Aportes del Tesoro Nacional

ATN: con voto misionero, el Senado rechazó el veto de Milei

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En una votación clave en la Cámara Alta, los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se sumaron a la mayoría que rechazó el veto presidencial a la Ley 27.794, que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión fue respaldada por 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, en un nuevo revés legislativo para el Gobierno nacional, que incluyó el voto de Martín Göerling Lara, que hasta ahora era un aliado mileísta.

El rechazo al veto se inscribe en una pulseada de alto voltaje entre el Poder Ejecutivo y las provincias. El proyecto en cuestión —impulsado por los 24 gobernadores— busca modificar el mecanismo de asignación de los ATN, evitando su distribución discrecional y garantizando un reparto diario, automático y transparente, en línea con la Ley 23.548 de coparticipación federal.

La incorporación del nuevo artículo a la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) dispone que los ATN se distribuyan según los criterios ya estipulados en los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación, integrándose a la masa de fondos coparticipables.

Para los representantes misioneros, el eje del debate no es meramente técnico, sino institucional: “Se trata de garantizar que los recursos que generan los misioneros vuelvan a Misiones en forma de infraestructura, salud, educación y viviendas”, afirmaron tras la votación.

El debate: críticas al Ejecutivo y defensa de la autonomía provincial

Durante la sesión, legisladores de distintos bloques cuestionaron la política fiscal del Gobierno nacional. El senador pampeano Daniel Bensusán (UxP) fue uno de los más duros: “El Presidente quiere hacer creer que las provincias usarán los ATN para gastos corrientes. Eso es falso: los fondos siguen destinados a emergencias y desequilibrios financieros”.

En la misma línea, el radical Maximiliano Abad advirtió que el veto “no solo afecta recursos, sino la concepción del federalismo”, mientras que su correligionario Pablo Blanco (UCR, Tierra del Fuego) denunció que el Ejecutivo retiene fondos para “simular superávit fiscal”.

Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci (UxP) apuntó contra el estilo de gobierno de Milei: “No es un emperador. Debe escuchar al pueblo y acatar la Constitución”.

El senador porteño Martín Lousteau (UCR) remarcó que el rechazo al veto expresa una posición inédita de los gobernadores: “Es la primera vez que 24 mandatarios provinciales, incluso algunos cercanos al oficialismo, se unen para decirle al Gobierno: ‘por acá no’”.

El rechazo al veto implica que el proyecto pase nuevamente a Diputados, donde el Gobierno confía en bloquearlo. Sin embargo, el resultado en el Senado evidencia el aislamiento político de La Libertad Avanza, que apenas reunió 9 votos en contra.

Para Misiones, la decisión reviste una importancia estratégica: refuerza el reclamo histórico de que los fondos nacionales no dependan de “complacencias políticas” sino de criterios objetivos y automáticos. En números, se estima que el Gobierno nacional acumula 1,5 billones de pesos en ATN no distribuidos, mientras que en lo que va del mandato solo giró $120.000 millones a 15 provincias, dejando a distritos como La Pampa y Tierra del Fuego sin un solo peso de transferencias.

La votación consolida al Senado como un contrapeso frente a la estrategia presidencial de gobernar mediante decretos y vetos, y abre un nuevo capítulo en la relación Nación-provincias.

Para los senadores misioneros, el debate trasciende lo coyuntural: “La redistribución justa de los ATN es una condición necesaria para sostener el federalismo y la autonomía provincial”, remarcaron Arce y Rojas Decut.

De aquí en adelante, la pulseada continuará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo apuesta a sostener el veto. Sin embargo, la señal política enviada desde el Senado marca un precedente de unidad provincial y refuerza la estrategia de Misiones en defensa de los recursos que le corresponden.

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Milei vetó la ley de ATN, pese a que ordenó abrir una ronda de diálogo con gobernadores

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El Ejecutivo defendió la discrecionalidad del Fondo como herramienta clave ante emergencias y advirtió que la redistribución automática “vaciaría” al Estado de capacidad de respuesta

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 652/2025, publicado este 12 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual vetó en su totalidad el proyecto de ley Nº 27.794, aprobado por el Congreso el pasado 20 de agosto, que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, acompañada por las firmas de ministros y funcionarios clave como Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un nuevo punto de fricción en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.

El argumento oficial: preservar una herramienta de emergencia

El Gobierno justificó el veto al sostener que los ATN, creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, tienen un carácter extraordinario y discrecional destinado a cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias.

En los considerandos, el decreto recuerda que el artículo 5° de dicha ley establece expresamente que el fondo debe aplicarse a situaciones excepcionales, bajo administración del Poder Ejecutivo. “El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis”, sostiene el texto oficial.

El Ejecutivo advierte que transformar los ATN en un régimen de coparticipación automática, como proponía el Congreso, “priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.

Incluso se citan antecedentes recientes: durante la pandemia de COVID-19 y en emergencias climáticas, hídricas y alimentarias de 2024 y 2025, el Gobierno utilizó los ATN para asistir a provincias en crisis.

Federalismo fiscal y el Pacto de Mayo

El decreto argumenta además que el proyecto aprobado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN” y contradice los criterios de equidad y solidaridad federal. Según el Gobierno, vaciar este instrumento pondría en riesgo la prestación de servicios básicos en las provincias y afectaría la capacidad de respuesta ante contingencias.

La Casa Rosada vinculó la discusión con el Pacto de Mayo, en el que Milei y varios gobernadores firmaron un compromiso para una futura rediscusión integral del régimen de coparticipación federal. Para el Ejecutivo, “la verdadera solución no radica en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero que sustituya el modelo extorsivo que durante décadas condicionó a las provincias”.

El veto ya generó fuertes críticas de mandatarios opositores. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó la decisión como “otro desprecio a las provincias” y denunció un “ataque al federalismo y a las autonomías”. Aseguró que los recursos de los ATN “legítimamente pertenecen a las provincias” y acusó a Milei de apropiarse de fondos de manera “ilegal”.

En paralelo, los bloques opositores en el Congreso anticipan que intentarán reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. El Senado podría abordar el tema en la sesión del 18 de septiembre, mientras que en Diputados se espera que el 17 se discutan también los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Más tensión en la relación Nación-provincias

Con este veto, Milei reafirma su estrategia de centralizar la decisión sobre el uso de los ATN, defendiendo la discrecionalidad del Ejecutivo como un atributo indispensable para la gestión de crisis. Sin embargo, la medida profundiza la brecha con gobernadores de distinto signo político, que ven en el rechazo un nuevo obstáculo para garantizar recursos en un contexto de ajuste fiscal y recesión.

La discusión por el reparto de fondos federales se suma a otros focos de conflicto, como la suspensión de la obra pública y la definición del Presupuesto 2026, que será presentado en los próximos días. El futuro inmediato dependerá de si el Congreso logra articular una mayoría calificada para revertir la decisión presidencial, un escenario que pondría a prueba la capacidad de negociación política del oficialismo.

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