Banco Central

Caputo llevó al G20 el rumbo económico argentino y se reunió con Georgieva

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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la antesala de una nueva reunión del G20. El encuentro estuvo centrado en la agenda económica argentina y en los avances que el Gobierno busca consolidar en materia de estabilidad y crecimiento.

“Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, señaló Caputo a través de su cuenta de X.

La reunión adquiere relevancia porque se produce mientras el Gobierno intenta sostener ante los principales actores financieros internacionales el programa económico implementado desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y las reformas estructurales constituyen los ejes que la delegación argentina busca presentar como señales de continuidad del rumbo económico.

La agenda argentina frente a las principales economías

Caputo participa de las reuniones de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá sobre la evolución de la economía argentina y los lineamientos de la política económica oficial.

El ministro está acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. La delegación argentina buscará instalar la recuperación de la estabilidad macroeconómica como uno de los principales resultados del programa oficial y, al mismo tiempo, explicar la estrategia para sostener el crecimiento.

El temario internacional incorpora además cuestiones vinculadas con la evolución de la economía mundial, la deuda soberana, los desequilibrios globales, la educación financiera y la prevención del fraude. Para la Argentina, el escenario representa una oportunidad para sostener el diálogo con organismos multilaterales y gobiernos de las principales economías.

El encuentro con Georgieva se inscribe precisamente en esa estrategia. El FMI constituye uno de los principales interlocutores externos de la política económica argentina y el vínculo con el organismo resulta relevante para la evaluación internacional del programa fiscal y monetario.

Búsqueda de respaldo en Washington

Durante su estadía en Estados Unidos, Caputo también procura mantener un encuentro con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El contacto cobra especial importancia por el respaldo que la administración de Donald Trump brindó durante el último año al programa económico argentino.

Ese vínculo también quedó asociado al apoyo financiero estadounidense que permitió al Gobierno atravesar períodos de tensión en los mercados y reforzar su posición frente a las presiones financieras.

Por eso, la agenda de Caputo excede la participación protocolar en el G20. El objetivo es mostrar ante los principales actores económicos internacionales que el Gobierno mantiene el compromiso con el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, mientras busca profundizar las reformas económicas.

Para el ministro, el desafío consiste ahora en convertir esa estabilización en una plataforma de crecimiento sostenido. El mensaje que llevará al G20 combina así dos dimensiones: defender los resultados alcanzados desde el inicio de la gestión de Milei y mantener abierto el respaldo internacional necesario para avanzar con la siguiente etapa del programa económico.

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Desde septiembre, el nuevo sistema del BCRA cambia cómo se pagan las cuotas de los préstamos

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A partir del 31 de agosto, bancos y billeteras deberán tener disponible el Cobro con Transferencia (CCT), el nuevo mecanismo diseñado por el Banco Central para modificar la forma en que se cobran las cuotas de los préstamos. La herramienta permitirá que una entidad acreedora solicite el pago desde una cuenta bancaria o de pago previamente autorizada por el cliente, aunque esa cuenta pertenezca a otra institución.

El cambio llega en un momento particularmente sensible para el sistema financiero. La morosidad de los créditos otorgados por proveedores no financieros aumentó con fuerza y convirtió la eficiencia de los mecanismos de cobranza en una cuestión estratégica para bancos, fintech y empresas de crédito. La nueva herramienta busca ordenar ese proceso, pero su capacidad para reducir efectivamente la mora dependerá de que el deudor tenga fondos disponibles en la cuenta que autorizó.

Qué cambia con el Cobro con Transferencia

El CCT fue creado mediante la Comunicación “A” 8406 y apunta a reemplazar las modalidades de transferencias inmediatas utilizadas para determinados cobros recurrentes. El Banco Central estableció este mecanismo como la única modalidad de transferencias inmediatas habilitada para ese tipo de operaciones.

En términos prácticos, el funcionamiento tendrá similitudes con un débito automático. La diferencia es que técnicamente se tratará de una transferencia iniciada por el acreedor a partir de un consentimiento previo del titular de la cuenta.

