Pensiones por discapacidad: el Gobierno suspende las bajas y revisará 128 mil casos ya eliminados
La decisión se produce tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en paralelo al rechazo legislativo del veto presidencial a la ley de emergencia en el sector. El Ejecutivo evalúa judicializar la norma votada por amplia mayoría en el Congreso.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, resolvió poner en pausa la auditoría sobre las pensiones por discapacidad que había derivado en la baja de 128.667 beneficiarios en todo el país. La medida llega en medio de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se reconocía una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos.
Según confirmaron fuentes oficiales, no se avanzará con nuevas citaciones ni controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios actuales, mientras se revisan las bajas efectuadas y se auditan las compras y la estructura administrativa del organismo.
Del escándalo en la ANDIS a la presión política
Durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS había impulsado un proceso de depuración del padrón que derivó en la eliminación de 110.522 pensiones mal otorgadas, 8.107 otorgadas a personas fallecidas y 10.038 renunciadas voluntariamente. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, había defendido el procedimiento en conferencias de prensa, asegurando que se trataba de un “proceso progresivo” que abarcaría más de un millón de casos.
Sin embargo, tras la difusión de los audios que revelaban posibles sobreprecios y manejos discrecionales, el Gobierno decidió intervenir la ANDIS, suspender las bajas y reabrir la revisión de los expedientes ya dados de baja. “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría, que continúa con foco en tres cuestiones: pensiones, compras y estructura”, indicaron fuentes cercanas al ministro Lugones.
En paralelo, el Ejecutivo había evaluado convertir a la ANDIS en una dependencia directa del Ministerio de Salud para centralizar el control presupuestario, pero las facultades delegadas de la Ley Bases ya no están vigentes, lo que obligaría a enviar la iniciativa al Congreso.
La emergencia en discapacidad y el choque con el Ejecutivo
La suspensión de la auditoría coincide con un hecho político inédito: el Congreso rechazó el veto presidencial y sancionó nuevamente la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma establece la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas y refuerza la asistencia en el sector.
La votación en el Senado fue contundente: 63 votos a favor y solo 7 en contra, con el apoyo de kirchneristas, radicales, macristas y bloques provinciales. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que el Congreso revierte un veto presidencial.
Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei sostuvo que la norma “afecta el equilibrio fiscal” y anticipó que podría judicializar la cuestión para evitar la aplicación de los incrementos previstos. El oficialismo interpreta que el costo fiscal de la ley compromete el programa de ajuste, mientras que la oposición alega que la medida responde a una situación de emergencia social crítica.
La decisión de suspender las bajas genera alivio entre organizaciones de personas con discapacidad, que habían denunciado arbitrariedades en los procesos de revisión. No obstante, la revisión de las 128 mil bajas ya ejecutadas abre un frente sensible: si se detectan errores, el Estado deberá restituir beneficios, con impacto directo en las cuentas públicas.
En el plano político, el fallo legislativo refuerza la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto donde la gobernabilidad de Milei depende de la negociación con bloques opositores. Una judicialización del caso podría escalar el conflicto institucional.
En perspectiva, el Gobierno enfrenta un dilema: avanzar con la depuración del sistema para preservar el ajuste, o ceder ante la presión social y legislativa en un tema de alta sensibilidad, como es el acceso a las pensiones por discapacidad.
