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El Banco Mundial prevé que el crecimiento argentino se modere al 4% en 2026 por la incertidumbre política

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El Banco Mundial proyectó que la economía argentina crecerá un 4% en 2026 y mantendrá ese ritmo en 2027, una moderación frente al 4,6% estimado para 2025, en un contexto marcado por la incertidumbre política interna y episodios de presión cambiaria. La previsión surge del informe Perspectivas Económicas Mundiales, publicado en enero, que analiza la evolución macroeconómica global y regional.

Según el organismo, la desaceleración responde principalmente a factores domésticos que afectaron las condiciones financieras hacia fines del año pasado, aunque Argentina seguirá ubicada entre las economías de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe.

Incertidumbre política, presión cambiaria y tasas más altas

En el informe, el Banco Mundial explicó que “se proyecta que el crecimiento de Argentina se modere al 4% en 2026” y que ese mismo nivel se sostenga durante 2027. La entidad vinculó este desempeño a la dinámica política interna registrada a fines de 2025.

De acuerdo con el documento, “la incertidumbre en la política interna a finales del año pasado provocó episodios de presión cambiaria, lo que provocó aumentos en las tasas de interés del mercado que se espera que lastimen la demanda interna y el crecimiento este año”. Este encarecimiento del crédito y la menor tracción del consumo aparecen como los principales canales de transmisión hacia la actividad económica.

No obstante, el Banco Mundial destacó el rol del respaldo externo en la estabilización financiera. En ese sentido, señaló que “el apoyo de Estados Unidos, incluyendo la provisión de líneas de swap, ayudó a estabilizar las condiciones financieras”. Además, remarcó que “la transición a una banda cambiaria en abril de 2025 aumentará la flexibilidad cambiaria, fortaleciendo su papel como amortiguador de shocks”, un elemento clave para mitigar impactos externos y tensiones internas.

Argentina, entre las economías que más crecerán en la región

A pesar de la moderación prevista, el informe posiciona a la Argentina entre los países con mayor crecimiento proyectado para 2026 en América Latina y el Caribe. Con una expansión del 4%, el país se ubica apenas por debajo de República Dominicana (4,5%) y Panamá (4,1%), conformando el grupo de economías de mayor dinamismo regional.

En el plano regional, el Banco Mundial estimó que América Latina y el Caribe crecieron 2,2% en 2025 y que el crecimiento se elevará levemente a 2,3% en 2026, para consolidarse en 2,6% en 2027, en un escenario de tensiones comerciales persistentes y demanda interna aún contenida en varios países.

Para otras economías relevantes, el organismo proyectó que Brasil crecerá 2% en 2026 y 2,3% en 2027, México 1,3% en 2026 y 1,8% en 2027, mientras que Chile se desacelerará a 2,2% en 2026 y 2,1% en 2027. En ese contexto, la Argentina se mantiene por encima del promedio regional, aunque condicionada por factores políticos y financieros internos.

Un escenario global más resiliente, pero con menor dinamismo

A nivel global, el Banco Mundial sostuvo que la economía mundial “está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a las políticas”. Según el informe, el crecimiento global se mantendrá relativamente estable, con una expansión del 2,6% en 2026 y del 2,7% en 2027, una revisión al alza respecto de las proyecciones de junio.

Sin embargo, el organismo advirtió que esta resiliencia convive con una pérdida estructural de dinamismo. El economista en jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial, Indermit Gill, afirmó que “cada año que pasa, la economía mundial muestra menos capacidad de generar crecimiento y aparentemente más resiliencia frente a la incertidumbre de las políticas”.

Gill alertó que “el dinamismo económico y la resiliencia no pueden ir mucho tiempo por caminos separados sin causar daño a los mercados de crédito y las finanzas públicas” y sostuvo que “en los próximos años, la economía mundial crecerá a un ritmo más lento que en la conflictiva década de 1990, mientras mantiene niveles sin precedentes de deuda pública y privada”.

