Amortización acelerada

El Gobierno reglamentó los bienes alcanzados por el RIMI y habilita incentivos para genética animal, riego y protección agrícola

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dio un paso clave para la operatividad del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) al aprobar los listados de bienes que podrán acceder a beneficios fiscales sin necesidad de cumplir los montos mínimos de inversión exigidos para otros proyectos productivos.

La medida, formalizada mediante la Resolución 75/2026, pone en marcha uno de los capítulos más relevantes del nuevo esquema de promoción económica impulsado por la Ley 27.802, al definir qué sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes califican para acceder a amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. La decisión tiene una lectura estratégica para las economías regionales, donde gran parte de las inversiones suelen realizarse de manera gradual y con escalas inferiores a los grandes proyectos industriales.

La reglamentación despeja una de las principales incertidumbres que enfrentaban productores y empresas desde la creación del RIMI: cuáles serían los bienes considerados elegibles dentro de las excepciones previstas por la ley para actividades agropecuarias y economías regionales.

El RIMI fue concebido como una herramienta para acelerar inversiones productivas nacionales y extranjeras mediante beneficios tributarios que reduzcan los tiempos de recupero del capital. Sin embargo, la propia ley reconoció que ciertas inversiones agropecuarias tienen un impacto productivo significativo aun cuando no alcancen los umbrales mínimos de desembolso exigidos para otros sectores.

Por esa razón, el régimen estableció un tratamiento diferencial para tres categorías consideradas estratégicas: sistemas y equipos de riego. Mallas antigranizo para protección de cultivos. Bienes semovientes destinados al mejoramiento genético.

La resolución publicada este lunes determina de manera precisa los bienes alcanzados mediante códigos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), requisito indispensable para que las inversiones puedan acceder a los beneficios fiscales previstos por el programa.

Riego: la apuesta a la eficiencia productiva

Entre los bienes promovidos aparecen equipos de riego por pivote central, sistemas de goteo, bombas sumergibles, bombas centrífugas, válvulas, compuertas, motores eléctricos y componentes de automatización.

La inclusión de estos activos refleja una señal clara de política productiva: incentivar inversiones que permitan aumentar rendimientos, reducir riesgos climáticos y optimizar el uso del agua.

Para regiones con creciente variabilidad climática, la incorporación de tecnología de riego dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un mecanismo de estabilidad productiva. La posibilidad de recuperar IVA más rápidamente y amortizar aceleradamente las inversiones puede mejorar la ecuación financiera de proyectos que suelen requerir importantes desembolsos iniciales.

Mallas antigranizo: protección frente a eventos extremos

La resolución también incorpora al régimen distintos tipos de mallas antigranizo, postes, alambres y sistemas de fijación necesarios para su instalación.

La decisión adquiere relevancia en un contexto donde los fenómenos climáticos extremos representan uno de los principales factores de riesgo para la producción frutícola y hortícola.

Desde una perspectiva económica, la inversión en infraestructura de protección no incrementa directamente la producción, pero reduce pérdidas potenciales y mejora la previsibilidad de los ingresos, un aspecto cada vez más valorado por entidades financieras y aseguradoras al momento de evaluar proyectos agropecuarios.

Genética animal: una señal para la ganadería

Quizás el aspecto más novedoso de la reglamentación sea la definición de los bienes semovientes alcanzados por los incentivos.

La Secretaría de Agricultura incorporó animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y aviar destinados a reproducción, siempre que cumplan determinados estándares de calidad genética.

La normativa establece que podrán acceder a los beneficios: Animales puros de pedigrí. Animales puros registrados o controlados. Animales provenientes de programas de mejoramiento genético. Y reproductores considerados de genética superior.

Además, exige que los ejemplares formen parte de sistemas productivos formalmente registrados y que su genealogía esté respaldada por registros reconocidos oficialmente, entre ellos la Sociedad Rural Argentina, el Stud Book Argentino y entidades vinculadas al desarrollo genético animal.

La incorporación de reproductores de alto valor genético dentro del régimen implica reconocer que la productividad agropecuaria no depende únicamente de infraestructura o maquinaria, sino también de la calidad biológica del capital productivo.

Qué significa para las economías regionales

Aunque la medida tiene alcance nacional, su impacto potencial resulta especialmente relevante para actividades regionales que suelen operar con escalas medianas y donde las inversiones se realizan de forma progresiva.

La posibilidad de acceder a beneficios fiscales sin alcanzar los montos mínimos previstos para otros proyectos reduce barreras de ingreso y mejora la rentabilidad esperada de inversiones que muchas veces se postergan por restricciones financieras.

Para productores agropecuarios, cooperativas y empresas vinculadas a la provisión de tecnología rural, la reglamentación transforma al RIMI en una herramienta concreta y operativa, dejando atrás la etapa normativa y habilitando la evaluación efectiva de proyectos bajo el nuevo esquema promocional.

