Argentina 2025

El Gobierno analiza eliminar el Monotributo y redefinir Ganancias en una reforma profunda

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El Gobierno evalúa eliminar el Monotributo y reducir el piso de Ganancias en una reforma integral tributaria y laboral

En reuniones con empresarios, el equipo económico planteó una reforma estructural que contempla la eliminación del Monotributo, la redefinición del régimen de autónomos, un nuevo mínimo no imponible para Ganancias y un esquema de empleo con rebajas de cargas patronales. Se busca formalizar la economía y ampliar la base contributiva, en un paquete que podría enviarse al Congreso en sesiones extraordinarias.

Un cambio de régimen: el fin del Monotributo y la transición a autónomos

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma tributaria y laboral que reconfiguraría por completo la estructura impositiva de trabajadores independientes y empresas. En los encuentros mantenidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, con cámaras empresarias, se detallaron los principales ejes del plan, reunidos en el documento técnico “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”.

El punto más disruptivo es la propuesta de eliminar el Monotributo, régimen que actualmente alcanza a una parte de los 3 millones de monotributistas y autónomos. La iniciativa contempla migrar a estos contribuyentes al régimen de autónomos, un planteo que el Fondo Monetario Internacional viene sugiriendo desde hace varios años.

La intención oficial es “blanquear” la actividad económica de pequeños contribuyentes, reducir regímenes especiales y simplificar la estructura tributaria.

El nuevo esquema de autónomos prevé: una escala que iría de $100.000 a $500.000 (hoy entre $50.000 y $700.000). Incorporación de deducciones de gastos personales con comprobantes. Un umbral mínimo de aplicación del IVA equivalente a la actual Categoría F del Monotributo, es decir, $3 millones mensuales.

Fuentes del Gobierno confirmaron a empresarios que la medida está “altamente avanzada” y forma parte del plan de formalización masiva.

Ganancias: nuevo mínimo no imponible y cambios en deducciones

Según los lineamientos que Economía compartió con el sector privado, la reforma también introduce un nuevo esquema para el Impuesto a las Ganancias, actualmente abonado por 737.584 personas entre trabajadores registrados y jubilados.

El proyecto establece: Un mínimo no imponible único equivalente a un salario promedio de $1,7 millones en 2025. Para un trabajador soltero sin hijos, el tributo comenzaría a pagarse con un salario bruto aproximado de $2.843.180 (neto de $2.360.180). Se mantiene la escala progresiva de 5% a 35%. Se fija un tope de $5 millones en deducciones, incluyendo alimentación, vivienda, educación, seguros, salud y movilidad. Aportes obligatorios a PAMI, obra social y ANSES sin límite de deducción.

El objetivo oficial es ampliar la base de contribuyentes, generar previsibilidad y recomponer ingresos fiscales sin aumentar alícuotas.

Un nuevo régimen de empleo para incentivar la formalización

Otro capítulo central es el nuevo régimen de empleo que Economía y el Ministerio de Capital Humano trabajan en conjunto. La propuesta incluye rebajas de cargas patronales para empresas que incorporen nuevos trabajadores, a fin de reducir la informalidad y estimular la contratación.

Según la iniciativa:

Para empleadores: Las contribuciones patronales bajan del 25,5% al 17%.

Para empleados: Los aportes personales se reducen del 17% al 13%.

El beneficio aplicaría tanto a nuevas relaciones laborales como a trabajadores que demuestren haber estado seis meses desempleados o provengan del régimen del Monotributo.

Capital Humano también desarrolla una reforma laboral más amplia que abordará: nuevas modalidades de contratación. Salario dinámico. Reglas de jornada laboral. Y mecanismos de transición desde la informalidad.

Fuentes oficiales confirmaron que se descartó incluir un tope a las indemnizaciones por despido, un punto que había generado tensiones internas.

El equipo que diseñó las medidas trabaja bajo el concepto de “blanqueo a costo cero” para empleadores, herramienta destinada a promover la formalización inmediata sin costos retroactivos.

Antecedentes y contexto: por qué el Gobierno busca una reforma total

La eliminación del Monotributo, la revisión del régimen de autónomos y el rediseño de Ganancias forman parte del compromiso del Ejecutivo de simplificar el sistema tributario y reducir distorsiones.

