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Colectivos en crisis en el AMBA: menos unidades, recortes en el servicio y boleto 1200% más caro

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Las paradas repletas, las largas esperas y los colectivos saturados dejaron de ser una postal excepcional para transformarse en parte de la rutina diaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pocos días de aplicarse un nuevo aumento del 5,4% en el boleto, que llevó la tarifa mínima a $753,74, el sistema de transporte público quedó otra vez bajo presión.

Las cámaras empresariales del sector advirtieron que el servicio está al borde de ser declarado en emergencia. La razón es una combinación explosiva: deuda estatal acumulada, suba persistente de costos operativos, falta de actualización en las compensaciones y una flota cada vez más reducida. Según denunciaron, el Estado mantiene una deuda superior a los $128 mil millones en concepto de subsidios y compensaciones pendientes.

A esto se suma la falta de precisiones por parte de Nación y Provincia sobre cómo se cubrirán los mayores costos derivados del incremento del gasoil y otros insumos esenciales para sostener la operación diaria.

Menos colectivos en circulación

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA confirma el deterioro estructural del sistema. En noviembre de 2019 circulaban en el AMBA 19.348 colectivos; en marzo de 2026 esa cifra cayó a 16.989 unidades, lo que implica casi 2.500 micros menos y una reducción cercana al 12%.

La baja no es solo estadística: impacta de manera directa en la frecuencia, en la capacidad de respuesta y en la calidad del servicio. Desde el sector empresario aseguran que durante abril la situación se agravó aún más, cuando se aplicó un recorte del 40% en la circulación como forma de presión ante la falta de respuestas oficiales.

Muchas líneas, según el relevamiento, operan actualmente apenas al 70% de su capacidad habitual.

El boleto subió más de 1200%

Mientras la oferta se achica, el costo para los usuarios se disparó. En poco más de seis años, el boleto de colectivo acumuló un aumento superior al 1200%, incluso en un contexto donde las empresas siguieron recibiendo subsidios, aunque con fuertes recortes y demoras.

El resultado es visible en cada parada: menos frecuencia, mayores tiempos de espera y unidades sobrecargadas, especialmente en horarios pico.

La situación revela una paradoja cada vez más evidente: viajar cuesta mucho más, pero el servicio responde cada vez peor.

Subsidios desordenados y deuda creciente

El informe académico también pone el foco en la compleja estructura de subsidios, repartida entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa superposición de responsabilidades genera desajustes administrativos y dificulta una planificación uniforme del sistema.

El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, Rafael Skiadaressis, explicó que el principal factor de deterioro fue el fuerte aumento del precio del combustible.

Según señaló, esos mayores costos no fueron compensados de manera inmediata ni vía subsidios ni mediante actualizaciones tarifarias. Además, se acumuló una deuda vinculada al subsidio social destinado a jubilados que rondaría los $80 mil millones.

Flota envejecida y menos kilómetros

Uno de los efectos más directos del desfinanciamiento es la postergación de la renovación de unidades. Cuando faltan recursos, las empresas primero retrasan el recambio de colectivos y luego reducen la cantidad de vehículos activos.

Eso deriva en una flota más vieja, con mayores fallas mecánicas, menor confiabilidad y menos kilómetros recorridos.

Desde 2024, además, el esquema de subsidios se fragmentó aún más al dividirse por jurisdicciones, profundizando las desigualdades operativas y financieras entre empresas.

Paros y conflicto salarial

La fragilidad del sistema también quedó expuesta esta semana con nuevas interrupciones del servicio. Las líneas 707, 333, 407 y 437, operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín (Mogsm) S.A., dejaron de circular en la zona norte del conurbano bonaerense por un conflicto salarial.

Los trabajadores mantienen un paro por salarios adeudados que ya supera una semana, en una nueva muestra de la tensión financiera que atraviesa el sector.

El antecedente más reciente fue el 9 de abril, cuando la reducción de frecuencias coincidió con un paro de la UTA. Aunque el Gobierno giró un anticipo de subsidios que permitió recomponer parcialmente el funcionamiento, la normalización fue desigual según la situación financiera de cada empresa.

Un sistema cada vez más caro y más frágil

El diagnóstico es claro: sin medidas estructurales, el deterioro continuará.

Menos unidades en la calle, tarifas en alza, subsidios desordenados y empresas con serias dificultades para sostener la operación conforman un escenario crítico para millones de pasajeros que dependen diariamente del transporte público.

El AMBA enfrenta así una ecuación cada vez más difícil de sostener: colectivos más caros, menos frecuentes y un sistema que, lejos de mejorar, parece avanzar hacia una crisis aún más profunda.

