“No se qué más ajustar para llegar a fin de mes”: el duro balance en una encuesta por los cien días de Milei

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“No sé qué más ajustar para llegar a fin de mes”. Una frase con la que está de acuerdo el 69 por ciento de los consultados en el último estudio de la consultora Zuban&Córdoba. La confirmación se extiende a 76,5 por ciento entre quienes tienen más de 60 años. 

Esa es una de las principales conclusiones del trabajo publicado a poco de cumplirse los primeros 100 días de gestión de Javier Milei.

El ajuste aplicado por Milei ha impactado duramente sobre el nivel económico de la sociedad y 9 de cada 10 argentinos considera que el recorte del gasto público no lo está pagando la casta sino todos los argentinos. La imagen del mandatario se deteriora semana a semana.

Como si esto fuera poco, el 51% de los consultados no duda en afirmar que la situación económica actual es culpa del tándem Milei- Luis Caputo, mientras que el 46% considera que el deterioro social y económico se debe a las malas decisiones del gobierno del Frente de Todos.

Debido a la devaluación de diciembre, la inflación se disparó al 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero. Para el mandatario, el último registro fue un “numerazo”, pero la sociedad no opina lo mismo.

De acuerdo al estudio de opinión “casi un 70% afirma no saber que más ajustar para llegar a fin de mes”, mientras que el miedo a quedarse sin trabajo afecta a un 53% de los consultados.

Además, señalan que “el 40% de quienes votaron a Javier Milei consideran que su economía está sufriendo”. Mientras que entre jóvenes esa percepción alcanza solo al 24,9%, en mayores de 60 años llega al 60%”. Las razones quizá puedan encontrarse en que el grueso del ajuste del gasto público recayó sobre las jubilaciones.

En cuanto al efecto de los ajustes en las tarifas y precios, la encuestadora señala que “el impacto en aumento de servicios, transportes y comida se sintió y fuerte”. Y explica: “Tres rubros en los que es muy difícil ´ajustar´ y gastar menos. La actividad que más recortó la gente es salir a comer afuera y dejar de ir a cine y recitales”.

Respecto al futuro inmediato, un 58% cree que tanto la situación del país como su situación personal “van a empeorar en los próximos meses”. 

Desde la consultora aseguran que se trata de “un pesimismo que si bien ya venía en niveles altos el año pasado, ahora se ha profundizado a niveles alarmantes”.

Por último, el Gobierno encuentra oxígeno dentro de determinados indicadores. Por caso, su núcleo de apoyo “sigue por arriba de los 40 puntos y parece resistir todos los embates“, señalan.

“Además, cuestiones más bien simbólicas como la prohibición del lenguaje inclusivo o el cierre del INADI cosechan apoyos bastante considerables, a la vez que también chocan con segmentos importantes de la sociedad”, agregan.

Sin embargo, el gobierno recibe un duro rechazo de la sociedad ante la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. El 60% está en contra de terminar con la política que promueve el apoyo salarial a trabajadores de la educación.

Actualmente, la imagen del mandatario según Zuban&Córdoba se encuentra en niveles de rechazo del 57,3%, mientras que su aprobación se ubica en 42,3%. 

Sin embargo, es superado por su ministro de Economía, Luis Caputo, con 60,4% de rechazo y 36,2% de aprobación. Solo lo supera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un nivel negativo del 62,9 y 36,5%, respectivamente.

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Cambian condiciones para desgravar la totalidad del impuesto a los créditos y débitos y liquidar el IVA trimestralmente

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El pasado15 de abril entró en vigencia la Resolución 220/2019 de la Secretaría de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la cual actualiza los montos de facturación para definir las categorías de micro, pequeñas y medianas empresas, a los efectos de incluir las Pymes en los distintos programas de apoyo al sector.
Según explicaron desde la Cámara de Estacioneros de Rosario (CESGAR), el nuevo cuadro que señala los límites de ventas totales anuales expresados en pesos, las Estaciones de Servicio como entes del comercio, cuya facturación anual es hasta $ 141.680.000 (promedio aritmético: $ 11.806.667 mensuales) quedan comprendidas dentro de la categoría “Pequeña” con lo cual pueden desgravar el 100 por ciento del impuesto a los créditos y débitos a cuenta del Impuesto a las Ganancias, como así también liquidar el IVA trimestralmente.
En cambio las expendedoras cuya facturación anual supere dicho límite y hasta un total de $ 1.190.400.000 (promedio aritmético: $ 99.200.000 mensuales) entran en la categoría “Mediana Tramo 1”, y solo pueden desgravar la mitad del impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta del Impuesto a las Ganancias, y no tendrán el beneficio del régimen de IVA trimestral, entre otros.

