Bienes del Estado

Milei pone a la venta un terreno de Nación en Candelaria

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La política de venta de inmuebles estatales impulsada por el presidente Javier Milei suma un nuevo capítulo con la decisión de avanzar en la subasta de más de 20 terrenos distribuidos en distintas provincias del país, entre ellas Misiones. En el listado difundido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) aparece un inmueble ubicado en Candelaria, sobre la calle Fray Ruiz de Montoya y en cercanías del río Paraná, en una zona estratégica por su cercanía con Posadas y su creciente desarrollo urbano.

La iniciativa se enmarca en el Decreto 950/24, firmado por el Gobierno nacional en noviembre del año pasado, que habilita la venta de propiedades consideradas “innecesarias” para la administración pública nacional. El objetivo oficial es acelerar el proceso de desprendimiento de activos estatales, particularmente terrenos ferroviarios, edificios públicos y predios sin utilización operativa.

En el caso de Misiones, la inclusión de un terreno en Candelaria no pasa inadvertida dentro del mercado inmobiliario local. La localidad viene consolidándose como una de las áreas de expansión del Gran Posadas, impulsada por la mejora de conectividad, el crecimiento residencial y el desarrollo de nuevos loteos privados. La cercanía con el río Paraná agrega además un componente de valorización adicional para futuros emprendimientos.

La AABE concentra buena parte de las subastas en tierras ferroviarias o inmuebles ligados históricamente al sistema de transporte nacional. Sin embargo, el listado también incorpora activos con fuerte potencial inmobiliario en zonas urbanas y turísticas del país. Entre ellos aparecen terrenos en Palermo, Villa Devoto y Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires, además de lotes en Córdoba, Chubut, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno apuesta a que estas operaciones permitan generar ingresos fiscales y, al mismo tiempo, dinamizar inversiones privadas. El antecedente más resonante fue la venta de terrenos estratégicos en Palermo y Bajo Belgrano, donde desarrolladoras privadas desembolsaron cifras millonarias en dólares en subastas organizadas por la AABE.

En paralelo, la administración nacional mantiene en carpeta otras operaciones de alto impacto, como la futura subasta del predio donde actualmente funciona el Parque de la Costa en Tigre y el megaterreno de la cárcel de Devoto, dos activos que ya despiertan fuerte interés del sector desarrollador.

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Lanzan por DNU un plan militar y redirige fondos de privatizaciones y bienes del Estado a Defensa

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El Gobierno nacional activó un movimiento de alto impacto institucional en el área de Defensa: mediante el DNU 314/2026, firmado el 30 de abril, creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino y redefinió el destino de recursos clave del Estado. La norma establece que el 10% de los ingresos por venta y administración de bienes públicos y el 10% de lo recaudado por privatizaciones se destinarán al Ministerio de Defensa, con un salto al 70% cuando se trate de inmuebles previamente utilizados por esa cartera. El dato no es menor: la decisión combina política de defensa, manejo de activos estatales y financiamiento sin pasar por el Congreso. La pregunta que queda planteada es si se trata de un punto de inflexión en la estrategia militar o de una jugada táctica para acelerar recursos en un contexto de restricción fiscal.

Un rediseño del financiamiento militar por decreto

El DNU se apoya en el marco de las leyes de Defensa Nacional (23.554), de política de defensa (24.948) y del Fondo Nacional de la Defensa (27.565), pero introduce un cambio operativo: no modifica esas estructuras, sino que crea una vía paralela de financiamiento.

Hasta ahora, los ingresos por enajenación de bienes del Estado iban al Tesoro. Con la modificación del artículo 15 del Decreto 1382/2012, el Ejecutivo establece que una porción fija de esos recursos se reasigne automáticamente a Defensa. El esquema escala en casos específicos: si el inmueble pertenecía al área militar, el porcentaje asciende al 70%.

El mismo criterio se aplica a las privatizaciones previstas en la Ley 27.742. El 10% de esos fondos también será redirigido a programas de reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica.

En términos institucionales, el cambio es preciso pero significativo: transforma ingresos extraordinarios en una fuente directa de financiamiento militar, sin alterar formalmente el presupuesto general pero condicionando su distribución real.

Argumento de urgencia y diagnóstico operativo

El decreto construye su justificación sobre un diagnóstico claro: deterioro del equipamiento, limitaciones presupuestarias y cambios tecnológicos en el escenario global. Señala que la mayor parte de los recursos actuales se destinan a gastos corrientes, dejando escaso margen para inversión.