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El Gobierno transferirá subsidios para sostener el servicio de colectivos del AMBA

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Autoridades nacionales del área económica se comprometieron con representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional del AMBA, a transferir esta misma semana fondos para saldar deudas pendientes de subsidios y regularizar el servicio de colectivos.

Según se informó a través de un comunicado, estas remesas serán transferidas a las empresas durante la semana en curso, con el objetivo de contribuir a la regularización de sus cuentas y de las frecuencias de los colectivos.

La demora en girar las partidas hacia el transporte público de pasajeros motivó en los últimos días que muchas empresas de colectivos redujeran sus frecuencias provocando inconvenientes y demoras a miles de pasajeros de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El encuentro fue encabezado por los titulares de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.

Desde la Secretaría de Transporte se presentó “un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para avanzar, en el corto plazo, en la reorganización del sistema”.

“Durante la reunión se analizaron distintas variables técnicas y económicas, con el propósito de mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios”, se indicó en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Asimismo, se presentaron propuestas orientadas a “reducir costos operativos y optimizar el sistema”, y se avanzó en el desarrollo de “herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios”.

El jueves de la semana pasada se acordó entre los distintos actores del sector la conformación de mesas técnicas de trabajo, con el fin de establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias.

En este marco, la reunión realizada “forma parte de ese proceso y refleja la voluntad del Estado Nacional de acompañar al sector en la implementación de soluciones que permitan consolidar un servicio más eficiente y de mayor calidad para los usuarios”.

Por último, se acordó un nuevo encuentro de trabajo que se realizará en las mismas condiciones dentro de los próximos quince días.

En representación del sector empresario asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez (AAETA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

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Paro de colectivos en Misiones: la crisis por subsidios de Nación escala y pone en jaque el transporte

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El sistema de transporte urbano del interior sumó un nuevo capítulo de tensión este jueves, cuando choferes de Posadas, Garupá, Candelaria, Eldorado y Montecarlo iniciaron un paro de colectivos tras la falta de acreditación de fondos nacionales.

La medida, que se replica en distintas ciudades del país, expone un dato estructural: una deuda superior a $30.000 millones por parte del Estado nacional con las empresas del interior. En ese escenario, la pregunta que atraviesa el conflicto es inevitable: ¿se trata de un desajuste coyuntural o de una redefinición política en la distribución de subsidios?

Un sistema sostenido por subsidios en disputa

El conflicto se inscribe en una matriz de financiamiento históricamente dependiente de aportes nacionales. Los fondos adeudados —correspondientes a atributos sociales SUBE de enero, febrero y marzo de 2026, además de períodos anteriores— son considerados por las empresas como parte central de la estructura de ingresos.

Sin esos recursos, la ecuación se vuelve inviable. Las compañías advierten que no pueden cubrir salarios, mantenimiento ni costos operativos básicos. La consecuencia es directa: interrupción del servicio o reducción de frecuencias, como ya ocurre en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) definió el escenario como una “tormenta perfecta”. A la deuda se suma un aumento del 35% en el precio del gasoil —de $1.500 a $2.000 por litro— que no fue trasladado a tarifas, junto con una caída del 30% en la cantidad de pasajeros en el último año.

Misiones en el centro de una crisis federal

En Posadas, las empresas confirmaron que tampoco recibieron los fondos nacionales, lo que activó la medida de fuerza de los choferes. La situación no es aislada, sino parte de un conflicto más amplio entre el interior del país y el Gobierno nacional por la distribución de subsidios.

El punto de fricción es conocido: la concentración de recursos en el AMBA. Desde el sector empresario sostienen que el esquema actual deja en desventaja al interior, donde el colectivo representa el único medio de transporte público para millones de usuarios y garantiza más de 50 millones de viajes mensuales.

La falta de compensaciones provinciales en gran parte de las jurisdicciones agrava el cuadro. Según FATAP, el 80% de las empresas del interior que no cuentan con esos aportes atraviesan una situación crítica.

Presión empresaria y costo político

El paro reconfigura el escenario político en dos niveles. Por un lado, fortalece la posición de las empresas del interior, que logran visibilizar un reclamo estructural y trasladar el conflicto a la agenda pública. Por otro, tensiona al Gobierno nacional, que queda expuesto frente a un servicio esencial paralizado en varias provincias.

El impacto es inmediato en términos sociales y económicos. La interrupción del transporte afecta la movilidad laboral, la actividad comercial y el funcionamiento cotidiano de las ciudades.

Al mismo tiempo, el conflicto reactiva una discusión más profunda: el federalismo en la asignación de recursos. La percepción de inequidad en la distribución de subsidios suma presión política sobre la administración nacional.

