AMBA

Menos subsidios y más gasto, la canasta de servicios públicos del AMBA llegó a $173.480 en noviembre

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El costo de la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en noviembre los $173.480, sin subsidios, lo que implica un incremento mensual del 1,8%. En términos interanuales, el gasto creció 30% respecto de noviembre de 2024 y acumula un aumento del 23% en lo que va de 2025, según el Reporte de Tarifas y Subsidios N.º 32 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET). El ajuste se explica por aumentos tarifarios en electricidad, gas y transporte, sumados a variaciones en los niveles de consumo energético.

Tarifas en alza: energía, gas y transporte impulsan la suba mensual

El incremento del 1,8% en la canasta se originó en una combinación de movimientos tarifarios y cambios en la demanda de los hogares. En particular:

  • Gas natural: Cargo fijo: +3,5% y Cargo variable: +4% promedio
  • Energía eléctrica: Cargo fijo: +3,6% y Cargo variable: +3,8%
  • Transporte público: Boleto de colectivos (promedio ponderado): +6,6%

El informe detalla que, en el caso de la electricidad, el gasto total también se vio afectado por un aumento en las cantidades consumidas, mientras que en gas natural se registró una disminución en la demanda.

A nivel interanual, la canasta trepó 30% frente a noviembre de 2024, en un contexto donde las tarifas registraron sucesivas correcciones y los consumos se adaptaron a las variaciones estacionales.

Menos subsidios y mayor costo para los usuarios: el Estado cubre el 48% de los servicios

El Reporte N.º 32 subraya que la reducción real de subsidios alcanzó el 44% en el conjunto de los servicios analizados. Esta caída se desagrega en: Transporte público: recorte real de 20% y Energía: reducción real de 44%

Como resultado, los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 52% de los costos, mientras que el Estado financia el 48% restante. La retracción en la asistencia fiscal modifica la estructura del gasto familiar y redefine la política de subsidios como variable macroeconómica central.

El recorte en subsidios, sumado a los aumentos tarifarios y a la recomposición parcial de los costos energéticos, explica la aceleración del gasto de los hogares a lo largo del año, con un acumulado del 23% en 2025.

Presión sobre el ingreso y redefinición de la política tarifaria

El encarecimiento de la canasta de servicios públicos tiene un impacto directo en los niveles de consumo del AMBA, la región más densamente poblada del país y donde las tarifas reguladas condicionan la evolución del ingreso disponible.

Los incrementos en electricidad, gas y transporte no solo afectan a los hogares, sino que también repercuten en sectores productivos intensivos en servicios públicos.
En paralelo, la reducción de subsidios apunta a disminuir el gasto fiscal, aunque tensiona el equilibrio entre sostenibilidad económica y accesibilidad tarifaria.

El comportamiento observado en noviembre refleja una tendencia que continuará sujeta a: cambios regulatorios del esquema de subsidios, evolución de los costos energéticos, estacionalidad en el consumo de electricidad y gas, y eventuales actualizaciones tarifarias durante el verano.

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Transporte en crisis: el costo real del colectivo cuadruplica la tarifa vigente en el AMBA

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Un informe privado advierte que el boleto de colectivo en el AMBA debería costar $1.713 sin subsidios, el sistema opera con una brecha de hasta 33%

El estudio de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) encendió alertas en el sector: el costo real del boleto mínimo de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubica en $1.713,6 —casi cuatro veces más que la tarifa vigente de $451— y expone una estructura de subsidios que sostiene el funcionamiento del transporte urbano más grande del país.

Un sistema que cuesta más de $350 mil millones al mes y opera con pérdida estructural

El trabajo presentado en el “Índice Bondi – AMBA Septiembre 2025” detalla con precisión los costos operativos que enfrenta la red de colectivos que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con 40 municipios bonaerenses.

La Secretaría de Transporte reconoce que el mantenimiento mensual del sistema demanda $265.779,10 millones, pero las empresas relevadas por AAETA advierten que el costo real asciende a $351.910,05 millones.

La diferencia —$86.130,94 millones— se explica, según el informe, por factores como pérdida de calidad del servicio, disminución de frecuencias, mayores costos de seguridad y rezago en la renovación de flota.

El diagnóstico confirma un dato estructural: el sistema opera bajo un esquema financiero deficitario, incluso con subsidios, y la brecha condiciona la prestación.

Boleto real vs. boleto vigente: una brecha insostenible que alcanza los $1.262 por pasajero

El informe evidencia una distancia crítica entre lo que paga el usuario y lo que efectivamente cuesta mover cada colectivo en el AMBA.

