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El Gobierno oficializó la designación de Scigliano en la ANDIS

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En medio de la crisis institucional desatada por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei firmó el Decreto 666/2025 que designa al licenciado Gianfranco Scigliano como Subdirector Ejecutivo del organismo. La medida refuerza el esquema de intervención dispuesto a fines de agosto, que puso al frente como interventor al médico Alejandro Vilches.

La ANDIS fue intervenida el 21 de agosto de 2025, a partir del Decreto 601/2025, luego de que salieran a la luz audios comprometedores del entonces titular Diego Spagnuolo, en los que reconocía presuntos pedidos de coimas y mencionaba al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En ese marco, el Ejecutivo designó al médico Alejandro Alberto Vilches como interventor, quien debió dejar la Secretaría de Gestión Sanitaria (renuncia oficializada en el Decreto 600/2025). Según explicó en su momento el vocero presidencial Manuel Adorni, la misión central de Vilches es llevar adelante una auditoría integral de la agencia, informando con precisión cualquier irregularidad detectada y su impacto económico.

La intervención tendrá una duración inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga, y busca reconstruir la credibilidad de un organismo clave para la política de inclusión y asistencia a personas con discapacidad.

El nombramiento de Scigliano: perfil y trayectoria

El Decreto 666/2025, publicado en el Boletín Oficial, formalizó la designación de Gianfranco Scigliano como Subdirector Ejecutivo de la ANDIS, con vigencia a partir del 10 de septiembre de 2025. El texto aclara que la medida se inscribe en el marco de la intervención vigente y que se evaluaron los antecedentes del funcionario antes de su incorporación.

Scigliano es licenciado en Ciencia Política con especialización en Estudios Políticos. Se desempeñó como Director Nacional de Transparencia en la Secretaría de Políticas Públicas de Bienestar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y trabajó en áreas de modernización del Ministerio de Salud y de la propia ANDIS.

En junio de este año, fue designado como integrante de la Comisión ad hoc para la Revisión y Modernización de las Estructuras Institucionales de Organismos Descentralizados, creada mediante la resolución 1876/2025. Esa comisión, vinculada al Ministerio de Salud, fue presentada como parte del plan de desburocratización administrativa tras la reunión entre el ministro Mario Lugones y el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

El nombramiento de Scigliano busca dar continuidad al proceso de intervención y fortalecer el esquema de control interno de la ANDIS. El Ejecutivo subrayó que “el espíritu de la actual gestión es propender a un uso adecuado y eficaz de los recursos públicos” y que los funcionarios designados en estas instancias no percibirán remuneraciones adicionales ni asumirán funciones superiores.

La decisión ocurre en un momento de máxima tensión política, con denuncias judiciales en curso y un fuerte impacto institucional. La ANDIS administra programas sensibles, como pensiones no contributivas y asistencia integral a personas con discapacidad, por lo que la crisis de credibilidad podría tener repercusiones sociales directas.

En términos políticos, el oficialismo busca mostrar señales de transparencia y control, en medio de la presión opositora y el escrutinio judicial. El avance de la auditoría será clave para determinar si la intervención se limita a una etapa administrativa o si deriva en cambios estructurales más profundos en la agencia.

Una auditoría bajo la lupa judicial

En los próximos meses, el Gobierno deberá presentar los primeros resultados de la auditoría interna ordenada por el decreto de intervención. Si se confirman desvíos económicos de magnitud, se abriría la puerta a denuncias penales y a una eventual reestructuración definitiva de la ANDIS.

Para el Ejecutivo, el desafío será mantener el funcionamiento operativo del organismo y garantizar la continuidad de las prestaciones a beneficiarios en un contexto de fuerte crisis política y social. La designación de Scigliano refuerza el equipo interventor, pero también coloca bajo la lupa la capacidad del Gobierno para gestionar la transparencia en un área históricamente sensible.

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Pensiones por discapacidad: el Gobierno suspende las bajas y revisará 128 mil casos ya eliminados

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La decisión se produce tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en paralelo al rechazo legislativo del veto presidencial a la ley de emergencia en el sector. El Ejecutivo evalúa judicializar la norma votada por amplia mayoría en el Congreso.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, resolvió poner en pausa la auditoría sobre las pensiones por discapacidad que había derivado en la baja de 128.667 beneficiarios en todo el país. La medida llega en medio de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se reconocía una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos.