Riesgos y desafíos para el crecimiento

El informe también advierte sobre los riesgos que enfrenta la región, entre ellos un crecimiento global más débil de lo esperado, una eventual caída de los precios de los productos básicos, mayor volatilidad financiera y los elevados niveles de deuda pública. En ese marco, el Banco Mundial remarcó la necesidad de fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar las condiciones para la inversión privada.

Para evitar escenarios de estancamiento y desempleo, Gill planteó que los gobiernos “deben liberalizar enérgicamente la inversión privada y el comercio, frenar el consumo público e invertir en nuevas tecnologías y educación”. Estas recomendaciones aparecen como un telón de fondo para economías como la argentina, que combinan perspectivas de crecimiento relativamente altas con desafíos estructurales y políticos significativos.

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El Estado endurece reglas anticorrupción en obras públicas y concesiones

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Mediante el Decreto 5/2026, el Poder Ejecutivo reformuló los criterios de inelegibilidad en las contrataciones públicas para impedir la participación de personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. La medida busca fortalecer la transparencia, cerrar vacíos operativos y garantizar la aplicación efectiva de los mecanismos de exclusión en obras públicas, concesiones y provisión de bienes y servicios del Estado nacional.

El decreto, firmado el 5 de enero de 2026 y publicado el 6 de enero en el Boletín Oficial, modifica el Decreto N° 1030/2016 —reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional— y el Decreto N° 1169/2018, alineando la normativa local con los estándares internacionales de lucha contra la corrupción.

Reformulación normativa para asegurar la exclusión efectiva

La decisión se inscribe en el marco de las Leyes N° 13.064, N° 25.319 y del Régimen de Contrataciones establecido por el Decreto N° 1023/2001. En particular, se apoya en la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la Ley N° 25.319, que obliga al Estado argentino a adoptar medidas penales, civiles y administrativas para prevenir y sancionar prácticas corruptas.

Hasta ahora, la normativa exigía que la inclusión en listas de inhabilitados del Banco Mundial o del BID estuviera vinculada específicamente a conductas encuadradas en dicha Convención. Sin embargo, el propio decreto reconoce que los mecanismos de exclusión de los bancos multilaterales —los denominados debarment systems— abarcan una gama más amplia de prácticas sancionables, como conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas o de apropiación indebida, sin detallar en sus listados el encuadre normativo preciso de cada caso.

Esa limitación generaba obstáculos operativos para aplicar la causal de exclusión y podía afectar los principios de legalidad, concurrencia e igualdad. Frente a ese escenario, el Poder Ejecutivo resolvió reformular la causal de inelegibilidad, ampliando su alcance para asegurar su aplicación efectiva.

Qué cambia en las contrataciones del Estado

El Decreto 5/2026 sustituye el inciso i) del artículo 68 del Anexo al Decreto N° 1030/2016 y el inciso i) del artículo 5° del Decreto N° 1169/2018. A partir de la modificación, serán inelegibles todas las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, cualquiera sea la causal que haya motivado su incorporación, mientras subsista dicha condición.

La nueva redacción establece que las jurisdicciones y entidades contratantes deberán verificar expresamente, al momento de evaluar las ofertas, que los oferentes no figuren en esas listas. La exclusión alcanza a procedimientos de contratación de obras públicas, concesiones de obras públicas y provisión de bienes y servicios de la Administración Pública Nacional.

El decreto dispone además que la norma entrará en vigencia a los quince días corridos contados desde el día hábil siguiente al de su publicación y será aplicable a los procedimientos que se autoricen o convoquen a partir de ese momento.

Impacto institucional

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el enfoque preventivo del Estado frente a prácticas corruptas en el ámbito de las contrataciones públicas, uno de los sectores más sensibles en términos de uso de recursos públicos. Al ampliar las causales de exclusión, el Gobierno apunta a cerrar brechas normativas que dificultaban la aplicación de sanciones y a fortalecer la rendición de cuentas.

