Banco Central

Cuáles son los factores que explican el aumento de la morosidad según el Banco Nación

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La morosidad de las familias todavía no puede considerarse un problema resuelto. Esa es una de las principales conclusiones de un trabajo del Banco Nación elaborado a partir del cruce de microdatos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU) y del padrón fiscal, que detectó tres factores centrales para explicar el salto de la irregularidad registrado desde mediados de 2024.

El diagnóstico del BNA introduce un matiz relevante frente a las señales de estabilización que comenzaron a observarse en el sistema financiero. La entidad reconoce que existen indicadores compatibles con una desaceleración del deterioro, pero advierte que los niveles de irregularidad permanecen elevados y que todavía no hay evidencia suficiente para afirmar que la normalización de la cartera se encuentre consolidada.

El primer factor identificado es la maduración del ciclo crediticio. Entre mediados de 2024 y buena parte de 2025, el crédito al sector privado se expandió con rapidez. Esa dinámica incorporó a más personas al sistema financiero y elevó el nivel de apalancamiento de los hogares. Para el Banco Nación, el incremento posterior de los atrasos resulta consistente con la evolución esperable de una cartera que había crecido en un período relativamente corto.

El segundo elemento aparece en la cantidad de entidades financieras con las que se relaciona cada deudor. El estudio encontró una relación directa entre la multiplicidad de vínculos crediticios y la probabilidad de incumplimiento. La tasa pasa del 21,9% entre quienes mantienen una sola relación crediticia al 57,6% entre quienes operan con diez o más entidades.

El BNA aclara que se trata de un segmento acotado, pero con un riesgo creciente. La cantidad de relaciones financieras funciona así como una señal para identificar hogares con mayor exposición al endeudamiento y, por lo tanto, con menor margen para absorber shocks sobre sus ingresos o sobre el costo de financiamiento.

El tercer factor es la carga financiera sobre los ingresos disponibles. El informe señala que la recuperación de los salarios reales no se trasladó en la misma proporción al ingreso disponible de las familias. El aumento de otros gastos relativamente inflexibles redujo el margen con el que los hogares podían afrontar obligaciones financieras crecientes.

A ese escenario se sumó posteriormente un aumento de las tasas de interés durante el segundo semestre de 2025. Para el Banco Nación, la combinación entre menor ingreso disponible y mayor costo financiero amplificó el deterioro de la capacidad de pago, tanto entre los clientes de entidades financieras como entre los usuarios de proveedores no financieros.

La secuencia resulta relevante porque muestra que la morosidad no puede explicarse únicamente por el nivel de las tasas. El problema aparece como el resultado de una combinación entre cuánto crédito se tomó, cuántas relaciones financieras acumula un hogar y qué proporción de sus ingresos queda disponible después de cubrir sus gastos y compromisos.

Las señales de alivio

El informe también identifica algunos indicadores que podrían anticipar una moderación del deterioro durante el cierre de 2026. Entre ellos aparece la estabilización de la frecuencia con la que los deudores empeoran su situación crediticia, junto con una mayor utilización de mecanismos de refinanciación de tarjetas y otras deudas.

Para el Banco Nación, la evolución de esos indicadores es compatible con una desaceleración en la velocidad de deterioro. También observa cierta estabilización de variables vinculadas con la carga financiera de los hogares. Sin embargo, la entidad evita convertir esas señales en una conclusión definitiva.

El monitoreo durante el segundo semestre estará concentrado especialmente en la cartera de familias, los usuarios de proveedores no financieros, los deudores jóvenes, quienes mantienen múltiples relaciones crediticias y la evolución de las refinanciaciones.

El punto de fondo es la calidad de la recuperación crediticia. Una expansión del financiamiento puede impulsar el consumo y ampliar el acceso de los hogares a bienes y servicios, pero si el crecimiento del crédito supera la capacidad de generación de ingresos disponibles, el deterioro aparece con rezago. Por eso, para el sistema financiero, la señal relevante hacia adelante no será solamente cuánto crédito vuelve a crecer, sino cuánto de ese crédito puede sostenerse sin transformar el refinanciamiento en una nueva fuente de fragilidad.

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El REM proyecta un récord histórico para el superávit comercial argentino

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Las expectativas sobre el frente externo argentino dieron un giro significativo durante 2026. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central elevó a US$ 25.034 millones la proyección de superávit comercial para este año, un nivel que, de concretarse, marcaría el mayor saldo positivo de la historia.