Un conflicto abierto y sin resolución inmediata

El desarrollo de las próximas semanas dependerá de una variable clave: la acreditación de los fondos adeudados. Sin una respuesta concreta, el riesgo de nuevas medidas de fuerza se mantiene latente.

También habrá que observar si el conflicto deriva en una redefinición del esquema de subsidios o si se resuelve con transferencias puntuales que descompriman la situación.

Por ahora, el sistema funciona al límite. Y cada paro no solo interrumpe el servicio: también expone una tensión estructural que sigue sin resolverse.

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Auditoría integral y retención de subsidios, cómo es el plan oficial para ordenar el sistema de colectivos

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En medio de la polémica por los subsidios al transporte automotor de pasajeros, el Gobierno nacional avanzó con una auditoría integral del sistema de colectivos, que incluye la posibilidad de retener de manera preventiva las compensaciones económicas a aquellas empresas donde se detecten irregularidades. Frente a versiones que señalaban a operadores puntuales, una de las principales compañías del sector, Metropol, salió a aclarar que la medida no está dirigida a una empresa en particular, sino que alcanza a la totalidad de las compañías que integran el sistema.

La decisión forma parte de la estrategia oficial para ordenar el esquema de subsidios, reforzar los controles y garantizar que la asignación de recursos públicos se realice conforme a la normativa vigente, en línea con la política de contención del gasto y transparencia en el uso de fondos estatales.

Alcance de la auditoría y aclaración empresarial

Desde Metropol precisaron que “la auditoría y la eventual retención de subsidios ordenada por la Secretaría de Transporte alcanza a todo el sector y no exclusivamente a la empresa”, al tiempo que remarcaron que no existe ninguna resolución administrativa que disponga una retención focalizada ni que le atribuya irregularidades propias o diferenciales respecto del resto de los operadores.

Según la información oficial difundida por el Gobierno nacional, el proceso en marcha contempla una revisión general del esquema de subsidios, que incluye procedimientos administrativos, sistemas de control y mecanismos de liquidación de las compensaciones. En ese marco, la empresa subrayó que la auditoría no responde a una imputación específica, sino a un proceso de control integral sobre el funcionamiento del sistema de transporte automotor de pasajeros.

Metropol reiteró además su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes”, aportando toda la información requerida en el marco de los procesos de fiscalización y auditoría que se dispongan para el conjunto del sector.

Retención preventiva de fondos y control del sistema SUBE

En paralelo, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía confirmó que, tras una reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA, se resolvió retener de manera transitoria los subsidios a aquellas empresas en las que se hayan detectado irregularidades, hasta tanto se verifique técnicamente lo ocurrido.

La medida se complementa con la instrucción a la Dirección de Fondos Fiduciarios para llevar adelante una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, no solo respecto de la empresa denunciada sino sobre la totalidad del sistema de transporte. El objetivo es identificar desvíos, corregir fallas y evitar futuras irregularidades en la liquidación de las compensaciones.

El proceso de control contará además con informes técnicos de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), basados tanto en el análisis de la información del sistema como en fiscalizaciones prácticas y presenciales en las unidades de colectivos.

Contexto político e institucional de la medida

Las decisiones se enmarcan en la política anunciada por el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, durante el encuentro mantenido el lunes pasado con las cámaras empresarias del sector. El eje central es garantizar que la distribución de los subsidios se realice conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia, la trazabilidad y la exactitud en la asignación de los recursos públicos.

En un contexto de fuerte debate sobre el peso de los subsidios al transporte en las cuentas públicas, la auditoría integral aparece como una herramienta clave para reordenar el sistema, despejar suspicacias sobre tratamientos diferenciales y sentar las bases de un esquema más controlado y previsible.

Repercusiones y posibles impactos

Para las empresas, el proceso implica una mayor exigencia en materia de cumplimiento operativo y administrativo, con impacto directo en la liquidez en caso de retenciones preventivas. Para el Estado, la auditoría busca mejorar la eficiencia del gasto, reducir riesgos de irregularidades y fortalecer la legitimidad del sistema de compensaciones.

En el plano institucional, el alcance general de la auditoría —confirmado tanto por el Gobierno como por las propias compañías— apunta a desactivar tensiones sectoriales y a evitar que el proceso sea interpretado como una acción selectiva. El resultado final del control será determinante para definir eventuales correcciones en el esquema de subsidios y en la operatoria del transporte público en el AMBA.