  • Boleto mínimo actual (julio 2025): $451,01
  • Costo real del boleto sin subsidios (IVA incluido): $1.713,6
  • Costo real sin IVA: $1.550,75

La compensación estatal más la recaudación por boletos vendidos suman $1.092,28, dejando una diferencia estructural de $458,47 por boleto, que deben afrontar las empresas para sostener la operación diaria.

El sistema transporta en promedio 227.205.932 pasajeros (media móvil de seis meses), lo que magnifica la brecha mensual.

AAETA advierte que esta diferencia no solo presiona la ecuación económica, sino que compromete directamente la renovación de unidades, la seguridad operativa y la frecuencia del servicio.

Un gráfico incluido en el estudio muestra que la brecha entre costo real y costo reconocido —con IVA— oscila entre 27% y 33%, según la jurisdicción: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación.

Un espejo del 90% del país y un debate que vuelve al centro de la agenda

AAETA remarca en su informe que, sin subsidios, el boleto del AMBA debería ubicarse en niveles similares a los que ya pagan los usuarios del interior —un dato que vuelve a tensionar la histórica discusión sobre asimetrías regionales en el financiamiento del transporte público.

En varias capitales provinciales el boleto urbano supera los $1.500 desde mediados de 2025, mientras que en otras jurisdicciones ronda los $1.800 e incluso los $2.000. En ese sentido, el estudio señala que, sin aportes estatales, el AMBA no sería la excepción, sino que convergería a valores “similares al 90% del país”.

La advertencia se produce en un momento clave, cuando el Gobierno nacional evalúa cambios en los esquemas de compensaciones y las provincias reclaman mayor equidad en la distribución de los subsidios, un tema que impacta en costos, competitividad y en la movilidad urbana de millones de personas.

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AySA: Milei oficializó el nuevo marco legal que habilita su privatización

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El Gobierno aprobó el nuevo marco regulatorio del agua y saneamiento, paso clave en la privatización de AySA. Con la entrada en vigencia del nuevo Marco Regulatorio, el Ejecutivo avanza un paso más en la reconfiguración del sistema de agua y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Decreto 805/2025, publicado este miércoles 12 de noviembre en el Boletín Oficial, aprueba el texto ordenado del Marco Regulatorio de la Ley 26.221. La medida da sustento jurídico al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), y redefine los parámetros técnicos, económicos y ambientales del servicio público de agua potable y cloacas en el AMBA.

El DNU 805/2025 no sólo ordena un entramado normativo disperso, sino que sienta las bases legales para la transición de AySA hacia un esquema de gestión privada, bajo principios de eficiencia, transparencia y rentabilidad, en un sector clave para la infraestructura y la salud pública.

Un nuevo marco legal para la prestación del servicio

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, aprobó el texto ordenado del “Marco Regulatorio” de la Ley 26.221, que regula la concesión y el control del servicio público de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

La decisión se enmarca en el proceso de privatización de AySA, declarado por la Ley 27.742 —Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos—, que habilitó al Poder Ejecutivo a transferir al sector privado empresas estatales, bajo los principios de transparencia, competencia y eficiencia.

Según el decreto, el nuevo texto “brinda certeza jurídica al contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de esa sociedad”, un paso considerado indispensable para avanzar con la licitación prevista en un plazo de ocho meses desde el inicio formal del proceso (agosto de 2025, según la Resolución 1198/25 del Ministerio de Economía).

Redefinición institucional y corrección técnica del régimen tarifario

El Anexo I del decreto —de más de 120 artículos y cinco anexos complementarios— actualiza la estructura normativa que define el funcionamiento del sistema, los derechos y obligaciones de la concesionaria, y el rol de los organismos de control.

El texto reafirma que el acceso al agua es un “derecho humano esencial”, aunque subraya que la prestación deberá garantizarse bajo criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad económica. Establece además un régimen tarifario basado en el equilibrio económico-financiero de la concesión, con revisiones periódicas, incentivos a la inversión y un sistema de subsidios focalizados para sectores vulnerables.

Una de las modificaciones técnicas más relevantes recae sobre el Artículo 20 del Anexo E (Cargo por Construcción), donde se corrige un error material del Decreto 493/25 que había invertido los criterios de cálculo para usuarios con medidor y sin medidor. La nueva redacción restituye la fórmula anterior, que establece que el monto a facturar será “equivalente al valor del cargo fijo más el cargo variable en régimen no medido, y sólo al cargo fijo en régimen medido, calculado en ambos casos para 180 días”.

