Barrio Patotí: A través de un Proyecto de Ley piden expropiación para garantizar derechos de familias
Más de 30 familias viven desde hace más de 50 años en un sector de la chacra 43 de Posadas, conocida popularmente como Barrio Patotí -ubicado entre las avenidas Urquiza y Lavalle- conformadas actualmente por tres y cuatro generaciones -conviven bisabuelas, abuelas, madres, hijos, nietos y bisnietos- que luchan desde hace muchísimos años por el reconocimiento del derecho a la tierra y la vivienda.
A pesar de contar con documentación que prueba el tiempo que habitan esas parcelas, pende sobre las familias la amenaza de desalojo. Aún cuando está en poder de la Justicia el registro del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional que las protege, de acuerdo a la vigente Ley Provincial de Suspensión de Ejecuciones de Desalojos, y además fueron relevadas por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap).A la incertidumbre y preocupación de las familias sobre las tierras que habitan en Patotí, se sumó el atropello perpetrado por un grupo de hombres que ingresaron al barrio en una camioneta el martes a la madrugada, forzaron el candado del merendero y del vivero del barrio, y en pocos minutos provocaron innumerables destrozos.
Merendero destruído e impunidad policial
Ante semejante violencia, se acercaron algunos vecinos, y se toparon con un hombre -identificado como Oscar Jara- que manifestó a los gritos ser el dueño de ese lugar, y amenazó con que iba a “quemar los ranchos” de las familias del barrio Patotí.”Ese agresor actuó con absoluta violencia e impunidad, y es como si tuviera protección porque hicimos la denuncia en la Comisaría Decimosexta, y ni siquiera fue detenido. La actitud policial cómplice quedó probada cuando don Jorge Franco, que cuida el merendero -y vive en el barrio hace 48 años- realizó la denuncia, y uno de los oficiales le advirtió a Franco que podría ir preso por ´ser intruso` en esas tierras”, se indignaron los vecinos.
Agregaron que no es la primera vez que Jara ejerce violencia alegando ser el dueño; pero sin presentar documentos que lo avalen. “Creemos que actúa con impunidad porque hay gente de la Justicia y abogados interesados en despojarnos de las tierras donde nacimos y crecimos, para impulsar negocios inmobiliarios”, remarcaron los vecinos.
“Al merendero que quedó destrozado concurren 40 niños y niñas que desde que vieron los destrozos están muy asustados”, relató Miriam Benítez, y destacó que además de la denuncia policial, los y las vecinas tramitan una presentación judicial contra el violento ataque y los daños provocados.
“Debemos garantizar el derecho a la tierra”
El diputado Martín Sereno, del Bloque Parlamentario Tierra, Techo y Trabajo, repudió el jueves en el recinto el atropello en el barrio. Pidió y obtuvo tratamiento preferencial de un Proyecto de Ley presentado en el 2019 para declarar de utilidad pública y sujetos a compraventa y/o expropiación los inmuebles de la chacra 43, solicitando la suspensión a partir de la sanción de Ley, del desalojo ordenado sobre los parcelas mencionadas e identificadas en los artículos de la futura norma.
“Hace dos años cuando presentamos esta iniciativa no se trató y decidimos retomarlo ahora y que sea tratado en conjunto con la iniciativa de la bancada oficialista porque continúan los hostigamientos hacia las familias y las amenazas de desalojo, a pesar de que son habitantes históricos con más de 50 años en el lugar”, expresó el legislador.
Un testimonio de angustia resonó en el recinto
Sereno hizo hincapié en el atropello de parte de un presunto propietario, que con una patota destrozaron la producción de diferentes plantas aromáticas y medicinales que el Movimiento Evita junto a varias vecinas y vecinos logró organizar como un proyecto laboral colectivo “Rompieron la estructura del merendero que funciona en el barrio con muchas necesidades de aportes alimentarios y nutricionales”, señaló.
El diputado insistió con la urgencia de tratar el Proyecto de Ley para que desde el Estado se encuentre una solución definitiva, e hizo escuchar en el recinto, el angustiado testimonio de la responsable del merendero que hace tres años brinda alimentos a niños y niñas. “Estamos muy tristes y con dolor en el alma por la destrucción del merendero y del vivero que es nuestra fuente de trabajo. Nos sentimos violentados por el daño contra los adultos y los chicos que quedaron sin su espacio de merienda”, fue parte del relato de la mujer.
Sereno pidió que se utilicen los mecanismos vigentes de mediación con el Iprodha, entre otras generadas en el ámbito legislativo sobre el tema tierras para que más de 30 familias pioneras del barrio Patotí puedan vivir tranquilas.
“Como representantes del pueblo es prioritario que busquemos herramientas para garantizar el derecho a viviendas dignas y sin sobresaltos legales”, exhortó el diputado de TTT.