En términos operativos, el decreto incrementa las responsabilidades de las unidades de contratación, que deberán realizar controles activos sobre las listas de inhabilitados de los organismos multilaterales, desplazando la lógica de la mera declaración jurada de elegibilidad. Para los oferentes, el cambio eleva los estándares de cumplimiento y alinea el sistema argentino con las prácticas internacionales exigidas por los bancos de desarrollo.

La norma también se articula con el objetivo de mejorar la inserción de la Argentina en el comercio mundial, establecido en el Decreto N° 70/2023, al reforzar reglas claras y previsibles para la participación en proyectos financiados o vinculados a organismos multilaterales.

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Mercado petrolero: El aumento de la producción y el lento crecimiento de la demanda ejercen presión sobre los precios

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Escriben Paolo Agnolucci y Nikita Makarenko / Banco MundialEsta entrada de blog forma parte de una serie especial basada en la edición de octubre de 2025 de las Perspectivas de los mercados de productos básicos, un informe emblemático que publica el Banco Mundial. La serie presenta resúmenes breves de secciones específicas extraídas de la publicación. Puede ver el informe completo en esta página (i)

Los precios del petróleo subieron un 5 por ciento hacia fines de mes después de que se anunciaran nuevas sanciones de Estados Unidos a las compañías petroleras rusas, y el Brent cerró en alrededor de 65 dólares por barril (bbl) el 29 de octubre. A lo largo de 2025, los precios del petróleo disminuyeron debido a las continuas tensiones en materia de política comercial y a la preocupación por el exceso de oferta, con aumentos ocasionales a corto plazo en respuesta a los acontecimientos geopolíticos. El descenso del Brent contribuyó a que el precio del petróleo de los Urales cayera por debajo de los USD 60 por barril —el límite máximo vigente desde febrero de 2025— antes de introducir un límite más bajo de USD 47,6 por barril en septiembre.

El crecimiento de la demanda de petróleo sigue debilitándose. Según estimaciones, la demanda mundial de petróleo aumentó solo 0,8 millones de barriles por día (mb/d), o un 0,7 % interanual, en el tercer trimestre de 2025, un indicador de que el crecimiento sigue siendo lento en relación con el promedio de 2015-19. Se espera que esta tendencia continúe, lo que dará lugar a una demanda anual de 103,8 mb/d en 2025 y 104,5 mb/d en 2026. De acuerdo con las proyecciones, el consumo de petróleo en las economías avanzadas se mantendrá estable, mientras que el crecimiento en China probablemente se moderará debido a la acelerada adopción de vehículos eléctricos e híbridos. En India, uno de los países que contribuye en gran medida al crecimiento mundial, el aumento de la demanda se verá impulsado por el gas licuado de petróleo (GLP), la gasolina, la nafta y el diésel.

Se proyecta que la oferta de petróleo aumentará en 2025 y 2026 a medida que la nueva producción empiece a operar. La producción en 2025 podría crecer en 3 mb/d en términos interanuales (2,9 %) hasta alcanzar los 106,1 mb/d, y un aumento previsto de hasta 108,5 mb/d en 2026. En 2025, se proyecta que el crecimiento de la oferta se reanudará en Oriente Medio y Norte de África, Afganistán y Pakistán (MNA), se acelerará en América Latina y el Caribe (ALC) y se ralentizará en las economías avanzadas. Casi la mitad del aumento de 2025 puede atribuirse a la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+), y refleja objetivos de producción más elevados.

La combinación del aumento de la producción y el lento crecimiento del consumo está generando un excedente de petróleo en todo el mundo. Se estima que el superávit implícito de petróleo (oferta menos demanda) será de 2,7 mb/d en el tercer trimestre de 2025, en parte debido a que la OPEP+ ha elevado sus objetivos de producción varias veces desde abril. Aunque el crecimiento de los inventarios observado en 2025 reflejó solo alrededor de la mitad del superávit implícito, los últimos acontecimientos relacionados con el mercado respaldan cada vez más la existencia de un exceso de oferta mundial de petróleo, ya que recientemente varios cargamentos de crudo en Oriente Medio no se han vendido y han coincidido con un aumento de la cantidad de petróleo en los buques cisterna en el mar. Anualmente, la Agencia Internacional de Energía anticipa que el superávit será de 2,3 millones de barriles por día en 2025, cifra que aumentará a 4,0 millones de barriles por día en 2026, esto es 1,6 millones de barriles por día más que el superávit de 2020 durante la pandemia.