El objetivo, según la Secretaría de Obras Públicas, es “restablecer la coherencia técnica del esquema tarifario previo” y evitar “criterios contrarios al espíritu de la norma que distorsionen los costos reales del servicio”.

Hacia un nuevo modelo de concesión

El nuevo marco consolida el rol de tres entidades clave:

  • El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS): encargado del control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos de usuarios.
  • La Agencia de Planificación (APLA): responsable de los planes de expansión, inversiones y planificación estratégica.
  • El Ministerio de Economía: autoridad concedente y órgano rector del proceso de privatización.

En su preámbulo, el texto establece que “la eficiencia deberá entenderse de forma complementaria con la equidad”, y que las tarifas “deben ser justas y razonables, permitiendo a la concesionaria cubrir costos operativos e inversiones con una rentabilidad comparable a otras actividades de riesgo similar”.

La reglamentación también delimita con precisión el ámbito territorial de la concesión —Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano—, aunque habilita futuras ampliaciones mediante convenios con municipios que adhieran al régimen.

En términos ambientales, el decreto reafirma las obligaciones de la concesionaria en materia de tratamiento de efluentes, control de vertidos industriales y protección de las fuentes de agua cruda, con la intervención de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Ambiente.

Contexto político y proyecciones del proceso de privatización

El DNU 805/2025 se dicta en un momento clave del plan de transformación de empresas públicas impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que ya avanzó con la venta o reestructuración de más de una decena de sociedades estatales. AySA, por su magnitud —con más de 15 millones de usuarios y un presupuesto anual superior a 300 mil millones de pesos—, constituye una de las operaciones más sensibles en términos económicos, políticos y sociales.

La Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía, deberá concretar la venta de AySA antes de abril de 2026. El proceso contempla distintas modalidades, incluyendo la posibilidad de participación mixta con capital privado nacional o extranjero, bajo licitación internacional.

Desde el punto de vista institucional, la aprobación del marco regulatorio ordenado era condición previa para la valuación y el diseño del nuevo contrato de concesión.
El Gobierno sostiene que la medida “fortalece la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria”, mientras que fuentes del sector sindical y técnico advierten que el traspaso al sector privado podría implicar “ajustes tarifarios significativos” y redefinición de planteles laborales.

La decisión, en última instancia, será evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la validez del decreto conforme a la Ley 26.122, en un plazo de diez días hábiles.

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Nación oficializó nuevas compensaciones millonarias para colectivos del Conurbano

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, publicó en el Boletín Oficial las Resoluciones 58/2025 y 59/2025, que disponen la asignación de fondos de compensación tarifaria para empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El paquete de transferencias alcanza cifras millonarias y se enmarca en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio en un contexto de presión inflacionaria y reclamos del sector.

Según el Anexo I de la Resolución 58/2025 (IF-2025-63973077-APN-DST#MTR), la Secretaría de Transporte detalló los desembolsos efectuados entre febrero y agosto de 2024 en concepto de estímulos, subsidios y anticipos a las empresas del AMBA.

Los montos son significativos. En total, se asignaron más de $122.065 millones en subsidios y compensaciones durante el período. Solo en la partida del 15 de marzo de 2024, se giraron $37.651 millones destinados al pago de estímulos y al sostenimiento de la oferta de servicios. En febrero, se registraron transferencias por $60.818 millones, mientras que en agosto se liquidaron $3.316 millones.

A su vez, el Anexo II (Res. 59/2025) desglosa la liquidación pendiente a empresas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a grandes operadores del conurbano como La Perlita, Almafuerte, Transporte Ideal San Justo, Micro Ómnibus Quilmes, Autobuses Buenos Aires SRL y Nuevo Ideal S.A., entre otras.
Los registros muestran compensaciones que en algunos casos superan los $1.000 millones por compañía, como el caso de Nuevo Ideal S.A. ($1.054 millones a compensar, con $1.051 millones ya abonados y apenas $3,1 millones pendientes).

Las medidas se dictaron en el marco de la Ley 27.467 de Presupuesto Nacional y el Decreto 1122/2017, que regulan el SISTAU y el esquema de subsidios al transporte automotor de pasajeros.
El documento oficial destaca que las compensaciones buscan “garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios”.

En los considerandos, se recuerda además que la política de subsidios tiene carácter transitorio, pero resulta esencial en un contexto en el que las tarifas cubren menos del 20% del costo real del pasaje en el AMBA. De allí la necesidad de sostener las transferencias mientras se avanza en un esquema de revisión integral del sistema.