Las expectativas para el saldo comercial argentino mejoraron sustancialmente durante 2026 y el REM de agosto proyecta un superávit de US$ 25.034 millones

Las expectativas del mercado para el comercio exterior argentino mostraron una mejora sostenida a lo largo de 2026. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), en diciembre de 2025 se proyectaba para este año un superávit comercial de US$ 10.965 millones, mientras que en el relevamiento de agosto la estimación ascendió a US$ 25.034 millones.

La revisión responde tanto a una mejora en las expectativas de exportaciones como a una reducción de las importaciones proyectadas. Entre los relevamientos de diciembre y agosto, la estimación de exportaciones para 2026 pasó de US$ 91.407 millones a US$ 100.895 millones, mientras que las importaciones esperadas se redujeron de US$ 80.442 millones a US$ 75.861 millones. Como resultado, la proyección de superávit aumentó en más de US$ 14.000 millones durante ese período.

La proyección de saldo comercial externo para 2026 sería un récord histórico

La mejora en las expectativas para el comercio exterior cobra mayor relevancia al comparar la proyección actual con los resultados históricos. De concretarse la estimación de un superávit comercial de US$ 25.034 millones, el saldo de 2026 sería un récord histórico.

La proyección superaría los US$ 18.928 millones registrados en 2024, hasta ahora el valor más elevado de la historia, y se ubicaría aproximadamente 32% por encima de aquel resultado. Asimismo, más que duplicaría el superávit de US$ 11.320 millones registrado en 2025.

Vale destacar que, hasta el momento, el saldo comercial entre enero y julio de 2026 alcanza un resultado positivo de USD 16.079 millones, con exportaciones por USD 58.365 millones e importaciones por USD 42.286 millones. Es decir, el saldo acumulado ya supera ampliamente lo esperado por el REM-BCRA hacia abril de este año.

Las expectativas de inflación del mercado comienzan a converger con los datos observados

Durante los primeros meses de 2026, las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) se ubicaron por debajo de la inflación posteriormente informada por el INDEC. La mayor diferencia se observó en marzo, cuando la mediana del relevamiento proyectaba una variación mensual del 3,0%, mientras que el IPC registró un incremento del 3,6%.

A partir de abril, los desvíos comenzaron a reducirse. En dicho mes, el REM estimó una inflación del 2,6%, frente al 2,8% efectivo, mientras que en mayo y junio las proyecciones se ubicaron por encima del dato observado. En junio, la mediana esperaba una variación del 2,0%, frente a una inflación efectiva del 1,6%.

En julio, la diferencia volvió a ser acotada: el REM proyectaba una inflación mensual del 2,0%, mientras que el IPC finalmente registró una variación del 2,1%. Así, luego de los mayores desvíos observados durante los primeros meses del año, las expectativas comenzaron a mostrar una mayor proximidad con los registros efectivos.

Esta tendencia se profundizó en agosto. La inflación mensual se ubicó en 1,7%, coincidiendo con la estimación realizada previamente por el REM para ese mes. Además, el registro implicó una desaceleración respecto del 2,1% de julio y se ubicó en el nivel más bajo desde junio de 2025. Por primera vez en lo que va de 2026, la mediana del REM coincidió exactamente con la inflación mensual posteriormente observada.

A nivel internacional, el mercado laboral estadounidense mostró una mejora en agosto

El mercado laboral de Estados Unidos mostró una recuperación durante agosto, con la creación de 162.000 nuevos empleos no agrícolas, luego de los aumentos de 31.000 y 21.000 puestos registrados en junio y julio, respectivamente. Por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%, mientras que la participación laboral aumentó de 61,4% a 61,6%.

La mejora en la creación de empleo volvió a mostrar la resiliencia del mercado laboral estadounidense y reforzó la atención sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal. En un contexto en el que la inflación continúa por encima del objetivo del organismo, la resiliencia del mercado laboral podría otorgar a la Reserva Federal un mayor margen para mantener una postura monetaria restrictiva, por lo que los próximos datos de empleo e inflación serán determinantes para la trayectoria de las tasas de interés.