El diagnóstico compartido por Economía en sus reuniones con cámaras empresarias es que: la estructura tributaria argentina es “fragmentada e ineficiente”. El Monotributo funciona como un “régimen de ocultamiento parcial” de actividad económica. La informalidad supera el 45% en amplios sectores productivos. El mercado laboral no crea empleo formal desde hace más de una década. La transición a un sistema más uniforme facilitaría la inversión y el financiamiento privado.

La reforma prevé ser enviada al Congreso durante las sesiones extraordinarias, en un paquete que podría incluir también modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley de Seguridad Social.

Repercusiones: expectativas empresarias y debate interno

La propuesta generó expectativa en el sector privado, especialmente en rubros intensivos en mano de obra. Las cámaras industriales valoran la rebaja de cargas patronales, aunque algunas advierten que el impacto real dependerá de la estabilidad macroeconómica y del cronograma de transición.

Economistas consultados consideran que: eliminar el Monotributo puede mejorar la recaudación, pero requiere un esquema de transición muy gradual. Bajar Ganancias amplía la base impositiva, pero podría generar tensiones políticas. La reforma laboral será clave para que el mercado formal vuelva a crear empleo neto.

En paralelo, abogados laboralistas alertan por posibles conflictos de implementación si la reforma avanza sin consensos amplios con provincias, sindicatos y empleadores.

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Rollover del 57%: el Gobierno coloca $6,86 billones en su primera licitación tras las elecciones

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Gobierno logra rollover del 57% y coloca $6,86 billones en su primera licitación financiera tras las elecciones

El Gobierno Nacional adjudicó $6,867 billones en su primera licitación de deuda post electoral, alcanzando un rollover del 57,18% frente a vencimientos por $12 billones. La operación, liderada por el ministro de Economía Luis Caputo, exhibe señales mixtas: alta demanda para instrumentos en pesos, pero nula aceptación para los títulos dólar linked.

Un test clave tras las elecciones: qué pasó y por qué importa

La Secretaría de Finanzas informó que la licitación de este 29 de octubre de 2025 recibió ofertas por $7,843 billones —entre instrumentos en pesos y dólar linked— y adjudicó $6,867 billones, logrando refinanciar poco más de la mitad de los $12 billones que vencían en la jornada.

El Gobierno enfrentaba su primera prueba relevante ante los mercados luego del resultado electoral. La licitación quedó bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo, dado que aún no se designó oficialmente al reemplazante de Pablo Quirno, quien asumió en la Cancillería.

El resultado deja dos mensajes simultáneos para el mercado:

  • Interés sólido por instrumentos de corto y mediano plazo en pesos, con tasas que continúan descendiendo respecto de licitaciones previas.
  • Desconfianza en instrumentos dólar linked, cuya licitación fue declarada desierta pese a la reapertura de dos letras con vencimientos cercanos (noviembre 2025 y enero 2026).

Composición de la licitación: demanda, adjudicación y tasas de corte

El detalle oficial muestra que se recibieron 5.001 ofertas:

  • 4.725 para instrumentos en pesos
  • 276 para instrumentos denominados en dólares

Instrumentos en pesos: altas tasas de participación y precios en descenso

En total, se adjudicaron $5,883.049 millones de VNO en títulos en pesos, equivalentes a $6,866.613 millones de valor efectivo. Entre los instrumentos más demandados se destacaron:

  • LECAP S28N5 (reapertura, vence 28/11/2025)
    • VNO ofertado: $2.082.423 millones
    • VNO adjudicado: $1.946.083 millones
    • Valor efectivo: $2.337.246 millones
    • Precio: $1.201 por cada $1.000
    • TEM de corte: 3,09%
    • TIREA: 44,09%
    • Nuevo VNO en circulación: $5.170.687 millones
  • BONCAP T30E6 (reapertura, vence 30/01/2026)
    • VNO ofertado: $1.639.656 millones
    • VNO adjudicado: $1.546.877 millones
    • Valor efectivo: $2.018.674 millones
    • Precio: $1.305
    • TEM de corte: 2,91%
    • TIREA: 41,07%
  • LECAP S30A6 (reapertura, vence 30/04/2026)
    • VNO adjudicado: $1.373.625 millones
    • TEM de corte: 2,68%
    • TIREA: 37,35%

Entre los instrumentos nuevos sobresalió la LECAP S30O6 (vence 30/10/2026), que colocó $670.319 millones, con una TEM capitalizable del 2,55% desde la emisión y una TIREA del 35,28%. En la misma línea, el nuevo BONCAP T30A7 adjudicó $346.145 millones, con idéntica estructura de tasas.