A eso suma un contexto internacional con “conflictos geopolíticos latentes” y nuevas amenazas —desde ciberataques hasta acciones asimétricas— que exigen capacidades actualizadas. La irrupción de la inteligencia artificial y las armas robotizadas aparece como otro eje de presión sobre el sistema de defensa.

El Gobierno argumenta que la urgencia impide el trámite legislativo ordinario, habilitando el uso del decreto de necesidad y urgencia. En paralelo, fija un plazo concreto: el Estado Mayor Conjunto deberá elevar en 90 días los requerimientos prioritarios para orientar las inversiones.

Concentración de decisiones y nueva lógica de recursos

El esquema fortalece al Poder Ejecutivo en dos planos. Primero, en la asignación de recursos: define por decreto el destino de ingresos que, en otros contextos, podrían ser discutidos en el Congreso. Segundo, en la conducción estratégica de la defensa, al centralizar la decisión sobre prioridades de equipamiento en el Ministerio de Defensa con asesoramiento militar.

Al mismo tiempo, introduce una nueva lógica en la relación entre política económica y defensa. La vinculación directa entre privatizaciones, activos del Estado y financiamiento militar crea un puente entre dos agendas que suelen transitar carriles separados.

No hay cambios explícitos en el equilibrio presupuestario —el texto insiste en que no se altera—, pero sí en la forma en que se distribuyen los recursos disponibles. En ese desplazamiento se juega parte del poder real de la medida.

Un plan que abre más interrogantes que certezas

El Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino fija un marco, pero no detalla aún qué capacidades se priorizarán ni qué adquisiciones concretas se realizarán. Ese nivel de definición quedará sujeto al informe del Estado Mayor Conjunto y a las decisiones posteriores del Ministerio de Defensa.

En las próximas semanas, el foco estará en dos frentes. Por un lado, el recorrido institucional del DNU en la Comisión Bicameral y su tratamiento en el Congreso. Por otro, la materialización efectiva de los recursos: cuánto ingresa, cuándo y bajo qué condiciones.

La iniciativa combina urgencia, reasignación de fondos y centralización de decisiones. Si se consolida como política sostenida o queda como un instrumento puntual dependerá de esas variables. Por ahora, el movimiento está hecho, pero su alcance real todavía está en construcción.

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El Gobierno frena la subasta del predio Pro.Cre.Ar en Paraná y redefine la liquidación del fondo

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, resolvió dejar sin efecto la subasta pública del inmueble conocido como Predio “Paraná”, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, que formaba parte de los activos del disuelto Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar. La decisión, formalizada mediante la Resolución 9/2026, se apoya en razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa vinculadas a la redefinición de prioridades en el proceso de liquidación del fondo y reconfigura la estrategia oficial sobre la administración y disposición de bienes heredados del programa habitacional.

La medida fue adoptada el 20 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero, sin que se hubiera perfeccionado el procedimiento licitatorio ni consolidado derechos subjetivos a favor de terceros, según consta en los considerandos.

Disolución del Pro.Cre.Ar y revisión de los activos inmobiliarios

El Predio “Paraná” estaba alcanzado por el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Pro.Cre.Ar), disuelto por el Decreto N° 1018 del 12 de noviembre de 2024, que puso fin al esquema creado originalmente por el Decreto N° 902/2012.

En ese marco, el artículo 2° del Decreto 1018/24 encomendó al Ministerio de Economía la realización de todos los actos necesarios para la liquidación del fondo fiduciario, de acuerdo con el contrato de fideicomiso del 18 de julio de 2012 y la normativa complementaria, incluyendo el Decreto N° 695/2024 y la Resolución N° 796/2024 del propio Ministerio.

Asimismo, el artículo 4° del decreto dispuso la celebración de un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para la administración, disposición y regularización dominial de los bienes muebles e inmuebles del ex Pro.Cre.Ar. En cumplimiento de ese mandato, el 4 de septiembre de 2025 se firmó el Contrato de Mandato para la Administración y Disposición de Inmuebles entre la Secretaría de Obras Públicas y el banco, estableciendo que el mandatario actuaría conforme a las instrucciones del mandante, representado por la Dirección Nacional de Gestión de Obras.