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Senado: Milei avanza con la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II

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El Gobierno consiguió este miércoles un avance parlamentario clave para su programa económico: el Senado otorgó respaldo en comisión a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y al proyecto conocido como Inocencia Fiscal II. La Libertad Avanza buscará convertir ambas iniciativas en ley el jueves 17 de septiembre, antes de que la Cámara de Diputados comience a discutir el Presupuesto 2027.

El resultado representa un activo político para la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, después del traspié sufrido durante la misma jornada, cuando debió suspenderse la sesión prevista para este jueves en la que iba a tratarse la reforma del régimen de biocombustibles.

El oficialismo consiguió reunir el respaldo de bloques aliados para obtener dictamen sobre la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. En el caso de Inocencia Fiscal II, al cierre del debate restaba una firma para completar el despacho de mayoría.

Bullrich apunta ahora a convocar una sesión que incluya ambos proyectos económicos, el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires y la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto.

El calendario tiene una razón política y económica. El Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 el 15 de septiembre, por lo que el oficialismo pretende llegar a ese debate con dos reformas consideradas estructurales para su programa económico ya encaminadas.

Un Banco Central con menos margen para financiar al Estado

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA plantea redefinir las prioridades de la autoridad monetaria. El objetivo central que propone el Gobierno es la preservación del valor de la moneda y, en paralelo, una limitación a la posibilidad de que el Banco Central financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

La iniciativa avanzó después de las exposiciones del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. El dictamen fue tratado en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión, presididas por el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde.

La lógica oficial detrás de la reforma apunta directamente a uno de los ejes del programa de Javier Milei: reducir el vínculo entre emisión monetaria y financiamiento del déficit fiscal.

El proyecto también propone eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas. Desde la perspectiva del Gobierno, esas herramientas exceden las funciones esenciales de una autoridad monetaria y desvían al BCRA de su objetivo principal.

La discusión, en términos económicos, no se limita a modificar artículos de una carta orgánica. Define qué margen tendrá el Banco Central para intervenir en la economía y cuál será su relación institucional con el Tesoro y los distintos niveles del Estado.

Durante el debate, Bullrich defendió la reforma bajo una premisa que sintetiza la posición oficial: “cuidar el valor de la moneda”.

Inocencia Fiscal II: el intento de formalizar dólares

El segundo proyecto que consiguió avanzar apunta a otro problema central de la estrategia económica oficial: cómo incorporar al circuito formal recursos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero y tributario.

Inocencia Fiscal II busca ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y facilitar la incorporación de fondos al circuito formal. Entre los cambios propuestos aparece la eliminación de los topes actualmente establecidos para acceder al régimen simplificado.

La iniciativa modifica además el criterio de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede impugnar una declaración simplificada.

De acuerdo con el proyecto, una diferencia será considerada significativa cuando implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

El debate tuvo como expositores al contador especializado en Derecho Tributario Martín Caranta y al abogado especializado en Derecho Tributario Juan Martín Jovanovich.

El objetivo económico del Gobierno es generar condiciones para que capitales actualmente fuera del circuito formal puedan ingresar al sistema. El desafío político estará en construir un equilibrio entre simplificación tributaria, formalización y capacidad de control del Estado.

El tercer componente: incentivos para inversiones de más de US$12 millones

En paralelo al avance de las dos iniciativas del Ejecutivo, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, PYMES y Legislación General dio dictamen favorable al proyecto del senador Eduardo “Peteco” Vischi para crear el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR).

La propuesta está dirigida a compañías medianas del tramo 2 que realicen inversiones superiores a US$12 millones. El régimen se concentra exclusivamente en bienes muebles nuevos y obras productivas y excluye los activos financieros.

Entre los incentivos contemplados aparecen la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA, además de mecanismos orientados a promover inversiones vinculadas con tecnología agropecuaria y energética.

El esquema propone beneficios progresivos según el tamaño de la empresa, desde microemprendimientos hasta grandes compañías.

A diferencia de la reforma del BCRA, que busca modificar las reglas de funcionamiento de la política monetaria, y de Inocencia Fiscal II, que apunta a facilitar la formalización de capitales, el RIIR coloca el foco en la inversión productiva.

Los tres movimientos conforman, desde perspectivas diferentes, una misma discusión económica: qué condiciones institucionales y fiscales pueden favorecer la estabilidad monetaria, la formalización del ahorro y la transformación de capital en inversión.

