AMENAZAS

La UCP garantiza el dictado de clases tras las amenazas a instituciones educativas

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Aprender sin amenazas, convivir en paz,construir futuro

La Universidad de la Cuenca del Plata informa que, ante hechos de público conocimiento que afectan a instituciones educativas del país, se encuentran activos y en funcionamiento los protocolos institucionales de seguridad en todas sus sedes y delegaciones. Las actividades académicas continuarán desarrollándose con normalidad y con el debido resguardo, en un marco de prevención, vigilancia responsable y articulación institucional permanente con las autoridades policiales y judiciales competentes de las cuatro provincias en las que desarrolla sus actividades, a fin de resguardar preventivamente a toda la comunidad educativa. Asimismo, el Consejo Superior recuerda que las amenazas, en cualquiera de sus formas, constituyen un delito, y que toda situación de este tipo será puesta en conocimiento a las autoridades competentes, sin perjuicio de las máximas sanciones institucionales que pudieran corresponder. La institución sostiene una política de tolerancia cero ante cualquier conducta delictiva o perturbadora de la convivencia universitaria. Frente a estos desafíos que nos tocan atravesar como sociedad, la UCP reafirma el lema 2026 que orienta su vida institucional: inteligencia colectiva y diálogo para la paz, como base de una convivencia democrática y responsable.

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El SPEPM activa protocolos y judicializa amenazas en escuelas privadas de Misiones

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El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) confirmó que activó protocolos institucionales de seguridad y realizó presentaciones judiciales luego de detectar pintadas con amenazas de extrema gravedad en distintos establecimientos educativos de gestión privada de la provincia.

Según lo informado oficialmente, los mensajes advertían sobre posibles actos de violencia contra alumnos y miembros de la comunidad escolar, lo que motivó una intervención inmediata con foco en la protección de estudiantes, familias y personal docente.

Obligación de garantizar seguridad

La respuesta del SPEPM se enmarca en la obligación de resguardo que tienen las instituciones educativas sobre los menores de edad. El organismo recordó que actúa bajo el principio de “garantía reforzada de seguridad”, previsto en el artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, las actuaciones se vinculan con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece la responsabilidad de prevenir situaciones que puedan afectar la integridad física y emocional de los estudiantes.

En ese contexto, la intervención no se limita al plano administrativo, sino que incorpora una dimensión judicial ante la posible comisión de delitos.

Qué medidas se activaron

El organismo provincial detalló que trabaja de manera articulada con las autoridades de cada institución afectada para relevar información, implementar acciones preventivas y reforzar los mecanismos de seguridad dentro de los establecimientos.

Entre las acciones, se incluyen protocolos de contención y seguimiento, orientados a garantizar el funcionamiento normal de las actividades escolares en un contexto de alerta.

En paralelo, se realizaron denuncias ante las autoridades judiciales competentes, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades. Desde el SPEPM señalaron que las pintadas podrían encuadrarse no solo como actos de vandalismo, sino también como posibles ilícitos penales.

Seguridad, responsabilidad y gestión de crisis

El episodio introduce una tensión institucional en torno a la seguridad en el ámbito educativo y la capacidad de respuesta del sistema ante amenazas externas. La rápida activación de protocolos busca contener el impacto social y evitar la escalada de preocupación en la comunidad.

En términos de gestión, el SPEPM se posiciona como articulador entre escuelas, familias y el sistema judicial, en un escenario donde la prevención y la información oficial resultan claves para sostener la gobernabilidad del sistema educativo.

También se evidencia un intento de ordenar la circulación de información: el organismo pidió evitar la difusión de datos no verificados, en un contexto donde los rumores pueden amplificar la percepción de riesgo.

Las amenazas generan un efecto directo en la comunidad educativa, afectando la percepción de seguridad en las escuelas. La respuesta institucional apunta a sostener la continuidad pedagógica, minimizando interrupciones y garantizando condiciones de resguardo.

Desde el punto de vista operativo, las medidas preventivas pueden implicar ajustes en la dinámica escolar, aunque el objetivo declarado es preservar la normalidad del ciclo lectivo.

Alerta en el sistema educativo misionero

El hecho impacta de lleno en el sistema educativo privado de Misiones, que debió activar mecanismos de respuesta ante una situación de riesgo potencial. La coordinación entre instituciones y autoridades provinciales se vuelve central para evitar que el episodio escale.

Aunque no se precisó la cantidad de establecimientos afectados, el abordaje conjunto sugiere una estrategia de contención a nivel provincial.

Investigación y seguimiento

El avance de la investigación judicial será determinante para esclarecer el origen de las amenazas y definir si se trata de hechos aislados o coordinados. También será clave monitorear la evolución de las medidas de seguridad dentro de las escuelas.

En paralelo, el sistema educativo deberá sostener el equilibrio entre prevención y normalidad, mientras se evalúa el impacto real de los hechos en la comunidad.

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Redacciones enfrentan amenazas a mujeres periodistas

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Por Silvia Higuera. El cierre del emblemático medio guatemalteco elPeriódico en mayo de 2023, luego de una sostenida persecución contra su fundador, José Rubén Zamora, algunos de sus periodistas quisieron continuar el trabajo que definía a la publicación.

“Nos quisieron callar, pero no pudieron”, dijo Gerson Ortiz, el último jefe de redacción de elPeriódico, a LatAm Journalism Review (LJR) en julio de 2024. “Cerraron elPeriódico, pero el periodismo de Guatemala sigue vivo”.

Ortiz, junto con la entonces directora Julia Corado, lanzó en abril de 2024 eP Investiga, un medio de investigación inspirado en el periodismo ambicioso y crítico de su predecesor. Pero los desafíos fueron inmediatos y los retos mayores desde que tuvieron que codirigir el medio desde el exilio.

