Banco Central

Bausili admite que la economía crece por debajo de lo esperado y defiende la flexibilización del crédito en dólares

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La economía argentina transita una recuperación que, aunque mantiene signo positivo, avanza a un ritmo menor al que esperaba el Gobierno. El diagnóstico fue planteado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante una exposición ante empresarios y referentes productivos en la Bolsa de Comercio de Mendoza. En paralelo, el mercado cambiario mostró una moderación en la cotización del dólar mayorista, que cerró en $1.489 y volvió a alejarse de la barrera de los $1.500.

“La economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, sostuvo Bausili, en una definición que expone uno de los principales desafíos de la segunda mitad del año: transformar la estabilización macroeconómica en una expansión más vigorosa de la actividad y del crédito privado.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Luis Romano; el gobernador Alfredo Cornejo; y el diputado nacional Lisandro Nieri, quien moderó la exposición. Frente a empresarios, Bausili repasó el desempeño del Banco Central y puso el foco en un problema menos visible que la inflación o el tipo de cambio, pero determinante para la recuperación: la persistencia de la cautela de hogares y empresas a la hora de invertir y endeudarse.

El titular del BCRA describió ese comportamiento como una suerte de “estrés postraumático” de la economía argentina. El temor a asumir deuda o comprometer capital continúa funcionando como un freno para la inversión, incluso después de la fuerte reducción de la inflación y de la normalización de algunas variables financieras. Para Bausili, modificar esas expectativas constituye una condición necesaria para que la estabilización se traduzca en crecimiento.

La respuesta que anticipó apunta a profundizar la desregulación del sistema financiero y reducir los costos de intermediación. “Sacar trabas y bajar costos” será, según planteó, una de las líneas de acción para favorecer el desarrollo del sector privado. El objetivo es que una mayor proporción del ahorro doméstico vuelva al circuito financiero formal y pueda convertirse en financiamiento para empresas y consumidores.

En ese marco adquiere relevancia la flexibilización de los préstamos en dólares. Bausili explicó que la nueva disposición permite a los bancos prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera y consideró que, incluso con ese cambio, el esquema continúa siendo “restrictivo”. La definición resulta relevante porque el crédito en dólares puede ampliar las alternativas de financiamiento de empresas con ingresos vinculados a esa moneda, particularmente exportadoras o firmas integradas a cadenas de comercio exterior.

El desafío consiste en ampliar el crédito sin trasladar al sistema financiero riesgos cambiarios que puedan terminar deteriorando la estabilidad monetaria. La discusión planteada por los empresarios durante el encuentro giró precisamente alrededor de ese equilibrio, junto con el escenario electoral, la relación comercial con Estados Unidos y la presión tributaria que todavía condiciona la competitividad.

Bausili también se refirió a la inflación de julio, que alcanzó el 2,1%. Según explicó, el dato estuvo condicionado por factores puntuales, entre ellos la estacionalidad y el turismo, y aseguró que el Banco Central mantiene la expectativa de retomar el sendero descendente. La cuestión es central porque una inflación persistentemente baja no solo mejora el poder adquisitivo, sino que también permite extender los horizontes de planificación de las empresas y reducir la prima de riesgo incorporada en las decisiones de inversión.

El mercado cambiario, mientras tanto, ofrece una señal de relativa calma. El dólar mayorista cerró en $1.489, con una baja de $3, después de dos jornadas consecutivas de subas. La cotización se encuentra así 24,8% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.858,35. En el Banco Nación, el dólar minorista descendió $5 hasta $1.510 para la venta, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubicó en $1.515,689.

En los mercados paralelos, el dólar blue se mantuvo en $1.540, mientras que el contado con liquidación operó en $1.583 y el dólar MEP en $1.521,39. La dispersión entre las distintas cotizaciones refleja que, aunque el mercado no atraviesa una situación de desborde, persiste una demanda de cobertura que obliga al equipo económico a administrar cuidadosamente las expectativas.

Los operadores consideran que el Gobierno busca evitar que el dólar supere de manera sostenida los $1.500 mediante herramientas de intervención en futuros y bonos dólar linked. La estrategia tiene un beneficio inmediato sobre las expectativas cambiarias, pero también plantea un dilema de política económica: contener la volatilidad sin generar una restricción excesiva sobre la liquidez ni elevar nuevamente el costo del dinero en pesos.

