“Alerta Dulce María”: un sistema de búsqueda urgente para mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas
La desaparición de una persona activa una carrera contra el tiempo. En los casos de mujeres, niñas y adolescentes, las primeras horas suelen definir el desenlace. Sobre esa premisa se apoya el proyecto de ley que presentó la diputada Anazul Centeno a a la Cámara de Representantes para crear el Sistema Provincial de Alerta Urgente para la Búsqueda de Mujeres, Niñas y Adolescentes Desaparecidas, denominado “Alerta Dulce María”.
La iniciativa busca institucionalizar un protocolo de reacción inmediata. Sin demoras. Sin períodos de espera. Con difusión masiva desde el momento de la denuncia. El objetivo: maximizar las posibilidades de localización y reducir los riesgos asociados a violencia de género, trata de personas, explotación sexual o femicidios.
El proyecto establece que la denuncia deberá activar de forma automática los mecanismos de búsqueda. La norma prohíbe cualquier criterio temporal de espera antes de iniciar acciones de localización. También incorpora principios de debida diligencia reforzada, perspectiva de género, interés superior de la niñez y protección integral de derechos.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Gobierno. Tendría facultades para coordinar la difusión simultánea de fotografías y datos esenciales mediante medios de comunicación, redes sociales, telefonía móvil, plataformas digitales y cartelería pública. El texto prevé convenios con empresas tecnológicas para automatizar alertas geolocalizadas en zonas donde se presuma la desaparición.
Uno de los aspectos centrales es la rapidez. La alerta deberá resolverse en un plazo máximo de dos horas desde la radicación de la denuncia. En el caso de niñas y adolescentes, la activación será automática cuando existan condiciones de riesgo. Además, el sistema podrá complementarse con mecanismos nacionales ya vigentes.
La propuesta define varios criterios de activación. Antecedentes de violencia. Amenazas previas. Sospechas de captación mediante redes sociales. Posibles situaciones de trata. Condiciones de vulnerabilidad agravada. También cualquier circunstancia que permita presumir peligro para la vida o integridad de la persona buscada.
El proyecto crea además una Mesa Provincial de Coordinación Interinstitucional. Estará integrada por la Policía de Misiones, el Poder Judicial, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública, la Línea 137 y la Subsecretaría de la Mujer. Su función será eliminar barreras burocráticas y unificar estrategias de búsqueda.
Otro componente relevante es la creación de un Registro Provincial Automatizado. La herramienta permitirá relevar estadísticas, detectar patrones delictivos, identificar zonas de riesgo y evaluar la eficacia del sistema. Parte de esa información será pública, aunque preservando los datos sensibles de las víctimas.
El antecedente que impulsó la iniciativa
El proyecto toma su nombre de Dulce María Beatriz Candia. Su desaparición y posterior desenlace trágico conmocionaron a Misiones. El caso expuso limitaciones en los mecanismos de reacción temprana y reabrió el debate sobre la necesidad de fortalecer herramientas específicas para búsquedas urgentes con perspectiva de género.
Los fundamentos remarcan que la propuesta no pretende reemplazar a la Alerta Sofía. Busca complementarla. La diferencia radica en el foco. Mientras el sistema nacional está orientado a niñas, niños y adolescentes en situaciones de alto riesgo, la Alerta Dulce María incorpora variables vinculadas a violencia de género, captación, explotación sexual y trata de personas.
La iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación por los casos de violencia extrema contra mujeres. Según datos citados en los fundamentos, Argentina registró 262 víctimas fatales de violencia de género durante 2025. Una cada 33 horas. Misiones figuró entre las provincias con mayores tasas relativas, con 14 femicidios reportados durante ese año.
El proyecto propone una respuesta institucional basada en la inmediatez, la coordinación y el uso intensivo de tecnología. La discusión legislativa pondrá en debate hasta dónde puede llegar la capacidad estatal para intervenir durante las primeras horas de una desaparición. Un terreno donde, muchas veces, cada minuto cuenta.