La decisión tiene repercusiones en varios frentes: Para las empresas de transporte, implica oxígeno financiero en medio de una crisis de costos impulsada por el aumento del combustible, los insumos importados y la paritaria de la UTA. Para el Gobierno nacional, supone una erogación multimillonaria que tensiona las cuentas fiscales, pero que evita un conflicto social mayor derivado de posibles paros o reducción de servicios. En el plano político, la medida busca contener la conflictividad en el Conurbano bonaerense, donde la movilidad diaria de millones de personas depende de estos subsidios.

En paralelo, los gobiernos provinciales y municipales presionan por un esquema de distribución más equitativo entre el AMBA y el interior del país, donde los subsidios per cápita son notablemente menores. Este punto podría convertirse en uno de los principales ejes de debate en el Congreso durante la discusión del próximo Presupuesto.

El Ministerio de Economía dejó abierta la posibilidad de nuevas asignaciones durante el último trimestre de 2025, en la medida en que la recaudación lo permita. Mientras tanto, se espera que las cámaras empresarias del sector (AAETA, CEAP y CETUBA) reclamen una revisión tarifaria para complementar las compensaciones y reducir la dependencia de las transferencias estatales.

En conclusión, las Resoluciones 58/2025 y 59/2025 ratifican la continuidad de una política que, aunque cuestionada, resulta estructural para la movilidad del AMBA y se proyecta como un tema central de la agenda política y económica de los próximos meses.

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El Gobierno liberó $200 mil millones en subsidios a colectivos del AMBA

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La Secretaría de Transporte aprobó el pago de compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), junto con los beneficios por Atributo Social y Boleto Integrado. Los fondos corresponden a los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, y beneficiarán a empresas de colectivos urbanos y suburbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las medidas quedaron oficializadas mediante las resoluciones 53/2025 y 54/2025 de la Secretaría de Transporte, publicadas en el Boletín Oficial el 11 de septiembre de 2025.

Según el texto oficial, el Estado nacional aprobó la liquidación de acreencias pendientes en concepto de subsidios al transporte automotor. En total, se habilitó el pago de $87.645.366.880,43 correspondientes a diciembre de 2023 y $131.657.370.057,42 correspondientes a enero de 2024, lo que representa más de $200 millones en transferencias.

Estos recursos se enmarcan en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y en los regímenes complementarios de Atributo Social —que subsidia a los beneficiarios de tarifa social en la tarjeta SUBE— y de Boleto Integrado, que otorga descuentos en viajes con transbordos dentro de la red de transporte metropolitano.

Detalles técnicos de la medida

Las resoluciones instruyen a la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios para que, en un plazo de cinco días desde la publicación, se concrete el giro del 100% de las acreencias a las empresas prestatarias. Los montos deberán publicarse en la web oficial de la Secretaría de Transporte.

El esquema se financia con fondos provenientes del fideicomiso del transporte, nutrido principalmente por lo recaudado del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (Ley 23.966, modificada por la Ley 27.430). Dicho fideicomiso se distribuye entre el SISTAU (32,5%), el Sistema Ferroviario Integrado (11%), el Sistema Vial Integrado (50%) y el SIMPAC de cargas (6,5%).

En este caso, los pagos corresponden a liquidaciones pendientes que ya habían sido verificadas mediante órdenes de pago y publicadas en el portal oficial, pero que aguardaban su ejecución formal.

El desembolso llega en un contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y las cámaras empresarias del transporte, que advierten sobre los aumentos de costos y la falta de actualización de las compensaciones. Las empresas sostienen que los subsidios son indispensables para sostener el nivel de servicio, particularmente en el AMBA, donde el boleto continúa fuertemente subsidiado en comparación con el interior del país.

Desde los sindicatos del sector se observa con expectativa la efectivización de los pagos, dado que los atrasos en las transferencias suelen repercutir en conflictos salariales y en la prestación de los servicios.

Políticamente, la medida se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía de mantener el flujo de subsidios mientras se discute el Presupuesto 2026, donde el oficialismo anticipó que buscará reducir gradualmente el peso de las transferencias al transporte.

La publicación de estas resoluciones asegura la continuidad de los pagos en el corto plazo, pero deja abierto el debate de fondo sobre el esquema de subsidios. El Gobierno deberá definir si mantiene la lógica de compensaciones vía SISTAU o si avanza hacia una segmentación más estricta, concentrada en usuarios vulnerables a través de la SUBE.

El Congreso, por su parte, será clave en el debate presupuestario, donde se anticipa que la oposición planteará la necesidad de garantizar fondos adicionales para evitar un incremento brusco en las tarifas de colectivos y trenes del AMBA.

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