La aprobación de los listados constituye apenas el primer paso de la implementación. El verdadero impacto económico dependerá ahora del nivel de adopción que tenga el régimen y de la capacidad de los productores para transformar los incentivos fiscales en decisiones reales de inversión.

Para el agro argentino, la señal es clara: el Gobierno busca orientar los beneficios hacia activos que aumenten productividad, reduzcan vulnerabilidad climática y mejoren la competitividad de largo plazo. La velocidad con que el sector responda a esos incentivos será uno de los indicadores más relevantes para medir la eficacia del RIMI durante los próximos meses.

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RIMI: el nuevo régimen de inversiones que apunta a las PyMEs puede abrir una ventana para yerba, madera y agroindustria misionera

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La resolución conjunta entre la Secretaría de Energía, Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) termina de ordenar cómo deberán inscribirse, acreditar inversiones y acceder a los beneficios las empresas alcanzadas por el régimen creado por la Ley 27.802.

La oficialización de la Resolución General Conjunta 5849/2026 activa operativamente el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Para Misiones, el dato central no pasa únicamente por el incentivo tributario. El verdadero impacto potencial está en si el esquema logra movilizar inversiones medianas en sectores que hoy operan con márgenes comprimidos, alta presión logística y dificultades de financiamiento.

La normativa dictada en conjunto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Agricultura y Energía define los mecanismos procedimentales para acceder a la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales en el IVA. El dato estratégico para el decisor corporativo del NEA es la confirmación de que las inversiones en sistemas de riego, mallas antigranizo y equipos de alta eficiencia energética quedan exceptuadas de los montos mínimos globales de inversión. Este esquema descentralizado nivela la cancha para el sector privado de la región, permitiendo un salto tecnológico en los eslabones primarios sin la exigencia de escalas financieras transnacionales.

Qué cambia para las PyMEs: beneficios fiscales con foco en inversión productiva

El RIMI apunta a empresas categorizadas como Micro, Pequeñas y Medianas —hasta Mediana Tramo 2— que realicen inversiones productivas en Argentina.

El esquema prevé dos herramientas centrales: Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Y devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.

En términos prácticos, esto permite recuperar más rápido parte de la inversión realizada, mejorando flujo de caja y reduciendo tiempos financieros.

En economías regionales donde el crédito bancario sigue siendo caro o limitado, la aceleración impositiva funciona como un mecanismo indirecto de financiamiento.

El diseño del régimen muestra una lógica económica clara: promover inversión privada sin aumentar subsidios directos ni gasto presupuestario. El Estado resigna recaudación futura a cambio de acelerar proyectos productivos actuales.

Para el Ministerio de Economía, el objetivo es sostener inversión real aun en un contexto de fuerte restricción fiscal. El problema es temporal: los beneficios fiscales funcionan mejor cuando las empresas tienen rentabilidad suficiente para invertir primero y recuperar después.

En sectores regionales con baja rentabilidad, el incentivo puede resultar insuficiente sin financiamiento complementario.

Flexibilización regulatoria y el motor técnico regional

La arquitectura del SGI (Sistema de Gestión de Inversiones) operará bajo reglas de control cruzado que las empresas de la provincia deben considerar en su planificación fiscal:

Exención de mínimos: La producción yerbatera y tabacalera podrá incorporar tecnología forrajera, riego mecanizado y mallas protectoras bajo el amparo de los beneficios fiscales, sin la obligación de cumplir el piso de inversión a dos años del régimen general.

Ampliación MiPyME: El ingreso se extiende de manera taxativa hasta la categoría Mediana Empresa Tramo 2, cubriendo la totalidad del parque de secaderos y aserraderos medianos de la provincia.

Inclusión de Entidades Civiles: Cooperativas agrícolas y mutuales (códigos 86, 87, 203) acceden al beneficio mediante un empadronamiento registral específico de la Subsecretaría PyME, protegiendo el asociativismo regional.

Agilidad en Obras: Se valida la acreditación de proyectos con un grado de avance inferior al 30% mediante certificación técnica matriculada, facilitando el descalce de caja inicial en la obra civil.

Para Misiones, el RIMI es un instrumento de mitigación frente a las asimetrías fronterizas. Mientras la provincia insiste ante la Nación por un tratamiento aduanero diferenciado que compense la presión fiscal frente a los regímenes simplificados de Paraguay y Brasil, el RIMI opera como un canal de desgravación directa sobre el flujo de reinversión.

La posibilidad de amortizar aceleradamente bienes de alta eficiencia energética dota de competitividad a la foresto-industria, fuertemente penalizada por el costo del flete hacia los puertos del sur santafesino. Asimismo, en un territorio donde el 52% de la biodiversidad nacional impone restricciones de escala ecológica, promover incentivos a la eficiencia productiva permite el desarrollo de cadenas de valor sin avanzar sobre el remanente de selva nativa, un factor diferenciador clave frente al desmonte de la región chaqueña.

Requisitos imperativos para el tomador de decisiones

A efectos de blindar el beneficio y evitar sanciones operativas, ARCA implementará un control de exclusión automatizado:

Certificación Activa: Es condición obligatoria poseer el Certificado MiPyME vigente al primer día del mes de inicio del ejercicio fiscal de la inversión.

