Pasar el invierno
Hay que pasar el invierno. La frase quedó eternizada como sinónimo de ajuste y políticas en contra de los trabajadores. La pronunció Alvaro Alsogaray, recién ungido ministro de Economía de Arturo Frondizi para poner en marcha un feroz plan de ajuste en medio de una escalada inflacionaria y las primeras privatizaciones. El discurso de Alsogaray del 28 de junio de 1959, tiene enorme “actualidad”: “Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. […]. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de diez años. […]. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno”.
El “Plan de Estabilidad y Desarrollo” hizo que el salario real cayese 24 por ciento en 1959, hubo miles de despidos en el Estado y se puso en marcha un plan de flexibilización laboral que se profundizó años después y que sobrevuela el presente.
A lo lejos, en tiempo y distancia, la frase del economista radical liberal cobra otro significado en Misiones, donde el Estado, lejos de batirse en retirada, asume protagonismo para pasar el invierno, entendido como estación del año y de la economía.
Ante el frenesí de los aumentos de precios, la corrida financiera y el Gobierno nacional cada vez más volcado al ajuste para cumplir con su programa y las pautas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, Misiones toma pequeñas medidas de aliento a la economía y de protección al bolsillo. Primero fueron subsidios a la energía de industrias y comercios, después un creativo programa de financiación de compras bautizado Ahora Misiones, que parió al tiempo el Ahora Papá, el Ahora Pan y esta semana el Ahora Gas.
El Ahora Misiones fue una eficaz herramienta para sostener el consumo dentro de la provincia, agobiada por una sangría permanente de recursos hacia Paraguay y Brasil en busca de precios más bajos. El Ahora Pan congeló durante 90 días el precio del francés, emblema del consumo en la mesa familiar que estaba sintiendo los efectos de una inflación que doblegó todas las proyecciones oficiales, incluso las recalibradas por el mejor equipo. El Ahora Gas va en el mismo camino: cuidar el bolsillo de cientos de familias con el mango justo para parar la olla.
El gobernador Hugo Passalacqua intuye que sin una mano del Estado, la situación de cientos de familias misioneras sería muy compleja, pese a que Misiones es de las pocas provincias que todavía soportan el embate de la crisis, con una economía privada que se mantiene a flote, bajo desempleo y con finanzas en orden. Las fronteras, especialmente Paraguay, más allá de las quejas de los comerciantes por las asimetrías, funcionan como una válvula de escape para hacer rendir un poder adquisitivo deprimido.
En el Gobierno provincial advierten que “si no se revierte la tendencia económica nacional tendremos que profundizar medidas como el Ahora Misiones”, aunque si el tipo de cambio real se sigue manteniendo alto habrá un microclima económico favorable.
La preocupación por el estado de la economía recorre todos los estamentos. El Gobierno lo expresa en sus acciones, los empresarios marcan cada vez más distancia con el cambio que les había seducido.
El texto fue en realidad una excusa. El mensaje, estructurado con el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, estaba en la argumentación. Rodríguez utiliza la palabra “estanflación”, para referirse al momento económico: “Un fenómeno que se caracteriza por un elevado índice de inflación (la inflación semestral del 15% ya ha consumado la meta anual), recesión y estancamiento o enfriamiento de la economía, y pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se traduce en una pérdida en el poder de compra de la gente”.
“A esto debemos sumarle una devaluación de nuestra moneda en el primer semestre superior al 40%, una caída del consumo masivo y de las ventas en el mismo periodo (caída de la venta minorista que en junio fue del 4,2 % interanual); gravitando en torno a incrementos permanentes en el precio de los combustibles y en el costo de las tarifas de los Servicios Públicos”, explicó el legislador.
La preocupación de Rodríguez no es exagerada. “Todo indica que el presente año se caracterizará por un proceso de estanflación; esto es: la combinación de estancamiento con inflación”, señala el último reporte del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, titulado “El regreso de la estanflación”. Sería el tercer episodio del Gobierno de Macri.
