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Cuentas públicas: superávit primario de $1,7 billones y rojo financiero de $168.515 millones

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El Gobierno informó que las cuentas públicas tuvieron déficit financiero en julio por $168.515 millones a causa del pago de intereses de deuda y el aguinaldo de estatales, siendo el primero del año y el segundo en la gestión de Javier Milei, aunque se mantuvo el superávit primario en 1,7 billones de pesos.

El Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo, explicó que el rojo fiscal se debió a que “en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio”.

En este sentido, recordó que “dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses”.

Otro factor que juega un rol de peso habitualmente en el sexto mes del año es el pago del medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional (SPN), lo que también fue expuesto por la cartera económica para argumentar el resultado deficitario.

A pesar del mal dato, Caputo remarcó que “el resultado financiero de -$168.515 millones contrasta con el resultado de julio de 2023, donde el déficit había sido de $754.243 millones, equivalentes a más de $3.700.000 millones ajustados por inflación”.

El superávit primario, en tanto, se incrementó 41% en términos reales frente a igual mes de 2024, lo que implica una mejora en términos nominales de $432.442 millones en la comparación interanual.

Al respecto, Economía, detalló que “el crecimiento de los ingresos de 2,8% interanual real, y la caída del gasto primario de -1,3% real interanual, aún preservando el gasto social que crece al 5,7% interanual en términos reales, siguen mostrando el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional con el equilibrio fiscal, sin descuidar la situación de los sectores más vulnerables”.

De esta manera, el SPN acumuló al séptimo mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB), “profundizando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.105.874 millones (+40,4% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +39,8% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Exportación (+106,2% i.a.), los Derechos de Importación (+79,8% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+54,3% i.a.), Débitos y Créditos (+47,9% i.a.) y Bienes Personales (+336% i.a.).

Durante julio, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $11.356.489 millones (+34,8% i.a.), creciendo nuevamente a un ritmo menor al de los ingresos. En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $7.066.464 millones (+44,3% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24. 

Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.693.146,3 millones (+22,8% i.a.) “producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas y las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, señaló el Ejecutivo.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.821.883,7 millones (+21,2% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$376.400,4 millones (+14,2% i.a.). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en julio alcanzaron los $768.686,4 millones (+55,6% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron una caída de $715.114 millones (-15,4% i.a.), donde los energéticos variaron -$1.186.078 millones (-34,0% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $525.999 millones (+49,9% i.a.).

Equilibrio fiscal en medio de la presión de la deuda

El informe difundido por el Ministerio de Economía confirma que, durante julio de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un resultado primario positivo de $1.749.386 millones, en un mes marcado por la continuidad del ajuste del gasto y el crecimiento de la recaudación.

Sin embargo, los intereses de deuda —netos de las operaciones intra-sector público— ascendieron a $1.917.901 millones, lo que derivó en un resultado financiero negativo de $168.515 millones.

A pesar de ese rojo puntual, el acumulado de los primeros siete meses del año muestra un superávit financiero cercano al 0,3% del PIB, y un superávit primario del 1,1% del PIB, consolidando lo que el Gobierno define como “ancla fiscal” de su programa económico.

Según la información oficial, la mejora interanual en el resultado primario fue de 41% en términos reales, lo que implica un avance de $432.442 millones frente a igual mes de 2024.

Cifras clave: ingresos y gastos en julio

Los ingresos totales del SPN en julio sumaron $13,1 billones, con un crecimiento interanual de 40,4%. Dentro de ellos, los recursos tributarios avanzaron 39,8% i.a., con desempeños destacados en:

  • Derechos de Exportación: +106,2% i.a.
  • Derechos de Importación: +79,8% i.a.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +54,3% i.a.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: +47,9% i.a.
  • Bienes Personales: +336% i.a.

En paralelo, los gastos primarios ascendieron a $11,35 billones, con un alza de 34,8% i.a., es decir, creciendo menos que los ingresos.

Las prestaciones sociales representaron la mayor partida, con $7,07 billones (+44,3% i.a.), impulsadas por la fórmula de movilidad (Ley 27.609) y el DNU 274/24.

Las remuneraciones del sector público sumaron $1,69 billones (+22,8% i.a.), en un contexto de incrementos salariales pactados y reducción de la planta de empleados.