Dentro de esas tareas se incluyó el análisis de los desarrollos urbanísticos que se encontraban en ejecución al momento de la disolución del fondo, muchos de los cuales quedaron suspendidos a la espera de definiciones sobre su continuidad, entre ellos el predio ubicado en la capital entrerriana.

La subasta autorizada y luego anulada

El inmueble denominado Predio “Paraná” está ubicado en Avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Se trata de un terreno identificado catastralmente como Distrito UR9, Sección 12, Grupo 29, Manzana 1, Lote A1 y Lote 24, con una superficie total de 49.990,56 metros cuadrados.

La Resolución N° 500 del 17 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Obras Públicas había autorizado la convocatoria a la Subasta Pública N° 504-0002-SPU25 para su venta, bajo el régimen previsto en el artículo 24 del Decreto N° 1023/2001, que regula las contrataciones de la Administración Nacional. En esa misma norma se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las especificaciones técnicas y se delegaron facultades operativas para el desarrollo del procedimiento.

Sin embargo, apenas un mes después, la nueva Resolución 9/2026 dejó sin efecto esa autorización. Según el texto oficial, la decisión responde al ejercicio de la potestad discrecional de la Administración, sustentada en razones de interés público y en “las circunstancias actuales y sobrevinientes” relacionadas con el predio, en el contexto de la liquidación del fondo fiduciario.

El acto administrativo aclara que la subasta fue anulada antes de que se perfeccionara el procedimiento, por lo que no se generaron derechos adquiridos para eventuales oferentes.

Señales de la gestión sobre el Pro.Cre.Ar

La decisión de frenar la subasta del Predio “Paraná” se inscribe en un proceso más amplio de revisión de activos y redefinición de prioridades por parte del Ministerio de Economía en el cierre definitivo del Pro.Cre.Ar. En términos institucionales, refuerza el criterio de que la disposición de inmuebles no responde a un esquema automático de venta, sino a evaluaciones caso por caso en función de los objetivos de la gestión y del interés público comprometido.

Para el mercado y los actores vinculados a la obra pública y al desarrollo urbano, la medida introduce un factor de cautela respecto del destino de los inmuebles provenientes del ex programa habitacional, muchos de ellos con obras iniciadas o parcialmente ejecutadas. Al mismo tiempo, expone el margen de discrecionalidad que conserva el Poder Ejecutivo en los procesos de liquidación de fondos fiduciarios públicos, aun cuando ya se hayan iniciado procedimientos de contratación.

La Resolución 9/2026 fue dictada en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° inciso h) del Decreto N° 1030/2016, reglamentario del régimen de contrataciones, y por los artículos 1° y 2° de la Resolución N° 764/2025 del Ministerio de Economía. Su publicación en el sistema COMPR.AR formaliza la anulación de la subasta y deja abierto el interrogante sobre el futuro uso o disposición del predio entrerriano dentro del proceso de liquidación del Pro.Cre.Ar.

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Cambios en la venta de bienes del Estado: Mercado Libre entre las opciones

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Gobierno habilita a Mercado Libre para la compra de bienes del Estado, si bien se debe realizar una licitación pública para definir su participación, la apertura a plataformas digitales se dispuso como una medida de transparencia.

El Gobierno argentino ha implementado una medida que permite a Mercado Libre participar en la compra de bienes del Estado. La disposición, establecida mediante el decreto 195/2025 publicado en el Boletín Oficial, introduce cambios en el proceso regulatorio para la venta de propiedades muebles, ampliando las herramientas disponibles para la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

¿Cómo funcionará?

  • Plataformas públicas y privadas: La venta de bienes estatales se podrá realizar tanto a través de plataformas electrónicas públicas como privadas, incluyendo Mercado Libre.
  • Licitación pública: En caso de optar por Mercado Libre, la AABE deberá realizar una licitación pública para seleccionar la plataforma.
  • Bienes a disposición: La medida abarca una amplia gama de bienes, como automotores, aeronaves, buques, obras de arte, antigüedades y otros bienes muebles de valor cultural, histórico o económico.
  • Excepciones: Se excluyen los bienes afectados a la seguridad interior y la defensa nacional.
  • Valor base: Las dependencias estatales podrán fijar el valor base de las subastas utilizando indicadores especializados de mercado.

El Gobierno busca ampliar las herramientas disponibles para la AABE en la venta de bienes estatales, buscando mayor eficiencia y transparencia en el proceso.

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