Instrumentos en dólares (LELINK): licitación desierta

Finanzas declaró desiertas las dos reaperturas de letras vinculadas al dólar (D28N5 y D30E6).
No se adjudicó ningún monto ni valor efectivo.

Este dato se vuelve relevante porque indica:

  • Preferencia del mercado por tasas reales positivas en pesos.
  • Mayor cautela frente a instrumentos con ajuste cambiario.
  • Señal de que las expectativas sobre el tipo de cambio oficial permanecen sujetas a incertidumbre.

Implicancias políticas y económicas: señales, riesgos y próximos pasos

El nivel de rollover —57,18% sobre los vencimientos del día— no representa una alerta inmediata, pero sí marca un límite. Para un Tesoro que buscaba renovar $12 billones, haber captado $6,86 billones implica:

  • Mayor presión sobre caja y financiamiento.
  • Necesidad de reforzar el cronograma de licitaciones de cara a noviembre y diciembre.
  • Dependencia creciente de la demanda regulada (sector financiero, fondos y organismos públicos).

Asimismo, la ausencia de demanda para los dólar linked anticipa tensiones para futuras emisiones en moneda extranjera o atadas al tipo de cambio.

Reacciones del mercado y sectores involucrados

Los principales actores involucrados —bancos, fondos comunes y compañías de seguros— seguirán atentos a:

  • La designación del nuevo titular de Finanzas.
  • El rumbo de la política cambiaria y monetaria.
  • La señal técnica que representa la caída en las tasas efectivas mensuales.

En el sector financiero estiman que el Tesoro deberá:

  • Aumentar la diversidad de instrumentos.
  • Acortar vencimientos de manera estratégica.
  • Realinear tasas y spreads para mejorar la captación de demanda.

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Guías turísticos de parques nacionales podrán digitalizar sus trámites

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La Administración de Parques Nacionales (APN) estableció el funcionamiento digital de los registros de guías turísticos, prestadores y permisos en todas las áreas protegidas. La medida, que entrará en vigencia a partir del 15 de septiembre de 2025, busca modernizar la gestión, garantizar mayor trazabilidad de la información y fortalecer la fiscalización de las actividades económicas dentro de los parques.

La decisión se formalizó a través de la Resolución 267/2025, publicada en el Boletín Oficial el 12 de septiembre, en el marco de las leyes 22.351 (Régimen de Parques Nacionales), 25.506 (Firma Digital) y 27.446 (validez legal de documentos electrónicos).

El nuevo esquema se apoya en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), creados por los Decretos 561/2016, 1.063/2016 y 1.306/2016, que promueven la digitalización de registros y expedientes en la Administración Pública.

En paralelo, se integrará al Registro Nacional de Autorizaciones, Recaudaciones e Infracciones (ReNARI), creado en 2015, que centraliza datos de permisos, recaudaciones y sanciones dentro del sistema de áreas protegidas.

Los nuevos registros: alcance y funciones

La resolución establece tres registros digitales obligatorios bajo la órbita de la Dirección Nacional de Uso Público:

  • Registro de Guías Turísticos de Parques Nacionales: alcanzará a personas físicas habilitadas para actividades de guiado. Deberá registrar inscripciones, renovaciones, suspensiones y actualizaciones de datos.
  • Registro de Prestadores Turísticos en Parques Nacionales: incluirá a personas físicas y jurídicas que soliciten habilitaciones para servicios turísticos (alojamientos, gastronomía, excursiones, etc.).
  • Registro de Permisos Turísticos de Parques Nacionales: centralizará las autorizaciones otorgadas por la APN para desarrollar actividades específicas, registrando también bajas y modificaciones.

Todos estos registros deberán gestionarse mediante el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) del GDE, lo que permitirá automatizar búsquedas, reducir burocracia y aumentar la trazabilidad.

La medida impactará de manera directa en guías, agencias de turismo, hoteles, operadores gastronómicos y prestadores de excursiones. La obligatoriedad de registrar y actualizar digitalmente cada trámite supone un cambio estructural en la relación entre el Estado y el sector privado.

Fuentes del sector turístico reconocen que la digitalización puede mejorar la agilidad y transparencia, pero también advierten sobre la necesidad de capacitación y asistencia técnica para prestadores pequeños y medianos, en especial en regiones donde la conectividad digital es limitada.