La capacidad de intervención del Banco Central constituye uno de los principales respaldos de esa estrategia. En lo que va de 2026, la autoridad monetaria acumula compras superiores a US$13.000 millones, mientras las reservas internacionales brutas se mantienen cerca de los US$50.000 millones. Esa posición ofrece un margen considerablemente mayor que el disponible durante otros episodios de tensión cambiaria, aunque no elimina la necesidad de administrar el mercado con prudencia.

El punto de fondo es que el Gobierno necesita que la estabilidad cambiaria deje de ser un objetivo en sí mismo y se convierta en una plataforma para recuperar inversión, productividad y crédito. La admisión de Bausili sobre un crecimiento cercano al 2% anual muestra que la estabilización todavía no se tradujo en la velocidad de expansión que esperaba el oficialismo.

Para las empresas, especialmente las que necesitan capital de trabajo o financiamiento para ampliar capacidad productiva, la próxima etapa estará definida menos por la discusión sobre el nivel puntual del dólar y más por la posibilidad de acceder a crédito a plazos y tasas compatibles con proyectos de inversión. La formalización del ahorro, la flexibilización del crédito en moneda extranjera y la reducción de costos financieros pueden convertirse en herramientas concretas para cerrar esa brecha.

El desafío de política económica es, entonces, pasar de una economía que dejó atrás los desequilibrios más extremos a otra capaz de crecer de manera sostenida. El propio diagnóstico del Banco Central reconoce que la estabilización todavía no alcanza: mientras persista el temor a invertir, endeudarse y asumir riesgos, la recuperación seguirá avanzando, pero a una velocidad inferior a la que necesita el sector productivo.

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Reforma del BCRA: el oficialismo consiguió dictamen y busca blindar la política monetaria frente al Tesoro

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El oficialismo consiguió este miércoles en Diputados el dictamen de mayoría para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un paso clave para uno de los proyectos institucionales centrales del programa económico de Javier Milei. La iniciativa, que mantiene prácticamente sin cambios el texto enviado por el Poder Ejecutivo, quedó en condiciones de ser debatida en el recinto, con el 26 de agosto como fecha tentativa para su tratamiento.

El despacho reunió 42 firmas de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. El avance se produjo después de un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda que comenzó atravesado por cruces políticos y terminó con la salida de los diputados de Unión por la Patria.

La discusión expuso una diferencia relevante incluso dentro del arco que acompaña al Gobierno. Eduardo Falcone, del MID, decidió no firmar el dictamen y cuestionó el tono de las intervenciones de algunos economistas invitados. El diputado consideró que las exposiciones de Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira se apartaron del carácter técnico que esperaba de la reunión y las calificó como una provocación innecesaria.

La tensión obligó incluso a diputados libertarios a pedir disculpas a representantes del PRO, la UCR y el MID. Fernando de Andreis, del PRO, también manifestó su desacuerdo con el contenido político de las primeras exposiciones, aunque dejó en claro que su espacio mantiene el respaldo al proyecto porque considera que la reforma institucional del BCRA resulta necesaria.

El episodio revela una cuestión política de fondo: el oficialismo consiguió construir una mayoría para avanzar con la reforma, pero la discusión sobre el Banco Central atraviesa incluso a sus propios aliados. La coincidencia parlamentaria se encuentra en la necesidad de limitar la utilización del organismo como fuente de financiamiento del Estado, mientras persisten diferencias sobre el alcance de sus objetivos y el grado de autonomía que debería tener frente al Poder Ejecutivo.

El núcleo de la reforma consiste en redefinir la misión del BCRA. El proyecto establece como objetivo central “la preservación del valor de la moneda nacional” y elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en la Carta Orgánica durante la reforma de 2012, bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont y durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El cambio no es meramente semántico. En términos institucionales, busca modificar la función que el Banco Central debe cumplir dentro del esquema económico y reducir el margen para que la autoridad monetaria persiga simultáneamente objetivos potencialmente contradictorios. La propuesta oficial parte de una premisa: una moneda estable requiere que la política monetaria no quede subordinada a las necesidades fiscales del Gobierno de turno.