Inexistencia de Deuda: ARCA controlará la ausencia de deuda líquida y exigible al momento de solicitar el usufructo de los beneficios impositivos.

Auditoría de Caducidad: Incumplir los planes de avance o desviar el destino de los bienes de alta eficiencia habilitará a las secretarías a disparar el reclamo de restitución de créditos devueltos más intereses resarcitorios y multas.

La eficacia de la medida dependerá de la velocidad con la que las secretarías de Energía y Agricultura publiquen el listado detallado de posiciones arancelarias de los “bienes de alta eficiencia” exceptuados del mínimo. El empresariado misionero debe monitorear de cerca esta reglamentación fina: si las calderas de biomasa para aserraderos y los sistemas de secado automatizado para yerba mate son incorporados bajo este concepto, el sector industrial de la provincia experimentará un shock de capitalización que amortiguará el impacto de la contracción del mercado interno.

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El Gobierno activa el RIMI y redefine el tablero laboral y fiscal del agro

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El 2 de marzo de 2026, en el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema que apunta a movilizar capital productivo en el agro con beneficios fiscales y cambios en las reglas laborales. El nuevo instrumento complementa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y fija un rango de acceso que va desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 9.000.000 para medianas tramo 2.

El movimiento no es técnico. Es político. El Gobierno busca ampliar la base de inversión más allá de los grandes proyectos y enviar una señal directa a las PyMEs agroindustriales. La pregunta es si el paquete fiscal y laboral alcanza para traducirse en desembolsos concretos o si quedará condicionado por el contexto macro.

Incentivos fiscales: amortización acelerada y alivio en IVA

El RIMI concentra su foco en inversiones productivas: adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias y obras afectadas a la producción. La novedad es doble.

Por un lado, no fija mínimos para inversiones estratégicas en sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. Por otro, establece una amortización acelerada: una cuota para inversiones estratégicas sin mínimo y dos cuotas para bienes muebles.

Además, habilita el cómputo de créditos fiscales de IVA a los tres períodos fiscales mensuales, reduciendo el plazo financiero habitual. En paralelo, baja la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego destinados al sector agroindustrial.

El esquema incorpora también una modificación en la valuación de hacienda para establecimientos de invernada y engorde a corral, con impacto directo en el cálculo del impuesto a las ganancias. La medida reduce el resultado por tenencia en cada ejercicio, lo que mejora el flujo impositivo de esas explotaciones.

En términos prácticos, el Ejecutivo combina alivio fiscal, mejora en liquidez y señales sectoriales específicas. La estrategia apunta a incentivar inversión real, no solo planificación tributaria.

Reforma laboral: cambios en subcontratación y contratos temporarios

El RIMI se inscribe en una reforma más amplia del régimen de trabajo agrario. La legislación modificó la subcontratación y cesión, estableciendo relación directa con quien registre el vínculo laboral y limitando la responsabilidad solidaria.

También amplió el período de prueba a ocho meses y aseguró la temporalidad de contratos sucesivos en tareas estacionales. Las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario quedaron eliminadas como referencia autónoma y pasaron al esquema de convenciones colectivas, incluyendo remuneración por rendimiento.

Además, el nuevo marco establece compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizando la continuidad en la percepción de asignaciones familiares.

El mensaje institucional es claro: modernizar la contratación en el campo, reducir litigiosidad potencial y flexibilizar mecanismos para adaptarlos a ciclos productivos.

Correlación de fuerzas y agenda productiva

El RIMI refuerza la posición del Gobierno frente a sectores productivos que reclamaban reglas más previsibles para invertir. Las PyMEs agroindustriales aparecen como el actor central del esquema.

Al mismo tiempo, la modificación del régimen laboral puede reordenar equilibrios en la negociación colectiva y reconfigurar el vínculo entre empleadores y trabajadores rurales.

En el plano económico, la reducción de cargas y la amortización acelerada implican resignación de recursos fiscales en el corto plazo. El Ejecutivo apuesta a que la mayor inversión compense esa merma vía expansión de producción y formalización.

El complemento con el RIGI sugiere una estrategia integral: captar grandes proyectos y, en paralelo, dinamizar el entramado de medianas y pequeñas empresas. El desafío será que ambos regímenes no generen distorsiones competitivas internas.

Inversión real o ventana fiscal

La efectividad del RIMI dependerá de variables que exceden el texto legal: estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y expectativas de rentabilidad.

En las próximas semanas será clave observar el volumen de proyectos presentados y la velocidad de adhesión de PyMEs. También cómo impactan los cambios laborales en la dinámica de contratación en plena campaña productiva.

El Gobierno movió una ficha relevante en el tablero agroindustrial. El marco normativo ya está definido. Falta comprobar si el sector responde con inversión efectiva o si el incentivo funciona como herramienta defensiva en un contexto todavía en transición.

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