“Las Pymes necesitamos pasar URGENTE, del reconocimiento que tenemos en la economía nacional a disponer de herramientas laborales, financieras e impositivas que nos permitan seguir sosteniendo empleo formal. Es importante y necesario para las Pymes, bajar el “costo laboral”, no el salarial, necesitamos consumo para retroalimentar la actividad”, advirtió el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el misionero Gerardo Díaz Beltrán. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, recordó que la provincia está reclamando medidas especiales para recuperar competitividad más allá de los vaivenes de las asimetrías.
Lejos de atender la demanda de los empresarios que generan trabajo, el Banco Central mantiene una política que solo encuentra ganadores en la especulación financiera. Ahora es Luis Caputo en lugar de Federico Sturzenegger, pero la tasa de interés se mantiene por encima del 40 por ciento. Es la más alta del mundo.
“El BCRA mantendrá el actual sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación, así como la inflación esperada, se alineen con la meta de diciembre 2019”, dijo el banco en el comunicado que acompañaba la decisión. Pero la inflación, lejos de disminuir volverá a estar por encima del 30 por ciento annual, como consecuencia de la devaluación.
La complejidad del momento económico preocupa a otros gobernadores, pero no todos cuentan con recursos y una relación aceitada con los actores económicos como para poner en marcha medidas similares.
“La situación económica es muy mala”, admitió el jujeño Gerardo Morales, apenas unas horas después de cenar con el presidente Mauricio Macrio. El radical es uno de los ultraoficialistas de Cambiemos, pero advirtió que “los dos o tres meses que vienen serán difíciles y el desafío central del Gobierno nacional, me parece, es que los que tenemos responsabilidades en las provincias evitemos que caiga la economía”.
¿Fuego amigo? No fue el único. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en reconocer la “difícil situación económica”. Ambos son puntales de la alianza gobernante, pero actúan como si fueran espectadores.
La misma actitud tienen los referentes de Cambiemos en Misiones. La crisis es algo que está pasando allá a lo lejos, de la que no se sienten responsables ni obligados a dar cuentas, pese a que sus vaticinios y promesas hasta ahora no se han cumplido, como el famoso artículo 10 de la ley Pymes. Ya sin timbreos, las reuniones políticas son escasas, porque es difícil explicar que estamos mal pero vamos bien. Las redes sociales son casi el único refugio.
Cuanta será la preocupación que el propio Macri reconoció “temas de la propia gestión” como disparadores de la crisis que tiene en vilo a la sociedad. Sin embargo, el Presidente ratificó que el remedio será profundizar el modelo. Cómo hará el mismo modelo para mutar es una incógnita.
Como en aquel invierno de Alsogaray, la receta es más ajuste y volver a privatizar los activos del país. Eso es lo que aparece en la letra chica del acuerdo firmado con el FMI, que se conoce recién ahora. Las exigencias serán extenuantes. Profundizar la baja de subsidios a la energía y el transporte, reducir salarios en el Estado y las transferencias a las provincias, demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias), bajar 15 por ciento el gasto público en bienes y servicios, durante el año que viene, son los principales puntos del acuerdo. Se estima un ajuste de 300 mil millones para el 2019 y que la mitad de ese recorte sea absorbido por las provincias.
También se sugiere “recortar empleados no prioritarios” en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades, además de limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
En cuanto al Presupuesto 2019, que comienza a delinearse, se pretende “reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios”. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
Y, por último, una medida intrínseca del modelo: privatizar. El Fondo sugiere “vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones”.
Esta parte del acuerdo se elaboró luego de que concluyeran las negociaciones del auxilio por US$50.000 millones, que pidió la Argentina. Si estas cláusulas se hubieran conocido antes, quizás no hubiese sido tan sencillo para el Gobierno argumentar sobre las bondades del acuerdo que, impone condiciones gravosas para millones de argentinos, que son, en definitiva, quienes pagan las consecuencias, con intereses.
“Lo que va a quedar ahora va a ser un país peor que el que dejó Menem“, definió, con crudeza, la pensadora Beatriz Sarlo, hasta hace no demasiado tiempo una entusiasta del cambio.