La segunda transformación sustancial es la prohibición de financiar al Tesoro. El proyecto busca cerrar los mecanismos mediante los cuales el Banco Central puede asistir al Estado a través de adelantos transitorios y otros instrumentos. La iniciativa también contempla un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

La reforma incluye, además, modificaciones en el tratamiento de las reservas de libre disponibilidad y en la distribución de utilidades del BCRA. El paquete apunta a modificar la relación patrimonial y financiera entre el Banco Central y el Tesoro, una de las cuestiones más sensibles de la arquitectura monetaria argentina.

Otro aspecto relevante está relacionado con la estabilidad de las autoridades de la entidad. La iniciativa endurece las condiciones para remover al presidente del BCRA y a los integrantes de su directorio. La decisión del Poder Ejecutivo deberá sustentarse en causales específicas y contar con la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

Ese mecanismo introduce una barrera institucional adicional frente a cambios discrecionales en la conducción de la autoridad monetaria. El principio es que una mayor estabilidad de sus autoridades debería contribuir a reducir la interferencia política sobre las decisiones monetarias.

Los defensores de la reforma llevaron al debate una interpretación particularmente dura sobre la historia monetaria argentina. Boggiano sostuvo que los gobiernos utilizaron históricamente la inflación como mecanismo de financiamiento y cuestionó que la Carta Orgánica de 2012 haya asignado al Banco Central múltiples objetivos.

Castiñeira, asesor económico del Presidente, planteó una crítica similar y vinculó directamente la utilización de las reservas y la emisión monetaria con el financiamiento de los desequilibrios fiscales. Para ambos economistas, la reforma debe funcionar como una barrera institucional frente a la posibilidad de que futuros gobiernos vuelvan a recurrir al Banco Central para cubrir déficits.

Héctor Rubini llevó la discusión a un terreno comparativo. Según explicó, durante el período 2017-2026 los países de la región con bancos centrales con menor interferencia política —mencionó a Perú, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay— registraron una inflación promedio mensual de 0,4%, frente al 4,2% de Argentina en el mismo período.

La comparación permite colocar la discusión sobre independencia monetaria en un contexto regional. El desafío no consiste solamente en prohibir la emisión destinada al Tesoro, sino en construir una institución con credibilidad suficiente para que los agentes económicos crean que las reglas monetarias no serán modificadas cada vez que cambien las necesidades fiscales o electorales.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, reforzó esa mirada al señalar que una inflación de un dígito no debería ser considerada un resultado extraordinario. Para el economista, una Carta Orgánica que otorgue mayor independencia al Banco Central permitiría reducir el margen de emisión cuando la demanda de pesos no la justifique.

El argumento oficial encuentra, sin embargo, una objeción institucional que quedó expuesta durante el plenario. Falcone planteó que la autoridad monetaria no debería limitarse exclusivamente a la preservación del valor de la moneda y propuso incorporar otros objetivos, en una línea similar al mandato dual de la Reserva Federal estadounidense.

La discusión sobre los objetivos del Banco Central es particularmente relevante porque define qué ocurre cuando estabilidad monetaria, empleo, crecimiento y estabilidad financiera entran en tensión. Una autoridad monetaria con un mandato estrecho tiene mayor claridad sobre su función, pero también menos herramientas para ponderar objetivos económicos diversos. Una con múltiples objetivos dispone de mayor flexibilidad, aunque puede enfrentar mayores dificultades para establecer prioridades y medir responsabilidades.

Falcone también cuestionó que el Congreso intervenga en la remoción de autoridades pero no tenga una participación equivalente en su designación. Su propuesta apunta a que ambas instancias requieran aprobación parlamentaria, una modificación que elevaría el nivel de consenso político necesario para conformar la conducción del organismo.

La controversia, en ese punto, trasciende la discusión entre oficialismo y oposición. La independencia del Banco Central no depende únicamente de impedir la asistencia financiera al Tesoro. También requiere definir quién designa a sus autoridades, cuánto duran sus mandatos, bajo qué circunstancias pueden ser removidas, qué objetivos deben perseguir y cómo rinden cuentas frente a la sociedad.