Según confirmaron fuentes oficiales, no se avanzará con nuevas citaciones ni controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios actuales, mientras se revisan las bajas efectuadas y se auditan las compras y la estructura administrativa del organismo.

Del escándalo en la ANDIS a la presión política

Durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS había impulsado un proceso de depuración del padrón que derivó en la eliminación de 110.522 pensiones mal otorgadas, 8.107 otorgadas a personas fallecidas y 10.038 renunciadas voluntariamente. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, había defendido el procedimiento en conferencias de prensa, asegurando que se trataba de un “proceso progresivo” que abarcaría más de un millón de casos.

Sin embargo, tras la difusión de los audios que revelaban posibles sobreprecios y manejos discrecionales, el Gobierno decidió intervenir la ANDIS, suspender las bajas y reabrir la revisión de los expedientes ya dados de baja. “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría, que continúa con foco en tres cuestiones: pensiones, compras y estructura”, indicaron fuentes cercanas al ministro Lugones.

En paralelo, el Ejecutivo había evaluado convertir a la ANDIS en una dependencia directa del Ministerio de Salud para centralizar el control presupuestario, pero las facultades delegadas de la Ley Bases ya no están vigentes, lo que obligaría a enviar la iniciativa al Congreso.

La emergencia en discapacidad y el choque con el Ejecutivo

La suspensión de la auditoría coincide con un hecho político inédito: el Congreso rechazó el veto presidencial y sancionó nuevamente la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma establece la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas y refuerza la asistencia en el sector.

La votación en el Senado fue contundente: 63 votos a favor y solo 7 en contra, con el apoyo de kirchneristas, radicales, macristas y bloques provinciales. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que el Congreso revierte un veto presidencial.

Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei sostuvo que la norma “afecta el equilibrio fiscal” y anticipó que podría judicializar la cuestión para evitar la aplicación de los incrementos previstos. El oficialismo interpreta que el costo fiscal de la ley compromete el programa de ajuste, mientras que la oposición alega que la medida responde a una situación de emergencia social crítica.

La decisión de suspender las bajas genera alivio entre organizaciones de personas con discapacidad, que habían denunciado arbitrariedades en los procesos de revisión. No obstante, la revisión de las 128 mil bajas ya ejecutadas abre un frente sensible: si se detectan errores, el Estado deberá restituir beneficios, con impacto directo en las cuentas públicas.

En el plano político, el fallo legislativo refuerza la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto donde la gobernabilidad de Milei depende de la negociación con bloques opositores. Una judicialización del caso podría escalar el conflicto institucional.

En perspectiva, el Gobierno enfrenta un dilema: avanzar con la depuración del sistema para preservar el ajuste, o ceder ante la presión social y legislativa en un tema de alta sensibilidad, como es el acceso a las pensiones por discapacidad.

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Passalacqua criticó el accionar de la ANDIS en Misiones: “Es algo impiadoso, algo espantoso”

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En declaraciones a la prensa, el gobernador de Misiones explicó que la presentación judicial contra la suspensión de pensiones por discapacidad busca “amparar y cuidar a los hermanos misioneros” afectados por la medida de la ANDIS.”

Durante la jornada de este miércoles, en Salto Encantado, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se refirió a la situación generada por la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, y explicó las acciones legales que el Gobierno provincial impulsó para proteger a las familias afectadas.

“Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para amparar y cuidar a los hermanos misioneros que están pasando por un acto de humillación, de vejación, con el personal y la política que llevó adelante el ANDIS. Yo nunca lo había visto, es algo impiadoso, espantoso, no tengo palabras”, señaló Passalacqua.

El gobernador destacó que “lo único que podíamos hacer seriamente, además de las declaraciones y todo lo que estamos haciendo, opinar, era actuar ante la Justicia, para que ellos se encuentren en algún momento delante de un juez y respondan por sus acciones. Y eso es lo que presentamos hace minutos en los federales”.