 
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CAME pidió cambios en las leyes laborales para “sostener y crear puestos de trabajo”

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Directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mantuvieron esta tarde una reunión con el secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio, con el objetivo de sostener y crear puestos de trabajo.
“La PyME naturalmente no despide porque al tener poco personal mantiene una relación familiar y porque el costo es muy alto, pero en este contexto los balances no cierran”, sostuvo el presidente de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán y pidió cambios en las jornadas laborales con reducción horaria y redistribución de tareas.
Otro de los temas planteados fue la necesidad de generar herramientas que compensen los aportes patronales por zona, reconociendo las diferencias y dificultades del interior profundo.
“Esto es fundamental si se tiene en cuenta que los acuerdos salariales se definen desde una óptica de las ciudades más desarrolladas y para una PyME del interior resulta dificultoso asumir, hay que entender que son diferentes realidades”, dijo Díaz Beltrán.
Durante el encuentro en la Secretaría de Trabajo, el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, junto al secretario general, José Bereciartúa, le manifestaron a Fernández Aparicio: “Somos conscientes del esfuerzo que había que hacer para sacar el país adelante y que iba a ser un año de ajuste, pero la PyME no puede resistir mucho tiempo más”. 
Con tasas altas, aumento de servicios, combustible y de insumos por la actualización del tipo de cambio y un incremento de la inflación y, en consecuencia, de los costos laborales, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un difícil momento con 13 meses consecutivos de descenso de las ventas minoristas y 8 meses de la producción industrial. “Destacamos la voluntad de diálogo del gobierno que impulsa mesas de trabajo para encontrar soluciones y esperamos que este año se sancione una nueva ley PyME que incluya reformas tributarias y laborales”, enfatizó el presidente de CAME.
La decisión del gobierno de modificar el programa de subsidios a que se conocía como Repro, por medio del cual ANSES generaba aportes estatales a las empresas en situación de crisis para el pago de salarios, preocupó al sector. “El gobierno dejó muy en claro que la estabilidad macroeconómica es un objetivo innegociable en sus políticas. Para los empresarios eso tuvo un enorme costo: caída en la actividad, pérdida de rentabilidad, descapitalización de nuestras firmas y todas las dificultades que estamos atravesando”, dijo Díaz Beltrán y agregó: “Cuando miramos hacia los meses venideros, esperamos que esta estabilidad lograda con tanto sacrificio comience a mostrar sus beneficios”.  
“Acompañamos la visión de generar una cultura exportadora como política de Estado para impulsar el trabajo, porque esa es la salida que necesitamos, aunque quedará condicionada a las facilidades para acceder a créditos con tasas razonables y bajar el costo argentino”, concluyó el presidente de CAME.

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La deuda externa ya roza los USD 330.000 millones, el 80 por ciento del PBI

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Al cierre del segundo trimestre de 2018, la deuda del Estado Nacional rozó USD 330.000 millones. Esto implica casi 80% del PBI, muy por encima del 59% observado en el primer cuarto del año. Sin embargo, el dato con mayor sentido económico no está dado por el stock total sino por la “deuda relevante”, es decir, aquella que incluye sólo los pasivos contraídos con el sector privado y organismos multilaterales de crédito (excluye los compromisos intra-sector público). Al cierre de la primera mitad del año, la deuda relevante superaba los USD 190.000 millones, trepando 7% en moneda respecto del primer trimestre de 2018 y saltando del 32% al 45% de PBI en sólo tres meses. La dinámica dispar entre el ratio y el stock medido en divisas responde al salto cambiario: dado que tres cuartas partes de los pasivos están nominados en moneda extranjera, y que el PBI se mide en pesos, este cociente es muy sensible a los vaivenes del dólar.
Producto de las tensiones cambiarias del tercer trimestre, en donde la divisa trepó más de 40%, estos porcentajes ya son “viejos”.  Suponiendo un stock de deuda estable -dado que los desembolsos del FMI pautados para el tercer trimestre tuvieron lugar en octubre, estimamos que el crecimiento de la deuda entre julio y septiembre habría sido marginal-, sólo por el salto cambiario, el ratio deuda total sobre PBI habría crecido otros 19 p.p. en el período, para rozar el 95% del Producto. Por su parte, la deuda pública relevante (privados y organismos multilaterales) habría saltado 15 p.p. en dicho lapso, alcanzando 60% del PBI al final del tercer trimestre de 2018.
 