La APN, por su parte, sostiene que el nuevo sistema permitirá reforzar los mecanismos de control de recaudación y sanciones, asegurando que los recursos generados en parques y reservas se destinen al mantenimiento de infraestructura, conservación ambiental y fiscalización de actividades.

Hacia un sistema turístico más transparente y sostenible

El nuevo esquema de registros digitales, que entrará en vigencia con la implementación de los Reglamentos de Guías y de Permisos Turísticos aprobados en marzo y prorrogados hasta septiembre de 2025, se inscribe en un proceso más amplio de modernización del Estado y fortalecimiento de la gestión ambiental.

La apuesta de Parques Nacionales es clara: combinar innovación tecnológica, control eficiente y sostenibilidad ambiental en un sistema que debe responder tanto a las demandas del turismo internacional como a las necesidades de conservación de los ecosistemas.

El desafío hacia adelante será lograr que esta transformación digital se traduzca en mayor competitividad para el turismo de naturaleza argentino, sin dejar de lado la accesibilidad de los pequeños prestadores que operan en áreas protegidas.

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Milei avanza con incentivos en el Canal Martín García en plena transición de la hidrovía

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso una rebaja transitoria de 60 días en las tarifas de la Vía Navegable Troncal. La medida busca potenciar el tráfico fluvial y facilitar la transición del nuevo esquema concesionado de dragado y señalización.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), creada por DNU en enero de este año como autoridad autárquica en reemplazo de la Administración General de Puertos, dispuso a través de la Resolución 40/2025 una bonificación del peaje en el Canal Martín García para todos los buques que utilicen el trayecto entre las secciones 1.1 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada en el Boletín Oficial del 5 de septiembre de 2025, tendrá vigencia por 60 días corridos y apunta a estimular el tránsito fluvial en el Río de la Plata, favorecer el comercio bilateral y regional y acompañar el reordenamiento del sistema de navegación.

La disposición se enmarca en un proceso de reordenamiento institucional y contractual que arrastra varios años de debate en torno a la hidrovía Paraná-Paraguay, clave para el comercio exterior argentino y regional.

  • En 2021, el Estado había otorgado a la Administración General de Puertos (AGP SE) la concesión del dragado, balizamiento y control hidrológico.
  • En 2024, por Decreto 699, estas actividades fueron declaradas servicio público y se delegó a la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la organización de la nueva licitación internacional para la modernización y ampliación de la traza.
  • Finalmente, en enero de 2025, el DNU 3/2025 creó la ANPyN como ente autárquico, disolvió la AGP S.A.U. y centralizó en la nueva agencia todas las competencias de autoridad de aplicación y control.

La resolución firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, se justifica en la necesidad de ordenar el tráfico en el Río de la Plata y analizar alternativas viables de mantenimiento mientras avanza el proceso de adjudicación definitiva de la concesión de la vía navegable troncal.

Alcance técnico de la medida

El artículo 1 de la resolución establece que:

  • La bonificación regirá para todos los buques que hagan uso del Canal Martín García, en ambos sentidos, dentro del trayecto comprendido en el contrato de concesión suscripto en 2021 y revisado en 2024.
  • La medida se aplicará durante 60 días corridos desde la entrada en vigencia (día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial).
  • Se trata de una rebaja focalizada en un tramo estratégico que compite con el Canal Emilio Mitre como ruta principal de ingreso y salida hacia el Atlántico.

El objetivo, según los considerandos, es “potenciar el flujo de buques y estimular el desarrollo del comercio bilateral y regional”, favoreciendo a armadores y operadores que elijan esta ruta en el marco de los ajustes provisorios en la red troncal.

La medida tiene efectos directos sobre la competitividad logística del comercio exterior argentino y regional, en un contexto donde el costo del dragado y señalización de la hidrovía es un factor central para exportadores de granos, combustibles y manufacturas.

El Canal Martín García, administrado en forma binacional por Argentina y Uruguay, es una alternativa estratégica al Mitre, pero requiere incentivos para captar mayor volumen de tránsito. La bonificación temporaria busca precisamente inclinar la balanza hacia un mayor uso de esa vía.