Una reportera fue agredida por un abogado que era investigado por presunto fraude fiscal. Y el sitio web quedó fuera de servicio tras un ataque de bots mientras el equipo cubría la detención de una defensora de derechos humanos en el vecino país de El Salvador.

Las directivas del medio señalan que la respuesta de las autoridades no fue insuficiente o agravó el daño y evidenció lo poco preparada que estaba su pequeño equipo para enfrentar amenazas.

“Como somos un medio nuevo y una redacción pequeña, tenemos aún pendientes algunos aspectos como tener protocolos de seguridad y cómo reaccionar ante alguna emergencia”, dijo a LJR una de sus editoras, Shirlie Rodríguez.

Conscientes de esto, eP Investiga postuló para hacer parte de “Safeguarding Women’s Voices: Enhancing Gender-Responsive Safety Strategies in Newsrooms”, una iniciativa de un año diseñada para ayudar a las redacciones a desarrollar sus medidas de seguridad y atender los riesgos específicos que enfrentan las mujeres periodistas. En efecto, eP Investiga fue uno de los tres medios de América Latina y el Caribe que hacen parte de ella.

Equipo del medio guatemalteco eP Investiga, uno de los tres medios de América Latina y el Caribe que hacen parte de la iniciativa “Safeguarding Women’s Voices”. (Foto: Cortesía)

El programa, liderado por la International Women’s Media Foundation (IWMF) y la Unesco, reúne a 11 medios de todo el mundo. Los otros dos medios latinoamericanos no han dado autorización de publicar sus nombres, según el IWMF. Los participantes reciben apoyo personalizado para desarrollar protocolos de seguridad adaptados a las amenazas que enfrentan, ya sea a nivel nacional o en la cobertura diaria, explicó a LJR Angelica Mayor, gerente de programa.

La iniciativa comienza con evaluaciones de las vulnerabilidades de cada redacción y de las medidas de protección existentes, seguidas de grupos focales con las redacciones que participan y colaboradores freelance, así como capacitaciones en seguridad física y digital.

Las necesidades varían ampliamente. Algunos medios enfrentan intimidación por parte de funcionarios públicos; otros lidian con los desafíos logísticos y legales de operar a través de fronteras, como ocurre con redacciones en el exilio como eP Investiga.

“Lo que respecta a los periodistas en el exilio,” dijo Mayor, “existe mucha compartimentación: trabajan con colegas que aún están en el país, pero al mismo tiempo tienen colegas en el exilio, lo que hace que la situación de la redacción sea bastante precaria”.

A pesar de estas particularidades, las conversaciones iniciales le han permitido al equipo de la iniciativa identificar patrones a nivel global. Así, por ejemplo, están las amenazas de parte de actores estatales, es decir, vigilancia a las redacciones. Los grupos criminales se suman a esta vigilancia, los cuales ya usan drones como lo hacen también actores estatales.

Asesinatos y extorsiones, así como la exposición a conflicto (cubrir tiroteos, atentados, etc.) hacen parte de lo que también enfrentan estas redacciones.

A nivel digital, dijo Mayor, encontraron muchos casos de phishing (unos más sofisticados que otros), ataques a sus páginas web así como a redes sociales, y vigilancia en línea. Por ejemplo, el caso de Pegasus y otros tipos de software hacen parte de las mayores preocupaciones.

“Muchas redacciones no tienen la estructura necesaria para usar comunicaciones seguras”, dijo Mayor, quien incluyó en este tema, la protección a la comunicación con la fuente. “Estamos trabajando con ellas para garantizar que sus comunicaciones sean seguras, que utilicen la autenticación de dos factores, que identifiquen cuándo se usan dispositivos personales para el trabajo y cómo eso podría implicar a las personas debido a la información que contienen”.

Algunas redacciones tienen vinculadas sus direcciones físicas con las del periodista o director. Eso lleva a más posibilidad de doxxing e incluso violencia física.

“También existe el acoso en línea, utilizado como táctica para desalentar el periodismo, y este acoso, predominante o desproporcionadamente se dirige a mujeres periodistas y a periodistas marginados. Esto desalienta aún más el periodismo”, dijo Mayor.

En efecto, un estudio global de 2021 reveló que el 73% de las periodistas encuestadas reportaron haber sufrido acoso en línea en algún momento debido a su trabajo. Además, los ataques fueron más frecuentes contra las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Estos casos llevan a la autocensura e incluso a la renuncia del periodismo de parte de las mujeres. Y es justamente por esto, que la iniciativa busca proteger a estas mujeres.

“Si bien abarca a todos los géneros, siempre adoptamos una perspectiva de género porque […] reconocemos que, según las investigaciones que hemos realizado, las mujeres y las personas no binarias que trabajan como periodistas reciben desproporcionadamente más amenazas debido a su identidad”, dijo Mayor.

Un tema en el que coincide Rodríguez, quien también ha visto cómo los ataques que reciben las mujeres del equipo tienden a ser sexualizados, misóginos y que finalmente llevan a la renuncia hacia el periodismo.

Por ejemplo, dijo Rodríguez, el caso de violencia física contra su colega fue particularmente “chocante”. Además de la agresión como tal, les preocupó que en la redacción no tenían claros los protocolos a seguir ni dónde encontrar la ayuda legal necesaria.

Algo similar sucedió con la agresión digital, en donde el sitio web estuvo al menos seis horas offline. El equipo técnico encontró “acceso inusual de bots” provenientes de Estados Unidos y El Salvador justo cuando cubrían la detención de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador.

“Hay más riesgos para las mujeres. Los ataques son violentos hacia su persona, como individuo”, dijo Rodríguez. “Con esta iniciativa, esperamos estar más preparados para hacer frente a estos problemas”.

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