La batalla que sigue será en el recinto

El dictamen no equivale todavía a la sanción de las reformas. La Libertad Avanza deberá ahora construir las mayorías necesarias para llevarlas al recinto y convertirlas en ley.

El resultado en comisiones, sin embargo, muestra que el oficialismo logró recomponer capacidad de negociación después de no poder sostener la sesión sobre biocombustibles. La estrategia de Bullrich será concentrar el debate económico el 17 de septiembre y aprovechar el momento parlamentario previo a la discusión del Presupuesto 2027.

La reforma del BCRA representa una apuesta por consolidar un esquema monetario con menor asistencia al financiamiento estatal. Inocencia Fiscal II busca reducir barreras para que recursos no formalizados ingresen al circuito económico. El RIIR, por su parte, intenta que parte de los incentivos fiscales se traduzcan en activos productivos, tecnología y obras.

El resultado de esta agenda no se medirá únicamente por la aprobación legislativa. Su impacto dependerá de cómo esas nuevas reglas modifiquen las decisiones de ahorro, financiamiento e inversión de empresas y familias.

En el corto plazo, el oficialismo busca una victoria parlamentaria antes del Presupuesto. En el mediano plazo, la apuesta es más profunda: consolidar un marco económico en el que la estabilidad monetaria, la formalización de capitales y la inversión productiva funcionen como piezas de una misma arquitectura.

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El BCRA admite que la expansión del crédito trae más mora y pide prudencia

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reconoció que la expansión del crédito que atraviesa la economía también genera un aumento de la morosidad y planteó que el desafío ahora consiste en administrar ese crecimiento con mejores herramientas de evaluación y regulación. La definición fue publicada en un artículo firmado por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director de la autoridad monetaria.

Bajo el título “Hacia una sociedad de propietarios”, Curutchet recorrió la evolución reciente del crédito al sector privado y sostuvo que la Argentina viene de décadas en las que el financiamiento bancario ocupó un lugar marginal. Para el funcionario, la recuperación de la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal permitió revertir parcialmente esa dinámica y ampliar el acceso al financiamiento.

El problema que aparece ahora es distinto. Después de años en los que el principal obstáculo fue la ausencia de crédito, el sistema debe afrontar los riesgos propios de una mayor intermediación financiera. Entre ellos, la posibilidad de que una parte de los nuevos tomadores no pueda cumplir con sus obligaciones.

El crédito vuelve, pero la mora expone el costo del proceso

Según los datos citados por Curutchet, el crédito al sector privado alcanzó en julio niveles equivalentes al 9,2% del PIB cuando se consideran los préstamos en pesos y al 12,5% al incorporar los créditos en moneda extranjera.

El crecimiento es significativo respecto del punto de partida, pero todavía deja a la Argentina muy por debajo de otras economías de la región. De acuerdo con datos del Banco Mundial correspondientes a 2024, el crédito al sector privado representaba el 40% del PIB en Perú, el 76% en Brasil y el 104% en Chile.

La brecha también resulta evidente en el mercado hipotecario. El crédito destinado a vivienda supera apenas el 1% del PIB argentino, frente a alrededor del 27% en Chile y el 50% en Estados Unidos.

El diagnóstico del BCRA parte de una premisa: la escasez de financiamiento no fue solamente consecuencia de una baja demanda de préstamos, sino también de un esquema macroeconómico que durante años limitó la capacidad del sistema financiero para canalizar ahorro hacia familias y empresas.

Curutchet atribuyó ese proceso principalmente al déficit fiscal crónico y describió un mecanismo de desplazamiento del sector privado conocido como crowding out. Según su explicación, cuando el Estado absorbe una porción elevada de los recursos disponibles para financiar sus necesidades, los bancos tienen menos incentivos y posibilidades para dirigir esos fondos hacia viviendas, inversiones y empresas.

Juan Curutchet, director del BCRA y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias

La recuperación hipotecaria cambia la dimensión del mercado

La recuperación del crédito también empieza a modificar el acceso a la vivienda. Desde 2024 y hasta el primer semestre del año en curso, cerca de 65.000 familias accedieron a un crédito hipotecario, según los datos mencionados por el funcionario.