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Energía prorroga contratos de almacenamiento y busca cerrar 264 MW pendientes en AlmaGBA

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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía dispuso una prórroga de 60 días hábiles, a partir del 12 de enero de 2026, para la firma de los Contratos de Generación de Almacenamiento adjudicados en la convocatoria “Almacenamiento AlmaGBA”, un programa clave para reforzar la confiabilidad eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La medida, formalizada mediante la Resolución 14/2026, apunta a completar la suscripción de contratos pendientes por 264 MW, sobre una potencia total adjudicada de 713 MW, en un esquema que impacta directamente en la seguridad del suministro, la planificación energética y los costos del sistema.

Un programa estratégico para el SADI y el AMBA

La convocatoria AlmaGBA, autorizada por la Resolución 67/2025, fue diseñada en el marco de la Ley N° 24.065, que establece como objetivos centrales garantizar el abastecimiento eléctrico de largo plazo, promover el uso eficiente de la energía y minimizar los costos para el sistema y los usuarios finales. En ese sentido, el almacenamiento energético se consolidó como una herramienta clave para mejorar la confiabilidad operativa del SADI, especialmente en zonas de alta demanda como el Gran Buenos Aires.

El proceso licitatorio tuvo una respuesta significativa del mercado. El 15 de julio de 2025 se recibieron 27 ofertas, que totalizaron 1.347 MW de potencia ofertada, casi el triple de la potencia objetivo inicial de 500 MW. Tras la evaluación técnica, legal y económica, la Secretaría de Energía adjudicó proyectos mediante las Resoluciones 361/2025 y 384/2025, y decidió ampliar la potencia objetivo en 150 MW adicionales, en función del análisis técnico realizado por CAMMESA y de los beneficios sistémicos asociados.

A la fecha de dictado de la Resolución 14/2026, se habían suscripto 7 contratos, que representan 449 MW, mientras que permanecían pendientes 5 contratos por 264 MW, correspondientes a proyectos adjudicados que aún no completaron la firma.

Prórroga administrativa y fundamentos regulatorios

La prórroga dispuesta responde a solicitudes formales de los adjudicatarios y se encuadra en lo previsto por el Artículo 21.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que fija un plazo de 90 días hábiles para la firma de los contratos, con posibilidad de extensión por decisión de la Autoridad de Aplicación.

En particular, se consideraron pedidos vinculados a procesos de reorganización societaria y a requerimientos administrativos adicionales para cerrar la documentación contractual. La Secretaría evaluó estos planteos como “fundados” y resolvió extender de manera uniforme el plazo para todos los adjudicatarios listados en el anexo oficial.

La norma aclara que la prórroga no modifica aspectos sustanciales del esquema contractual: se mantienen sin cambios la Fecha de Habilitación Máxima, la Fecha de Inicio del Plazo del Contrato, la Fecha Objetivo, el Plazo de Contrato y el Esquema de Pagos hasta la Habilitación Comercial, conforme lo establecido en el Artículo 22.7 del PBC. De este modo, el Estado preserva el cronograma operativo y financiero del programa, al tiempo que otorga flexibilidad administrativa para cerrar las firmas pendientes.

Impacto económico, actores involucrados y escenarios posibles

La decisión tiene implicancias directas para el mercado eléctrico mayorista y para los usuarios del AMBA. Los contratos de almacenamiento, celebrados con EDENOR S.A. y EDESUR S.A. como compradores y con CAMMESA como garante de pago de última instancia, forman parte de un esquema cuyos costos serán trasladados a los usuarios finales de la jurisdicción, tal como fue previsto desde el inicio de la convocatoria.

Los proyectos que aún no han suscripto contrato representan potencias individuales que van desde 22 MW hasta 150 MW, con precios adjudicados que oscilan entre USD 11.290 y USD 12.591 por MW-mes, según el anexo oficial. Completar estas firmas permitiría consolidar una capacidad de almacenamiento relevante para mitigar picos de demanda, reducir riesgos de cortes y optimizar el despacho del sistema.

Desde una perspectiva institucional, la prórroga refuerza el mensaje de continuidad regulatoria y de acompañamiento estatal a inversiones estratégicas, sin alterar las reglas económicas del programa. Al mismo tiempo, introduce un compás de espera que el sector seguirá de cerca, dado que el cierre efectivo de los contratos será determinante para que los proyectos avancen hacia la etapa de ejecución y habilitación comercial.

En términos de escenarios, si la totalidad de los contratos pendientes se firma dentro del nuevo plazo, el programa AlmaGBA alcanzará plenamente la potencia adjudicada de 713 MW, consolidándose como uno de los esquemas de almacenamiento más relevantes del país. En caso contrario, la Autoridad de Aplicación podría enfrentar la necesidad de redefinir plazos o estrategias para asegurar los objetivos de confiabilidad del SADI en el AMBA.

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