El cliente deberá seleccionar y vincular una cuenta bancaria o de pago identificada mediante CBU o CVU. Una vez otorgada la autorización, la entidad que concedió el crédito podrá solicitar el cobro de cada cuota. El consentimiento podrá ser revocado posteriormente a través de los canales electrónicos habilitados.

La principal novedad para el usuario es que ya no será indispensable que la cuenta desde la cual se paga el préstamo pertenezca al mismo banco o entidad que otorgó el crédito. Una persona podrá autorizar, por ejemplo, una cuenta de otra institución financiera o una billetera virtual, siempre que se encuentre dentro del esquema habilitado.

El sistema no permite buscar dinero en cualquier lugar

El nuevo mecanismo tiene límites precisos sobre los fondos que pueden utilizarse para cancelar una cuota. El CCT alcanza los saldos disponibles en cuentas a la vista o cuentas de pago identificadas mediante CBU o CVU.

Eso significa que no habilita a las entidades acreedoras a recorrer indiscriminadamente todos los activos financieros de un cliente.

Los fondos depositados en cuentas de inversión o instrumentos financieros que no formen parte directamente de la cuenta autorizada quedan fuera del mecanismo. Por eso, tener dinero dentro del sistema financiero no implica necesariamente que ese saldo pueda ser utilizado para cancelar automáticamente un préstamo mediante CCT.

La distinción adquiere importancia a medida que se multiplican las relaciones financieras de una misma persona. Un cliente puede cobrar su sueldo en un banco, mantener ahorros en otra entidad y utilizar una billetera virtual para sus gastos cotidianos. El CCT no unifica automáticamente esos fondos: requiere que el usuario haya autorizado específicamente la cuenta correspondiente.

Hay un límite para los intentos de cobro

El mecanismo tampoco habilita una búsqueda permanente de fondos. La normativa contempla un intento de cobro por cada período y hasta dos reintentos, separados según los plazos establecidos.

Si los intentos fracasan porque no existe dinero suficiente en la cuenta autorizada, el acreedor deberá recurrir a otra vía para reclamar la cuota. No podrá utilizar el CCT indefinidamente ni ejecutar mediante este mecanismo un cobro retroactivo cuando el cliente haya recibido fondos posteriormente.

Este aspecto constituye uno de los principales puntos de preocupación para bancos y fintech. Una persona puede no disponer de saldo el día del vencimiento y recibir su salario algunos días después. Si para entonces ya se agotaron los intentos previstos, la entidad deberá utilizar otro mecanismo de cobranza.

La limitación también evita que el sistema se transforme en una herramienta de extracción automática de fondos sin límites temporales.

Qué préstamos pueden cobrarse mediante CCT

El diseño regulatorio establece condiciones para los créditos que pueden utilizar este mecanismo. En principio, alcanza préstamos cuyas cuotas sean fijas e iguales durante la vigencia del contrato, con excepciones específicas.

Entre ellas aparecen los intereses moratorios o punitorios generados por intentos fallidos de cobro y determinadas variaciones vinculadas con seguros.

La normativa también establece que la relación entre cuota e ingreso no debe superar el 30% al momento de originación del crédito. De esta manera, el CCT no fue concebido como una autorización general para cobrar cualquier obligación recurrente, sino como una herramienta encuadrada dentro de determinadas condiciones crediticias.

Por qué el cambio llega en medio del aumento de la mora

La implementación se produce mientras crece la irregularidad de los préstamos otorgados por proveedores no financieros de crédito.

El último informe del Banco Central sobre ese segmento registró una tasa de irregularidad del 26,9% en febrero de 2026, 9,7 puntos porcentuales más que en agosto de 2025. En los préstamos personales, la irregularidad llegó al 34,1%.

El universo involucrado es amplio: alrededor de 12,1 millones de personas tenían financiamiento de proveedores no financieros de crédito y más de 7 millones estaban vinculadas al segmento fintech.