En lo político, la decisión refuerza el rol de la ANPyN como continuadora de la AGP, consolidando el esquema de transición mientras se definen los términos de la próxima licitación internacional. La disposición también exhibe el interés del Gobierno en mantener regularidad y continuidad en un servicio considerado crítico para la macroeconomía.

Sin embargo, desde el sector privado persiste la expectativa sobre el futuro régimen de tarifas y peajes, así como la capacidad del Estado de garantizar un esquema de financiamiento eficiente para las obras de dragado a largo plazo.

En el corto plazo, la bonificación funcionará como un incentivo coyuntural que permitirá medir la respuesta del mercado y ajustar el flujo de tráfico en el Río de la Plata.

A mediano plazo, el desafío pasa por:

  • Definir los adjudicatarios de la licitación internacional para la Vía Navegable Troncal.
  • Establecer un régimen tarifario transparente y sustentable que financie las obras sin afectar la competitividad exportadora.
  • Coordinar la administración con Uruguay en el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), dado el carácter binacional del Canal Martín García.

La resolución marca así un punto de transición en la política portuaria y de navegación interior, con impacto económico, institucional y diplomático.

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Pensiones por discapacidad: el Gobierno suspende las bajas y revisará 128 mil casos ya eliminados

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La decisión se produce tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en paralelo al rechazo legislativo del veto presidencial a la ley de emergencia en el sector. El Ejecutivo evalúa judicializar la norma votada por amplia mayoría en el Congreso.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, resolvió poner en pausa la auditoría sobre las pensiones por discapacidad que había derivado en la baja de 128.667 beneficiarios en todo el país. La medida llega en medio de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se reconocía una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos.

Según confirmaron fuentes oficiales, no se avanzará con nuevas citaciones ni controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios actuales, mientras se revisan las bajas efectuadas y se auditan las compras y la estructura administrativa del organismo.

Del escándalo en la ANDIS a la presión política

Durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS había impulsado un proceso de depuración del padrón que derivó en la eliminación de 110.522 pensiones mal otorgadas, 8.107 otorgadas a personas fallecidas y 10.038 renunciadas voluntariamente. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, había defendido el procedimiento en conferencias de prensa, asegurando que se trataba de un “proceso progresivo” que abarcaría más de un millón de casos.

Sin embargo, tras la difusión de los audios que revelaban posibles sobreprecios y manejos discrecionales, el Gobierno decidió intervenir la ANDIS, suspender las bajas y reabrir la revisión de los expedientes ya dados de baja. “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría, que continúa con foco en tres cuestiones: pensiones, compras y estructura”, indicaron fuentes cercanas al ministro Lugones.

En paralelo, el Ejecutivo había evaluado convertir a la ANDIS en una dependencia directa del Ministerio de Salud para centralizar el control presupuestario, pero las facultades delegadas de la Ley Bases ya no están vigentes, lo que obligaría a enviar la iniciativa al Congreso.

La emergencia en discapacidad y el choque con el Ejecutivo

La suspensión de la auditoría coincide con un hecho político inédito: el Congreso rechazó el veto presidencial y sancionó nuevamente la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma establece la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas y refuerza la asistencia en el sector.

La votación en el Senado fue contundente: 63 votos a favor y solo 7 en contra, con el apoyo de kirchneristas, radicales, macristas y bloques provinciales. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que el Congreso revierte un veto presidencial.

Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei sostuvo que la norma “afecta el equilibrio fiscal” y anticipó que podría judicializar la cuestión para evitar la aplicación de los incrementos previstos. El oficialismo interpreta que el costo fiscal de la ley compromete el programa de ajuste, mientras que la oposición alega que la medida responde a una situación de emergencia social crítica.

La decisión de suspender las bajas genera alivio entre organizaciones de personas con discapacidad, que habían denunciado arbitrariedades en los procesos de revisión. No obstante, la revisión de las 128 mil bajas ya ejecutadas abre un frente sensible: si se detectan errores, el Estado deberá restituir beneficios, con impacto directo en las cuentas públicas.

En el plano político, el fallo legislativo refuerza la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto donde la gobernabilidad de Milei depende de la negociación con bloques opositores. Una judicialización del caso podría escalar el conflicto institucional.

En perspectiva, el Gobierno enfrenta un dilema: avanzar con la depuración del sistema para preservar el ajuste, o ceder ante la presión social y legislativa en un tema de alta sensibilidad, como es el acceso a las pensiones por discapacidad.

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