La experiencia argentina agrega un componente decisivo: la credibilidad. Las recurrentes crisis monetarias, cambios regulatorios y episodios de confiscación de ahorros dejaron una huella profunda sobre las decisiones de hogares y empresas. Por eso, una reforma institucional puede tener efectos económicos concretos solamente si logra modificar expectativas y generar confianza sostenida en las reglas.

Para el Gobierno, la reforma de la Carta Orgánica constituye una pieza complementaria de su estrategia de estabilización. La disciplina fiscal y la eliminación del financiamiento monetario del Tesoro pueden reducir las presiones inflacionarias, pero el resultado de largo plazo dependerá de que esas restricciones sobrevivan a los cambios de administración.

Ese es precisamente el punto donde la reforma puede adquirir impacto social. Una moneda que conserve su valor no es solamente una meta macroeconómica: afecta el poder adquisitivo de los salarios, el valor de los ahorros, el costo del crédito y la capacidad de las empresas para planificar inversiones. Del mismo modo, limitar el financiamiento monetario del déficit puede reducir una fuente histórica de inflación, pero obliga al Estado a resolver sus desequilibrios mediante decisiones fiscales explícitas.

El dictamen conseguido por el oficialismo abre ahora una etapa diferente. La discusión en el recinto deberá determinar si la mayoría construida en comisión se sostiene y, eventualmente, qué modificaciones pueden introducirse al proyecto. El oficialismo ya consiguió el primer objetivo político; el desafío siguiente será transformar una mayoría parlamentaria circunstancial en un consenso institucional suficientemente amplio como para que las reglas del Banco Central no vuelvan a quedar atadas al ciclo electoral.

En última instancia, la reforma busca resolver un problema que Argentina arrastra desde hace décadas: cómo evitar que la autoridad monetaria sea utilizada para financiar desequilibrios fiscales y cómo construir una institución capaz de sostener el valor de la moneda aun cuando las necesidades políticas presionen en sentido contrario. La verdadera prueba de la nueva Carta Orgánica no estará en su aprobación, sino en si consigue sobrevivir al próximo gobierno que enfrente una crisis y tenga incentivos para volver a utilizar al Banco Central como caja.

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Definen en qué podrán invertir los recursos del Fondo de Asistencia Laboral

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El Gobierno nacional estableció el marco de inversión para los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que comenzará a operar el 1° de noviembre y que busca generar un fondo destinado a afrontar las prestaciones vinculadas con las indemnizaciones laborales. La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía delimitó los instrumentos financieros habilitados, fijó topes de concentración y estableció un piso de liquidez para garantizar que los recursos estén disponibles cuando deban utilizarse.

La norma, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que los fondos deberán administrarse bajo los principios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital. El objetivo declarado es doble: conservar el valor de los aportes realizados por los empleadores y asegurar la disponibilidad de recursos para atender las prestaciones previstas por la Ley 27.802.

El esquema acota de manera precisa el menú de inversiones. Los recursos del FAL solo podrán colocarse en títulos de deuda del Estado nacional, valores negociables de deuda emitidos por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables emitidas por empresas privadas en la Argentina.

Para la deuda provincial y porteña y las obligaciones negociables privadas, Economía estableció además un filtro de calidad crediticia. Los instrumentos deberán contar con autorización de oferta pública, negociarse en mercados habilitados por la Comisión Nacional de Valores y tener una calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante el organismo.

La resolución también habilita instrumentos con distintas modalidades de rendimiento. Podrán integrar las carteras activos a tasa fija, vinculados a la TAMAR, ajustados por CER o asociados a la evolución del tipo de cambio. También podrán incorporarse Bonos Duales, siempre que combinen alguna de estas alternativas de rendimiento.

El punto central del nuevo esquema está en los límites de concentración. Los depósitos colocados en una misma entidad financiera y sus vinculadas no podrán superar el 15% del patrimonio total del FAL. Para los títulos de deuda de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el techo será del 15% en conjunto y del 5% por cada jurisdicción.

En el caso de las obligaciones negociables, la exposición podrá alcanzar como máximo el 20% del patrimonio del fondo en forma agregada, mientras que el límite por emisor y sus empresas vinculadas será del 10%. A su vez, los instrumentos cuyo rendimiento esté vinculado total o parcialmente a la evolución del tipo de cambio tendrán un tope específico del 10% del patrimonio.