Consultado sobre las causas de esta situación, Passalacqua afirmó: “No lo sé. Hoy un funcionario no conoce la realidad de Misiones, no tiene idea del país, mucho menos del interior. Es una falta de sensibilidad total. Me pongo estresado con este tema, te juro, estoy explotado”.

A pesar de la tensión por la situación, el mandatario continuó la jornada de su agenda “y lo otro, que es la justicia, veremos cómo responde”, concluyó.

CONTEXTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL

La acción presentada ante la Corte Suprema de Justicia se enmarca en el expediente Nº 2128/2025 “Misiones Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”. En este recurso, el Gobierno provincial solicita el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones suspendidas, la liquidación de los retroactivos adeudados, la nulidad de auditorías irregulares realizadas en el territorio provincial, y medidas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.

Desde el Gobierno de Misiones remarcaron que la suspensión de estas pensiones afecta gravemente a miles de familias en situación de vulnerabilidad, constituyendo una vulneración de derechos constitucionales y convencionales reconocidos en la normativa nacional e internacional. Además, señalaron que las auditorías implementadas por la Nación han sido realizadas con irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En ese marco, el Ejecutivo provincial enfatizó que el recorte de prestaciones impacta directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias, dificultando el acceso a alimentos, medicamentos y tratamientos médicos esenciales. La acción judicial busca garantizar el pleno ejercicio de derechos y la continuidad de las prestaciones sociales.

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Crisis en la ANDIS: provincias reclaman al COFEDIS garantizar continuidad institucional

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La crisis institucional desatada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la intervención dispuesta por el Decreto 601/2025 llevó a veinte provincias a exigir la convocatoria urgente de una Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). El pedido se fundamenta en el artículo 14 de la Ley 24.657, que habilita a un tercio de los miembros permanentes a solicitar la reunión extraordinaria.

El decreto publicado el 22 de agosto en el Boletín Oficial dispuso la intervención de la ANDIS, generando un vacío de conducción en el organismo responsable de implementar políticas nacionales en materia de discapacidad. La situación, calificada por los gobiernos provinciales como una “acefalía que compromete la legitimidad, la operatividad y el normal funcionamiento del COFEDIS”, motivó el pedido conjunto.

Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, confirmó que este martes se inició además una auditoría interna en el organismo nacional. En paralelo, se solicitó al interventor designado que convoque de manera inmediata a la Asamblea Extraordinaria para definir los pasos a seguir.

El reclamo federal y los fundamentos legales

La nota presentada por las provincias, dirigida al interventor del COFEDIS, detalla tres objetivos principales:

  1. Convocar a la Asamblea Extraordinaria de forma urgente, en razón de la acefalía actual.
  2. Reducir los plazos de notificación previstos por la Ley 24.657, garantizando igualmente la comunicación formal a todas las jurisdicciones.
  3. Habilitar la participación presencial y virtual para asegurar la presencia de todas las provincias y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los firmantes figuran Misiones, Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza, Tucumán, La Pampa, Catamarca, Salta, Chubut, Río Negro, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Formosa y Chaco.

El planteo sostiene que la falta de autoridades en la ANDIS amenaza la continuidad de las políticas públicas, al tiempo que vulnera la representación federal y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos de las personas con discapacidad.

El COFEDIS es el principal ámbito de articulación entre la Nación, las provincias y las organizaciones civiles en el diseño de políticas de discapacidad. La falta de conducción nacional pone en riesgo programas claves como la asignación de pensiones, la implementación de prestaciones básicas y la coordinación de fondos para infraestructura accesible.

Resulta indispensable asegurar la continuidad institucional, la representación federal y la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad frente al actual contexto de acefalía”, expresa el texto presentado.

Desde los gobiernos provinciales advierten que, sin una convocatoria urgente, se profundizará la parálisis administrativa y aumentará la incertidumbre para más de un millón de beneficiarios en todo el país.

La expectativa está puesta en que el interventor del COFEDIS dé curso a la convocatoria en los próximos días. En caso contrario, las provincias podrían avanzar en presentaciones judiciales o en un reclamo político mayor para garantizar la deliberación.