Los riesgos para los pronósticos del precio del petróleo se inclinan a la baja. Se pronostica que los precios del petróleo Brent alcancen un promedio de USD 68 por barril en 2025, que disminuyan a USD 60 por barril en 2026, y luego suban a USD 65 por barril a medida que se estabilicen las condiciones del mercado. El riesgo a la baja más importante se relaciona con posibles aumentos en las metas de producción de la OPEP+, mientras que otros riesgos incluyen las nuevas tensiones comerciales y una mayor incertidumbre normativa. En términos del riesgo al alza, los precios podrían superar las proyecciones de referencia si el mercado petrolero está más ajustado de lo previsto. Este resultado puede deberse a una demanda mayor a la esperada entre los principales países consumidores que no son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a un crecimiento de la oferta limitado producto de las restricciones de la OPEP+ o a la baja de la producción de Estados Unidos. Además, la escalada de conflictos en regiones como Oriente Medio o Ucrania, junto con el impacto en el mercado de las sanciones adicionales, incluidas las recientes medidas de Estados Unidos contra las empresas petroleras rusas, también podrían impulsar los precios por encima de las previsiones actuales.

Paolo Agnolucci Economista senior de energía, EFI-Prospects Group, Banco Mundial
Nikita Makarenko Analista de Investigación, Banco Mundial

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Cobertura Sanitaria Universal: 15 países lanzan pactos nacionales y el Banco Mundial reporta 375 millones de beneficiarios

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El avance hacia la meta global de garantizar servicios de salud asequibles y de calidad para 1.500 millones de personas en 2030 dio un salto significativo este año: el Grupo Banco Mundial y sus socios informaron que ya se alcanzó a 375 millones de personas desde el lanzamiento del objetivo en abril de 2024. El anuncio se realizó durante el Foro de Alto Nivel sobre la Cobertura Sanitaria Universal, donde además 15 países presentaron sus Pactos Nacionales de Salud, compromisos de reforma que establecen planes de acción concretos para fortalecer la atención primaria, mejorar la asequibilidad y estimular el empleo en el sector sanitario.

La iniciativa apunta a transformar sistemas debilitados por presiones fiscales, envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas. Según el Informe de Seguimiento Mundial 2025, 4.600 millones de personas carecen aún de servicios esenciales y 2.100 millones enfrentan dificultades económicas por gastos de salud, lo que refuerza la urgencia de reformas estructurales y coordinadas.

“El fortalecimiento de la atención primaria no solo protege la salud: también impulsa el empleo y amplía oportunidades económicas”, afirmó Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, al destacar el rol estratégico de estos pactos liderados por los gobiernos.

Pactos Nacionales de Salud: reformas coordinadas y metas medibles

Los 15 países que presentaron sus Pactos —entre ellos Bangladesh, Egipto, Etiopía, México, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Sierra Leona, Uganda y Uzbekistán— definieron hojas de ruta de cinco años respaldadas por los Ministerios de Salud y Finanzas. Cada pacto incluye objetivos cuantificables, mecanismos de financiamiento y planes de modernización que ordenan el apoyo de socios del desarrollo.

Entre las reformas destacadas se encuentran:

Infraestructura sanitaria conectada y modernizada

Filipinas avanza con la digitalización de centros de salud en todo el país.

Uzbekistán digitaliza procesos administrativos con el objetivo de reducir cargas de trabajo en un 30%.