La regulación incorpora además una barrera contra posibles conflictos de interés. Las entidades habilitadas para administrar los recursos del FAL no podrán invertirlos en depósitos ni en valores negociables emitidos por ellas mismas, sus controlantes, controladas o vinculadas. La única excepción son los depósitos a la vista destinados a operaciones de carácter operativo y transitorio.

Otro de los mecanismos destinados a preservar la capacidad de pago es el requisito de liquidez mínima. Las entidades deberán mantener como mínimo el 10% del patrimonio total del FAL en activos considerados de alta liquidez y bajo riesgo de mercado. La norma permite computar para ese porcentaje depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo precancelables o con vencimiento remanente de hasta 30 días y Letras del Tesoro Nacional en pesos, a tasa fija o ajustadas por CER, con vencimiento remanente de hasta 90 días.

El requisito de liquidez está pensado para acompañar el momento en que los fondos deban transformarse en prestaciones. Si el porcentaje cae por debajo del 10% como consecuencia del pago de beneficios, la entidad administradora tendrá un plazo de 90 días corridos para recomponer el nivel mínimo.

La norma también establece que los activos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos. En el caso de los valores negociables, deberán ser emitidos y negociarse en mercados autorizados de la Argentina. De esta manera, el diseño busca mantener los recursos dentro del circuito financiero local y bajo el marco regulatorio establecido por la normativa del FAL.

Economía contempló además qué sucede si un instrumento pierde posteriormente la calificación crediticia exigida. En ese supuesto, podrá permanecer en cartera hasta su vencimiento o ser vendido de manera ordenada dentro de un plazo máximo de 180 días corridos. Mientras subsista el incumplimiento, la entidad no podrá adquirir nuevos instrumentos del mismo emisor.

La Comisión Nacional de Valores tendrá ahora un papel operativo relevante. El organismo dispondrá de 45 días desde la entrada en vigencia de la resolución para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar el régimen de inversiones.

El FAL comenzará a regir el 1° de noviembre bajo un esquema obligatorio para los empleadores privados. Según el diseño establecido por la Ley 27.802 y su reglamentación, los fondos tendrán como finalidad asistir al cumplimiento de las prestaciones laborales previstas por el nuevo régimen. Los recursos serán inembargables y cada empresa será titular de su propio fondo.

El financiamiento del mecanismo se realizará mediante una reasignación de contribuciones patronales vigentes, de acuerdo con el esquema previsto para el FAL: una alícuota del 2,5% de la remuneración mensual para las pymes y del 1% para las grandes empresas. Por lo tanto, el Gobierno sostiene que el nuevo fondo no representa un incremento adicional de la carga patronal, sino una modificación en el destino de parte de los recursos existentes.

La arquitectura financiera definida por Economía apunta así a resolver uno de los principales desafíos del sistema: que el fondo pueda obtener rendimiento sin comprometer su capacidad para responder cuando aparezca una obligación laboral. La combinación de activos elegibles acotados, límites por emisor, requisitos de calificación y un mínimo de liquidez busca reducir el riesgo de que la búsqueda de rentabilidad termine afectando la disponibilidad del dinero destinado a las prestaciones.

En términos prácticos, el éxito del esquema dependerá de que esa disciplina de inversión se traduzca en fondos efectivamente disponibles cuando corresponda afrontar las obligaciones laborales. La regulación establece ahora las reglas financieras; el próximo paso será la implementación operativa por parte de las entidades habilitadas y la reglamentación complementaria que deberá emitir la CNV.

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Economía recompra al BCRA USD 781 millones de Letras intransferibles

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El Gobierno nacional dispuso una nueva operación de recompra de Letras Intransferibles en dólares estadounidenses que están en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por un valor efectivo de USD 781,47 millones, en una maniobra orientada a avanzar en la cancelación de estos instrumentos y reducir su peso dentro de los registros de deuda pública.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial. La operación se encuadra en el mecanismo habilitado por el Decreto 453/2025, que autorizó a ambas dependencias del Ministerio de Economía a continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles que permanecen en cartera del BCRA.