Las transferencias corrientes totalizaron $3,82 billones (+21,2% i.a.), con un crecimiento moderado al sector privado (+14,2% i.a.) y una suba más marcada hacia el sector público (+55,6% i.a.).

En cuanto a los subsidios económicos, se registró una caída interanual de $715.114 millones (-15,4%). Dentro de este rubro, los energéticos retrocedieron 34%, mientras que los destinados al transporte aumentaron 49,9%, alcanzando los $525.999 millones.

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Arca refuerza acciones en Misiones para “frenar el contrabando” alentado por el tipo de cambio

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En el marco del trabajo de la Mesa de Frontera, la Dirección General de Aduanas (DGA) llevó adelante una serie de operativos en distintos puntos del país en los primeros días de agosto, en los que incautó casi 3.000 encomiendas que buscaban comercializar mercadería ingresada de contrabando. 

Los operativos, que contaron con la participación de las fuerzas federales, se realizaron entre el 4 y el 8 del presente mes en rutas estratégicas y depósitos y empresas de logística. Entre los objetos incautados se encuentran sustancias estupefacientes como marihuana y hojas de coca; electrodomésticos y artículos electrónicos, cubiertas, indumentaria, calzado, termos, artículos de bazar y perfumes.

Como resultado de los operativos, se secuestraron 2.839 bultos con irregularidades descubiertas mediante métodos no intrusivos como escáners y perros entrenados. Estas acciones conjuntas buscan interceptar productos que ingresan al país por pasos fronterizos no habilitados que luego pretendían ser distribuidas a los centros de consumo mediante el sistema de encomiendas.

La Mesa de Frontera es un espacio de trabajo interministerial del que participan el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Economía (a través de las secretarías de Industria y Comercio, Transporte, Agricultura, Ganadería y Pesca) y ARCA. Desde febrero, se reúne quincenalmente con el objetivo de analizar denuncias presentadas por el sector privado y definir las medidas a tomar. 

En esta oportunidad, los controles de la DGA, que depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se llevaron a cabo en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes, Jujuy, Salta, Entre Ríos y Santa Fe, sobre medios de transporte en distintos puntos de las rutas nacionales 9, 14, 34 y 50 y en depósitos urbanos de empresas de logística.

Estas acciones refuerzan el objetivo de la DGA de combatir maniobras irregulares que socavan la competencia legítima dentro del territorio nacional.

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ARCA obliga a digitalizar el manifiesto desconsolidado en importaciones por vía acuática

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que, a partir del quinto día hábil de su entrada en vigencia, los Agentes de Transporte Aduanero (ATA) desconsolidadores deberán presentar en formato digital, y de manera obligatoria, el manifiesto desconsolidado de importación para la vía acuática. La medida, oficializada mediante la Resolución General 5744/2025, publicada este 14 de agosto en el Boletín Oficial, busca agilizar los procedimientos, reducir tiempos y aumentar la certeza operativa en la cadena logística internacional.

La decisión reemplaza a la Resolución General 4.915, que desde su implementación permitía la presentación digital del manifiesto de manera optativa. Ahora, la digitalización y transmisión a través de los aplicativos web “Gestión de Manifiesto Acuático” y “Ratificación de Autoría de Manifiesto Acuático” será obligatoria para todo ingreso por vía acuática.
El documento desconsolidado, formulario OM 744/2, deberá ser cargado en el Sistema Informático MALVINA (SIM) y enviado al servicio aduanero del lugar operativo dentro de un plazo máximo de cinco días posteriores al arribo del buque.

Una de las principales novedades es la automatización del proceso de aprobación. Una vez cargada la documentación y ratificada la autoría, el SIM transmitirá el manifiesto al servicio aduanero, que dispondrá de tres horas para aprobarlo o rechazarlo.
En caso de no emitirse respuesta en ese lapso, la aprobación se producirá de forma automática. La notificación al ATA se realizará mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica (SICNEA).

La normativa asigna al ATA desconsolidador el carácter de depositario fiel de la documentación, obligándolo a conservarla por el tiempo establecido en la normativa vigente y a presentarla ante la ARCA en un plazo máximo de tres días hábiles si es requerida.
El incumplimiento puede implicar sanciones graves: desde sumarios disciplinarios hasta la aplicación de artículos del Código Penal y el Código Aduanero.

