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El Ejecutivo modifica el presupuesto y redefine fondos para seguridad, salud y energía

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El Gobierno refuerza partidas clave y autoriza cambios estructurales en el Fondo Gasífero: Milei firmó el DNU 849/2025 que reconfigura el presupuesto 2025

En un contexto de emergencia económica y con un Presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 849/2025, que modifica de forma integral el Presupuesto General de la Administración Nacional y habilita transferencias millonarias para cubrir obligaciones previsionales, gastos esenciales y programas sociales. La medida incluye la posibilidad de transformar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), un punto clave para la infraestructura energética.

Un DNU para reordenar las cuentas públicas en un año sin presupuesto aprobado

El DNU, publicado en el Boletín Oficial y fechado el 28 de noviembre de 2025, sostiene su justificación en la “situación de suma gravedad” económica y en el hecho de que por segundo año consecutivo el Congreso no sancionó una Ley de Presupuesto, luego de que el Ejecutivo enviara su proyecto el 15 de septiembre de 2024.

Para sostener la administración del Estado, el Gobierno recuerda que el Decreto 1131/24 prorrogó el Presupuesto 2023 (Ley 27.701), mientras que la Decisión Administrativa 3/25 estableció los créditos correspondientes a esa prórroga.

El marco de emergencia se fundamenta además en: El Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. La Ley 27.742 (Bases), que declaró la emergencia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Bajo este contexto, el Gobierno afirma que “resulta necesario asegurar una distribución razonable de los recursos” para evitar que se vea afectada la prestación de “servicios esenciales” del Estado.

Recomposición previsional, seguridad y gasto social: el detalle de los refuerzos presupuestarios

Asignaciones para jubilaciones, retiros y sentencias judiciales

Uno de los puntos centrales del DNU es la asignación de $406.557.027.778 destinados al pago de deudas previsionales originadas en sentencias judiciales firmes vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El reparto es el siguiente: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal:
$352.748.607.000. Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF):
$53.808.420.778

El Gobierno explica que el refuerzo responde a los aumentos salariales otorgados durante 2025 a las Fuerzas de Seguridad (Resoluciones 176/25, 520/25 y 944/25) y al Personal Militar (Resoluciones conjuntas 11/25, 24/25 y 63/25), que impactan directamente en los haberes de retirados y pensionados.

Modificaciones en cargos y traspasos

El DNU incorpora también modificaciones de personal, registradas en las planillas anexas IF-2025-127772174-APN-SSP#MEC.

Entre ellas, se destacan: Transferencia de cargos desde la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad Nacional, en línea con el Decreto 605/2025.

El ajuste busca adecuar la dotación de agentes tras la reubicación de dependencias como el Registro Nacional de Datos Genéticos.

Salud, discapacidad, educación y programas sociales

El DNU también refuerza partidas para: Hospitales de alta complejidad SAMIC, incluidos Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, Bicentenario Esteban Echeverría y el Presidente Néstor Kirchner. Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): para el pago de pensiones no contributivas y del subsidio extraordinario a beneficiarios. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: financiamiento de Prestación Alimentar. Secretaría de Educación: Política salarial docente y no docente de universidades. Compra de computadoras. Becas PROGRESAR, comedores escolares y Jornada Extendida. Programas de empleo: Volver al Trabajo, Fomentar e Intercosecha. ANSeS: Prestaciones previsionales con impacto de la Ley de Movilidad Previsional (N° 26.417). Programa 19 (Asignaciones Familiares). Prestación por desempleo.Programa 32 – Acciones de Nutrición (Programa 1000 Días). Transferencias al PAMI. Prestación Mensual de Oncopediatría.

Empresas públicas y organismos: financiamiento adicional

La jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro (91) recibe refuerzos para sostener: Radio y Televisión Argentina S.A.U. Educ.ar S.A.U. Casa de Moneda S.A.U. Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Belgrano Cargas y Logística S.A. SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria). ACUMAR. ENARD. Incremento de capital del IDB Investment Corporation.

Asimismo se readecúa el Servicio de la Deuda Pública para cubrir servicios financieros del ejercicio en curso.

Economía queda habilitado a disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero

Uno de los artículos con mayor impacto político y sectorial es el artículo 4°, que autoriza al Ministerio de Economía a modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS).

El DNU instruye a Energía Argentina S.A. (ex Enarsa), fiduciaria del fondo, a brindar “colaboración y asistencia” a la Secretaría de Energía para garantizar la transición hacia un nuevo instrumento de financiamiento de obras de transporte de gas.