¿El endeudamiento seguirá creciendo?
De conseguirse una renovación total de las Letras del Tesoro en lo que queda de este año, la deuda pública ascendería a 93% del PBI al cierre de 2018, y la deuda relevante permanecería en torno al 60% del producto. Pese a que el nivel de endeudamiento se estabilizaría a fin de año, lo haría muy por encima del promedio de Sudamérica (45%) y en nuestro país el porcentaje de pasivos en moneda extranjera es muy elevado (representa 80% de la deuda en manos de privados y organismos internacionales). Por su parte, si en 2019 se lograse un roll over del 60% del stock de las LETEs y LECAPs –como estima el programa financiero del Ministerio de Hacienda-, el ratio de deuda sobre PBI cerraría el año próximo en torno al 85%, con la deuda relevante en la zona del 55-60%, según nuestras estimaciones de tipo de cambio nominal.
Más allá de esta dinámica, los desembolsos del FMI (sujetos al cumplimiento de las condicionalidades acordadas) garantizarán la disponibilidad de fondos para hacer frente a los vencimientos de 2018 y 2019, ya que ingresarían al país USD 50.000 millones netos, monto superior a los servicios de deuda excluyendo Adelantos Transitorios con el BCRA, Letras del Tesoro y vencimientos intra-sector público. Por lo tanto, los riesgos de default en el actual mandato presidencial lucen contenidos. Sin embargo, el próximo Presidente deberá en 2020-21 conseguir financiamiento externo para cubrir los servicios de deuda con privados y, en 2022-23, además enfrentará elevados compromisos con el FMI (USD 46.000 millones).
 
¿Cuáles serán los riesgos para la deuda pública de cara al futuro?
El ratio Deuda PBI, principal indicador observado por los mercados financieros para determinar la sostenibilidad de la misma, es sumamente inestable. Más aún, no solo es volátil sino también endógeno: depende de la evolución cambiaria que, como se vio este año, también responde (entre muchos otros factores) a la evolución de dicho cociente. Por caso, al elevarse el ratio Deuda Producto tras un salto cambiario, los inversores internacionales se preocupan por el repago de la deuda y profundizan el desarme de posiciones en moneda local generando mayores presiones cambiarias, lo que impulsa, nuevamente, el crecimiento del ratio. Por ende, la estabilidad cambiaria será vital para no repetir episodios de stress.
Teniendo en cuenta el carácter incierto que revisten las elecciones presidenciales del 2019 (y siguiendo la dinámica de agosto 2017), tiene sentido esperar una mayor dolarización de carteras en la previa a los comicios. Este salto cambiario no solo implicaría un aumento contable del cociente deuda-PBI, sino que también agravaría el descalce de moneda, ya que los pagos de los servicios de la deuda se realizan principalmente en divisas, mientras que la recaudación tributaria se recolecta en pesos.
Además, una depreciación impactaría en el nivel de actividad, golpeando a los ingresos del Sector Público Nacional. Una menor recaudación afectaría el cumplimiento de la meta fiscal de equilibrio primario complicando los desembolsos del FMI. Y, a diferencia del pasado, saltos cambiarios no generan ingresos adicionales por retenciones, ya que las mismas son un monto fijo en pesos por dólar exportado mientras que algunos gastos, como los subsidios económicos, sí aumentan a la par del dólar. Por ende, la estabilidad cambiaria es clave para la sostenibilidad de la deuda.

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