avenida Uruguay

Vivar y la paradoja: cuatro cuadras de cola por 35 puestos y nuevas inversiones en Posadas

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La escena fue tan impactante como elocuente: dos vueltas completas a la manzana, más de cuatro cuadras de cola sobre la avenida Uruguay al 3969, en Posadas. No era el lanzamiento de una promoción ni la apertura de una cadena internacional. Era una convocatoria laboral. Apenas 35 puestos iniciales en el supermercado Vivar bastaron para que cientos de personas se presentaran con currículum en mano desde las dos de la madrugada.

La imagen se viralizó en redes sociales y rápidamente se convirtió en símbolo de un momento económico que combina inversión privada y retracción del consumo, crecimiento puntual y fragilidad estructural. Una postal que interpela y que contrasta con la versión de la economía que dio el presidente Javier Milei en la noche del domingo, durante la apertura de las sesiones del Congreso, donde dijo que creció el empleo y que el salario se triplicó en dólares. Lo cierto es que sucede lo inverso. Casi 300 mil empleos perdidos -diez mil en Misiones- y 22 mil empresas menos, aunque algunas se animan a abrir, como el supermercado posadeño, en un desafío a las estadísticas que muestran caída de consumo.

Al frente del proyecto está Tamara Georgia Wurm, una de las propietarias del emprendimiento familiar que decidió hacerse cargo del local cuando el negocio anterior estaba a punto de cerrar. Lo que no esperaban era la magnitud de la respuesta.

“Nosotros no esperábamos en absoluto esta convocatoria. Ya a las dos de la mañana hubo gente haciendo cola. Cuando abrimos a las ocho, había personas que estaban hace muchas horas. Fueron dos vueltas completas a la manzana”, relató en diálogo con Open 101.7.

La empresaria describió la jornada como “linda pero dura”. No solo por la organización que implicó recibir cientos de currículums hasta las nueve de la noche, sino por las historias detrás de cada rostro.

“Conocimos mucha gente de todo tipo, de todas las edades. Personas buscando su primer trabajo, gente con veinte años de experiencia, un arquitecto, un docente que no pudo dar clases ese día, un profesor de música que pidió que lo cubran, y a la noche terminé con un albañil que venía de una jornada de doce horas y había venido igual a buscar una oportunidad laboral”, contó.

La escena deja entrever un fenómeno más amplio: trabajadores formales que necesitan complementar ingresos, profesionales que no logran sostener su actividad, y oficios que ya no garantizan estabilidad. La caída del poder adquisitivo y el cierre de locales en distintos puntos de la ciudad conviven, paradójicamente, con nuevas apuestas de inversión.

Invertir en la retracción

Vivar no es un proyecto improvisado. El local ya funcionaba como paseo de compras y anteriormente había sido sede de grandes supermercados históricos de la ciudad. Wurm y su familia decidieron tomar el control como un proyecto propio, con una fuerte apuesta a la ampliación de rubros.

El supermercado incorpora panadería, carnicería, rotisería, pastelería, fiambrería, venta de electrodomésticos y proyecta ampliar horarios, abrir los domingos y desarrollar la modalidad online, que también demandará mano de obra.

“Queremos empezar con 35 personas, pero la inversión es grande y vamos a seguir tomando gente durante todo el año. El supermercado es un rubro muy dinámico, muy demandante, hacen falta manos”, explicó.

La decisión de avanzar en este contexto no respondió -según reconoce- a un análisis macroeconómico favorable, sino a una oportunidad concreta y a un sueño familiar. “No sé si era el mejor momento del país, pero era la oportunidad que tuvimos”, admitió.

El desafío no es menor. Posadas compite con cadenas nacionales, mayoristas de peso y con la cercanía de Paraguay como polo de precios más bajos. En ese escenario, la estrategia pasa por el ingenio.

“Hay que ofrecer lo que otro lugar no te puede ofrecer. Estar más cerca del cliente, calidad, ingenio. Paraguay es una competencia fuerte y en Posadas tenemos las cadenas más importantes del país”, sostuvo Wurm.

El proyecto también incorpora una impronta inclusiva. La empresaria destacó que ya cuentan con empleados con discapacidad y mencionó el caso de Thiago, uno de los trabajadores, como símbolo del perfil que buscan construir: un supermercado con visión comercial, pero también social.

La fila como síntoma

Las cuatro cuadras de cola no son solo una anécdota empresarial exitosa. Son, sobre todo, un termómetro social. En una ciudad que muestra obras públicas, inversiones privadas y nuevos proyectos comerciales, la masiva búsqueda de empleo evidencia que el mercado laboral atraviesa tensiones profundas, más allá del fervor del presidencial.

El contraste es evidente: mientras algunos sectores se animan a expandirse, cientos de personas madrugan para competir por un puesto. La necesidad y las ganas de trabajar, como dijo la propia Wurm, conviven en la misma fila.

En tiempos donde la economía se mide en estadísticas, aquella mañana sobre la avenida Uruguay ofreció otra clase de indicador: el de la urgencia. Una fila que, más que rodear una manzana, rodeó una pregunta incómoda sobre el estado real del empleo y el poder adquisitivo en la capital misionera.