La habilitación refleja el giro del Gobierno hacia mecanismos alternativos para financiar infraestructura energética en un contexto de severo ajuste fiscal y restricciones de financiamiento.

El sector energético podría mostrar distintas reacciones: desde empresas interesadas en nuevos esquemas de inversión hasta gobernadores y actores del gasoducto troncal que podrían advertir por eventuales retrasos o redefiniciones.

Control legislativo obligatorio

Como establece la Ley 26.122, el DNU debe ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente, que deberá dictaminar su validez y enviarlo al recinto de ambas Cámaras para su tratamiento.

El artículo 7° del decreto cumple con ese paso formal: “Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del H. Congreso de la Nación”.

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ANSES oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 2,34% en los haberes de diciembre para jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el último mes del año se da en línea con el dato de inflación de octubre, siendo formalizados mediante las Resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2025, será de $340.879,59″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.293.796,92.

Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, y además en este mes se suma para todos los haberes el cobro del aguinaldo, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $403.150 a $581.319.

  • Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $114.808,17 y $3.731.212,01, respectivamente, a partir del período devengado diciembre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $155.936,86. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $272.703,67. Con el bono de $70.000 y el aguinaldo, la PUAM ascenderá a $479.055.

Asignaciones familiares

Por otro lado, con la suba oficializada, los titulares de asignaciones universales para protección social pasarán a cobrar:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $122.492 (valor general)
  • AUH y Embarazo – Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $159.240

AUH y Asignación Familiar Prenatal para trabajadores del sector formal – Valor general

  • Ingreso grupo familiar (IGF) no supera los $948.361: se cobrará por hijo $61.252.
  • IGF superior a $948.361 y de hasta $1.390.864: se cobrará por hijo $41.316.
  • IGF superior a $1.390.864 y de hasta $1.605.800: se percibirá por hijo $24.990. 
  • IGF mayor a $1.605.800 y de hasta $5.022.048, se cobrará por hijo $12.892.

Asignación por Hijo con Discapacidad – Valor general

  • Ingreso grupo familiar (IGF) no supera los $948.361: se cobrará por hijo $199.434.
  • IGF superior a $948.361 y de hasta $1.390.864: se cobrará por hijo $141.086.
  • IGF superior a $1.390.864: se percibirá por hijo $89.043.

Monotributo

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:

  • Categorías A: $61.252
  • Categoría B: $41.316
  • Categoría C: $24.990
  • Categorías D, E, F, G: $12.892

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

  • Nacimiento: $71.396
  • Adopción: $426.877
  • Matrimonio: $106.904
  • Ayuda Escolar Anual: $42.039 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.511.024 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

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Obras, energía y deudas, la agenda que Passalacqua llevó al ministro del Interior

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua pidió al ministro del Interior, Diego Santilli destrabar financiamiento, reactivar obras nacionales y saldar deudas previsionales con Misiones

Passalacqua, informó que mantuvo una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para plantear una agenda de reclamos estructurales vinculados al financiamiento energético, la reactivación de obras públicas paralizadas, los pasivos previsionales acumulados desde 2017 y los compromisos fiscales no cumplidos por el Estado nacional con la provincia. El encuentro se realizó en un contexto de fuerte ajuste presupuestario y renegociación de inversiones en las provincias, lo que vuelve estratégico cada desembolso nacional para la economía misionera.

Obras estratégicas, financiamiento internacional y reclamos por fondos nacionales

Passalacqua detalló que uno de los puntos centrales fue la necesidad de facilitar el financiamiento de la CAF para la línea de 132 kV San Isidro – Alem – Oberá, una obra clave para reforzar el sistema eléctrico provincial. La gestión del crédito requiere aval y tramitación nacional, por lo que Misiones busca que Interior acelere el proceso para habilitar los desembolsos.

El gobernador también solicitó la inclusión en el Presupuesto 2026 de los aportes y remanentes del Tesoro Nacional correspondientes a Misiones, junto con la reactivación de los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación. Passalacqua mencionó tres sectores prioritarios: rutas, escuelas y viviendas, todos con obras pendientes cuyo avance se frenó por falta de transferencia de fondos federales.

En materia fiscal, planteó dos reclamos sensibles: El pago de la deuda de ANSES con la caja previsional provincial no transferida, un pasivo que se acumula desde 2017 y que, según explicó, “genera un problema a nuestras cuentas públicas”. La deuda de Nación con Misiones derivada del Consenso Fiscal, pendiente de regularización.