El esquema establece que las Letras deben ser tomadas siguiendo el orden cronológico de sus vencimientos, comenzando por las de vencimiento más cercano. En este caso, la operación comprende dos instrumentos: una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento el 30 de junio de 2031 y otra con vencimiento el 20 de abril de 2032.

Para la Letra que vence en 2031, el Gobierno fijó un valor nominal original de USD 76,25 millones y un precio de USD 64,363467 por cada USD 100 de valor nominal. El segundo instrumento, con vencimiento en 2032, posee un valor nominal original de USD 1.226,34 millones y será adquirido a un precio de USD 59,721453 por cada USD 100 de valor nominal.

La diferencia entre el valor nominal de los títulos y el monto efectivo desembolsado constituye uno de los aspectos centrales de la operación. En conjunto, el Gobierno utilizará USD 781,47 millones de valor efectivo para cancelar instrumentos cuyo valor nominal original supera los USD 1.300 millones. Los valores efectivos serán redondeados al entero más cercano y la operación quedó liquidada el lunes 10 de agosto.

El punto relevante para las cuentas públicas es que los títulos recibidos por el Tesoro serán dados de baja de los registros de la deuda pública. De esta manera, la operación no se limita a modificar la composición de los activos y pasivos entre el Tesoro y el BCRA, sino que implica una reducción efectiva del stock de deuda registrado por el Estado nacional.

Las Letras Intransferibles constituyen un instrumento utilizado históricamente para documentar el financiamiento del Tesoro al Banco Central y permanecen en la cartera del organismo monetario. La estrategia adoptada por la actual administración busca avanzar en su cancelación mediante operaciones de administración de pasivos, utilizando los mecanismos habilitados por la normativa presupuestaria y financiera.

El artículo 55 de la Ley 11.672 faculta a las Secretarías de Hacienda y Finanzas a realizar operaciones de administración de pasivos, incluyendo compras, ventas y canjes de instrumentos financieros. El Decreto 453/2025 amplió específicamente el marco para continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles en poder del BCRA, utilizando recursos provenientes de organismos internacionales de crédito u otras fuentes que determinen ambas secretarías.

La operación también muestra una particularidad financiera relevante: el Gobierno no está recomprando estos títulos a su valor nominal, sino utilizando precios determinados sobre la base de los valores considerados para la transacción. Esto permite cancelar un volumen nominal superior al desembolso efectivo realizado, aunque el efecto final debe analizarse dentro del conjunto de activos, pasivos y relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

Desde la perspectiva de las cuentas públicas, la medida apunta a simplificar la estructura de deuda y continuar con el proceso de saneamiento de los instrumentos que vinculan al Tesoro con el BCRA. Para el mercado, el dato más concreto es la baja de deuda pública por los títulos adquiridos, en un contexto en el que la administración económica busca utilizar operaciones de manejo de pasivos para modificar la composición y el perfil de las obligaciones del Estado.

La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y entró en vigencia el mismo día de su dictado.

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Reservas, tasas y empleo en EE.UU.: las claves que marcaron la semana financiera

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La semana económica y financiera estuvo atravesada por cuatro variables con impacto directo sobre las expectativas de los mercados: la evolución del empleo y el comercio exterior de Estados Unidos, la postura de la Reserva Federal, la acumulación de reservas internacionales en Argentina y el comportamiento de las tasas de interés locales, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El mercado laboral estadounidense continúa mostrando señales de estabilidad. Los últimos datos de la encuesta Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), correspondientes a junio, registraron 7,4 millones de vacantes, apenas por debajo de los 7,5 millones de mayo. Las contrataciones y las desvinculaciones, en tanto, permanecieron prácticamente sin cambios.

Para Argentina, el dato central de la semana estuvo en las reservas internacionales. Las reservas brutas del Banco Central superaron los US$50.000 millones, alcanzando el nivel más elevado de los últimos siete años. La recuperación constituye una señal relevante sobre la posición financiera externa del país, dado que las reservas funcionan como respaldo para el mercado cambiario y para el cumplimiento de compromisos externos.