La situación abre un frente sensible para el Gobierno nacional, ya que el reclamo no proviene de un bloque opositor homogéneo sino de veinte jurisdicciones de distinto signo político, lo que refleja un consenso amplio respecto a la urgencia de resolver la conducción del área.

El desenlace de esta crisis marcará el rumbo inmediato de las políticas de discapacidad y pondrá a prueba la capacidad de diálogo entre Nación y provincias en un momento de fragilidad institucional.

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Misiones presenta amparo federal para frenar bajas irregulares de pensiones por discapacidad

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El Gobierno de Misiones anunció este jueves que acompañará un recurso judicial para frenar la suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad que, según el Ejecutivo provincial, se habrían realizado de manera irregular por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida busca garantizar que las auditorías y revisiones se realicen con transparencia, respetando los derechos de las personas con discapacidad, y se da en un contexto de creciente preocupación por el impacto social y económico de las bajas de prestaciones.

El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, anunció que la presentación judicial se efectuará al mediodía de este jueves por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, organismo dependiente de la Vicegobernación.

Según fuentes provinciales, en los últimos meses numerosas familias misioneras vieron suspendidas sus pensiones no contributivas, muchas de las cuales representan el único ingreso familiar. Las auditorías de la ANDIS, apuntan desde el Ejecutivo provincial, se habrían llevado a cabo sin notificaciones adecuadas, lo que impidió que las personas convocadas pudieran acreditar su derecho a la prestación.

El Gobierno provincial indica que agotó todas las instancias administrativas y de diálogo con la Nación, pero ante la falta de respuesta, la vía judicial surge como la única alternativa para proteger a los sectores más vulnerables.

El amparo y sus fundamentos

El recurso judicial presentado ante la Justicia Federal busca:

  1. Suspender temporalmente las auditorías y bajas de pensiones hasta garantizar un procedimiento transparente y conforme a derecho.
  2. Retrotraer las situaciones de suspensión al momento previo a las auditorías, evitando la pérdida de ingresos esenciales para las familias afectadas.
  3. Establecer protocolos claros para futuras revisiones, asegurando notificaciones oportunas y la posibilidad de presentar la documentación necesaria por parte de los beneficiarios.

La acción se fundamenta en el principio constitucional de protección a personas con discapacidad y derecho a la seguridad social, así como en la Ley Nacional de Discapacidad (Ley 22.431) y la normativa vigente que regula las pensiones no contributivas.

Fundamentos, actores y repercusiones

La medida refleja un conflicto entre jurisdicciones nacionales y provinciales en torno a la gestión de pensiones no contributivas. Por un lado, la ANDIS, organismo nacional, realiza auditorías y suspensiones bajo criterios administrativos. Por otro, el Gobierno de Misiones sostiene que dichas prácticas se hicieron de forma irregular, afectando a beneficiarios que dependen de estas prestaciones para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y vivienda.

La presentación judicial no solo tiene un impacto social inmediato, sino que también podría generar precedentes legales sobre la supervisión y ejecución de políticas nacionales de asistencia social, especialmente en casos donde las provincias denuncian irregularidades.

Desde el punto de vista político, la acción fortalece la posición del Ejecutivo provincial en su rol de defensor de los derechos de las personas con discapacidad, mostrando capacidad de acción frente a decisiones de alcance nacional. Además, podría abrir un debate sobre la centralización de las pensiones no contributivas y la necesidad de mecanismos más transparentes y participativos.

Si la Justicia Federal admite el amparo, las posibles consecuencias inmediatas incluyen:

  • Suspensión temporal de las bajas y retrotracción de los casos afectados.
  • Revisión de los procedimientos de auditoría de la ANDIS para garantizar transparencia y cumplimiento de normativa.
  • Establecimiento de protocolos de notificación y apelación más claros, evitando perjuicios a beneficiarios vulnerables.

A mediano plazo, el conflicto podría derivar en cambios en la coordinación entre Nación y provincias respecto a la gestión de pensiones no contributivas, con impacto directo en la administración de fondos públicos y en la seguridad social de los grupos más vulnerables.

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