Podrán embargarse las Asignaciones Universales por Hijo:¿?

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La prioridad de la Administración de Seguridad Social es cumplir sus obligaciones con los jubilados y pensionados. En los días de Mauricio Macri se repite lo que ocurrió en los días de los Kirchner, y entonces la ANSeS es utilizada para actividades diferentes a su objetivo principal, a la vez que hay denuncias que no cumple en forma fehaciente con los jubilados y pensionados (de hecho, está apelando todos los fallos que se dictan favorables a los ancianos, para así postergar pagos). Emilio Basalvibaso, titular de la ANSeS, aparece en la TV publicitando los préstamos hipotecarios que ofrece el organismo a los beneficiarios de Asignaciones Universales por Hijo (AUH). También al respecto hay novedades, según IPSECi: “El decreto inconstitucional con el que Macri promueve créditos al consumo​ ​permitirá quede ahora en más las AUH sean embargadas”.

Urgente 24 . Marcelo Maqueda – El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó el pasado martes 18/07 un Decreto de Necesidad y Urgencia (516/2017) que debería ser derogado por inconstitucional, por atentar contra el espíritu con el que fue implementada la AUH (Asignación Universal por Hijo), y por fijar un precedente legal y peligroso para el embargo de estas asignaciones sociales.

En primer lugar resulta imprescindible remarcar que la “Asignación Universal por Hijo para la Protección Social consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un hijo discapacitado”, según se desprende de los considerandos del Decreto 1602 /2009 que le diera origen.

El mismo continúa con: “Que el otorgamiento del beneficio se somete a requisitos que deberán acreditarse para garantizar la universalidad y a la vez preservar la transparencia, condicionándolo al cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para menores y a la concurrencia al sistema público de enseñanza”.

Es decir, que se trata de un beneficio destinado a paliar una situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes sujeta a la promoción de su escolaridad y cumplimiento los controles sanitarios y el plan de vacunación.

Por eso “Las Asignaciones Familiares dispuestas en la presente ley son inembargables, no constituyen remuneración ni están sujetas a gravámenes, atento su naturaleza jurídica, tampoco serán tenidas en cuenta para la determinación del sueldo anual complementario, ni para el pago de las indemnizaciones por despido, enfermedad, accidente o para cualquier otro efecto. No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno” (artículo 23 ley N° 24.714).

Sin embargo, el reciente DNU 516/2017 del Presidente Macri modifica el sentido con el siguiente agregado: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL podrá afectar dichas prestaciones a los fines del inciso n) del artículo 74 de la Ley N° 24.241, previa conformidad formal y expresa de los titulares”.

Este último agregado invierte el sentido de la Ley 24.714. Se pretende de esta manera dejar sujeto a embargo el beneficio de la AUH, sentando un precedente muy peligroso a futuro, abriendo la posibilidad que la AUH pueda ser embargada en caso de morosidad de otras deudas, constituyendo una clara contravención a la norma que le dio origen.

Por otro lado, este decreto resulta inconstitucional producto de que no está demostrada la necesidad y la urgencia en función de lo estatuido en el artículo 99° inc. 3° de la Constitución Nacional, y por cuanto se sustituye un artículo (23°) de una ley anterior (N° 24.714) para cambiar radicalmente la esencia del mismo sin el necesario tratamiento parlamentario.

Finalmente, y más allá de lo expuesto, es procedente recordar que aquellas personas en situación de vulnerabilidad destinan una mayor porción de sus ingresos –sino todos- al gasto en alimentos. Por lo que se crea un crédito para financiar mayormente la compra de comida. Esto es peligroso, pues la comida que se pueda comprar con la plata de un crédito hoy, es la comida que puede faltar mañana, por la simple razón de tener que destinar el poco dinero con el que cuentan para pagar las cuotas de ese “préstamo”.

Pr éstamo que resulta usurario por dos cuestiones:

a) se pretende cobrarle interés a personas beneficiarias de planes asistenciales. Léase, gente que no reviste los ingresos necesarios para vivir dignamente, tal como está estatuido en el artículo 14bis de la Constitución Nacional; y

b) en la medida que las tasas establecidas a 12 y 24 meses revisten una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24%cuando el mismo Gobierno Nacional ha establecido una tasa de inflación para el presente año 2017 del 17%, según se desprende el presupuesto aprobado en el Congreso de la Nación.

A la vez que estima, según manifestaciones públicas de sus funcionarios, un porcentaje de inflación menor al 15% pa ra el año 2018. Esto además, se suma a la famosa letra chica, donde se incorporan gastos administrativos por el 1% del valor del crédito y la contratación obligatoria de un Seguro de Vida. Claramente, no se trata de un interés sólo de 24% anual sino que es mayor, en la medida que mensualmente se suman los costos detallados.