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Comenzó el juicio contra los dirigentes sindicales Gurina y Sánchez por el acampe docente de 2024

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El Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 de Posadas inició el juicio oral contra los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez, imputados por Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte a raíz del acampe realizado en la avenida Uruguay durante el conflicto salarial de 2024. La causa fue impulsada tras denuncias de comerciantes de la zona, que aseguraron haber sufrido perjuicios económicos durante la protesta.

El proceso, dirigido por la jueza Marcela Leiva, marca un precedente institucional clave para el debate sobre los límites del derecho a la protesta, el impacto económico de las manifestaciones y el rol de los sindicatos en un contexto social atravesado por reclamos salariales y deterioro del poder adquisitivo.

El origen de la causa y la acusación: protestas, cortes y denuncias comerciales

La investigación fue iniciada por la fiscal de Instrucción Nº 7, Patricia Inés Clerici, quien imputó a Gurina y Sánchez por los delitos de Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte, luego de que el acampe docente instalara 15 carpas y concentrara a más de 500 manifestantes en la avenida Uruguay durante varios días.

Comerciantes del corredor denunciaron baja de ventas, afectación del tránsito y dificultades operativas para el transporte urbano. En ese marco, la fiscalía solicitó agregar el testimonio del gerente de la empresa Tipoka como prueba. La defensa se opuso y planteó que “el Ministerio Público incumplió con los plazos en el ofrecimiento de pruebas”.

En la audiencia inicial de este lunes se leyó el requerimiento de elevación a juicio y se acordó incorporar parte de la prueba testimonial por lectura, citando únicamente a cuatro testigos, entre ellos dos policías de Misiones.

Previo al inicio formal del debate, la fiscal María Laura Álvarez propuso conceder una probation, medida que ambos dirigentes rechazaron. Por ello el juicio continúa. Los imputados están representados por Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga.

Gurina negó responsabilidad penal: “No somos culpables de nada, sólo pedíamos salario digno. Se juzga a una sindicalista en una época donde se mira mal a los sindicalistas”.

Sánchez, con 20 años de docencia, sostuvo que las acciones fueron colectivas: “El derecho a la protesta es constitucional”.

Ambos optaron por no responder preguntas.

Primeros testigos: crisis docente, asambleas y la continuidad de un conflicto que se escaló tras el 1 de junio

Los primeros testimonios evidenciaron el trasfondo económico y sindical del conflicto.

Carlos Lezcano: “La desesperación hacía imposible pensar en términos de ilegalidad”

El docente Carlos Lezcano afirmó que el deterioro salarial fue el detonante: Desde octubre de 2023 “empezó el ajuste al sector docente”. Señaló una “transferencia de recursos de las escuelas públicas al sector privado”. Aseguró que una maestra de grado cobra 618 mil pesos y tiene una obra social “que no funciona”. Describió que en la inscripción para la Policía se anotaron 5.000 jóvenes, mientras que “los profesorados están vacíos”.

Sobre la protesta, precisó que la asamblea del puente Garupá decidió movilizarse hacia la avenida Uruguay y acompañar la protesta policial que ya cortaba el tránsito.

Consultado sobre la ilegalidad del corte, sostuvo: “Había docentes que no podían comprarle un yogur a un hijo. La desesperación hacía imposible pensar en esos términos”.

Lezcano también recordó que el conflicto se agravó tras la fallida reunión con el Ministerio de Hacienda el 1 de junio, y que el acta firmada el 7 de junio “no compensó la inflación”.

Estela Genesini: “Nunca se consiguió nada sin protestar”

En segundo término declaró Estela Genesini, secretaria general de UDNAM.

Sostuvo que la protesta tenía objetivos salariales y también de denuncia institucional: “Nunca se consiguió nada sin protestar”.

Recordó que antes del conflicto cobraban 250 mil pesos con FONID, frente a los 450 mil posteriores a las medidas.

Describió el clima social del acampe: Docentes con décadas sin adherirse a paros se sumaron. La comunidad llevó alimentos. Muchos maestros comían allí y cargaban viandas para sus familias. Las decisiones se tomaban “siempre en asambleas”, no en mesas con el Gobierno.

Además, mencionó que presentó denuncias administrativas contra Miguel Sedoff y Gilson Berger, por supuestas irregularidades vinculadas al ámbito educativo.

Un juicio que reabre el debate sobre protesta, economía y legitimidad sindical

El avance del juicio se da en un momento donde el rol de los sindicatos es objeto de controversias políticas y donde los conflictos salariales del sector docente se profundizaron por pérdida del poder adquisitivo, inflación y tensiones con el Ministerio de Hacienda.

La jueza Marcela Leiva dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 7.30, cuando declararán cuatro testigos —entre ellos dos policías— y luego se escucharán los alegatos.

Gurina y Sánchez pidieron su sobreseimiento y reiteraron que las acciones fueron colectivas y decididas en asambleas.

El proceso podría sentar criterio sobre la responsabilidad penal de dirigentes sindicales en protestas masivas, un tema central para la regulación de la conflictividad laboral y para la futura relación entre sindicatos, Estado y poder judicial.

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