En ese contexto, un sistema que facilite el cobro de cuotas cuando existen fondos disponibles puede reducir costos operativos y mejorar la previsibilidad de las cobranzas. Pero hay una diferencia fundamental entre hacer más eficiente el cobro y reducir la morosidad.

El CCT puede resolver el problema de una persona que tiene dinero en una cuenta autorizada pero no realizó manualmente el pago. No puede resolver, en cambio, una situación de incapacidad efectiva para afrontar la cuota.

Bancos y fintech cuestionan la implementación

El sector financiero planteó reparos vinculados principalmente con la operatoria y los tiempos de implementación. La preocupación central pasa por los casos en que el cliente posee fondos, pero no en la cuenta que autorizó para el cobro o no los tiene disponibles durante los momentos en que se realizan los intentos.

También genera interrogantes la imposibilidad de buscar automáticamente dinero en diferentes cuentas pertenecientes al mismo titular.

A pocos días de la entrada en vigencia, distintas entidades trabajaban en los desarrollos técnicos necesarios y trascendieron pedidos de precisiones e incluso planteos para postergar o revisar determinados aspectos de la implementación.

Según información publicada por iProUP, Banco Galicia aparecía entre las entidades más avanzadas en el desarrollo, mientras otras instituciones y al menos una fintech especializada en préstamos todavía realizaban ajustes.

La situación técnica será relevante porque la obligación regulatoria comienza el 31 de agosto, pero la experiencia efectiva del usuario dependerá de que bancos, billeteras y prestamistas puedan integrar correctamente sus sistemas.

Una reforma que puede cambiar la relación entre bancos y clientes

El CCT introduce una modificación relevante en la arquitectura de los pagos recurrentes. Hasta ahora, buena parte de los mecanismos de cobranza dependía de una relación más directa entre el acreedor y la entidad donde se encontraba la cuenta del cliente.

El nuevo esquema habilita una lógica interoperable: el préstamo puede ser otorgado por una institución y pagado desde una cuenta administrada por otra.

Para los usuarios, esto amplía la capacidad de elegir desde dónde pagar y puede simplificar la administración de las cuotas. Para las entidades, supone una nueva infraestructura de cobranza que podría reducir fricciones, aunque también obliga a resolver problemas técnicos y operativos que no existían bajo esquemas más cerrados.

El punto decisivo será el equilibrio entre ambas partes. La herramienta debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin convertir el consentimiento del usuario en una autorización ilimitada sobre sus recursos.

Por eso, la entrada en vigencia del CCT será apenas el primer paso. El verdadero test comenzará cuando millones de operaciones cotidianas permitan comprobar si la interoperabilidad mejora el pago de préstamos, reduce costos de cobranza y disminuye los incumplimientos asociados exclusivamente a problemas de disponibilidad o de canal de pago.

En un escenario de morosidad creciente, el desafío del Banco Central será que una reforma pensada para hacer más eficiente el sistema de pagos también preserve reglas claras sobre consentimiento, límites de cobro y control por parte de los usuarios. La tecnología puede hacer más automático el pago de una cuota, pero no puede sustituir la capacidad económica necesaria para afrontarla.

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El oficialismo logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

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Considerada por el oficialismo como una de las reformas “más trascendentes de los últimos años”, logró media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el fin de establecer como “misión primaria y fundamental” de esa entidad la de “preservar el valor de la moneda”, al tiempo de prohibir el financiamiento al Tesoro Nacional.

El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Junto a La Libertad Avanza votaron sus aliados del Pro, la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires; los bloques provinciales de Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Independencia y Argentina Federal.

Un sector de Provincias Unidas junto a Elijo Catamarca y la Coalición Cívica se abstuvieron. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Miguel PichettoNatalia de la Sota y Marcela Pagano.

La iniciativa fue defendida en comisiones por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y obtuvo dictamen en el final de una segunda reunión, a la que asistieron economistas afines a LLA, el pasado 12 de agosto.

En tanto, el presidente Javier Milei había presentado el proyecto por cadena nacional el 30 de julio, en pleno Mundial, y expresó que esta reforma “viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”.

