes. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte elaboraron informes que sostienen que los modelos concesionados y tercerizados muestran mejores indicadores de eficiencia frente al esquema estatal tradicional.

En los fundamentos se destaca, por ejemplo, que en 17 distritos el desmalezado de rutas está tercerizado en un 37% (9.560 km), lo cual evidencia —según el Ejecutivo— una estructura sobredimensionada e ineficiente de la DNV para operar con recursos propios.

Con este decreto, el Gobierno redefine el rol del Estado en la planificación, regulación y control del transporte y la seguridad vial. La medida centraliza competencias en el Ministerio de Economía, transfiere tareas operativas a las fuerzas de seguridad y busca eficientizar el uso de los recursos públicos a través de organismos con menor estructura y mayor tecnificación.

Las implicancias son múltiples: desde el impacto en la gestión de obras viales hasta un cambio de paradigma en la seguridad del tránsito y la fiscalización de concesiones. Resta ver cómo se articularán estas nuevas funciones en un sistema más concentrado y con menos actores institucionales.

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Motosierra: cuáles son los 100 organismos públicos cerrados o modificados durante el Gobierno de Milei

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En el año que duró la vigencia de las facultades delegadas al Ejecutivo por el Congreso, las medidas de ajuste abarcaron casi todas las áreas del sector público

La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad fue decidida sobre el cierre del plazo de utilización de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases, sancionada exactamente un año atrás. Esa norma, junto al DNU 70/23, fueron las herramientas que utilizó el gobierno de Javier Milei para disolver, fusionar y reorganizar reparticiones de la administración central del Estado, organismos descentralizados y otras dependencias públicas.

“Las principales desregulaciones y recortes de gasto del Ministerio se dieron en los siguientes ámbitos: empleo público, reforma laboral, alquileres, industria y comercio, transporte y sector automotor”, señaló el ministerio de Desregulación y Modernización del Estado que dirige Federico Sturzenegger. Ese ministerio, a cargo de la política que el gobierno simbolizó con la motosierra difundió el listado completo de modificaciones en el aparato estatal:

1. Disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

2. Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de Fuerzas de Seguridad; ahora la tarea “la hará Gendarmería que realiza más de 80.000 controles de tránsito por año”.

3. Disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

4. Disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que había quedado con pocas competencias con la desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. Las funciones con respecto a lo ferroviario y servicios públicos pasarán a una Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

5. Se transforma la Junta de Seguridad en el Transporte en la Agencia de investigación e Incidentes de Aviación limitando sus funciones.

6. Unificación de la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte e INAREPS constituyendo la “Administración Nacional de Establecimiento de Salud”.

7. Se eliminan las Delegaciones Sanitarias Federales –estructuras inactivas y sin funciones operativas– y se deja sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura de SAMIC.

8. Transforma el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

9. Se reorganizan funciones dentro del ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disuelve el Instituto Nacional de Medicina Tropical de Anlis-Malbrán, que duplicaba funciones con los institutos Dr. Chaben y Dr. Maiztegui, también del Anlis-Malbrán.

10. Se disuelve el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca implementado.

11. Disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal que tenía más secretarios de Estado que el Ministerio de Salud y “es el ejemplo perfecto de agencias descentralizadas que se crean para hacer caja”. Sus funciones duplicaban las que ya tenía el ANMAT.

12. Disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que tenía 1.000 empleados y destinaba el 85% de la plata en sueldos.

13. Disolución del Instituto Nacional de Semillas, que se transfiere a Agricultura.

14. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

15. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

16. Transformación en organismo desconcentrado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

17. Transformación en organismo desconcentrado del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

18. Se fortalece la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su rol como fuerza especializada en seguridad aeroportuaria y se la habilita, a requerimiento del Gobierno Nacional, a participar en tareas de seguridad en el transporte en general.

19. Modernización de la normativa de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) adaptando su estructura para hacerla más eficiente, se optimiza su régimen de personal, y se jerarquiza el control interno con foco en la integridad institucional.

20. Actualización del marco legal de la Prefectura Naval Argentina para consolidarla como Fuerza de Seguridad Federal diferenciada de la Armada. Se eliminan competencias obsoletas y se actualiza su régimen de personal y carrera.

21. Modernización del marco normativo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de un nuevo Estatuto que reemplaza normativas vigentes desde hace más de 50 años.

22. Disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenobofia y el racismo (INADI), “el ejemplo paradigmático de uso del Estado para la persecución y adocrinamiento político”, según el ministerio de Desregulación.

23. Disolución del Instituto Nacional Belgraniano, que como los que siguen, comenzaron como organizaciones civiles y en algún momento pasaron a depender del Estado.