Modificaciones en procedimientos previos

La resolución también actualiza la Resolución General 5.110, precisando que el ATA deberá:

  1. Registrar el Manifiesto de Desconsolidación SIM con estado “REGISTRADO”.
  2. Cargar la documentación digitalizada en el aplicativo “Gestión de Manifiesto Acuático”.
  3. Ratificar la autoría mediante el aplicativo correspondiente, utilizando Clave Fiscal con el máximo nivel de seguridad y dispositivos como token u otros mecanismos determinados por la ARCA.
    Este proceso asegura que la autoría e integridad de la declaración aduanera quede confirmada por medios fehacientes.

En los considerandos, la ARCA destaca que la medida responde a un objetivo estructural: simplificar el comercio internacional y generar mayor certidumbre en las formalidades aduaneras, lo que a su vez facilita la operatoria de las empresas importadoras y operadores logísticos.
La presentación digital obligatoria reduce la dependencia de trámites presenciales, minimiza demoras y estandariza los tiempos de respuesta, algo especialmente relevante en un sector donde la sincronización es crítica para evitar costos por inmovilización de carga

Con la digitalización total y la automatización de la aprobación, el organismo proyecta una reducción significativa en los tiempos de liberación de carga, mayor trazabilidad documental y menor margen para errores formales.
El sector logístico y marítimo deberá ajustar sus procesos internos para cumplir con los plazos y formatos establecidos, dado que la aplicación será obligatoria a partir del quinto día hábil posterior a la publicación en el Boletín Oficial.

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Nuevo protocolo de control migratorio refuerza detección de víctimas de trata

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El Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones aprobaron un nuevo Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos. La medida, publicada este jueves 14 de agosto en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 3/2025, actualiza y reemplaza el instrumento vigente desde 2012, incorporando criterios y herramientas adaptadas a las nuevas modalidades del delito.

El nuevo protocolo será de aplicación obligatoria para todas las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que actúen como Policía Auxiliar Migratoria —Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria— así como para los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
Su objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, detectar e investigar la trata de personas en los pasos de ingreso y egreso del país, en línea con los compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales.

La actualización responde a un cambio sustancial en la dinámica del delito. El protocolo anterior, aprobado en 2012, antecedía a la Ley 26.842, que modificó de forma profunda el marco legal sobre trata. En los últimos trece años, las redes criminales han sofisticado sus métodos, operando con carácter intra e internacional y mayor coordinación logística.
Informes de la ONU (Oficina contra las Drogas y el Delito, 2024) advierten que los pasos fronterizos son escenarios críticos para detectar tanto a víctimas en etapa de captación y traslado, como a aquellas ya explotadas y en tránsito hacia otros puntos.

Contenido técnico y alcance del nuevo protocolo

El texto aprobado como Anexo IF-2025-81056586-APN-SSIC#MSG establece pautas unificadas para:

  • Identificación temprana de víctimas y presuntos tratantes en controles migratorios.
  • Procedimientos de intervención inmediata para resguardar la integridad de las personas.
  • Uso de herramientas tecnológicas y bases de datos para la verificación de identidad y antecedentes.
  • Coordinación entre organismos nacionales y cooperación con autoridades extranjeras.

El protocolo incluye un anexo reservado, con procedimientos específicos de actuación operativa, que no será de acceso público para resguardar la efectividad de las tareas de control.

La elaboración fue coordinada por la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad y la DNM, con apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del Programa EUROFRONT. También participaron el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, áreas de control de fronteras e hidrovías y de cooperación internacional, junto con las fuerzas federales.
La ministra Patricia Bullrich y el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane, rubricaron la norma.

El refuerzo de los protocolos en frontera apunta a cerrar brechas operativas que las organizaciones criminales han explotado en los últimos años. Desde el Ministerio de Seguridad remarcan que “la prevención del delito de trata es una política de Estado” y que el control migratorio coordinado es “clave para la detección temprana y la protección de las víctimas”.
Se espera que la implementación implique capacitaciones periódicas, uso de nuevos dispositivos de detección y la conformación de mesas de monitoreo interinstitucionales.

La norma ya está en vigor y se prevé su difusión interna inmediata entre los organismos involucrados. El monitoreo estará a cargo del Ministerio de Seguridad y la DNM, con revisiones periódicas para actualizar criterios frente a cambios en las modalidades delictivas.
En el plano regional, la medida podría fortalecer la cooperación con países limítrofes, especialmente en zonas de alta circulación como Misiones, Formosa, Salta y Jujuy, donde la presión migratoria y la actividad del crimen organizado requieren respuestas rápidas y coordinadas.