Entre las principales modificaciones a la Carta Orgánica, la primera es definir como misión central del BCRA “la preservación del valor de la moneda nacional”. En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro y se endurecen las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

La palabra en el recinto

Miembro informante del oficialismo, el diputado Santiago Pauli arrancó: “Cuando hablamos de reforma la Carta Orgánica del Banco Central no solo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, sino del valor del trabajo de los argentinos, de nuestros sueldos, nuestros ahorros y la posibilidad de planificar”. “Cuando decimos que el Banco Central fue utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política nos referimos a que cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central”, señaló.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Finanzas afirmó que “la consecuencia de esto ha sido y es la inflación” y “el origen de la inflación ha sido la emisión descontrolada”. “Nos han acostumbrado a cobrar un sueldo sin conocer el valor de ese sueldo y ser expertos en ahorrar escapando del peso”, expresó e insistió que “la inflación es el impuesto más violento que han sufrido los argentinos”.

Al asegurar que el oficialismo está proponiendo la independencia del BCRA, el fueguino dijo quieren “erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”.

Sobre el proyecto, enumeró: “Vamos a eliminar los adelantos transitorios; vamos a prohibir los préstamos al Gobierno, a las provincias, a la Ciudad; prohibir la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario; eliminar la facultad de adelantar fondos; y derogar un concepto tan nefasto como es el de reservas de libre disponibilidad”.

En resumen, Pauli sostuvo que la reforma busca que el Banco Central “no sea saqueado, no sea una herramienta para hacer política y volvamos a tener un peso fuerte”.

En contra de la propuesta oficialista, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman observó que “las cosas no marchan acorde al plan” del Gobierno y esta reforma “vendría a blindar una política cuyos resultados no fueron los que el oficialismo esperaba”. “¿Cuál ha sido el costo de esta política monetaria que llevó adelante el Banco Central?”, se preguntó y pasó a enumerar índices a la baja respecto de empleo, jubilaciones e industria, entre otros.

Además, el porteño se refirió a “los 6 millones de personas atravesadas por el problema del endeudamiento y la mora y otros tantos millones que no están en mora, pero están con la soga al cuello”. “Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para aliviar la situación de los morosos, pero en lugar de eso estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas”, resaltó.

Luego de acusar al Gobierno de estar “incubando una nueva crisis financiera”, el miembro informante de la oposición puso la lupa sobre el artículo 12 del proyecto, que “permite utilizar como garantía para endeudamiento externo los activos del Banco Central”. “Toda la política económica está orientada a que baje el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina”, denunció y cuestionó que se busque “usar el Banco Central para endeudar a la Argentina y de esa manera conseguir dólares para llegar a 2027 sin que les explote el tipo de cambio”.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro consideró que se trata de “una reforma de una envergadura significativa, no tanto por virtud propia del actual Gobierno, sino por el contraste y la comparación de lo que han sido los últimos 20 años en la Argentina”. “La anterior reforma de la Carta Orgánica derivó en un descontrol absoluto, tanto en lo que eran los objetivos que se planteaban para la política económica, como también lo que era el financiamiento directo o indirecto del Tesoro, que todos sabemos provocó la inflación”, señaló.

En cuanto a las designaciones “en comisión” del directorio, el legislador opinó que habría que “establecer un plazo de 180 días al Senado” para que “traten cada uno de los pliegos de los directores”. Por otra parte, remarcó: “No le mintamos a los argentinos. El Banco Central hoy con esta sanción no queda blindado, porque sigue existiendo la posibilidad de que se dicten Decretos de Necesidad y Urgencia, como sucedió con lo que fue el Fondo del Bicentenario, en donde claramente a través de un DNU se manotearon reservas del Banco Central”.