Estos compromisos representan ingresos fundamentales para la sostenibilidad financiera provincial y para la continuidad de programas vinculados a infraestructura, educación y seguridad social.

Agenda productiva y temas del Norte Grande

Además de las cuestiones fiscales y de infraestructura, Passalacqua indicó que se abordaron temas vinculados al agro y la producción, en línea con los planteos realizados por los gobernadores del Norte Grande en su última asamblea. Sin detallar rubros específicos, señaló que se trata de pedidos previamente presentados como parte de la agenda regional.

El mandatario agradeció la presencia del ministro Santilli y destacó que Misiones apuesta al diálogo institucional como mecanismo para avanzar en gestiones nacionales: “Agradezco al ministro por su visita. Creemos en el diálogo como camino para trabajar juntos por el bienestar de los misioneros y el país”.

La reunión deja planteados los principales desafíos para Misiones de cara a 2025 y el proceso de formulación del Presupuesto 2026, en un escenario en el que cada acuerdo con Nación define la continuidad de obras y la disponibilidad de recursos para la economía provincial.

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Reforma laboral: el Gobierno impulsa una ley para flexibilizar contratos y bajar costos empresariales

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El Gobierno relanza la reforma laboral, el proyecto busca flexibilizar contratos y reducir costos empresariales.

La iniciativa, impulsada por la diputada Romina Diez con respaldo del oficialismo, propone cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, beneficios fiscales para nuevas contrataciones y nuevas reglas para PyMES. Se reabre el debate sobre modernización laboral en el Congreso.

Un nuevo intento para reformar el sistema laboral argentino

El Gobierno nacional retomará el debate legislativo sobre la reforma laboral, una de las piezas clave del programa económico y político que impulsa el oficialismo desde el Consejo de Mayo. La propuesta fue presentada por la diputada Romina Diez bajo el título de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, y busca —según su fundamentación— modernizar el régimen laboral argentino con el objetivo de incentivar la formalidad, atraer inversiones y reducir litigiosidad.

El texto, acompañado por un grupo de legisladores oficialistas y aliados, entre ellos Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Lorena Villaverde y Carlos Zapata, introduce cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), actualizando principios, modalidades y derechos laborales que datan de 1974.

El proyecto, que será eje de discusión en las próximas sesiones del Congreso, redefine la relación empleador-trabajador, amplía la flexibilidad contractual, establece incentivos fiscales a la creación de empleo y habilita mecanismos de pago en cuotas para indemnizaciones y sentencias laborales.

“La Argentina necesita una legislación laboral moderna, ágil y competitiva, que acompañe los nuevos modelos productivos sin afectar los derechos básicos de los trabajadores”, señala el texto en su exposición de motivos.

Flexibilización contractual y nuevos incentivos para el empleo

Entre los puntos más relevantes, la iniciativa modifica artículos centrales de la LCT vinculados a la movilidad funcional y geográfica, la irrenunciabilidad de derechos y los beneficios sociales no remunerativos. El empleador podrá introducir cambios razonables en las condiciones de trabajo —como horarios, funciones o lugar de prestación— siempre que no alteren aspectos esenciales del contrato.

En cuanto a los beneficios sociales, se detalla una lista de prestaciones no remunerativas, entre ellas almuerzos, útiles escolares o servicios de telefonía e internet, que no integrarán el salario a los fines previsionales.

El proyecto también flexibiliza las licencias, vacaciones y sanciones, habilitando el fraccionamiento de las vacaciones en períodos mínimos de una semana y el goce conjunto para matrimonios o uniones familiares que trabajen en una misma empresa. Además, se establece un plazo de 30 días para impugnar sanciones disciplinarias.

En materia de enfermedad o accidente laboral, se mantienen los plazos de pago de remuneraciones de tres o seis meses, según la antigüedad, y de seis o doce meses para quienes tengan cargas familiares. Se introduce la posibilidad de verificación médica a través de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, que podrá convocar peritos y aplicar sanciones.

El proyecto también ajusta el régimen de intereses en créditos laborales, limitando el monto máximo a la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa pura del 3% anual. Asimismo, se establece que los honorarios de abogados en juicios laborales no podrán superar el 20% del monto total

Reducción de costos para PyMEs y beneficios fiscales a la contratación

Uno de los capítulos más destacados apunta a la promoción del empleo formal, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. Se prevé la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal aplicable al pago de impuestos nacionales, para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley.

El beneficio será del 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes empresas, siempre que la incorporación de personal implique un incremento neto en la nómina.