La línea de créditos que el Gobierno Nacional ha implementado, no es más que una acción oportunista en el marco de la campaña electoral. La pobreza no se combate con créditos sino con acciones de transferencia directa mientras se toman las medidas públicas necesarias para generar empleo digno para todos y todas. La situación de los sectores vulnerables es cada día más preocupante. Los índices oficiales y extraoficiales muestran una evolución del desempleo y crecimiento de la pobreza y de la indigencia. Del mismo modo, marcan un deterioro en la media de los i ngresos de las y los trabajadores registradas y registrados.

En ese marco, consideramos fundamental la discusión parlamentaria de este tipo de proyectos, a la vez que solicitamos se trate con carácter de urgencia la Ley de Emergencia Alimentaria, para acompañar la Ley de Emergencia Social sancionada el año pasado.

 

 

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Ministro de Trabajo recibió a sindicalistas preocupados por el impacto de la crisis nacional

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El ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla, recibió a un grupo de sindicatos estatales, en el marco de la continuidad de las reuniones previstas con diversos sectores sindicales, a fin de conocer de primera mano la real situación de cada sector laboral, y buscar afianzar las medidas tendientes a lograr soluciones que beneficien al trabajador aportando la  mayor predisposición y compromiso posible, en estos tiempos complejos.

Agulla junto al subsecretario de Trabajo, Jorge Valenzuela; de Relaciones Gremiales, Luis Velázquez y de Coordinación Operativa, Sergio Daniel Diblasi,  compartieron durante más de una hora y media una mesa de trabajo, junto a secretarios generales y representantes de los gremios de UPCN, UDPM, SUELyC, SOEMP, SIPREM, Unión Judicial, SIDEP,  y el sector no docente del Consejo General de Educación.

El ministro indicó que esta reunión “se da como parte de un proyecto de gestión que tiene a los gremios como una herramienta indispensable en la búsqueda permanente de la paz social, de encontrar la forma de escuchar y escucharnos, porque la experiencia y la vivencia del otro nos enriquece y nos permite acordar en cuestiones que tenemos pendientes”.

El funcionario se mostró especialmente preocupado por aquellos sectores como “el de la construcción,  que ha perdido más de seis mil puesto sólo en obra pública, o los madereros , afectados por la liberación de importaciones, o los comerciantes, por las asimetrías que todos conocen”.

Los sindicalistas, destacaron la “predisposición al diálogo de los funcionarios y el compromiso que han demostrado para homologar rápidamente los acuerdos celebrados con el gobierno, apostando a futuras convocatorias para seguir trabajando juntos en beneficio de la masa trabajadora de la provincia, especialmente en lo relacionado con los convenios colectivos. Asimismo se insistió en la posibilidad de aportar inspectores, capacitados por el ministerio, para colaborar en las inspecciones laborales junto a los funcionarios, a fin de avanzar en los controles.  También pusieron en la agenda la necesidad de reconocer a gremios que ejercen su tarea dentro del marco de legalidad, en desmedro de aquellos que tienen representación y no son reconocidos por la patronal”.

Algunas situaciones particulares de los gremios fueron apuntadas por los funcionarios “que intervendrán para encontrar los caminos necesarios para el consenso y el trabajo conjunto, en todos los casos que se apunte al beneficio del trabajador, como en el caso de jubilaciones por enfermedades derivadas de la actividad”.

Agulla resaltó “la importancia de estas reuniones porque significa, sumar, avanzar, crecer, porque tenemos un hilos conductor ya que todos somos trabajadores, y queremos mejorar las condiciones laborales y salariales”. Además destacó “el compromiso gremial para contribuir a mantener los puestos de trabajo y la paz social en nuestra provincia”.

En la reunión, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) recalcó la necesidad de actualizar las asignaciones familiares desde el mes de abril. La convocatoria a sindicatos fue con la idea de dar institucionalidad a los acuerdos de salarios y se hicieron planteos de diferentes demandas. El encuentro fue encabezado por el ministro de Trabajo de Misiones, Juan Carlos Agulla y el subsecretario, Jorge Valenzuela.

 

“La UDPM pidió actualización de asignaciones familiares, porque consideramos que debe haber nueva escala y sin topes. Ya lo planteamos en Educación, en Hacienda y ahora en Trabajo y lo vamos a volver a hacer en la reunión de Mesa de Diálogo el 11 de abril, ya que esta actualización al ser asignación de salario se cobre ya en abril”, señaló la secretaria general de la UDPM, Stella Maris Leverberg.

 

Además de la UDPM participaron del encuentro en Trabajo los representantes del SIDEPP; de la Unión Judicial; del sindicato de Empleados Municipales (SOEMP); de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); el Sindicato de Prensa (SIPREM); los representantes de Lotería y Casinos, entre otros.

 

Con respecto al paro general convocado por la CGT y CTA, Leverberg dijo que “en la reunión hemos informado que adherimos al paro general, será sin asistencia, pero decidimos adherir por el impacto de los medios de transporte público. Años anteriores hubo hechos desagradables con autos apedreados, así que es también de resguardo a colegas y alumnos”.

 

También recordó que “en el caso de UDPM por tener personería, representación y de habernos notificados en tiempo y forma, los docentes no corren riesgo de la retención del día no trabajado”.

 

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