Un auténtico Miguel Ángel Pichetto remarcó su postura en contra y señaló que el proyecto de ley busca “la ‘peruanización’ del Banco Central”. También lo calificó como una “trampa cazabobos” y apuntó contra Santiago Bausilli por su relación de “socio en la tarea de ‘trader’” con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Crítico de la gestión de Javier Milei, aseveró: “Nunca nos dijeron qué hicieron con el oro y no hay ningún tipo de información”. Sintetizó el contexto actual como “destrucción masiva”, y cargó: “no estoy de acuerdo en este pensamiento mágico de darle la derecha al Gobierno con el orden fiscal a costa de los argentinos, los jubilados y los trabajadores públicos”. Concluyó que “el BCRA debe estar subordinado al interés general del país y este es un proyecto para la gilada”.

A su turno, el oficialista Alejandro Fargosi expresó: “No me asusta el hecho de que el Gobierno del presidente Milei quiera reformular hacia menos las facultades del Banco Central. Nuestra función no es agrandar el Estado, porque agrandar el Estado implica disminuir la libertad de los privados, que es lo que debemos garantizar. Estoy contento que el presidente siga cumpliendo sus promesas de campaña”.

Tras criticar las “maniobras realizadas en el Banco Central durante décadas”, el legislador enfatizó que la “el impuesto peor de todos, que es el inflacionario, ha castigado a todos los argentinos”. “La reforma es a favor de la gente. Y no necesitamos las lecciones del kirchnerismo que durante 16 años destrozó la economía de los argentinos y del país”, agregó.

Desde UP, Agustín Rossi opinó que “el único objetivo que tiene esta reforma es lograr que las autoridades actuales del Banco Central sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años, independientemente si el Gobierno pierde las elecciones el año que viene”.

“La relación entre Caputo y Bausili, que son socios en la actividad privada, hace mucho menos creíble el espíritu que quieren sostener en el marco de una potencial autonomía del Banco Central”, advirtió sobre el ministro de Economía y el presidente del BCRA. Además, en su discurso el santafesino insistió: “¿Es razonable que si la oposición gana el año que viene tenga que gobernar con una política monetaria del que perdió?”. “Milei se quiere quedar con el Banco Central aunque pierda las elecciones”, denunció.

Inmediatamente recogió el guante el libertario Santiago Santurio: “Poner un kirchnerista a cargo del Banco Central es lo mismo que poner a Yiya Murano a cargo de una panadería: solo te envenena”. Al cuestionar que el gobierno anterior terminó “con una inflación de 211%, con reservas de 11 mil millones negativas”, lanzó: “Y estos son los que ahora nos vienen a contar cómo manejar la política monetaria”.

De la vereda de la oposición, el diputado Sergio Palazzo apuntó que “en el resto del mundo los objetivos son múltiples y muchas veces más amplios que los que tiene la Carta Orgánica hoy”. Y le sugirió al oficialismo “incluir el de la estabilidad del sistema financiero, porque en mercados globales y volátiles no preservar la estabilidad del mismo significa casi un acto de irresponsabilidad política, económica y social”.

También, el líder del gremio de La Bancaria consideró que “si se pide mayoría agravada para la destitución” del directorio, debería ser así también para la designación de las autoridades; de lo contrario, entendió que se busca “perpetuar en el cargo a aquellos que hoy lo están ocupando”. En tanto, sobre la prohibición de financiar al Tesoro se preguntó: “El Estado argentino ante una situación de gravedad, ¿qué hace? ¿Deja en una pandemia que se le muera la gente porque no puede emitir? ¿O termina violando la ley y los funcionarios terminan presos?”.

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Caputo anunció un plan de $2 billones para ampliar el crédito hipotecario con fondos de la Anses

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El Gobierno anunció este miércoles un nuevo esquema para intentar reactivar el crédito hipotecario en Argentina, con un programa de $2 billones destinado a generar fondeo de largo plazo para los bancos. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los recursos provendrán de licitaciones de depósitos a plazo fijo entre entidades financieras y tendrán como objetivo ampliar los préstamos para la compra, construcción, ampliación y refacción de la primera vivienda.