Además, se habilita la posibilidad de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, medida que busca aliviar la carga financiera de las PyMEs y reducir los costos asociados a la desvinculación laboral.

En paralelo, el texto modifica el régimen del trabajo agrario, excluyendo del sistema a trabajadores de sectores industriales, turísticos o de servicios no directamente vinculados a la actividad agrícola.

Proyección política y debate legislativo

El proyecto de Reforma Laboral se enmarca en la estrategia del oficialismo de consolidar una agenda de desregulación y simplificación normativa que atraviesa la política económica del Gobierno. Luego de la experiencia parcial de la Ley Bases, el nuevo texto apunta a construir consensos parlamentarios para avanzar en la modernización de las relaciones laborales, un reclamo histórico de sectores empresariales e industriales.

No obstante, su tratamiento en el Congreso abrirá un debate político intenso. Mientras los bloques afines al oficialismo destacan el potencial de la norma para impulsar el empleo formal, desde sectores sindicales y opositores advierten sobre los riesgos de pérdida de derechos laborales y precarización.

La presentación reabre así un eje central de la discusión económica argentina: cómo compatibilizar competitividad, productividad y protección social en un contexto de contracción económica y alto desempleo juvenil.

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El Gobierno oficializó bono extraordinario de $70.000 para jubilados con haberes mínimos

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El Gobierno otorgará un bono extraordinario de $70.000 a jubilados y pensionados en noviembre.

El beneficio alcanzará a titulares de haberes contributivos, no contributivos y PUAM. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los sectores de menores ingresos durante la vigencia de la anterior fórmula de movilidad.

Un refuerzo para los haberes más bajos en noviembre

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso, a través del Decreto 771/2025, el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado por única vez en el mes de noviembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como finalidad compensar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos, afectado por el desfase de la anterior fórmula de movilidad establecida por la Ley N° 27.609.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— abarca a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El bono será liquidado por titular y tendrá un carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para ningún otro concepto. En el caso de pensiones compartidas, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, el beneficio se considerará como un único pago.

Quiénes lo cobrarán y en qué condiciones

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del decreto, el Bono Extraordinario Previsional alcanzará a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA y regímenes transferidos a la Nación.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Ley N° 27.260).
  • Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos o más, y pensiones graciables administradas por ANSES.

El monto total a percibir dependerá del nivel de ingresos del beneficiario:

  • Quienes perciban un haber igual o menor al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000.
  • Aquellos que superen el haber mínimo obtendrán un monto variable, que ajustará su ingreso total hasta el equivalente al haber mínimo más el bono máximo establecido.

En todos los casos, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de liquidación.

Compensación por los efectos de la fórmula anterior

El decreto fundamenta la medida en la necesidad de reparar los efectos adversos que generó la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley N° 27.609, en vigencia desde marzo de 2021, la cual —según el texto oficial— “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los haberes de los adultos mayores”, al no contemplar la variación de los precios y presentar un “gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”.

En ese contexto, el Gobierno recuerda que desde enero de 2024 se implementaron distintos bonos compensatorios mensuales para mitigar el impacto en los sectores previsionales más vulnerables. La política se complementó con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el Decreto N° 274/2024, que dispuso la actualización mensual de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, a partir de julio de 2024.

Con este nuevo bono, el Ejecutivo busca sostener el poder de compra de jubilaciones y pensiones, manteniendo la pauta de asistencia transitoria a los haberes más bajos mientras se consolida el esquema de movilidad ajustado a la inflación.

Implementación y financiamiento

El decreto faculta a la ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, liquidación y control del bono, así como para la recuperación de percepciones indebidas.

La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida, cuyo costo fiscal se enmarca dentro de las partidas previsionales vigentes.

El beneficio entrará en vigencia a partir del mismo día de su dictado, es decir, el 27 de octubre de 2025.

Políticas de refuerzo

El Bono Extraordinario Previsional de $70.000 se suma a las políticas de refuerzo que el Gobierno viene aplicando desde 2024 para atenuar los efectos de la inflación en los ingresos de los jubilados y pensionados. En un contexto de alta sensibilidad social y ajuste fiscal, la medida apunta a preservar la capacidad de consumo de un sector que concentra más del 40% de los beneficiarios del sistema previsional nacional.

Si bien el decreto no establece nuevas fórmulas de cálculo, su implementación ratifica la continuidad del esquema de compensaciones directas como herramienta de contención económica, mientras se consolida la actualización automática por inflación dispuesta en 2024.

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