Sierra Leona plantea garantizar acceso a atención primaria de calidad en un radio de cinco kilómetros, mediante 300 nuevas instalaciones y la mejora de 1.800 centros con energía solar y conectividad digital.

Expansión de modelos de atención primaria

Bangladesh impulsa modelos multiplataforma con nuevas regulaciones.

Indonesia conectó más de 600 instalaciones a hospitales por telemedicina, acercando diagnóstico y tratamiento a áreas remotas.

Fortalecimiento del personal sanitario

Etiopía equipará al menos 40% de sus centros primarios con herramientas digitales para mejorar la atención y gestionar recursos humanos.

Santa Lucía apuesta por una fuerza laboral calificada mediante modernización regulatoria y cooperación regional.

Eliminación de barreras financieras

Kenia duplicará el gasto público en salud para alcanzar el 5% del PIB, y expandirá la cobertura del seguro social del 26% al 85% con subsidios a poblaciones vulnerables.

Marruecos sumará 22 millones de nuevos beneficiarios al seguro médico obligatorio.

Producción regional de tecnología y medicamentos

Nigeria formará 10.000 profesionales en farmacología y biotecnología, creará centros de excelencia e incentivará la producción local de vacunas, diagnósticos y terapias.

Financiamiento coordinado y alianzas estratégicas para sostener el cambio

El éxito del objetivo global depende de una arquitectura financiera alineada. Durante el foro, se anunciaron nuevos compromisos. El Grupo Banco Mundial, Gavi y el Fondo Mundial movilizarán US$ 2.000 millones cada uno en iniciativas cofinanciadas. Fundaciones internacionales, mediante el Mecanismo Mundial de Financiamiento y el Fondo de Transformación y Resiliencia de los Sistemas de Salud, avanzan para reunir hasta US$ 410 millones adicionales. Seed Global Health brindará asistencia técnica en políticas, planificación y desarrollo de la fuerza laboral. Japón —anfitrión del foro y histórico impulsor de la cobertura sanitaria universal— junto con el Reino Unido y otros países, reforzará asistencia técnica para implementar reformas.

Además, Japón, la OMS y el Banco Mundial lanzaron el Centro de Conocimiento sobre Cobertura Sanitaria Universal, destinado a facilitar el aprendizaje entre países y diseminar soluciones basadas en evidencia.

Un desafío pendiente: acelerar reformas en un mundo con brechas profundas

Los datos expuestos en Tokio marcan un doble mensaje: los avances son significativos, pero el ritmo actual no es suficiente para cerrar la brecha sanitaria global. Con 4.600 millones de personas aún sin acceso a servicios esenciales, la presión económica sobre los hogares y sistemas de salud debilitados por crisis recientes, el desafío es acelerar.

Los gobiernos participantes coinciden en que los Pactos Nacionales de Salud permitirán ordenar prioridades, movilizar recursos y sostener políticas de Estado más allá de los ciclos políticos. El Banco Mundial, por su parte, insiste en que la clave estará en escalar modelos de atención primaria eficientes, digitalizar sistemas, profesionalizar equipos y asegurar protección financiera efectiva.

La próxima revisión de los avances se realizará en 2026, con foco en la ejecución de los pactos y en la expansión del número de países participantes.

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Empleos: cómo la adaptación climática podría salvar 149 millones de puestos en países en desarrollo

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El Banco Mundial advierte, el cambio climático puede destruir 260 millones de empleos para 2050, pero la adaptación podría salvar más de la mitad

En un nuevo informe global, el Banco Mundial alertó que los impactos climáticos proyectados amenazan con provocar la pérdida del equivalente a 260 millones de empleos en países de ingresos bajos y medios hacia 2050. Sin embargo, las intervenciones de adaptación recomendadas en los Informes sobre Clima y Desarrollo (CCDR) podrían crear o proteger 149 millones de puestos de trabajo, revelando que la acción climática temprana y estratégica genera beneficios económicos, sociales y laborales inmediatos.