El anuncio fue realizado a las 10 en el Palacio de Hacienda, donde Caputo estuvo acompañado por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez; y el director del BCRA, Martín Vauthier. La iniciativa retoma una alternativa que el Gobierno ya había anticipado y pone al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses en el centro de una estrategia para generar ahorro de mayor plazo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un nuevo programa para ampliar la oferta de crédito hipotecario en Argentina, utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES como fondeo de largo plazo para los bancos. El esquema contempla licitaciones por un total de $2 billones y apunta a facilitar préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

La medida busca atacar uno de los problemas estructurales del sistema financiero argentino: el descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos hipotecarios que pueden extenderse durante 15, 20 o 25 años. La estrategia oficial consiste en que el FGS coloque depósitos a plazo fijo ajustados por UVA más una tasa adicional, mientras las entidades financieras utilizan ese fondeo para ampliar la cartera de créditos hipotecarios.

Según explicó Caputo durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el programa tendrá licitaciones de $200.000 millones cada una. Los depósitos podrán constituirse a uno o cinco años, con tasas mínimas de UVA más 2,5% para el primer tramo y UVA más 4,5% para el segundo. Los bancos, a su vez, no podrán otorgar con estos fondos créditos hipotecarios por encima de una tasa de UVA más 7,5%.

El programa estará destinado exclusivamente a primera vivienda y los préstamos tendrán un plazo mínimo de 15 años. El monto máximo será equivalente a 150.000 UVA por crédito. La estimación oficial es que, tomando como referencia el monto promedio actual de los préstamos, el programa podría alcanzar a unas 17.000 o 18.000 familias, aunque esa cifra dependerá del valor promedio de los créditos que finalmente originen los bancos.

Caputo planteó que el objetivo excede al mercado inmobiliario. Para el ministro, el desarrollo del crédito hipotecario puede convertirse en un mecanismo de impulso para la construcción, el consumo asociado al equipamiento de los hogares y la formalización de trabajadores que hoy permanecen fuera del sistema financiero tradicional.

El diagnóstico oficial parte de una comparación que muestra la baja profundidad del crédito hipotecario argentino. Caputo señaló que el stock de préstamos hipotecarios representa actualmente alrededor del 2% del producto, frente a aproximadamente 27% en Chile y niveles históricamente mucho mayores en Estados Unidos. En pesos nominales, el stock pasó de unos $7,5 billones al inicio de la gestión a $16,8 billones, mientras que, medido en UVA, el crecimiento informado por el ministro fue del 57%.

El FGS como puente entre el ahorro y la vivienda

La innovación central del esquema no consiste en que la ANSES otorgue directamente las hipotecas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad aportará liquidez mediante depósitos de mayor plazo, pero serán los bancos los responsables de seleccionar a los tomadores, otorgar los préstamos y asumir el riesgo crediticio.

“Los bancos son los encargados de dar el crédito hipotecario, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio”, explicó Caputo al ser consultado sobre eventuales incumplimientos. Según precisó durante la presentación, la mora actual de los créditos hipotecarios se ubica en torno al 1,6%.

El diseño también apunta a preservar la lógica financiera del FGS. Juan Cruz Michele, representante del Fondo, explicó que el organismo trabajó durante varios meses junto con los ministerios de Economía y Capital Humano para encontrar una alternativa que permitiera canalizar recursos hacia el mercado hipotecario sin asumir directamente el riesgo de las familias.

La primera licitación está prevista para la próxima semana, por $200.000 millones. La continuidad del programa dependerá de la velocidad con la que los bancos transformen ese fondeo en nuevas hipotecas.

El Banco Central tendrá un papel operativo y de supervisión. Las licitaciones se realizarán mediante un sistema de subastas y el organismo deberá controlar que las entidades participantes destinen efectivamente los recursos recibidos a préstamos hipotecarios bajo las condiciones establecidas por el FGS.

El desafío es que la cuota compita con el alquiler

La apuesta económica del Gobierno busca reconstruir un circuito que durante décadas tuvo escaso desarrollo: ahorro de largo plazo, financiamiento hipotecario y construcción. La dificultad está en que los bancos argentinos tienen depósitos predominantemente de muy corto plazo, mientras que una hipoteca exige fondeo compatible con plazos de 15 a 30 años.