A esa dinámica se suma una medida reciente del Gobierno basada en fondos de la ANSES para ampliar el financiamiento hipotecario. Curutchet estimó que esa herramienta permitirá que otras 20.000 familias accedan a créditos.

La importancia económica del proceso excede la posibilidad de comprar una vivienda. Una hipoteca a largo plazo transforma ingresos futuros en un activo patrimonial y puede convertir al sistema financiero en un canal de acumulación de capital para la clase media.

Esa es la lógica que el funcionario sintetizó bajo el concepto de “sociedad de propietarios”: una familia que paga durante años una hipoteca no solamente resuelve una necesidad habitacional, sino que construye un patrimonio que eventualmente puede conservar, vender, alquilar o transferir.

Pero ese mecanismo funciona solamente si el crédito resulta sostenible. La expansión de préstamos no garantiza por sí misma una mejora patrimonial si las cuotas terminan superando la capacidad de pago de los hogares.

El desafío que plantea la morosidad

El punto más relevante del documento del BCRA aparece precisamente en esa tensión. Curutchet reconoció que la expansión del crédito “trae desafíos” y ubicó a la mora entre los principales.

“Habrá mora y errores al prestar y endeudarse”, sostuvo, al plantear que bancos, empresas y familias deberán “reaprender a administrar el riesgo”.

La advertencia tiene una lectura doble. Para las entidades financieras implica mejorar la evaluación de los solicitantes y la calidad de las decisiones de crédito. Para los hogares, supone evaluar la capacidad real de pago antes de asumir compromisos que pueden extenderse durante años.

El funcionario también señaló la necesidad de evitar el sobreendeudamiento y reclamó prudencia, profesionalismo y buena regulación. La cuestión deja así de ser exclusivamente bancaria: el crecimiento del crédito requiere que el sistema pueda distinguir entre una expansión saludable del financiamiento y una acumulación de obligaciones que posteriormente se transforma en mora.

En términos económicos, la mora es una señal de que la recuperación del crédito tiene un costo de aprendizaje. Después de un período prolongado de baja intermediación, tanto prestamistas como tomadores deben adaptarse nuevamente a un mercado donde el financiamiento vuelve a ocupar un lugar relevante.

El objetivo es que el crédito se convierta en inversión

La apuesta del BCRA es que el proceso genere un círculo de mayor intermediación financiera. Más ahorro permitiría ampliar el crédito; más crédito podría financiar inversión y vivienda; una mayor inversión debería contribuir a elevar el capital y la productividad.

El punto crítico consiste en que esa cadena necesita estabilidad para sostenerse. Si los hogares se sobreendeudan o las entidades relajan demasiado sus criterios de evaluación para capturar el crecimiento del mercado, la expansión puede generar un incremento de la mora que termine frenando el propio proceso.

Por eso, el desafío de esta nueva etapa no pasa únicamente por aumentar el volumen de préstamos. También exige construir condiciones para que esos créditos puedan ser pagados, refinanciados cuando corresponda y utilizados para financiar activos e inversiones que mejoren la capacidad económica de quienes los toman.

La Argentina todavía parte de niveles de crédito excepcionalmente bajos frente a otras economías de la región. Esa distancia muestra el potencial de crecimiento, pero también explica por qué la recuperación puede generar tensiones que no aparecían cuando el sistema prácticamente no financiaba a las familias.

La definición del BCRA instala así una discusión que va más allá de la estadística de morosidad. El desafío consiste en transformar la recuperación del crédito en una herramienta de acumulación patrimonial e inversión sin repetir los ciclos de endeudamiento insostenible.

Si el sistema logra combinar estabilidad macroeconómica, evaluación crediticia, regulación y capacidad de pago, la expansión puede convertirse en una plataforma para aumentar la inversión y el patrimonio de los hogares. Si la velocidad del crédito supera esas capacidades, la mora puede convertirse en el límite de la recuperación.

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El Gobierno licitó $200.000 millones del FGS para ampliar el crédito hipotecario

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El Gobierno puso en marcha el mecanismo financiero con el que busca ampliar la oferta del crédito hipotecario para las familias que buscan acceder a una primera vivienda. En la primera licitación de fondos del esquema participaron 18 bancos, se presentaron 42 posturas y finalmente 13 entidades resultaron adjudicatarias de un total de $200.000 millones.