24. Disolución del Instituto Nacional Browniano.

25. Disolución del Instituto Nacional Newberiano.

26. Disolución del Instituto Nacional ‘Juan D. Perón’ de Estudios e Investigaciones Históricas Sociales y Políticas.

27. Disolución de la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón”.

28. Transformación en unidad organizativa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

29. Transformación en unidad organizativa de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

30. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón.

31. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

32. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional del Teatro, donde el 65% del gasto era en sueldos.

33. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional Sanmartiniano.

34. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional Yrigoyeneano.

35. Transformación en unidad organizativa del Museo Nacional de Bellas Artes.

36. Transformación en unidad organizativa del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

37. Disolución de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, un organismo que brindaba microcréditos a microemprendedores pero su cartera era del 0,15% de sus recursos.

38. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional del Agua.

39. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

40. Transformación en unidad organizativa del Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte.

41. Transformación en organismo desconcentrado de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, y cambio de denominación a Registro Nacional de Armas.

42. Transformación en organismo desconcentrado del Banco Nacional de Datos Genéticos.

43. Fusión del Museo de Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

44. Fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino, concentrando en un único organismo a los profesionales de la misma especialidad.

45. Fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas constituyendo el nuevo Esnte Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

46. Adecuación de la Unidad de Información Financiera (UIF) a los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

47. Eliminación de créditos ANSES para que el Estado no regale la plata de los jubilados a tasas irrisorias con fines políticos.

48. Desregulación de las obras de arte, con la eliminación de trabas a la importación y exportación con trámites innecesarios. En 30 años el estado nunca uso esa facultad.

49. Desregulación del Transporte Automotor de Cargas: Eliminación del RUTA, “un trámite inútil que llevaba tiempo y dinero”.

50. Eliminación del pedido de libre deuda a Obras Sanitarias para transferir inmuebles.

51. Eliminación del Registro de Constructores.

52. Simplificación del mercado de autopartes usadas para bajar el costo de las partes y de los seguros.

53. Eliminación de trámites innecesarios que limitaban la competencia en servicios digitales.

54. Eliminación de las jornadas obligatorias de Educar en Igualdad.

55. Eliminación del Fondo Nacional para la Construcción de viviendas de servicio del personal militar.

56. Autorización para la Privatización de Intercargo S.A.U.

57. Autorización para la Privatización de Corredores Viales S.A.

58. Autorización para la Privatización de Energía Argentina S.A.

59. Transformación del Banco Nación en S.A.

60. Reorganización de la Casa de la Moneda S.A.U.

61. Transformación de Yacimiento Carbonífero Río Turbio en S.A. para su posterior privatización.

62. Ley de Pequeña y Mediana Empresa. Eliminación de capas de programas, capacitaciones, registros y promociones “que siempre costaron mucho y nunca hicieron nada”.

63. Disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).

64. Liberación de las importaciones para Ciencia y Tecnología (ROECYT).

65. Derogación de los regímenes de promoción de la Ganadería Ovina y de Llamas, del Gusano de Seda, de la Actividad Caprina, Ganadería Bovina en zonas áridas y semiáridas, Búfalos de Agua y Producción Algodonera.

66. Desregulación de la importación de pilas.

67. Desregulación de inversiones mineras.

68. Desregulación de garrafas, Gas Licuado de Petróleo (GLP): “Eliminamos barreras a la competencia en el sector que encarecen la actividad y liberamos la importación para que ingresen más garrafas al país”.

69. Disolución del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE), que estuvo operativo hasta su extinción en 2018.

70. Disolución del Fondo Cobertura Universal de Salud (CUS).

71. Disolución del Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS).

72. Disolución del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).

73. Disolución del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO).

74. Disolución del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO).

75. Disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE).

76. Disolución del Fondo Nacional de Emergencias (FONAE).

77. Disolución del Fondo Fiduciario del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR).

78. Disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP).

79. Disolución del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR.).

80. Disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).

81. Disolución del Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria (REFI).

82. Disolución del Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.

83. Disolución del Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (PROICSA).

84. Disolución del Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE).

85. Disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).

86. Disolución del Fondo para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar (PRODAF).

87. Disolución del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

88. Disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

89. Disolución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Aeroportuaria (INFRA. AEROP.).

90. Disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).

91. Disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

92. Disolución del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC).

93. Disolución del Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS).

94. Disolución del Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (FFGLP).

95. Disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)

96. Disolución del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP).

97. Fusión por absorción de Construcción de Vivienda para la Armada, por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.

98. Modificación leyes de energía 24.076 y 24.065, para que cualquier privado pueda contratar la electricidad con el proveedor que quiera.

99. Modificación de las leyes 24.196 y 24.466 de inversiones mineras.

100. Modificación de Ley de Turismo 25.997 a fin de suprimir intervenciones estatales distorsivas para el mercado y competencias nacionales en materia de turismo regional, como los hoteles sociales.

101. Disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), con el fin de eliminar una caja utilizada por la política, se consolidan sus funciones en la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

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