En ese punto, el FGS funciona como un puente financiero. En lugar de colocar los recursos en instrumentos de duración más corta, el programa busca extender el plazo de los depósitos bancarios y permitir que las entidades tengan mayor capacidad para prestar a largo plazo.

El ejemplo presentado por Caputo permite dimensionar el esquema. Para una propiedad de algo más de US$100.000, con un préstamo equivalente a unos US$80.000, el ejercicio oficial plantea una cuota cercana a $865.000 mensuales a 25 años, bajo una tasa de UVA más 7,5%. El ingreso requerido, considerando que la cuota represente hasta el 25% de los ingresos, sería de unos $3,46 millones.

La referencia es particularmente relevante para el mercado inmobiliario porque ubica el debate en la relación entre cuota e ingreso, más que exclusivamente en el precio de las propiedades. La posibilidad de transformar un gasto mensual de alquiler en una cuota hipotecaria es, precisamente, uno de los argumentos centrales con los que el Gobierno busca estimular la demanda.

Construcción, crédito y dólares: el segundo frente

El anuncio se complementa con otra medida recientemente comunicada por el Gobierno: la posibilidad de que los bancos utilicen una parte de sus depósitos en dólares para financiar proyectos de personas jurídicas, bajo las normas macroprudenciales definidas por el Banco Central.

La combinación apunta a actuar sobre ambos lados del mercado. Por un lado, más financiamiento para desarrolladores y proyectos inmobiliarios; por otro, mayor disponibilidad de crédito hipotecario para compradores de primera vivienda.

El efecto esperado excede entonces al sistema financiero. Si el mecanismo logra traducirse en nuevas obras, puede impactar sobre construcción, materiales, equipamiento, servicios profesionales y empleo. Ese es el canal de transmisión que el Gobierno identifica como uno de los principales multiplicadores de la política.

El punto crítico estará en la ejecución. El programa tiene recursos definidos, límites de tasa, mecanismos de licitación y supervisión, pero su impacto económico dependerá de que los bancos efectivamente conviertan el fondeo en préstamos y de que una cantidad significativa de hogares pueda cumplir con las condiciones de acceso.

La primera licitación, prevista para la próxima semana, será por eso la primera prueba concreta del esquema. Más que el volumen anunciado, el indicador a seguir será cuánto de esos $200.000 millones logra transformarse en hipotecas y a qué velocidad.

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El dólar mayorista cerró por encima de los $1.510

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El dólar mayorista volvió a subir y se consolidó por encima de los $1.500, un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como referencia informal para el mercado y que el Gobierno había intentado contener mediante una combinación de intervención cambiaria, operaciones de cobertura y administración de la liquidez. La cotización cerró en $1.511,50, con un incremento de $1,50, y marcó un nuevo máximo nominal.

El movimiento tuvo relevancia menos por su magnitud diaria que por el cambio de comportamiento frente a una zona que el mercado había identificado como un límite de corto plazo. El avance se produjo pese a la intervención oficial y dejó en evidencia que la defensa de ese nivel comenzaba a enfrentar costos crecientes sobre el mercado de pesos.

El mayorista quedó así a $361,58 del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.873,08. La distancia equivale al 23,92%, por lo que el salto por encima de los $1.500 no implica, por sí mismo, una ruptura del esquema formal de bandas. Lo que cambió es el margen que el Gobierno parece dispuesto a otorgarle al tipo de cambio dentro de ese corredor.

La jornada registró operaciones por unos USD 421 millones. Parte de la presión pudo estar vinculada al vencimiento de instrumentos dólar linked previsto para el 31 de agosto. En el mercado señalaron que el denominado “fix” de este miércoles constituye una referencia relevante para determinar el valor de pago de esos instrumentos y podría haber contribuido a concentrar demanda en el mercado cambiario.

Durante las últimas semanas, los operadores habían identificado distintas señales de intervención destinadas a evitar que el mayorista atravesara los $1.500. Entre ellas aparecieron ventas de contratos de dólar futuro, colocaciones de bonos dólar linked y una menor participación compradora del Banco Central en el mercado de cambios.