La subasta, instrumentada por la ANSES y comunicada por el Banco Central (BCRA), recibió ofertas por $258.640 millones. La diferencia entre el monto ofertado y el adjudicado muestra que existió demanda de fondeo por encima del volumen previsto para este primer tramo.

El mecanismo forma parte del programa anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla movilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) mediante sucesivas licitaciones. El objetivo es que ese fondeo de mayor plazo permita a los bancos ampliar la cantidad de préstamos hipotecarios disponibles para las familias.

Cómo se distribuyeron los primeros $200.000 millones

El primer llamado quedó dividido en dos tramos con diferentes plazos y condiciones financieras. El primero tiene un plazo de un año y concentró $35.570.677.389, con una tasa equivalente a UVA más un spread promedio ponderado de 2,67%.

El segundo tramo, de mayor volumen, alcanza $164.429.322.611 y tiene un plazo de cinco años, con una tasa UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%.

La estructura permite extender el horizonte del fondeo bancario, un factor relevante para un mercado hipotecario en el que los préstamos se otorgan a plazos mucho más extensos que los instrumentos tradicionales de financiamiento.

Cada entidad financiera puede ofertar hasta el 20% del monto total de cada subasta. El esquema busca, de ese modo, distribuir el fondeo entre distintos participantes y evitar que una sola entidad concentre una porción excesiva de los recursos disponibles.

El resultado de esta primera licitación deja una señal sobre el interés del sistema financiero: las ofertas superaron en $58.640 millones el monto finalmente adjudicado. Ahora el punto central será determinar en qué medida ese fondeo se traduce en nuevos créditos para los hogares.

El FGS aporta liquidez, pero el banco asume el riesgo

Uno de los aspectos centrales del programa es la separación entre el fondeo y el riesgo crediticio. El Gobierno plantea que el FGS no será quien evalúe a los tomadores de los préstamos ni asumirá las consecuencias de eventuales incumplimientos.

La evaluación crediticia seguirá en manos de cada banco. Las entidades deberán analizar los ingresos, capacidad de pago y demás condiciones de cada solicitante antes de otorgar el préstamo hipotecario.

Caputo había explicado el criterio al presentar el programa: el FGS funciona como proveedor de liquidez para las entidades financieras, mientras que los bancos conservan la responsabilidad sobre la decisión de prestar y el riesgo asociado a cada operación.

La distinción resulta relevante para entender el alcance del esquema. El Estado no está otorgando directamente los créditos hipotecarios ni garantizando el repago de cada familia. Su intervención se concentra en facilitar a los bancos un fondeo de mayor plazo que pueda ampliar su capacidad de originación.

El desafío: que el fondeo llegue a la primera vivienda

El éxito de la política no se medirá únicamente por el volumen adjudicado en las licitaciones. La variable decisiva será la cantidad y las condiciones de los nuevos créditos hipotecarios que finalmente lleguen a las familias.

El programa parte de una restricción concreta: los bancos necesitan contar con instrumentos de financiamiento compatibles con préstamos hipotecarios de largo plazo. Al aportar liquidez mediante el FGS, el Gobierno busca reducir esa limitación y generar condiciones para que las entidades aumenten su oferta.

La primera licitación constituye, en ese sentido, el inicio de un proceso y no el resultado final. Los $200.000 millones adjudicados representan el primer tramo de un esquema que podría movilizar hasta $2 billones mediante sucesivas subastas.

También será determinante cómo se traslade el costo del fondeo a los créditos que ofrezcan los bancos. Las tasas adjudicadas, expresadas como UVA más un spread, forman parte de la estructura financiera que deberán considerar las entidades al diseñar sus productos hipotecarios.

Para las familias, la cuestión central estará en las condiciones concretas de acceso: monto financiable, plazo, tasa, relación entre cuota e ingresos y requisitos de calificación. Allí se definirá si una mayor disponibilidad de liquidez bancaria efectivamente amplía el universo de hogares que puede acceder a una primera vivienda.

La primera subasta deja así dos datos relevantes para el mercado hipotecario: hubo ofertas bancarias por encima del monto disponible y el Gobierno ya adjudicó los primeros $200.000 millones. El desafío siguiente será convertir ese fondeo en crédito efectivo y, a través de sucesivas licitaciones, construir una oferta hipotecaria de mayor escala y plazo.

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