Los CCDR —que abarcan 93 economías, equivalentes al 64% de la población y al 77% del PIB de países de renta baja y media— se consolidan como uno de los diagnósticos más influyentes en la agenda global. El documento difundido ya supera las 836.000 descargas y fue citado en 12.500 artículos de prensa, con más de la mitad haciendo foco explícito en el vínculo entre transición climática y empleo.

Impacto económico y laboral: pérdidas del 1% al 20% del PIB y hasta 260 millones de empleos en riesgo

El informe advierte que, si las políticas actuales se mantienen, el cambio climático constituye una “amenaza macro crítica”. Para 2050, los países podrían enfrentar pérdidas del PIB de entre 1% y 20%, especialmente en economías más cálidas y de menores ingresos. P507074-d27cc7b7-42bb-478d-bfa6…

En materia laboral, el escenario es igual de severo: En 49 países evaluados en detalle, se proyecta una pérdida de 43 millones de empleos hacia 2050. Extrapolado al conjunto de países de ingresos bajos y medios, el impacto asciende al equivalente de 260 millones de empleos. Con políticas de adaptación, los CCDR estiman que podrían crearse o protegerse 25 millones de empleos en esas 49 naciones, y 149 millones a escala global.

El Banco Mundial concluye que las trayectorias climáticas sin acción correctiva exacerban desigualdades y profundizan la vulnerabilidad económica, afectando de forma desproporcionada a los países con menor margen fiscal y mayor exposición a shocks ambientales.

Adaptación: inversiones necesarias, retornos claros y beneficios laborales

Los informes muestran que la adaptación anticipada no solo reduce riesgos, sino que genera beneficios económicos a corto plazo. La adaptación recomendada por los CCDR reduce las pérdidas del PIB en un promedio de 4 puntos porcentuales, e incluso más de la mitad en algunos países. Las inversiones necesarias representan entre 0,7% y 7,1% del PIB, de las cuales la mitad debe provenir del sector privado. La pérdida global de bosques genera un costo de USD 379 mil millones por año al PIB agrícola. Las soluciones basadas en la naturaleza presentan retornos positivos, como la restauración de manglares con relación beneficio-costo de 4 a 5.

El Banco Mundial sostiene que la adaptación y el desarrollo resiliente abren oportunidades para expandir sectores intensivos en empleo —infraestructura sostenible, gestión del agua, restauración de ecosistemas— y, simultáneamente, reducir los costos macroeconómicos asociados al clima.

Desarrollo con bajas emisiones: impactos moderados, pero con fuertes diferencias sectoriales

Los CCDR también examinan los efectos laborales de las transiciones hacia economías de bajas emisiones.

En general: Para 2030, la mayoría de los países registraría cambios menores al ±2% en ingresos laborales. Sin embargo, los promedios nacionales ocultan efectos subnacionales y sectoriales mucho más intensos, tanto positivos como negativos. El impacto final depende del diseño de políticas públicas y de las medidas complementarias: reconversión laboral, movilidad, incentivos al sector privado y protección de poblaciones vulnerables. P507074-d27cc7b7-42bb-478d-bfa6…

El Banco Mundial subraya que las políticas climáticas no pueden considerarse aisladas: deben integrarse dentro de estrategias de desarrollo y empleo, ya que “los objetivos climáticos y de desarrollo necesitan lo mismo: una fuerza laboral capaz de adaptarse”.

Sin integración entre clima y desarrollo, los riesgos se multiplican

El informe resalta una conclusión central: integrar estrategias climáticas y de desarrollo es indispensable no solo para reducir riesgos, sino también para generar nuevas oportunidades de empleo, disminuir la pobreza y sostener el crecimiento económico.

Para los gobiernos, especialmente en América Latina, la ventana de oportunidad es estrecha: se requiere orientar el financiamiento, modernizar marcos laborales, reforzar la capacitación y acelerar alianzas público-privadas para que la transición climática se convierta en un motor —y no en un freno— para el desarrollo humano.

La adaptación climática podría salvar 149 millones de empleos by CristianMilciades

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