La percepción de que existía un techo informal comenzó a consolidarse hacia fines de julio, cuando el mercado detectó movimientos compatibles con ventas oficiales para contener el tipo de cambio. Poco después, el balance diario del Banco Central mostró una reducción de USD 145 millones en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro entre el 28 y el 29 de julio, en coincidencia con una jornada en la que el mayorista se había aproximado a esa zona.

A esa dinámica se sumó el corte de una racha de 135 jornadas consecutivas con compras de divisas por parte del BCRA. La interrupción ocurrió precisamente cuando el tipo de cambio oficial funcionaba como referencia para instrumentos dólar linked, lo que reforzó la lectura de que el Gobierno estaba utilizando distintas herramientas para administrar la trayectoria cambiaria.

Ahora, la ruptura de los $1.500 comienza a ser interpretada por parte del mercado como una flexibilización de ese límite de facto. La hipótesis central es que sostenerlo mediante mayores tasas en pesos estaba generando un costo financiero que podía terminar siendo más relevante que permitir una depreciación moderada del tipo de cambio.

El economista Lucio Garay Méndez, de EcoGo, señaló que el Gobierno utilizó durante este período distintas herramientas para contener el dólar y que esa estrategia implicó resignar compras del Banco Central, además de utilizar junto con el Tesoro instrumentos dólar linked y futuros para ofrecer cobertura.

Según su lectura, esa política también generó “un estrés sobre las tasas del mercado” que incrementó tanto el costo de fondeo de los bancos como el costo de la liquidez. Al considerar que la presión dejó de ser transitoria, el Gobierno habría decidido modificar la estrategia.

Gabriel Caamaño, director de Outlier, planteó una interpretación similar. A su juicio, una flexibilización del techo de $1.500 debería contribuir a reducir la tasa en pesos y su volatilidad. La lógica es que una defensa más flexible del tipo de cambio disminuye la necesidad de utilizar tasas elevadas como mecanismo para desalentar la demanda de cobertura cambiaria.

El punto central de la estrategia pasa entonces por administrar tres variables al mismo tiempo: dólar, liquidez y tasas. Una defensa rígida de un determinado nivel cambiario puede contener la cotización en el corto plazo, pero también incrementar el costo del dinero, encarecer el financiamiento y aumentar la volatilidad del mercado de pesos.

Por eso, distintos operadores consideran que el movimiento no necesariamente representa un cambio de régimen cambiario. La interpretación predominante es la de una mayor flexibilidad dentro del esquema vigente, con un Gobierno dispuesto a tolerar un tipo de cambio más alto si eso permite reducir la presión financiera sobre las tasas.

Los otros segmentos del mercado ya habían superado ampliamente la referencia de $1.500. El dólar oficial minorista cerró en $1.530 para la venta en Banco Nación, mientras que el blue se ubicó en $1.560. En los dólares financieros, el MEP operó en torno a $1.543,60 para la venta y el contado con liquidación llegó a $1.600,90.

En el mercado de futuros, las variaciones fueron acotadas. Para diciembre, los contratos reflejaron un tipo de cambio de $1.626,50, una referencia que permite observar que los operadores todavía no están descontando una aceleración abrupta de la depreciación cambiaria, aunque sí un nivel nominal superior al actual.

La cotización mayorista también debe leerse en relación con las reservas. El Banco Central viene acumulando divisas y recientemente alcanzó niveles de reservas brutas cercanos a los USD 51.000 millones. Esa posición le otorga mayor capacidad de intervención, pero no elimina la disyuntiva entre utilizar reservas para contener el dólar o permitir una mayor flexibilidad para preservar las condiciones monetarias.

La señal que deja esta jornada es, por lo tanto, más estratégica que cambiaria. El Gobierno parece haber aceptado que los $1.500 dejaron de ser un límite infranqueable y busca administrar el costo de sostener ese nivel sobre las tasas y la liquidez. El desafío será evitar que esa flexibilización se transforme en una aceleración de las expectativas de devaluación.

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