El mercado laboral de Estados Unidos continúa mostrando estabilidad

Los últimos datos de la encuesta Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) correspondientes a junio muestran que el mercado laboral estadounidense continúa exhibiendo un comportamiento estable. Las vacantes laborales de junio se ubicaron en 7,4 millones, apenas por debajo de los 7,5 millones registrados en mayo, mientras que las contrataciones y las desvinculaciones permanecieron prácticamente sin cambios.

La estabilidad de estos indicadores sugiere que el mercado laboral continúa normalizándose de manera gradual, sin evidenciar un deterioro significativo del empleo en los Estados Unidos. Para la Reserva Federal, este comportamiento resulta consistente con una economía que mantiene dinamismo, aunque con menores presiones sobre el mercado laboral que las observadas durante los últimos años. En este contexto, los próximos datos de empleo e inflación continuarán siendo determinantes para la trayectoria futura de la política monetaria.


El comercio exterior continúa condicionando el crecimiento económico en Estados Unidos

Los últimos datos del comercio exterior mostraron que el déficit comercial de Estados Unidos se redujo levemente durante junio, luego del incremento registrado en mayo. La disminución respondió principalmente a una caída de las importaciones, superior a la observada en las exportaciones, aunque el saldo comercial continúa ubicándose en niveles elevados.

La evolución del sector externo cobró especial relevancia tras la publicación del Producto Bruto Interno correspondiente al segundo trimestre de 2026. La economía estadounidense creció a una tasa anualizada del 1,5%, por debajo del 2,1% esperado por el mercado y del crecimiento registrado en el trimestre anterior. Parte de esta moderación respondió al aporte negativo del comercio exterior, mientras que el consumo privado y la inversión empresarial —especialmente la vinculada al desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial— continuaron mostrando un desempeño sólido.

En este contexto, la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa. En materia de política monetaria, la autoridad monetaria estadounidense mantuvo sin cambios el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre 3,50% y 3,75%, en línea con lo esperado por el mercado. No obstante, la votación volvió a mostrar diferencias dentro del Comité Federal de Mercado Abierto, reflejando que persiste el debate sobre la necesidad de nuevos ajustes para asegurar la convergencia de la inflación hacia el objetivo del 2%.


Argentina: las reservas internacionales superan los USD 50.000 millones

Las reservas internacionales brutas del Banco Central superaron esta semana los USD 50.000 millones, alcanzando el nivel más elevado de los últimos siete años. La evolución de las reservas constituye uno de los principales indicadores de la posición financiera externa del país, ya que respaldan el funcionamiento del mercado cambiario y contribuyen al cumplimiento de obligaciones externas.

No obstante, las reservas brutas incluyen distintos componentes que no se encuentran íntegramente disponibles para su utilización. Entre ellos se destacan los depósitos en moneda extranjera del sector privado, los encajes bancarios, los préstamos de organismos internacionales y el tramo activado del swap de monedas con el Banco Popular de China, renovado esta semana. 

En este contexto, la acumulación de reservas continúa siendo uno de los principales compromisos asumidos por Argentina en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dado que fortalece la posición externa del país y contribuye a mejorar la percepción de riesgo de los inversores.


Tasas de interés y financiamiento en pesos

Las condiciones financieras locales continuaron mostrando relativa estabilidad durante julio y comienzos de agosto, en un contexto de desaceleración de la inflación y expectativas moderadas sobre la evolución de las tasas de interés. Al 4 de agosto, la TAMAR se ubicó en 23,13% nominal anual, mientras que la BADLAR de bancos privados alcanzó el 22,31% nominal anual. Ambas tasas constituyen referencias relevantes para evaluar las condiciones de financiamiento en pesos y las expectativas del mercado sobre la política monetaria.

La TAMAR refleja el costo de los depósitos mayoristas de entre 30 y 35 días realizados por grandes inversores, mientras que la BADLAR mide el rendimiento promedio de los depósitos a plazo fijo superiores a un millón de pesos. Debido a que ambas tasas sirven como referencia para distintos instrumentos financieros y operaciones de crédito, su evolución permite seguir de cerca las condiciones de liquidez y financiamiento de la economía. Por su parte, la curva de instrumentos a tasa fija y la de títulos ajustados por CER continuaron reflejando un escenario de tasas reales positivas, consistente con una inflación en desaceleración y expectativas relativamente estables.

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