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ARCA amplía hasta 120 cuotas el plan para regularizar el Impuesto a las Ganancias

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una nueva modificación al régimen especial para regularizar saldos del Impuesto a las Ganancias derivados de la incorrecta imputación de quebrantos. La Resolución General 5743/2025 amplía los plazos, mejora condiciones de pago y habilita cuotas más extensas para contribuyentes que apliquen ajuste por inflación, como parte de una estrategia para fortalecer la recaudación sin recurrir a medidas coercitivas.

Mediante la Resolución General 5684, dictada en marzo de 2024, ARCA había creado un régimen de facilidades de pago enfocado en regularizar saldos del impuesto a las ganancias surgidos de declaraciones juradas con quebrantos mal imputados —por uso de valores actualizados no procedentes u otros errores materiales—. En noviembre de 2024, la Resolución 5742 amplió los beneficios permitiendo refinanciar planes presentados para casos que aplicaran ajuste por inflación. Ahora, con la RG 5743/2025 publicada este 5 de agosto en el Boletín Oficial, se suman nuevas condiciones más favorables.

Detalles técnicos: más cuotas, montos mínimos actualizados y plazos extendidos

La normativa reformula los artículos 1°, 2°, 3° y 4° del régimen vigente:

  • Se ratifica que el plan puede aplicarse a:
    • Declaraciones juradas de Ganancias con quebrantos incorrectos en períodos no prescriptos.
    • Declaraciones de ejercicios comerciales cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, que computen quebrantos a valores históricos (originales o rectificativas).
    • Intereses y multas vinculadas a esos quebrantos.
  • Cantidad de cuotas:
    • Para casos generales: hasta 36 cuotas mensuales.
    • Para quienes apliquen ajuste por inflación y cumplan requisitos especiales: hasta 120 cuotas.
  • Montos mínimos por cuota:
    • Casos generales: $50.000.
    • Ajuste por inflación: $500.000.
    • Multas e intereses (inciso c): $200.000.
  • Plazos de adhesión:
    • Régimen general: hasta el 31 de octubre de 2025.
    • Casos bajo inciso b) del art. 1° (ejercicios cerrados entre dic/24 y nov/25): hasta el quinto mes posterior al vencimiento de la declaración.
    • Multas e intereses (inciso c): hasta el 30 de junio de 2026, si el impuesto principal ya fue regularizado.
  • El régimen no contempla reducción de intereses ni condonación de sanciones, preservando la integridad fiscal.

Fundamentos: objetivo de eficiencia recaudatoria sin litigios masivos

ARCA fundamenta la medida en razones de administración tributaria, con el propósito de “facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. El foco está puesto en reducir la litigiosidad, regularizar ingresos con celeridad y mantener los principios de equidad tributaria ante errores formales pero recurrentes en el cómputo de quebrantos.

El artículo 2° también aclara que quienes hayan manifestado su voluntad de aplicar ajuste por inflación mediante el servicio “Presentaciones Digitales” hasta el 1 de septiembre de 2025, podrán acceder a los beneficios extendidos, si presentan sus declaraciones rectificativas al menos cinco días antes de la adhesión al plan.

Este régimen beneficia principalmente a empresas medianas y grandes con estructuras contables complejas, que aplicaron mal el tratamiento de quebrantos arrastrados, sobre todo en un contexto inflacionario donde la actualización de montos genera conflictos interpretativos. También alcanza a contribuyentes que incurrieron en errores involuntarios al trasladar saldos a favor entre ejercicios fiscales consecutivos.

El alivio puede tener impacto positivo sobre la recaudación sin requerir fiscalizaciones extensas, a la vez que ofrece previsibilidad a las empresas en proceso de auditoría o cierre de balances.

Con la nueva resolución, las empresas ganan margen de acción para revisar sus declaraciones pasadas y acceder a un esquema de pagos progresivo, sin caer en mora ni enfrentar sanciones mayores. La posibilidad de acceder hasta junio de 2026 para las multas e intereses derivados de quebrantos mal imputados es una medida que también busca sostener la voluntad de cumplimiento sin saturar la estructura de control de ARCA.

La medida se enmarca en un contexto de consolidación fiscal, donde el Ejecutivo apunta a mejorar la recaudación sin incrementar nominalmente la presión tributaria.

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